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Pluralismo, tolerancia y apertura como valores en la libertad de expresión

30 julio, 2010

 

PLURALISMO, TOLERANCIA Y APERTURA COMO VALORES BASE EN LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

                                                                                                                                 Edwin Figueroa Gutarra[1]

 

INTRODUCCIÓN. I.  LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SUS CONTENIDOS.  Una aproximación a los contenidos de la libertad de expresión. Valores de la libertad de expresión.  Pluralismo. Tolerancia. Apertura. II.  AVANCES Y RETROCESOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO RESPECTO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ¿Hacia dónde va la libertad de expresión? Avances saludables en libertad de expresión. Audiencias temáticas. Mayor protección normativa. Importante desarrollo jurisprudencial. Situaciones de retroceso a salvar. Atentados a la libertad de expresión en general. Asesinatos de periodistas. Cierre de medios de comunicación. Impunidad de agresores. Reflexión final: ¿Podemos pautear la libertad de expresión? Necesario colofón   

 

Una democracia funcional es la máxima garantía de orden público

 y la existencia de una sociedad democrática

se basa en la piedra angular del derecho a la libertad de expresión

CIDH

 

INTRODUCCIÓN

Desde que hacia las 17.30 horas del 14 de julio de 1789, la guardia del Palacio de La Bastilla capitulaba frente a unos 50,000 ciudadanos parisinos que habían logrado antes extraer unos 40,000 fusiles de Les Invalides, el Museo de Armas de Francia, y con ello se generaba un nuevo capítulo en la historia contemporánea enarbolándose los nuevos valores revolucionarios de “Libertad, igualdad y fraternidad”[2], mucho ha transcurrido en el escenario de la libertad de expresión de los ciudadanos. Aquel trinomio angular para los revolucionarios franceses, bien puede hoy entenderse, en el derecho a expresarse de los ciudadanos, como un trípode al que hemos querido denominar, a modo de título de este ensayo, “Pluralismo, tolerancia y apertura”.

Con esta singular propuesta, creemos trasvasar el devenir histórico, desde un Estado Legislativo cuyo control estático de las normas supone el criterio interpretativo de que la ley es el punto de partida y llegada de la lectura de los derechos fundamentales de los ciudadanos, hasta los albores de un Estado Constitucional, latente desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1948, que hoy, vía control dinámico de las conductas de los Estados en materia de derechos humanos, es la fiel expresión mejorada del punto de encuentro de una nueva percepción de los derechos de las personas, entendidos hoy como derechos prevalentes en los ordenamientos jurídicos nacionales y supranacionales.

Es relevante admitir, en estos 50 años de reposicionamientos de los estándares en los derechos humanos, que mucho se ha avanzado con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH y con la propia determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, como órganos de decisión de las controversias jurídicas respecto al veraz cumplimiento de los Estados parte, respecto de los derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos. El haz de derechos protegidos por estos órganos hito en el sistema interamericano de derechos humanos, marca la pauta del principio de progresividad, es decir, tienden por su naturaleza a mayores niveles de protección y no actúan en clave desmejorativa.

En ese contexto de avances, conquistas y espacios en el Volksgeist[3] de los pueblos que habitan el hemisferio bajo los alcances de la Convención Americana, la libertad de expresión desempeña un rol pluriactivo, esto es, muchos otros derechos se encuentran en directa imbricación con la libertad de expresión para su pleno ejercicio si y solo si, están dadas las bases democráticas para que las personas puedan expresarse libremente y sin restricciones, sin más limitaciones que aquellas contempladas por el artículo 13 de la Convención y los instrumentos adyacentes que constituyen un bloque de defensa de derechos esenciales como lo representa la libertad de expresión.

No es nuestro objetivo solo esbozar una proclama axiológica y teleológica de la libertad de expresión.  Aspiramos a mucho más. Nuestro ensayo pretende elaborar un reenfoque de la libertad de expresión desde los valores base que dan nombre a nuestro estudio. Es con los sentidos interpretativos amplios del pluralismo, tolerancia y apertura, todos ellos en el seno de una sociedad democrática, que podemos sugerir nuevos estándares a tener en cuenta por parte de los Estados signatarios de la Convención Americana, cuando del examen de los conflictos que involucran afectaciones a este derecho se trata.

En ese propósito, juega un papel clave central la orientación jurisprudencial que ya en muchos fallos emblemáticos ha asumido la Corte Interamericana, así como las posiciones cuasi-jurisdiccionales que ha enarbolado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus alegatos ante la Corte. En términos de Víctor Abramovich, pretendemos que los países del hemisferio se “aten al mástil” de los valores de la libertad de expresión para un redimensionamiento de este derecho ancla en el sistema interamericano. Y en ello corre paralelo un concepto matriz: solo a través de una plena democracia, podrán coexistir un pluralismo de espíritu amplio hacia todas las posiciones de expresión en el seno de los países americanos, una marcada tolerancia respecto de aquellas posiciones que en nombre de la democracia ejercen su derecho a expresarse libremente, y por último, una exigible apertura que ha de subyacer en la puerta de ingreso a los ordenamientos jurídicos nacionales, bajo el aura del principio de progresividad. En ese sentido, defender el thelos o esencia de la democracia, en atención a su significado ético, se convierte en el insumo básico de nuestro derecho a un pleno ejercicio de la libertad de expresión. En adición a ello, la libertad de expresión es plenamente compatible con los postulados del Derecho Internacional de los Derechos Humanos DIDH, en razón de que se inscribe en la finalidad principal de impedir la arbitrariedad en el ejercicio de la libertad de expresión, al tiempo que limita al dominio de los Estados sobre los individuos, restringiendo el ejercicio y control de este derecho solo a supuestos predeterminados.  Bajo esta premisa, el DIDH deviene en la base virtual sobre la cual se van a asentar los valores de la libertad de expresión para su plena aplicación en el sistema interamericano.

Grosso modo,  desarrollamos en este ensayo nuestra percepción de en qué forma debemos caracterizar la aplicación de la libertad de expresión en nuestros países y sobre cuáles valores base ha de sustentarse. De esta forma, aludimos a los caracteres más representativos de en cuáles formas de acción podemos entender la existencia del pluralismo en las sociedades democráticas. Igualmente, hasta dónde debe llegar la tolerancia desde la perspectiva axiológica de entender la libertad de expresión como valor prevalente. Adicionalmente, identificamos apertura y progresividad de modo estrecho para una mejor comprensión de la libertad de expresarse. A continuación, sin ser exhaustivos por razones de espacio, pretendemos describir los ítems en los cuales identificamos avances sustantivos respecto a la libertad de expresión así como áreas de carencia en las cuales aún es necesario trabajar con perseverancia. 

Nuestra contribución es por cierto sencilla. Sin embargo, nuestros objetivos son ambiciosos: calar profundamente en la mente de los ciudadanos y reposicionar la libertad de expresión como uno de los principales valores del sistema interamericano.        

 

I.  LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SUS CONTENIDOS

Una aproximación a los contenidos de la libertad de expresión

La libertad de expresión es un derecho ancla en el sistema interamericano. El artículo 13[4] de la Convención Americana de Derechos Humanos fija los estándares a partir de los cuales se van a desarrollar los demás instrumentos del sistema. Resulta importante, a partir de una lectura interpretativa amplia del artículo en mención, determinar los contenidos materiales de la libertad de expresión así como fijar los únicos supuestos de excepción.

Diversos instrumentos del sistema interamericano nos permiten inferir un avance sustantivo en la libertad de expresión, en vía de desarrollo normativo como jurisprudencial. En el rubro de normas jurídicas, coadyuva plenamente la Declaración de Chapultepec[5] cuando alude que “una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.” El propósito es de necesaria correlación: la libertad de expresión no puede ser ejercida si no existe el derecho a una prensa libre a través de la cual materializar la facultad a expresarse libremente. La prensa libre, por cierto, es un sinónimo de plena democracia.      

La Declaración de Principios de la Libertad de Expresión[6] contiene, a juicio nuestro, una de las definiciones mejor logradas de este derecho supranacional, y se refiere a ella en el modo siguiente. “la libertad de expresión, en todos sus formas, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. En tanto derecho fundamental, la libertad de expresión tiene un contenido esencial inatacable, al cual el legislador no tiene acceso para regular en contrario a este derecho. De otro lado, la vinculación entre libertad de expresión y  plena democracia, es muy estrecha en tanto ésta es condición para la plena realización de este derecho y aquella representa una consecuencia de una democracia respetuosa de los derechos humanos.   

En relación a los contenidos de la libertad de expresión, Loretti[7] precisa un contexto de amplio alcance cuando señala: “Se enfatiza el alcance universal del derecho a la libertad de expresión, tanto para quienes difunden como para quienes reciben”. En rigor, el sujeto beneficiario no es solo quien comunica y ejerce su derecho a expresarse con plena libertad, sino también quien recibe esa información. A partir de esta premisa, podemos constatar que el haz de derechos protegidos por la libertad de expresión es considerable, en tanto que para que otros derechos fundamentales[8] sean ejercidos a plenitud, constituye requisito previo que exista libertad de expresión.  

De cara entonces a la existencia del derecho a la libertad de expresión así como de otras libertades subyacentes y que son albergadas por esta libertad prevalente, se contrapone la necesaria contrastación entre democracia y libertad, las cuales constituyen un binomio indisoluble[9]. Sin esa necesaria simbiosis se produce una anomia de la sociedad, una restricción in extremis para la vida democrática de un país. Un Estado sin libertad de expresión genera el reinado de la arbitrariedad y promueve una homogeneidad ideológica in peius antes que una constelación de valores de todo orden. La libertad en sentido general, cuando es promovida, se une al progreso, se hermana con el orden y se asocia al desarrollo de la institucionalidad de los Estados.

Renglón aparte merece también un estudio de las funciones de la libertad de expresión dentro del criterio de valores asignado. Conforme al Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008[10] “la importancia de la libertad de expresión se deriva, entre otras razones, de su triple función en el sistema democrático (…). En primer lugar, se trata de uno de los derechos individuales que de manera más clara refleja la virtud que acompaña- y caracteriza los seres humanos: la virtud única y preciosa de pensar el mundo desde nuestra propia perspectiva; (…) en segundo lugar, la Comisión y la Corte Interamericana han subrayado en su jurisprudencia que la importancia de la libertad de expresión dentro del catálogo de los derechos humanos, se deriva también de su relación estructural con la democracia (…); finalmente, la jurisprudencia interamericana ha explicado que la libertad de expresión es una herramienta clave para el ejercicio de los demás derechos fundamentales.”

La reflexión que antecede es en conjunto demostrativa de la estrecha vinculación entre libertad de expresión y democracia, juicio de valor que es angular en el sistema interamericano. Sin una vívida democracia, es muy poco lo que se puede avanzar en la procura existencial de los ciudadanos y en ausencia de ella, se consolidan los regímenes autoritarios y arbitrarios, en tanto no existe medio alguno de racionalización del ejercicio del poder desde la perspectiva de la información plena. Regresamos, en caso de ausencia de la libertad de expresión, al Machtstaat[11] pues no existen pesos y contrapesos en el Estado de Derecho y el soberano se convierte en dictador pues ningún medio estaría en condiciones de informar sobre los asuntos que en abstracto, deberían ser conocidos por los ciudadanos.

 

Valores de la libertad de expresión

No podemos entender el contenido conceptual de la libertad de expresión como derecho humano de orden prevalente y por su naturaleza insita, como derecho fundamental,  si no asociamos esta facultad a un contenido axiológico jurídico. Como señala Gregorio Peces Barba[12], el contenido de los derechos fundamentales comprende “tanto los presupuestos éticos como los componentes jurídicos, significando la relevancia moral de una idea que compromete la dignidad humana y sus objetivos de autonomía moral, y también la relevancia jurídica que convierte a los derechos en norma básica material del Ordenamiento, y es instrumento necesario para que el individuo desarrolle en la sociedad todas sus potencialidades. Los derechos fundamentales expresan tanto una moralidad básica como una juridicidad básica.” En esa definición del maestro madrileño, el contenido jurídico es vinculado al sentido preceptivo de la libertad de expresión en tanto los Estados están obligados a observar sin restricciones, salvo las permitidas por el ordenamiento interamericano, la plena aplicación de la libertad de expresión. En tanto, en su contenido axiológico, existe un componente de eticidad, es decir, de indudable vinculación al sentido de dignidad de la persona. Solo a través del reposicionamiento del valor dignidad respecto a este derecho de plena expresión, podemos albergar entonces los valores de pluralismo, tolerancia y apertura, los cuales dan un contenido de “vida” al derecho a la libertad de expresión.

 

Pluralismo

La coexistencia de distintas tendencias constituye un valor matriz de la libertad de expresión. En efecto, es a través de distintas posiciones, opiniones y expresiones que el pluralismo, como componente axiológico de la libertad de expresión, adquiere carta de ciudadanía en el Estado Democrático y Social de Derecho, cuya expresión tangible podemos denominar hoy Estado Constitucional, y más aún Estado de Derechos Humanos, en atención al valor que ya representa para todos los Estados del ordenamiento interamericano, la vinculatoriedad de la Convención Americana y sus instrumentos coadyuvantes en la defensa de los derechos humanos. En esa línea de ideas, la fuerza resolutiva de las decisiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana, ya no constituyen solo el referente jurisprudencial de un órgano de justicia supranacional, sino representan el punto de inflexión para una materialización de todos los derechos humanos y en especial, el derecho a la libertad de expresión.

El sentido de pluralismo que asignamos como valor base de la libertad de expresión se asocia indisolublemente a la vigencia de los medios de prensa. Ellos resultan un insumo vital para el ejercicio pleno de este derecho prevalente. En esa línea de ideas, acota la Declaración de Chapultepec[13]: “Sin medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa libre es sinónimo de expresión libre.”

La libertad de expresión exige pues la coexistencia de distintas posiciones, inclusive conflictivas respecto de este derecho. Y surge una cuestión frontal: ¿inclusive debe coexistir dentro de ese espíritu de pluralismo, aquella prensa que ejerce un periodismo incompatible con las reglas de la ética y la moral? Prima facie, existe el derecho a informar y en ello están involucrados todos los instrumentos internacionales vigentes que pretenden crear conciencia de un espíritu de plena difusión de las ideas. Sin embargo, el ejercicio coherente de la libertad de expresión solo puede ser objeto de restricciones, conforme invoca el artículo 13 de la Convención Americana, a través del sistema de responsabilidades ulteriores, de un lado, y por otro, siempre que los contenidos de expresión se asociaren a condiciones de ofensa al derecho a la moral, en cuanto concierna a la protección de la niñez y la adolescencia, y contra aquellas acciones que incitaren a favor de la guerra y que promuevan políticas de odio. Estos filtros son sustanciales para un contexto de restricciones y nos llevan, en el sentido de un pluralismo real, a que todos los demás supuestos de aplicación de la libertad de expresión, tengan cabida en los Estados que conforman el sistema interamericano.        

La Declaración de Chapultepec desarrolla una serie de conceptos relevantes sobre  pluralismo[14] y señala:” En la sociedad actual, los medios de comunicación masiva, como la televisión, radio y prensa, tienen un innegable poder en la formación cultural, política, religiosa, etc. de todos los habitantes. Si estos medios son controlados por un reducido número de individuos, o bien por solo uno, se está, de hecho, creando una sociedad en donde un reducido número de personas, ejercen el control sobre la información, y directa o indirectamente, la opinión que recibe el resto de las personas. Esta carencia de pluralidad en la información es un serio obstáculo para el funcionamiento de la democracia. La democracia necesita del enfrentamiento de ideas, del debate, de la discusión. Cuando este debate no existe o está debilitado debido a que las fuentes de información son limitadas, se ataca directamente el pilar principal del funcionamiento democrático.”

Inferimos, en atención a lo expuesto, que la carencia de pluralidad distorsiona el sentido real de la libertad de expresión pues reduce el debate de ideas a un estándar mínimo, de suyo incompatible con las líneas directrices normativas y jurisprudenciales del sistema interamericano de derechos humanos.    

En atención a la pauta descrita, adquiere plena vigencia la premisa establecida en el caso Ivcher Bronstein[15] en el sentido de la exigencia de “fortalecer el funcionamiento de sistemas democrático pluralistas y deliberativos mediante la protección y el fomento de la libre circulación de información, ideas y expresiones de toda índole”. Debemos acotar, de igual forma, que la jurisprudencia ha enfatizado que “la función democrática de la libertad de expresión la convierte en condición necesaria para prevenir el arraigo de sistemas autoritarios y para facilitar la autodeterminación personal y colectiva”[16].

¿Qué implica entonces el pluralismo en relación a la libertad de expresión? Que no apliquemos distingos de ningún orden respecto a las fuentes informativas, que admitamos que todos los ciudadanos, medios de comunicación e instituciones de todo tipo tengan libertad de informar, y que podamos entender que solo a través del pluralismo puede existir una libertad de expresión plena.

 

Tolerancia

El contenido axiológico de la tolerancia exige de suyo, respecto a la libertad de expresión, además de la coexistencia de posiciones que representa el pluralismo, una manifiesta percepción de aceptación en el sentido de que todos los contenidos, opiniones, posiciones que involucren las facultades de plena manifestación de expresión de los ciudadanos, no merezcan mayor restricción que las contempladas por la normativa internacional[17] y la jurisprudencia de la Corte Interamericana[18].  

Es importante advertir que representa una posición plenamente compartida la cuestión de que la tolerancia supone la eliminación sustantiva de toda censura previa, consagrándose en su lugar el sistema de responsabilidades ulteriores. Aquí adquiere relevancia, dentro de la necesaria apertura que el derecho a la libertad de expresión exige, que los Estados parte del sistema interamericano, adopten como criterio regulador que no pueden asumir posiciones de intolerancia frente a los contenidos informativos y que en razón a ello, consagren controles previos a la libertad de expresión, o en su caso, mecanismos materiales de censura previa frente a manifestaciones en curso de la libertad de expresión, es decir, a producir restricciones cuando se viene ejerciendo la libertad de expresar o informar.

La tolerancia nos induce a una actitud permisiva bien entendida, a efectos de admitir todos los contenidos sobre libertad de expresión, en la perspectiva de que una plena democracia alberga todo tipo de manifestaciones, cuidando que el rigor de las excepciones se manifieste solo en la responsabilidad ulterior de quien informó con real malicia[19], excluyendo, por su propio contenido peyorativo, los procesos penales de responsabilidad en casos de libertad de expresión, y en su lugar, categorizando los procesos de responsabilidad civil. En este aspecto, la Opinión Consultiva OC- 585 fija contenidos determinados de restricción a la libertad de expresión[20], en función a los cuales se definen las únicas situaciones de restricción a esta libertad ancla.   

La tolerancia también comprende[21] “no obstaculizar el libre debate de ideas y opiniones (para) un efectivo desarrollo del proceso democrático”, es decir que desde Alaska a Tierra del Fuego, el derecho a la libertad de expresión es de naturaleza irrestricta y los Estados no deben juzgar la evolución de este derecho como un pasivo en sus políticas de derechos humanos, sino como un activo del devenir democrático que precisamente beneficia a ciudadanos, Estados e instituciones en su libre derecho a expresar las ideas que conciernen al medio donde habitan.   

Pero vayamos más allá aún. Hasta la información errónea goza de sustento[22] en cuanto a su admisibilidad en los escenarios democráticos. Podríamos bien conjeturar respecto a que las distorsiones informativas no deban gozar de apoyo informativo. Sin embargo, el valor tolerancia auspicia la plena difusión de la libertad de expresión, restringiendo los matices de difusión solo a supuestos clausus taxativamente predeterminados. Sobre este supuesto se pronuncian los Antecedentes de la Declaración de Principios[23] en el sentido siguiente: “(…) en base a la doctrina sobre reporte fiel, la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aún en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona.  Las bases de  esta doctrina se encuentran en la necesidad de la libertad de expresión e información para la existencia de una sociedad democrática.  Dentro de un sistema democrático, el debate debe ser fluido y amplio.  La publicidad de la información proveída por terceros no debe verse restringida por la amenaza de responsabilidad al informador simplemente por reproducir lo manifestado por otro.  Esto implica una restricción innecesaria que limita el derecho de las personas a estar informadas.” Las premisas aludidas son sin duda valiosas pues podemos inferir, con meridiana claridad, que la información errónea no debe ser objeto de restricción, aún si inclusive la fuente resulta equivocada. Si alguien informó incorrectamente, el ejercicio del derecho de réplica es una potestad abierta y manifiesta, esto es, la información errada no puede generar, bajo ningún concepto, restricciones en la libertad de expresión.    

La tolerancia abarca, de igual forma, una realidad sensible respecto a los funcionarios públicos, atendiendo a la condición especial de quienes asumen una responsabilidad en funciones del Estado. Vale decir, por la naturaleza especial de sus tareas, los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio de la opinión pública y por tanto, a los estándares de examen de sus funciones en cuanto a la libertad de informar se trata. A este respecto, la Declaración de Chapultepec prescribe[24]:” Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”.

Una interrogante válida podría expresarse en el sentido siguiente: ¿no causamos acaso una discriminación peyorativa cuando aludimos a que los funcionarios públicos deben estar más expuestos al examen de la opinión pública con relación a otras profesiones respecto de las cuales no existe este requerimiento más exhaustivo de examen? Debemos advertir que se trata de una discriminación positiva, es decir, de una condición permisible en el sistema interamericano, en tanto debemos aludir al carácter especial de funciones en el sector público. El ciudadano que accede a una función pública, per se admite tácitamente una valoración especial de sus responsabilidades e implícitamente acepta un mayor rigor en cuanto a sus tareas de suyo particulares se refiere. En atención a ello, el funcionario público debe ser tolerante respecto a la indagación pública sobre su labor y la regla de tolerancia se constituye en un supuesto angular respecto a sus funciones, las cuales conciernen a todos los ciudadanos, en tanto el funcionario público trabaja en beneficio de un colectivo o comunidad de personas. Naturalmente, las excepciones solo pueden estar representadas por trasgresiones manifiestas a su derecho al honor, siempre que existan condiciones de responsabilidad ulterior y de modo congruente con los supuestos predeterminados por ley.

La tolerancia implica, de otro lado, que los países del sistema interamericano acepten el activismo de las instituciones de derechos humanos en la defensa de la libertad de expresión. Parafraseando a Viviana Krsticevic, el “abordaje” de los derechos humanos, en términos de estrategia, representa una fórmula de defensa amplia de los derechos de los ciudadanos y como tal, debe ser parte de la conducta de tolerancia de los Estados que la defensa de derechos como la libertad de expresión, admita todo tipo de estrategias en defensa de la libertad de expresarse, de informar y ser informados. Los Estados tienden, muchas veces, a no ser congruentes con las actividades de entidades no gubernamentales a favor de la libertad de expresarse, y con ello se producen conductas antidemocráticas. En ese sentido, es necesario que las entidades de defensa de los derechos humanos puedan desarrollar, con plena libertad, sus actividades de defensa y estén facultadas para fijar libremente las estrategias de litigio que estimen convenientes, identificando los actores del sistema, las consideraciones políticas y las realidades jurídicas necesarias en lo que respecta a la organización de defensa de la libertad de expresión de las personas. Los Estados no pueden pues ser intolerantes con las actividades de defensa de los organismos de derechos humanos.   

Una reflexión de fondo adicional: si defendemos abiertamente la libertad de expresión, ¿corresponde avalar aquellas actitudes, que en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, afectan la honra de las personas, conforme hemos adelantado liminarmente supra? ¿Podría acaso inferirse que el sistema interamericano, con la fuerza de sus instrumentos normativos y la vinculatoriedad de sus decisiones jurisprudenciales, pudiera acaso ubicarse en la orilla de avalar, convalidar y proteger aquellos actos que lesionan un bien jurídico tan preciado como lo es el derecho al honor?  Ciertamente que no, pues constituye un sofisma que la libertad de expresión pudiera constituir un derecho absoluto. Por el contrario, las excepciones al ejercicio pleno de la libertad de expresión están predeterminadas normativamente[25] y al respecto, el Poder Judicial en los países del hemisferio representa un segmento base fundamental, en tanto es en el Derecho Interno de los países donde se agota la jurisdicción para una observancia plena de la libertad de expresión. En ese orden de ideas, los estándares de nuestro derecho prevalente, han de significar contrapesos frente a los posibles excesos en los tribunales nacionales. Eso es vital: en tanto los jueces constitucionales de los países miembro del sistema, manejen mejor los estándares de observancia y respeto por la libertad de expresión, mayor será el efecto de irradiación de este derecho y mayor la concientización hemisférica por la plena aplicación de este derecho.    

En ese plano de reflexión, coincidiendo con Rodrigo Uprimny, una plena libertad de expresión, conocidos sus adecuados estándares, coadyuva a que los jueces tomen decisiones más garantistas, en tanto se refuerza el sistema de protección en su conjunto de los derechos vinculados a este derecho prevalente. De la misma forma, una observancia irrestricta de este derecho permite interiorizarnos en el concepto de que la Comisión y la Corte lleguen a los jueces antes que intentar que lleguen casos al sistema interamericano. Así logramos una redefinición de los tribunales de justicia y logramos armonizar las Constituciones de los países con los Tratados del sistema de protección. Como diría Víctor Abramovich, con estas acciones “acomodamos a los pasajeros con el orden constitucional”.

El valor tolerancia nos dice, en suma, que resulta condición esencial para la plena libertad de expresión, la necesaria predisposición de todos los actores del sistema interamericano para asumir como expresiones en democracia, todo tipo de contenidos informativos, a excepción de los fijados por el artículo 13 de la Convención Americana.  

 

Apertura

El sentido teleológico de la apertura, en un contexto de plena aplicación del derecho a la libertad de expresión, exige asumir un sentido de progresividad material. Humberto Nogueira Alcalá[26] refiere a este respecto: ““Los derechos fundamentales (…) una vez incorporados al ordenamiento, son irreversibles y solo pueden desarrollarse de acuerdo al principio de progresividad.”

Nuestra propuesta de apertura involucra que progresivamente la consagración del derecho a la libertad de expresión propenda hacia la permisividad de contenidos conceptuales y procedimentales de mayor alcance, esto es, a que las situaciones de restricción al ejercicio de este derecho, sean cada vez menores o sumamente excepcionales.

La evolución histórica de este derecho en el sistema interamericano nos brinda una descripción congruente con el sentido de apertura que proponemos como estandarte axiológico de la libertad de expresión. A su turno, la existencia de regímenes totalitarios y de por sí restrictivos, generaron innumerables mecanismos de censura previa, fundamentalmente de orden administrativo. La irrupción de los regímenes democráticos, en forma posterior, aupados al contenido de amplia irradiación[27] de los derechos humanos, fue restringiendo la censura previa, acogiendo el sentido de responsabilidad ulterior previsto por el artículo 13 de la Convención Americana. En ese trayecto tuvo lugar, inclusive, la despenalización paulatina del tipo legal de desacato en muchos ordenamientos jurídicos del sistema interamericano. Más aún, existe una marcada tendencia[28] a que las opiniones, cual fuera su procedencia, no sean susceptibles de querellas o procesos penales de injuria, difamación y calumnia, sino que materialmente se consagre solo un procedimiento de responsabilidad civil que a su vez se ciña a determinados barómetros taxativamente descritos en forma previa por las leyes de la materia. En definitiva, la aplicación de un nuevo modelo procesal penal[29] en el continente, exige que solo cierto tipo de procesos penales relevantes lleguen a juicio oral, correspondiendo desestimar en el camino a aquellos procedimientos que no reúnen la condición de trascendentes para una decisión penal de fondo.       

Podemos observar, en el sentido de los argumentos expuestos, que la apertura es un sendero de ida y no de retorno. La progresividad que caracteriza este derecho consagra en definitiva mecanismos de mayor apertura conforme evoluciona el sistema interamericano. La apertura resulta pues un valor clave pues la evolución del derecho a la libertad de expresión, materialmente traduce que las acciones de los Estados, vayan abriendo senderos de observancia y respeto por la libertad de expresión, y que en forma progresiva manejen estándares de mayor aplicabilidad.

La apertura que resulta implícita en un contexto de libertad de expresión plena exige, de la misma forma, una estrecha vinculación con los principios de transparencia y publicidad. A este respecto, nos dicen los Antecedentes sobre la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión[30]: “Este derecho cobra aún mayor importancia por encontrarse íntimamente relacionado al principio de transparencia de la administración y la publicidad de los actos de gobierno. El Estado, en este sentido, se constituye como un medio para alcanzar el bien común. Dentro de este contexto, el titular de la información es el individuo que delegó en los representantes el manejo de los asuntos públicos. El principio de transparencia lo que demanda es una posición servicial de la Administración, aportando aquella documentación que hubiera sido previa, correcta y claramente solicitada, en la medida en que no se encuentre temporalmente excluida del ejercicio del derecho.”  De esta reflexión nacen, en ejercicio de esa necesaria transparencia, los derechos de acceso a la información pública, como premisa base en un Estado Democrático, y de autodeterminación informativa, como la facultad de que los contenidos en registros de orden informativo, sean veraces y se ajusten a la realidad. Ambos derechos constituyen el ámbito de protección del proceso de habeas data[31].  

La apertura como mecanismo base aplicativo de la libertad de expresión implica, por contraste natural, ser confrontada con su contexto opuesto: situaciones de no apertura o restricción, es decir, circunstancias en las cuales, a raíz del desarrollo jurisprudencial del artículo 13 de la Convención Americana, podamos identificar, con suficiencia y objetividad, escenarios de impedimentos formales y materiales a la libertad de expresión.

Un instrumento que por excelencia desarrolla el ámbito de restricciones excepcionales a la libertad de expresión, como hemos inferido liminarmente supra, es la Opinión Consultiva 0C-585, relativa a la Colegiación Obligatoria de Periodistas[32], instrumento en el cual se establece[33]: “El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido. Aún en este caso, para que tal responsabilidad pueda establecerse válidamente, según la Convención, es preciso que se reúnan varios requisitos, a saber:

a) La existencia de causales de responsabilidad previamente establecidas,

b) La definición expresa y taxativa de esas causales por la ley,

c) La legitimidad de los fines perseguidos al establecerlas, y

d) Que esas causales de responsabilidad sean ” necesarias para asegurar ” los mencionados fines. (…)”.

Los presupuestos materiales señalados constituyen una extraordinaria herramienta para que los ámbitos opuestos a la apertura en el ejercicio de la libertad de expresión, sean estrictamente predeterminados. Más aún, de la lectura de las exigencias para que prospere la validación de una restricción a la libertad de expresión, extraemos una referencia evidente al principio de proporcionalidad[34], en tanto la intervención en la esfera del derecho a la libertad de expresión, requiere la acreditación de una medida idónea para el cumplimiento de un fin adecuado. De otro lado, exige que la medida de restricción impuesta sea la menos gravosa, pues de no haberse aplicado la vulneración menos grave, entonces deviene excesivo el impedimento formulado. A su turno, la ponderación implica que a mayor grado de intervención de un derecho opuesto a la libertad de expresión, tanto mayor debe ser la satisfacción de este último derecho. De ahí que en una forma aplicativa de pesos y contrapesos (checks and balances), podamos concluir que bajo un criterio de jerarquía móvil y en las condiciones “x. y, z” un derecho fundamental prevaleció sobre otro. Nótese aquí la aseveración precisa en el sentido de que no se trata de que un derecho humano sea más importante que otro, sino de la prevalencia condicionada casuística de un derecho sobre otro.       

Adicionalmente, es pertinente advertir que [35]“La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística, constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados.” En estricto, la no exigencia de colegiación para el oficio de periodista resulta de alcance distinto en relación a otras profesiones y es a través del concepto de progresividad en la apertura, que es necesario ponderar que la libertad de informar adquiere un status especial en la jurisprudencia interamericana y que todos los ciudadanos están en plena libertad de ejercer su derecho a la libertad de expresión y de modo especial, los periodistas, para quienes solo existe como restricción el conjunto de supuestos esbozados por el artículo 13 de la Convención Americana.    

Apertura y progresividad resultan, a tenor de lo expresado líneas arriba, en dos valores intrínsecamente vinculados en tanto todos los signos materiales de progresividad en el derecho a la libertad de expresión- mayor existencia de medios de prensa, libertad de contenidos en general como medios de expresión, entre otros- exigen que las sociedades “abran” sus políticas de aceptación a la libertad de expresarse.

Los valores a que aludimos- pluralismo, tolerancia y apertura- representan, en nuestra propuesta, las pautas de acción mínimas de la libertad de expresión para su desarrollo pleno en el sistema interamericano. Dichos contenidos axiológicos son esencialmente realizables en los regímenes democráticos, en la medida que la democracia es la base de un Estado de Derechos Humanos, concepción nuestra a través de la cual consideramos la sustancial vinculatoriedad que el sistema interamericano representa para todos los actores del espacio continental.      

 

II.  AVANCES Y RETROCESOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO RESPECTO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

¿Hacia dónde va la libertad de expresión?

Sin duda podemos aseverar que la libertad de expresión va hacia estándares de plena aplicación. La experiencia aplicativa en el sistema interamericano nos dice, con consistencia, que existen avances sustantivos en la consolidación de una progresividad plena, cada vez en mayor grado, de la libertad de expresión. Sin embargo, frente a políticas de observancia de este derecho, coexisten igualmente actitudes aún hostiles hacia el pluralismo, así como actitudes de poca tolerancia hacia la plena aplicación de este derecho, y por último, existen acciones y omisiones ausentes, en términos de apertura, hacia los contenidos de amplitud que exige la libertad de expresión.    

Pasemos revista, entonces, a un glosario de ideas sumilla, a modo de balance, no exhaustivo pero sí referencial, sobre los avances y retrocesos en materia de libertad de expresión. 

 

Avances saludables en libertad de expresión

No podemos negar que existe un importante camino avanzado por el sistema interamericano en materia de libertad de expresión. Aún falta mucho más por trabajar y sistematizar.  No obstante ello, es pertinente mencionar algunos de los sólidos avances en cuanto concierne a la evolución positiva de la libertad de expresión, optando por referirnos solo a un reducido conjunto de pasos en firme, de los muchos que por cierto existen.  

 

Audiencias temáticas

Las audiencias temáticas impulsadas por la Relatoría de la Libertad de Expresión representan un esfuerzo importante por poner al día este derecho prevalente en el ordenamiento interamericano. Así lo señala Lilia Ramírez[36] cuando manifiesta: “Ciertamente, ayuda mucho que mediante audiencias temáticas y periódicas (cada seis meses), la CIDH tenga la posibilidad de analizar los principales problemas de derechos humanos de los países integrantes del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que escuche en estos foros tanto a los que demandan la violación o mayor atención de un derecho fundamental, como a los gobiernos e instituciones estatales que son los que deberían encargarse de su tutela, y cuya labor de garantía se encuentra cuestionada ante el pedido de audiencia.”

Sustantivamente, las audiencias temáticas sobre libertad de expresión, coadyuvan mucho a que los Estados y la CIDH encuentren en la exposición frecuente de temas vinculados a este derecho, puntos en común, la mejor de las veces, y en otras tantas, procedan a diagnosticar qué es lo que no se está trabajando bien. Y el barómetro de esto último reside en los casos puntuales que son materia de denuncias por acciones hostiles contra la libertad de expresarse. Estas audiencias resultan entonces importantes diagnósticos pues a partir de las mismas, los Estados parte del sistema interamericano, están en condiciones de verificar cuáles son las falencias relevantes en la defensa de esta libertad prevalente por la expresión. 

 

Mayor protección normativa

Es menester precisar que contamos con herramientas tuitivas para una plena aplicación de la libertad de expresión, inclusive superando los estándares que ostenta el sistema intereuropeo. Conforme señala Felipe Gonzáles[37]La Corte ha asumido expresamente que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es más protectora de la libertad de expresión que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, observando que “[l]a comparación hecha entre el artículo 13 [de la Convención Americana] y las disposiciones relevantes de la Convención Europea (artículo 10) y del Pacto (artículo 19) demuestra claramente que las garantías de la libertad de expresión contenidas en la Convención Americana, fueron diseñadas para ser las más generosas y para reducir al mínimum las restricciones a la libre circulación de las ideas”.

La cita de Gonzáles es precisa en términos comparativos puntuales y arroja una conclusión de suyo valedera: el sistema interamericano ha trabajado mucho más un perfil normativo tutelar de la libertad de expresión. En ese orden de ideas, los ciudadanos de los Estados parte del continente gozamos en abstracto de herramientas mejor diseñadas en su ámbito de protección.

En adición al artículo 13 de la Convención Americana, conforme ya hemos antes advertido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, los Antecedentes de la misma y la Declaración de Chapultepec, permiten que tanto los Estados del sistema así como la Relatoría de la Libertad de Expresión en su función de apoyo a la CIDH, puedan contar con herramientas principistas que suponen un extraordinario conjunto de mandatos de optimización en defensa de los ciudadanos del sistema.  

 

Importante desarrollo jurisprudencial

Carlos Ayala Corao, en diversas conferencias magistrales, al invocar a Evan Hughes, a quien le atribuye la máxima “The Constitution is what the judges say what it is” (La Constitución es lo que los jueces dicen que es), alude con igual versación al concepto clave bifronte de existencia de los frentes nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos.

Los primeros parten de la premisa de que los derechos fundamentales son protegidos a través de sus Cartas Constitucionales, las cuales son fuente interpretativa en los conflictos en el Derecho Interno. Pero es en el frente internacional en donde con mayor énfasis se acopla una sólida valla jurisprudencial de fallos distintos que en conjunto forman un bloque de vinculatoriedad[38] para los casos de libertad de expresión que conozca el sistema y ello corresponde a decisiones de la Corte IDH que han marcado la ruta interpretativa en el tema de la libertad de expresión. 

En forma breve y relevante, creemos importante destacar las líneas argumentativas de los casos que han emblematizado el desarrollo de la libertad de expresión en nuestro continente:

En el caso Olmedo Bustos v. Chile[39], caso la Última Tentación de Cristo, la Corte destacó que no se podía aplicar mecanismos de censura previa a raíz de una película que solo expresaba una concepción abstracta de ciertas tradiciones cristianas y que la censura administrativa constituía una forma de afectación de la libertad de expresión. En cuanto al caso Ivcher Bronstein v. Perú[40], la posición de la Corte consistió en que existió violación de la libertad de expresión del señor Ivcher, al habérsele cancelado la nacionalidad administrativamente, fuera de plazo y sin fundamento, con el propósito de excluirlo de la dirección de su canal, el cual venía informando críticamente sobre la actuación del gobierno de entonces.  

A su turno, en el caso Herrera Ulloa v. Costa Rica[41], destacaron los argumentos de protección fiel en un diario costarricense local de determinadas afirmaciones  publicadas en la prensa europea, que aludían a la reputación de un funcionario diplomático natural de Costa Rica, destacado en Bélgica. La Corte asumió que la reproducción de una información no significa la comisión de un delito y que la condena penal impuesta al afectado, violaba su libertad de expresión. En el fallo Ricardo Canese v. Paraguay[42], la Corte determinó que existía violación del derecho a la libertad de expresión del señor Canese, al haber sido éste condenado por el delito de difamación, a raíz de declaraciones que tuvieron lugar en la contienda electoral paraguaya de 1992.

El caso Palamara Iribarne v. Chile[43] enfatiza que se produjo igualmente afectación de la libertad de expresión al confiscarse la obra escrita del señor Palamara por parte del gobierno militar chileno, a raíz de sus críticas al Servicio de Inteligencia del país sureño. La Corte entendió que se produjo una seria afectación a la libertad de expresión pues el tema tratado en el libro era de orden público.

Un importante desarrollo argumentativo del principio de proporcionalidad tiene lugar en el caso Kimel v. Argentina[44]. El señor Kimel había publicado un libro en el cual criticaba la actuación de un juez argentino, a raíz del asesinato de unos religiosos durante la dictadura militar, atribuyéndole lenidad en su intervención. La Corte declaró que Kimel fue afectado en su derecho a la libertad de expresión, al haber sido condenado a un año de prisión y a una indemnización a raíz de sus críticas. Lo relevante del caso es la aplicación al caso concreto de los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, a fin de destacar que no hubo excesos en la actividad informativa de Kimel.   

 

Situaciones de retroceso a salvar

Los pasivos en libertad de expresión aún son muchos. No es motivo de satisfacción señalar que aún subsisten fuertes carencias en el sistema de protección de la libertad de expresión. Sin embargo, la referencia a ellos nos sirve para interiorizar el mensaje de que es estas líneas donde debemos trabajar. Veamos algunos segmentos representativos.  

 

Atentados a la libertad de expresión en general

Las afectaciones materiales contra la libertad de expresión se materializan en atentados de diverso orden y alcance. Conforme al punto 4 de la Declaración de Chapultepec, “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad. “No podemos aquí sino lamentar la extensa lista de atentados contra la libertad expresión en todas sus formas[45], guiados por impedir que los medios de prensa cumplan su labor. Las preguntas clave son: ¿Es contrario a la democracia, la pluralidad de medios? ¿Hacia dónde nos lleva esa intolerancia? ¿ Por qué cerrar la apertura informativa?  

 

Asesinatos de periodistas

Los casos más álgidos de atentados contra la libertad de expresión, están representados por graves ataques en los cuales muchos periodistas han perdido la vida, convirtiendo esta profesión en una de las más riesgosas del mundo.  

Los instrumentos normativos se han preocupado por advertir las obligaciones de los Estados frente a los asesinatos de periodistas y así los Antecedentes de la Declaración de Chapultepec[46] señalan: “Conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos de derecho internacional, los Estados tienen el deber de investigar de manera efectiva los hechos que ocasionaron el asesinato de periodistas y sancionar a sus autores.  La Corte Interamericana ha sostenido que la investigación: Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad busque efectivamente la verdad”.

A juicio nuestro, los casos de asesinatos de periodistas representan, como indicamos supra, los casos más graves de afectación a la libertad de expresión pues constituyen vulneraciones materiales al derecho a la vida. El asesinato para acallar una voz de protesta es un delito pluriofensivo pues no solo restringe la libertad de expresión, sino arrebata al ser humano el bien jurídico más preciado: la vida. En el ámbito interamericano, muy a pesar nuestro, México tiene la tasa más alta de asesinatos de hombre de prensa. Entre 1995 y 2005, 20 periodistas fueron asesinados en dicho país: En 2006, ocurrieron 9 asesinatos y hubo 1 desaparecido; en 2007, 3 asesinatos y 3 desapariciones; y en 2008, 4 asesinatos y 1 desaparición.[47]

 

Cierre de medios de comunicación

Los cierres administrativos de medios de comunicación se producen de modo muy sutil en tanto, en una suerte de monitoreo, no se suelen renovar las licencias de operatividad de estaciones de radio y televisión, sin razones aparentes. Ello se produce en función a la línea informativa de los medios de prensa, según sea crítica o no de las políticas de gobierno de los Estados. El cierre de Radio Caracas Televisión RCTV[48] es emblemático por el contexto mediático de cierre. De igual forma, la situación de presión contra Globovisión de Venezuela, es preocupante pues a pesar de las medidas cautelares a su favor[49], diversas agresiones privadas no han cesado.  Adicionalmente, en el país llanero, con fecha 31 de julio de 2009 se produjo el cierre de 34 emisoras, las cuales debieron cesar sus transmisiones de modo inmediato. Los motivos no fueron explícitos.  

 

Impunidad de agresores

El contexto de impunidad de las agresiones contra ciudadanos, periodistas y medios de prensa en el ejercicio de su libertad de expresión, es igualmente preocupante. La impunidad puede advertirse de dos formas: o no se ejecutan investigaciones debidas en estos casos de lesa agresión a la libertad de expresarse, o si se producen enjuiciamientos, éstos no concluyen dentro de plazos razonables. Múltiples ejemplos de estas situaciones[50] se reproducen en el Informe 2008 de la Relatoría de la Libertad de expresión y la cantidad de casos que solo en el 2008 han ocurrido, nos persuaden de la urgente necesidad de reposicionar el concepto de sanción oportuna. En caso contrario, cierto es aquel adagio que reza “justicia que tarda, no es justicia”.     

 

Reflexión final: ¿Podemos pautear la libertad de expresión?

En este segmento que con propiedad llamaríamos el quehacer de una larga conclusión nos corresponde interrogarnos, a este nivel de nuestro estudio, si podemos manejar estándares de libertad de expresión a modo de un catálogo de pautas para los Estados parte en general, las instituciones públicas y privadas vinculadas a la libertad de expresión y en forma sustancial, para los jueces de derechos humanos que forman parte del sistema interamericano.

Nos aventuramos a una respuesta plenamente positiva en la medida que la interiorización de la libertad de expresión como derecho ancla y pluriactivo del ordenamiento interamericano, representa el necesario engranaje para la plena aplicación de otros derechos subyacentes a la facultad de expresar nuestras ideas.      

Resulta sumamente ambicioso hablar de un pauteo de la libertad de expresión. Sin embargo, procuremos ubicarnos en el plano de los imperativos categóricos kantianos, estrechamente vinculados a la moral, e imaginemos que los Estados parte del sistema interamericano asumen estándares operativos para una plena materialización de la libertad de expresión. ¿Es ello irrealizable? Creemos que, a riesgo de terquedad, si bien no podemos en estricto sustentar reglas procedimentales, sí podemos aludir a un conjunto de pautas de acción para una mejor aplicación de los estándares de la libertad de expresión, sentido valorativo en el cual nuestras propuestas de pluralismo, tolerancia y apertura asumen un sentido protagónico.

En consecuencia, dichas pautas de acción pueden ser esbozadas en la siguiente forma: 

  1. La implementación del derecho a la libertad de expresión en el Derecho Interno de los países del sistema interamericano es una exigencia impostergable y en esa línea de ideas,  los valores matrices son pluralismo, tolerancia y apertura.  
  2. Las acciones por la libertad de expresión deben concebir la existencia de un doble frente: los frentes nacionales, en donde debe promoverse entre los jueces nacionales un adecuado conocimiento de los estándares jurisprudenciales de la Corte y las decisiones cuasi.-jurisdiccionales de la Comisión, para su aplicación en el Derecho Interno de los países, a fin de crear un activismo judicial ponderado. A su turno, el frente internacional resulta subsidiario por naturaleza. Es en este último donde se han producido avances sustantivos y materiales respecto a la libertad de expresión y corresponde seguir trabajando en ello.   
  3. El control de convencionalidad en relación a los estándares de la libertad de expresión, debe significar la concientización de la vinculatoriedad de los fallos jurisprudenciales de la Corte Interamericana. A este respecto, la operatividad y el control de adecuación deben fijar como valores ancla los sentidos interpretativos más importantes en el sistema interamericano sobre libertad de expresión, asumiendo como previsión el aforismo anglosajón “Good cases make good law” (los buenos casos hacen buenas decisiones).    
  4. La labor de todos los actores del sistema interamericano debe apuntar a un trípode de acciones para la defensa de la libertad de expresión: recopilar todos los casos de afectación a este derecho, diagnosticar las vulneraciones producidas en cada caso y recomendar a los Estados, las acciones necesarias a tomar para evitar se repitan las agresiones. La Relatoría de la Libertad de Expresión cumple estos roles idóneamente pues anualmente recopila las agresiones a la libertad de expresión, país por país, resumiendo  y al mismo tiempo diagnosticando qué se debe hacer al respecto. En adición a ello, se producen continuas audiencias temáticas en diversos Estados para un contacto directo con los actores del sistema, entre ciudadanos, entidades no gubernamentales y Estados. Estos mecanismos deben continuar.
  5. Igualmente, juega un rol fundamental la previsión de una mayor difusión de la libertad de expresión en todos los ámbitos educativos y ésta es tarea vital de los Estados, los cuales desde los niveles iniciales de educación hasta las más altas esferas de formación, deben implementar una cultura de los derechos humanos en su sentido más amplio. Si esos ciudadanos se forman en una cultura de respeto irrestricto por los derechos humanos en general y de la libertad de expresión en particular, creemos que habrá menos atentados y agresiones a la libertad de expresión. Las herramientas normativas ya existen. Igualmente, una frondosa jurisprudencia tuitiva constituye una pléyade de conceptos tutelares de la libertad de expresión. El reto es concienciar a más ciudadanos de ese requerimiento histórico que implique aplicar, ejercer y vivir la libertad de expresión día a día.

 

Necesario colofón    

El trajín de vivir día a día el sistema interamericano en sus múltiples expresiones, desde las aulas universitarias en las cuales los derechos humanos antes que una asignatura son una vivencia profundamente axiológica, o bien a través de las controversias jurídicas vinculadas a los derechos fundamentales en las cuales los casos judiciales son patrocinados en el objetivo de lograr la tutela de la justicia, o en su caso, si se vivencia el sistema de trabajo de defensa de los derechos humanos en los pasillos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C. o en los estrados de la Corte Interamericana en San José, son vivencias que nos persuaden de que la tarea de defensa de los derechos humanos antes que una ocupación es un compromiso de fidelidad con la esencia de nuestra condición de personas. Y en ese horizonte tutelar, la libertad de expresión juega un rol de derecho humano protector base, por los múltiples derechos humanos conexos que se cobijan bajo su seno y sin cuyo manto de protección, solo constituirían expresiones de buena intención, mera inspiración de los legisladores e intérpretes, sin espíritu ni vocación de concreción material.

Reafirmamos pues que el pluralismo, la tolerancia y la apertura, como valores base de la libertad de expresión, constituyen el plexo axiológico sobre el cual ha de desarrollarse la libertad de expresión. Se trata de una exigencia histórica, sin la cual el sistema interamericano no cumpliría su función tutelar. En atención a ello, no basta la proclama moral de nuestro ensayo al proponer un trinomio de valores, sino un espíritu de acción para conducir a buen puerto la realización plena de la libertad de expresión. En ello se resume nuestro compromiso con la historia de los derechos humanos.    

Seamos concientes, por último, de que la tarea de defensa de la libertad de expresión es un contexto permanente de idas y venidas, de pasos firmes en defensa de este derecho tutelar, y de indeseados retrocesos que nos toca combatir. Advirtamos pues que ese “eterno retorno”, generado per se y en cual la vida de las personas es fugacidad, nacimiento, duración y muerte, involucra una lucha permanente y sin término por la defensa de la libertad de expresión. Nuestra lucha entonces ha de ser hoy, mañana y siempre.    

Publicado en Revista virtual IPSO JURE No. 9. Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Mayo 2010

 


[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque. Profesor Asociado Academia de la Magistratura.  Docente Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo. Becario Aula Iberoamericana, La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España, 2009. 

[2] Originalmente la divisa era ¡Liberté, égalité, fraternité ou la morte ! (Libertad, igualdad, fraternidad o la muerte!)

[3] Del alemán Volk (pueblo) y Geist (espíritu). Es un concepto propio del nacionalismo romántico, que consiste en atribuir a cada nación unos rasgos comunes e inmutables a lo largo de la historia. Así podríamos proponer la libertad de expresión como un valor ahistórico, anterior y superior a las personas, y por tanto, parte de la naturaleza vívida del sistema interamericano.

[4] Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa, con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

[5] Adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, D.F., el 11 de marzo de 1994.

[6] Durante el año 2000 la Relatoría de la Libertad de Expresión trabajó en la elaboración de un proyecto de Declaración de Principios de este derecho. Finalmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó dicho proyecto en su 108 período ordinario de sesiones en octubre de dicho año.

[7] LORETTI, Damián. Aplicación de los principios de libertad de expresión del artículo 13 de la convención Americana sobre Derechos Humanos. En Víctor Abramovich, Alberto Bovino, y Christian Curtis (eds) La aplicación de los Tratados sobre Derechos Humanos en el ámbito local. CELS, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2007, pág. 968.

[8] Nominalmente podemos señalar, entre otros, el derecho a la igualdad, la libertad de credos, de creación intelectual.   

[9] Cfr .Declaración de Chapultepec. Preámbulo.

[10] Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2008. Pág. 120.

[11] “Estado bajo el régimen de la fuerza”, es decir, el Estado absoluto característico del siglo XVII.

[12] PECES BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid. Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999. Pág. 37.

[13] Declaración de Chapultepec. Preámbulo.

[14] Antecedentes Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio 12, párrafo 55.

[15] CIDH. Alegatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ivcher Bronstein v. Perú. Párr. 143.

[16] Corte IDH. La Colegiación Obligatoria de Periodistas. Opinión Consultiva OC-585. Párr. 70.

[17] El artículo 13 de la Convención, como hemos señalado supra, fija como exclusiones la protección moral de la niñez y la adolescencia, la propaganda a favor de la guerra y la apología del odio.

[18] Resultan casos emblemáticos para la consolidación de la jurisprudencia sobre libertad de expresión, en orden cronológico, los casos La Última Tentación de Cristo- Olmedo Bustos y otros v. Chile; Ivcher Bronstein v. Perú; Herrera Ulloa v. Costa Rica; Ricardo Canese v. Paraguay; Palamara Iribarne v. Chile; y Kimel v. Argentina.  De igual forma, la Opinión Consultiva OC- 585, sobre la Colegiación Obligatoria de Periodistas.

[19] En la doctrina de la real malicia, es necesario demostrar la mala fe de quien informa irresponsablemente, subordinado a valores que presentan ostensible conflicto con la libertad de expresión. Si no existe demostración suficiente de la real malicia del sujeto activo informante, no deben aplicarse supuestos de restricción a la libertad de expresión. 

[20] Vid infra 32 

[21] Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Preámbulo.

[22] Cfr. Antecedentes Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio 7. Párrafo 35.

[23] Cfr. Antecedentes Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio 10. Párrafo 49.

[24] Declaración de Chapultepec. Artículo 10.

[25] Vid supra 16.

[26] NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. La interpretación constitucional de los derechos humanos. Ediciones Legales. Lima, 2009.  Pág. 57.

[27] La doctrina alemana asigna un sentido de “Ausstrahlungswirkung” al efecto de irradiación de las normas constitucionales sobre todo el ordenamiento jurídico. Esta figura es plenamente aplicable a los derechos humanos, en tanto valores supranacionales.

[28] Informe Especial de la Relatoría de la Libertad  de Expresión 2008. Capítulo IV. Párr. 64.

[29] Sujeto a rasgos adversariales y en el cual, los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción constituyen los valores base del nuevo sistema penal. 

[30] Antecedentes Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio 4, párrafo 18.

[31] Los derechos de acceso a la información pública y la autodeterminación informativa gozan de protección constitucional en países como Brasil y Perú, en procesos constitucionales autónomos predeterminados para la tutela de dichos derechos. 

[32] Consulta formulada por el Gobierno de Costa Rica, en el sentido de si existe pugna o no pugna o contradicción entre la colegiatura obligatoria como requisito indispensable para poder ejercer la actividad de periodista. 

[33] Opinión Consultiva 0C-585. F.J.39.

[34] Método interpretativo que comprende los subexámenes de idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto, respecto de las restricciones a los derechos humanos. Su aplicación jurisprudencial es amplia pues comprende fallos tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos( caso Kimel v. Argentina) así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunales Constitucionales alemán y español y la gran mayoría de Cortes Constitucionales de Latinoamérica.  

[35] Cfr. Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Artículo 6.

[36] RAMIREZ VARELA, Lilia. Libertad de Expresión en Perú ante la CIDH: El doble estándar y la aplicación selectiva de los controles gubernamentales. En Informativo Justicia Viva. Perú. 05 de noviembre de 2009.

[37] GONZÁLEZ MORALES, Felipe Censura judicial y libertad de expresión: sistema interamericano y derecho chileno. En GONZALES, Felipe. Ed. Libertad de Expresión en Chile. Universidad Diego Portales, Santiago.2006. Pág. 10

[38] Por oposición al concepto tradicional de bloque de constitucionalidad

[39] Corte IDH, caso Olmedo Bustos. Sentencia de 05 de febrero de 2001. Serie C. No. 73.

[40] Corte IDH, caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 06 de febrero de 2001. Serie C. No. 74.

[41] Corte IDH, caso Herrera Ulloa. Sentencia de 02 de julio de 2004. Serie C. No. 107.

[42] Corte IDH, caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C. No. 111.

[43] Corte IDH, caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C. No. 135.

[44] Corte IDH, caso Eduardo Kimel. Sentencia de 02 de mayo de 2008. Serie C. No. 177.

[45] Vid. Informe Especial de la Relatoría de la Libertad  de Expresión 2008. Capítulo IV. Págs. 22 a 118.

[46] Antecedentes Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Principio 9, párrafo 40.

[47] Vid. Informe Especial de la Relatoría de la Libertad  de Expresión 2008. Capítulo IV. Págs. 79 a 80.

[48] Televisora cerrada el 27 de mayo de 2007, después de 53 años ( sic!!!)  en el aire.

[49] Corte IDH. Resolución del 29 de enero de 2008. Medidas provisionales respecto de la República Bolivariana de Venezuela. Asunto de la Emisora de Televisión “Globovisión”

[50] Vid. Informe Especial de la Relatoría de la Libertad  de Expresión 2008. Capítulo IV. Págs. 22 a 118.

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