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Sentencia constitucionales. Proceso de amparo contra resoluciones judiciales

6 agosto, 2010

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 55-09  

DEMANDANTE: POMALCA S.A.A.    

DEMANDADO: VOCALES DE LA SALA LABORAL

MATERIA: PROCESO DE AMPARO

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 24 días del mes de marzo de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Chávez Martos, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Demanda de amparo contra resolución judicial interpuesta por Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. contra los señores Jueces Superiores de la Sala Laboral de Lambayeque, doctores Lucía Esther Deza Sánchez y Juan de la Cruz Ríos, por afectación del derecho al debido proceso sustantivo y adjetivo.  

ANTECEDENTES

En el presente caso, la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. interpone proceso de amparo contra los Señores Jueces Superiores de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Doctores Lucía Esther Deza Sánchez y Juan De la Cruz Ríos, contra don Magno Enrique Ríos Rivera y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, con el objeto de que se declare inaplicable a ella la decisión judicial contenida en la resolución número veintinueve, de fecha 24 de abril último.

Dicha resolución revoca la resolución número 25  de 23 de enero de 2009, que rechaza la solicitud de embargo formulado por el demandante, y  reformándola, declara procedente el pedido de medida cautelar del embargo,  formulada por el actor en el Expediente N° 2006-220-JLO3/SL que sobre pago de remuneraciones siguiera contra la hoy demandada.

Según refiere, con ella se habría afectado su derecho al debido proceso en sus dimensiones de debido proceso sustantivo y adjetivo; a fin de que reponiéndose la causa al estado anterior,  se ordene que el órgano jurisdiccional emplazado emita nueva resolución con arreglo a derecho.

Agrega que su representada en su condición de Empresa Agroindustrial azucarera, que aún no ha logrado transferir al sector privado más del cincuenta por ciento de sus acciones, con presencia accionaria del Estado, se encuentra acogida al marco de protección patrimonial dispuesto por el Estado; sin embargo, los jueces emplazados desacatando la Ley N° 28027, que establece un régimen de protección de su patrimonio, y cuyo período de vigencia fuera sucesivamente ampliado hasta el 31 de diciembre de 2010, han atendido el pedido planteado por el justiciable Enrique Ríos Rivera, ordenando la traba de medida cautelar de embargo sobre su patrimonio.

El emplazado Magno Enrique Ríos Rivera contradice la pretensión argumentando que los jueces demandados han expedido las resoluciones judiciales objeto de cuestionamiento con arreglo a la ley y la Constitución del Estado; que la ley invocada por la actora contraviene derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, por lo que se debe prevalencia al pago de sus acreencias por derivar del pago de remuneraciones, contestación ésta que se tiene por aceptada mediante resolución 3,  de folios 78.

Por su parte, por escrito de folios 83 a 89, el Procurador Público a cargo de los asuntos judicial del Poder Judicial, contradice la incoada señalando que la resolución objeto de amparo ha sido expedida dentro del marco de la Ley de Protección Patrimonial emitida por el Gobierno Central; por ello, no vulnera derecho constitucional alguno relacionado con el debido proceso como indica el demandante, razones por las que la demanda deberá ser desestimada por infundada.

Mediante resolución número 6, se dispone pasen los autos a Despacho para sentenciar, siendo ese el estado del proceso.

 

FUNDAMENTOS

§ La tutela jurisdiccional efectiva y la efectividad de las sentencias judiciales

1. La doctrina del Estado de Derecho postula un Derecho autónomo, es decir, un ordenamiento legal que brinda a sus ciudadanos la posibilidad de prever la conducta de sus semejantes y del Estado mismo, y autorizar esta previsión para que cada uno planifique su conducta futura con vistas a la optimización de su interés. De esta forma, sólo es posible si el Derecho no expresa a cada instante intereses coyunturales y si sus normas se formulan  de manera uniforme (igual para todos, irretroactiva), cierta (clara, coherente, realista) y accesible (de dominio público y estable).

2. La efectividad de las sentencias, de otro lado, constituye un principio del Estado Democrático y Social de Derecho, pues la misma constituye que la decisión y mandato del Juzgador, agotadas las instancias respectivas, se plasme en un resultado tangible de consecución del derecho pretendido. En ese sentido, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, partiendo de la misma base  constitucional que contempla el inciso dos de la Constitución de mil novecientos noventa y tres, al prever que” ninguna autoridad puede (…) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (…) ni retardar su ejecución.”

3. En adición a ello, como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el arret  “Hornsby c/ Grecia”, sentencia del trece de marzo de mil novecientos noventa y siete, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales “forma parte de las garantías judiciales”, pues “sería ilusorio” que “el ordenamiento jurídico interno de un Estado contratante permitiese que una decisión judicial, definitiva, y vinculante quedase inoperante, causando daño a una de las partes (…)”. Resulta pues así difícil que puede hablarse de la existencia de un Estado de Derecho cuando las sentencias y las resoluciones judiciales firmes no se cumplen.

 

§ El cumplimiento de sentencias

4. Sin perjuicio de lo señalado: ¿deben cumplirse todas las sentencias? ¿O contempla el ordenamiento jurídico excepciones? Debemos advertir que, sin perjuicio del principio de efectividad de las decisiones judiciales, el ordenamiento sí admite excepciones y ello ocurre siempre que se configure una incompatibilidad por vía de excepción o una antinomia de rango similar al de una concurrencia de normas que exige una solución del decisor.  

5. Lo antes acotado tiene relación directa con la concepción de que los derechos fundamentales no pueden ser considerar absolutos. A este respecto, anota Zagrebelsky[1]:

“El Estado constitucional (…) no admite la ciega aplicación de un solo principio o valor constitucional. La imposición de una sola norma constitucional sin tener en consideración los demás principios constitucionales es una aplicación que rompe el sentido propio del Estado constitucional. Es más, la sola invocación de la primacía de la Constitución como criterio y justificación para determinada decisión resulta vacía de contenido. El Estado constitucional exige que la justificación de las decisiones encuentre sentido en función de los valores que, en su conjunto, sostienen el Estado constitucional. La sola invocación del criterio formal sin alusión alguna al criterio material que supone el Estado constitucional, no es más que una arbitraria consecuencia del enunciado de una alegada supremacía normativa sin atender a los valores y principios  que inspiran el sistema. La aplicación de un determinado criterio invocando la sola primacía de la Constitución desatendiendo los valores constitucionales, se presenta frente a la sociedad pluralista como la implacable y arbitraria decisión obligatoria del monarca representativo del Estado absolutista o la ciega aplicación de la ley propia del juez positivista que la aplica por su solo valor formal, sin discernir sobre su contenido ni sobre la razonabilidad de su aplicación”.     

6. Es posible afirmar, bajo esta premisa, que aún la sentencia que reconociera una prestación determinada, pudiera relativizar su mandato de ejecución si identificamos un grado de vulneración ostensible a un derecho fundamental, con lo cual un mandato perdería efectividad. 

 

§ Las antinomias en el ordenamiento jurídico

7. Una antinomia puede definirse en uno u otro de los modos siguientes: a) En un sistema jurídico existe una antinomia  siempre que un determinado comportamiento esté deónticamente calificado de dos modos incompatibles en dos diversas normas pertenecientes al sistema, o b) En un sistema jurídico siempre que para un determinado supuesto de hecho estén previstas dos consecuencias jurídicas incompatibles por dos normas diversas pertenecientes al sistema.

8. El conflicto aparente de normas debe ser dilucidado bajo las reglas de antinomias y en ese sentido, definir la aplicación taxativa del dispositivo que siga con más propiedad las reglas de interpretación legal. En ese orden de ideas, el método lex specialis derogat generalis tiene por objeto hacer prevalecer la norma especial sobre la general, inclusive frente al caso de rangos o de jerarquía de leyes, involucrando ello inclusive la aplicación por sobre el principio lex superior derogat inferior.

 

§ La cosa juzgada

9. La autoridad de cosa juzgada reside en la sentencia y sus caracteres son la inmutabilidad y la coercibilidad, es decir, que proyecta sus efectos hacia el pasado y hacia el futuro, y las partes se encuentran obligadas a cumplir y hacer cumplir el pronunciamiento judicial sobre el caso juzgado. Sin perjuicio de ello, la ejecución de un mandato judicial puede verse impedida temporalmente por ley autoritativa expresa para tal fin, sin implicar ello una afectación del principio de la cosa juzgada.  

 

§ Contexto del amparo contra resoluciones judiciales

10. En el contexto de una interpretación extensiva del artículo treinta y siete del Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo constituye un mecanismo procesal de tutela de urgencia y satisfactiva, proceso de condena cuyos caracteres para su procedencia son dejar sin efecto el hecho, omisión o amenaza, inminente y directa contra el ejercicio de un derecho constitucional; esto es, siempre que se trate de lograr la reposición del derecho constitucional transgredido o amenazado de manera fáctica, evidente y sin duda alguna, pues éste no es declarativo de derechos, sino que, a través de él, se pueden resarcir aquellos derechos que, estando plena e indubitablemente acreditados, son objeto de trasgresión.

11. En relación a lo señalado, debe determinarse que las acciones de garantía no proceden contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular, constituyendo supuesto de excepción que exista una objetiva afectación de la tutela procesal efectiva, supuesto legitimador que sí se configura de presentarse los supuestos establecidos por el artículo cuatro del Código Procesal Constitucional, constituyendo premisa esencial en esta verificación de afectación de derechos constitucionales si se han afectado los derechos invocados por un afectado y si se ha producido una sustancial afectación al debido proceso en su dimensión sustantiva y adjetiva. 

 

§ La Ley de Protección Patrimonial en el Perú

12. Conforme al artículo cuatro punto uno de la Ley 28027, Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera, a partir de la vigencia de referida Ley y por el lapso de doce (12) meses, quedan suspendidas la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y similares sobre los activos de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria y que, a la fecha de entrada en vigencia de la referida Ley, no hayan transferido más del cincuenta por ciento (50%) del capital social ya sea mediante venta de acciones o emisión de nuevas acciones. Los embargos preventivos o definitivos en forma de inscripción sobre los bienes inmuebles o muebles registrables, así como las garantías reales continuarán inscritas pero no podrán ser materia de ejecución. Durante el referido período, los acreedores no podrán iniciar contra las empresas agrarias azucareras ninguno de los procedimientos concursales establecidos en la Ley Nº veintisiete mil ochocientos nueve. En adición a ello y de conformidad con el artículo primero de la Ley N° 28885, publicada el 23 de setiembre de 2006, se amplia hasta el 31 de diciembre de 2008, el plazo establecido en la norma referida.  Asimismo, se establece que las empresas azucareras procederán a presentar ante el Ministerio de Agricultura un Programa de Reflotamiento Empresarial que incluirá un Plan de Inversiones, asimismo un Programa de Reconocimiento y Cronograma de Pagos, según las obligaciones que tienen contraídas con el Estado y con terceros. Por último, quedan suspendidos en el estado en que se encuentren los procesos concursales iniciados después de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 058-98.

13. El plazo de vigencia del régimen de protección patrimonial aludido ha sido prorrogado en varias oportunidades (Leyes N° 28288, 28448, 28662 y 28885) hasta que finalmente mediante el artículo 1º de la Ley N° 28885, dicho plazo es ampliado hasta el 31 de diciembre de 2008, plazo este último que a su vez ha sido de nueva prórroga hasta el año 2010.

 

§ La técnica de la ponderación de los derechos fundamentales

14. La ponderación, como método de resolución de controversias en sede constitucional, presupone un conflicto o una colisión entre derechos fundamentales. Al respecto debemos precisar, conforme señala Carlos Bernal Pulido[2]: “Que los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para quien la única manera de aplicar el derecho era la subsunción (…) A partir de las investigaciones de Dworkin en el mundo anglosajón y de Alexy en el germánico, se suman los principios y la ponderación. Los principios son normas, pero no normas dotadas de una estructura condicional hipotética con un supuesto de hecho y una sanción determinados. Los principios son mandatos de optimización (…)/ (A su vez) los derechos fundamentales son el ejemplo más claro de principios que tenemos en el ordenamiento jurídico. La ponderación es la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario.”

15. Prosigue el mismo autor: “Dworkin  señala que los principios están dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Al ponderarse, se  establece cuál principio pesa más en el caso concreto. El principio que tenga un mayor peso será el que triunfe en la ponderación y aquel que determine la solución par el caso concreto. (…) La ponderación es entonces la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas. La  estructura de la ponderación queda así integrada por la ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación. “

16. Por la ley de la ponderación, según Bernal Pulido[3], asumimos que: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. A su vez, con la fórmula del peso, Robert Alexy refiere que a los principios se les puede atribuir un valor en la escala triádica: leve, medio, intenso. Ejemplo: en un  caso de transfusión urgente de sangre, el peso del derecho a la vida es mayor que la convicción religiosa de no recibir una transfusión. Finalmente, las cargas de argumentación operan cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso.  

17. En relación a los límites de la ponderación, debemos señalar que no existe un criterio objetivo para determinar los valores determinantes del peso que tienen los principios en la ley de ponderación y que conforman la fórmula del peso. El peso abstracto es una variable muy singular, que remite siempre a consideraciones ideológicas y hace necesaria una toma de postura por parte del intérprete.

18. El Tribunal Constitucional peruano ha desarrollado en varias de sus sentencias la técnica de la ponderación. Una sentencia emblemática al respecto es la referida al caso Magaly Medina[4], proceso de habeas corpus en el cual se construye propiamente cómo trabaja la ponderación. Resultaba necesario, en tal caso, determinar el peso de derechos fundamentales, uno de ellos referido a la vida privada de una persona y el otro derecho fundamental, referido a la libertad de información. ¿Cómo determinar la prevalencia de uno sobre otro derecho en ese caso concreto? El Tribunal Constitucional refiere:  

“§4. La ponderación entre la información y la vida privada

40.  Si bien la relación existente entre los derechos a la vida privada y a la información es una de las más clásicas en el Derecho, en muchos casos se ha dado una respuesta poco idónea a la teoría de los derechos fundamentales. Así, se ha propuesto la primacía de la información en virtud de la aplicación equívoca de la teoría valorativa de las preferred freedoms al sistema constitucional, postura doctrinal que propendería a una jerarquía entre los derechos fundamentales. Pero, de otro lado, también se manifiesta y se presencia una prevalencia de la información, basándose en el efecto irradiante que posee respecto al resto de derechos. Pero no hay que olvidar que los derechos fundamentales (todos, sin excluir ninguno) están en igualdad de condiciones dentro de la Constitución.

Por eso, lo que corresponde realizar es una determinación de los contenidos de cada uno de los derechos involucrados. Sólo así se llegará a la delimitación adecuada de sus contornos. Para ello, será necesario optar por el método de la ponderación, con una utilización mixta de los criterios de razonabilidad (propios de cualquier relación entre derechos fundamentales) y de desarrollo colectivo (exclusivo de los derechos de respeto de la persona y los comunicativos).( Énfasis agregado)

4. a. La razonabilidad de la medida

41.  La razonabilidad es un estándar de control (…) Incluye, dentro de sí, tres juicios claramente establecidos: la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad, en cada uno de los cuales se debe dejar sentado si los argumentos de los recurrentes tienen, o no, sentido.

4. a.i. El juicio de adecuación

42.  A través de la adecuación, la conclusión a la cual se arribe debe ser lo más ajustada posible a la finalidad de la Constitución, explícita o implícitamente reconocida. En tal sentido, la acción que realice la persona debe ser conveniente, jurídicamente hablando (la norma habrá de ser accesible y previsible) y contar con un fin legítimo (…)

4. a.ii. El juicio de necesidad

 44.  El criterio de necesidad importa la ausencia de una solución más efectiva y adecuada de la que se esté tomando. Lo que se busca realizar a través de este juicio es elegir, entre las medidas posibles, la mejor que exista.

Asumiendo este argumento, se ha señalado que la vida privada

 (…) es un derecho fundamental, razón por la cual las leyes que pretendan limitarlo han de contar con una muy sólida justificación. Deben ser necesarias para satisfacer un imperioso interés estatal.[5]

Es relevante, por tanto, para evitar afectar la vida privada de una persona, que el ejercicio del derecho fundamental a la información se realice sin excesos. Y de otro lado, en pos de la optimización de cada derecho en juego, buscar que la medida utilizada permita el mejor desarrollo posible del derecho a la vida privada, tal como ha debido suceder en el presente caso. 

4. a.iii. El juicio de proporcionalidad

50.  A través de la proporcionalidad se procura que cada solución a la cual se arribe responda a una conveniencia constitucional o finalidad de la determinación de contenidos de cada uno de los derechos que están en juego. Es decir, busca que el resultado del acto interpretativo responda al objeto perseguido por la ponderación realizada. (…)” 

19. Apreciada y valorada la fundamentación que antecede, respecto de la cual hemos tenido que hacer un necesario ejercicio de sumilla, podemos concluir que efectivamente el esquema de ponderación propuesto por Carlos Bernal Pulido, sobre la idea base de Robert Alexy, es en gran medida asumido por el Tribunal Constitucional peruano, para el cual el ejercicio de ponderación implica la prevalencia de un derecho sobre otro bajo una óptica de jerarquía móvil, es decir, un derecho prevalecerá sobre otro solo en el caso concreto de las circunstancias x.y,z específicamente predeterminadas. Esto es sumamente relevante en la medida que no afirmamos que un derecho sea superior en jerarquía sobre otro sino que solo estimamos la necesaria determinación de prevalencia móvil de uno respecto a otro. Y a su vez, en la interpretación del Tribunal Constitucional peruano, la ponderación exige juicios de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad a través de los cuales podamos determinar cuál es el criterio valorativo concurrente, a fin de hacer prevalecer temporalmente un derecho sobre otro.

20. Resulta relevante afirmar que Luis Castillo Córdova[6] resulta ser crítico de la fórmula de la ponderación, la cual resulta poco oportuna, según su análisis, para el examen de derechos fundamentales. Indica que no pueden prevalecer unos derechos sobre otros, brindándonos ello la idea de que un derecho pueda resultar ser menor a otro. Acota que ello no es así, dada la condición de nivel de igualdad de todos los derechos fundamentales. Por el contrario, Castillo Córdova alega que debe existir un método de armonización de los derechos fundamentales, partiendo de la premisa de que si todos los derechos fundamentales son iguales, no puede contextualizarse la minusvaloración de unos derechos frente a otros en la ponderación, como lo define el Tribunal.

21. Consideramos, con prudencia, que el ejercicio de ponderación que desarrolla el Tribunal Constitucional resulta ser adecuado en la medida que no se produce una infravaloración de un derecho fundamental respecto de otro. No creemos que ello suceda. Sí nos parece que se produce un juicio de valoración del juez constitucional, a efectos de que uno de los derechos fundamentales, sin perder su esencia, contenido y vigencia, deba ceder temporalmente, en una figura de jerarquía móvil, ante el resultado de la ponderación que efectúe el intérprete constitucional. La ponderación genera que, efectivamente, se conceda mayor peso a un derecho fundamental respecto de otro, pero no resulta en modo alguno limitativa de la vigencia del derecho fundamental con menor peso ponderativo, ni resulta tampoco conculcado. 

 

§ Análisis del caso concreto

22.  Resulta relevante en el caso de autos, examinado el petitorio de folios cuarenta y siete, y los actuados a lo largo del proceso, si corresponde declarar la violación de los derechos constitucionales de la parte demandante al debido proceso sustantivo y adjetivo por parte de los señores Vocales Lucía Deza Sánchez y Juan de la Cruz Ríos, a raíz del proceso 2006-220, sobre pago de remuneraciones, seguido por Magno Enrique Ríos Rivera contra Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., proceso en el cual mediante resolución número veintinueve, de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, se resuelve revocar la resolución número veinticinco, de fecha veintitrés de enero  de dos mil nueve, que rechaza la solicitud de embargo formulada por el demandante. En esa idea, reformando la resolución apelada, despachan ejecución. 

23. En relación a lo expuesto, la actora, afectada con el embargo de los emplazados,  invoca que se ha infringido su derecho constitucional al debido proceso sustantivo y adjetivo al disponer el Ad-quem la revocatoria impugnada, no obstante el marco de protección patrimonial dispuesto por las normas invocadas.  

24. En su apersonamiento de folios 83, el Procurador Público Dr. José Manuel Espinoza Hidalgo, pide que la demanda sea declarada improcedente, en vista de que no ha existido afectación alguna al debido proceso.

25. Importa para el caso de autos determinar la implicancia procesal de la resolución materia de cuestionamiento- obrante de folios nueve a diez- resolución del Ad-quem que dispone la procedencia de la medida de embargo solicitada por el actor. Del examen preliminar de dicha resolución, se advierte que si bien es cierto que la misma se ha expedido en forma regular y que el derecho de defensa ha sido respetado a lo largo del proceso, de otro lado debe valorarse la  decisión propia de los Vocales de preterir la aplicación de una norma especial sobre una norma general.

26. Las normas constitucionales, es pertinente señalarlo, observan diversas gradaciones en su efectividad, es decir, no pueden aplicarse tal cual en todos los casos; en concreto, las mismas no resultan absolutas. En el caso sub judice, este Ad-quem estima que sí ha existido una afectación sustancial del derecho de la actora en los términos expuestos en la demanda, en la medida que ha sido preterida una norma especial, cuyo mandato de protección patrimonial resultaba específico, frente a una norma general, sin un nivel de eficacia normativa vinculante, únicamente vinculada a la efectividad de una resolución.   

27. En términos de ponderación, debe pues estimarse que mayor es el peso de una norma especial de protección patrimonial frente a una disposición general de efectividad de resolución judicial, precisamente por la concurrencia de un mandato específico de protección patrimonial. En la sistemática antes aludida de Robert Alexy[7], debe pues establecerse que ambos derechos- a la propiedad (que es lo que en concreto pretende la emplazante) y a la efectividad de las resoluciones judiciales, sufren un nivel de intervención; sin embargo, cuanto mayor es el nivel de afectación o lesión del derecho a la efectividad de una decisión judicial, tanto mayor es el grado de satisfacción del derecho a la propiedad.

28. En ese orden de ideas, el nivel de lesión al derecho a la efectividad de una resolución judicial es mediano, en tanto que el nivel de afectación del derecho a la propiedad resulta intenso y de allí la necesidad de que resulte protegido el patrimonio de las empresas azucareras, evidentemente en forma temporal, hasta el vencimiento del término de vigencia de protección de las normas antes aludidas. Extinguido dicho término, estima este Ad-quem que resulta necesario efectivizar el mandato de ejecución respectivo.

29. Interpreta este órgano jurisdiccional, por tanto, que no es de mayor prevalencia la norma constitucional frente a la norma de rango legal en el caso sub litis, y que la ley veintiocho mil veintisiete comprende un régimen de protección  que debe ser observado. La naturaleza de la incompatibilidad no concluye en el aforismo de la jerarquía de leyes, pues existe ley autoritativa especial, como en el presente caso, que sin afectar la cosa juzgada, involucra un juicio de valor especial que debe prevalecer frente a un contexto general, interpretación que adopta este Colegiado dada la naturaleza de la ley autoritativa especial que suspende las ejecuciones de medidas cautelares respecto al patrimonio de las empresas de la industria azucarera hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez.

30. En ese orden de ideas, corresponde estimar la demanda, concediendo tutela a la pretensión principal solicitada en el sentido de estimar inaplicable la decisión de la Sala Laboral. A su vez, estando a que el órgano judicial emplazado ya emitió decisión, corresponde desestimar la pretensión accesoria de que se emita nueva resolución, pues la condición de resolución judicial inaplicable surte sus efectos en forma inmediata, consentida o ejecutoriada que resulte esta decisión.  

31. En adición a lo señalado, y en la vía de precisión que comprende el principio iura novit curia, del cual está investido este órgano constitucional, la afectación del derecho al debido proceso que alega la parte actora, debe entenderse como afectación al derecho a la propiedad.

32. Corrobora el criterio expuesto en esta decisión la posición asumida por el Tribunal Constitucional, en fallo que constituye doctrina jurisprudencial, en el exp. 579-2008-PA/TC, caso César Augusto Becerra Leiva, cuyos fundamentos jurídicos 33 y 34, al desarrollar el análisis de ponderación en sentido estricto  de la Ley de Protección Patrimonial, señalan lo siguiente:

“33. (…) tenemos que el grado de realización o satisfacción del objetivo propuesto por el legislador que en este caso, es lograr el desarrollo, reactivación y saneamiento económico y financiero de las empresas agrarias azucareras, así como la promoción del empleo y la disminución de la pobreza, disponiendo para ello la suspensión temporal de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y ejecución de sentencias resulta ser elevado, en la medida que sin dicha medida el objetivo constitucional no sería posible de realizar, en la medida que una empresa cuyos bienes se encuentran próximos a ser ejecutados difícilmente podría conseguir las alianzas económicas necesarias para su reactivación. Esto muestra que con una leve intervención en el ámbito del derecho a la ejecución de las sentencias, se logra por otro lado un grado de satisfacción elevado a favor de los derechos y fines constitucionales a los que busca proteger la medida de protección legal de la industria azucarera en el norte del país.

34. Cuando es posible establecer de manera racional que una medida de restricción de baja o leve intensidad logra niveles de satisfacción altos o elevados, la conclusión que resulta es que el medio empleado (ley) ha pasado el test de proporcionalidad y debe considerarse que estamos ante una restricción legítima desde la perspectiva constitucional”.

33. En atención a lo expresado y sin perjuicio del criterio de independencia que implica el derecho de los emplazados a expresar un juicio de valor en forma distinta al del suscrito, muy respetuosamente estima este Ad quem que se ha producido una afectación constitucional al derecho de propiedad de la emplazada. Por tanto, corresponde estimarse la pretensión formulada.  

 

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, de conformidad con los artículos 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, II del Título Preliminar y 4 del Código Procesal Constitucional, la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, administrando Justicia a nombre de la Nación, FALLA DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la acción de amparo interpuesta por la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. contra los JUECES SUPERIORES DE LA SALA LABORAL DE CHICLAYO, DOCTORES LUCÍA ESTHER DEZA SÁNCHEZ Y JUAN DE LA CRUZ RÍOS, contra el PROCURADOR PÚBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL y contra MAGNO ENRIQUE RÍOS RIVERA, en consecuencia INAPLICABLE la resolución a la demandante la resolución número veintinueve de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, emitida en el Proceso 2006-220, sobre Pago de Remuneraciones, seguido por Magno Enrique Ríos Rivera contra la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.; DECLARA IMPROCEDENTE la petición de que se ordene a los Magistrados demandados, emitan nueva resolución; consentida o ejecutoriada que sea la presente, publíquese en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley.   

Sres.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

 

 

 

 

 

VOTO SINGULAR DEL SEÑOR HUANGAL NAVEDA, es como sigue:

Por los fundamentos del voto del Señor Ponente, y considerando además:  

1. El caso materia de pronunciamiento propone que existe una norma constitucional como la contenida en el artículo 24 de la Constitución que establece como derecho del trabajador “El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquier obligación del trabajador”. Esta norma debe prevalecer frente a la normatividad protectora de las empresas agrarias azucareras que se viene prologando durante varios años y que también ha sido extendida hasta el 31 de de diciembre de 2010.   

2. El Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 579-2008-PA/TC ha advertido y mostrado su preocupación sobre las afectaciones que se vienen produciendo con las sucesivas e indeterminadas prórrogas de la Ley de Protección Patrimonial, como lo expone en sus fundamentos 28 y 29, cuyo texto se glosa:

 

“El Tribunal destaca en este punto la temporalidad de la medida de suspensión de ejecución, pues si bien ésta se ha venido postergando en más de una ocasión, el artículo 1° de la Ley 28885, ha cerrado el plazo hasta el 31 de diciembre de 2008 (…). El Tribunal considera en este sentido que una nueva prórroga burlaría el examen que realiza este Tribunal en este punto, pues resultaría probado que las medidas de prórroga no son medidas eficaces para lograr la finalidad que pretende el legislador, esto es, el reflotamiento y reactivación de referidas empresas agroindustriales. En otros términos, una nueva prórroga en los mismos términos y  respecto de los mismos supuestos que acompañan a este caso, resultaría nulo ab initio por ser entonces una medida absolutamente innecesaria por inútil y significaría una intolerable postergación de los efectos de una sentencia que ya no tendría justificación alguna para no ser cumplida”, y agrega, que “Ello supone desde luego, que dada la problemática social que está detrás del presente caso, al cumplirse el plazo ya improrrogable de suspensión del cobro de acreencias de las referidas empresas, sin que éstas hayan reflotado y estén en condiciones de afrontar sus deudas, el legislador puede intervenir, esta vez, para garantizar un adecuado orden de pago de dichos créditos, exigiendo para el efecto que sean las propias empresas quienes alcancen un cronograma razonable de cumplimiento de obligaciones, sin dejar en suspenso los mandatos judiciales, los que deben cumplirse en sus propios términos y en base al cronograma que debe respetar las prelaciones que ordena la propia Constitución en su artículo 24 a efectos de no dejar impago bajo ninguna circunstancia, los créditos laborales o previsionales”.

3. El artículo tercero de la Ley 29299, que concede la última prórroga considera la obligación empresarial de presentar un cronograma que priorice los pagos de remuneraciones y beneficios sociales, de conformidad con el artículo 24 de la Constitución del Estado.   

Por las razones expuestas, me adhiero al voto que declara Fundada la demanda de amparo propuesta. 

Sr.

Huangal Naveda

 

VOTO SINGULAR DEL SEÑOR CARRILLO MENDOZA, es como sigue:

Me permito exponer lo siguiente:

1. Conforme con lo dispuesto por el artículo 200, inciso segundo de la Constitución Política del Estado, la garantía constitucional de amparo, procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos constitucionales distintos a los que obtienen protección a través del hábeas corpus y amparo. Por su parte, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que la desarrolla señala que la finalidad del precitado proceso constitucional es resguardar tales derechos reponiendo las cosas al estado anterior a su violación o amenaza de violación.

2. Del análisis de los argumentos esgrimidos por el actor en el contexto de las normas legales invocadas fluye que el Estado, con el propósito de permitir la reactivación y saneamiento económico de las empresas agrarias que realizan actividades agrícolas y/o agroindustriales, promulgó el Decreto Legislativo N° 802, iniciando así un sostenido programa destinado a la materialización de mecanismos legales y financieros para el logro de ese objetivo. Contexto en el cual a través de diversas normas legales (Leyes y Decretos de Urgencia) que se han sucedido en el tiempo, tales como, la Ley de la Actividad Empresarial de la industria azucarera N° 28027 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 127-2003-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2005-EF, Leyes N° 28288, 28662, 28885 y finalmente la N° 29299, ha implementado un régimen de protección patrimonial para aquellas empresas agrarias azucareras en las “que el Estado tiene participación accionaria y que, … no hayan transferido más del cincuenta por ciento del capital social ya sea mediante venta de acciones o emisión de nuevas acciones”  (artículo 4 de la Ley 28027).

3. Estando a los argumentos esgrimidos por la parte demandante, el Colegiado está en el imperativo de establecer si la empresa actora cumple las condiciones impuestas por la norma invocada, que permita deducir su se encuentra o no en el supuesto del citado régimen patrimonial que impida adoptar medidas cautelares o ejecutivas afectando su patrimonio.

4. Al respecto, con la Carta N° 001-2009/OSR-INDECOPI, de fecha 19 de enero de 2009, mediante la cual el encargado de la Oficina de Supervisión del Régimen de Protección Patrimonial – Ley N° 29299, de folios 14, comunica a la emplazada que el Estado aún es titular del 32.88% de las acciones del Capital Social de la empresa y, la Carta N° 004-07-D-JAGM-POM, de 18 de enero de 2007, de folios 8, por la cual la empresa demandada hace entrega del Programa de Reflotamiento Empresarial de su representada a la Oficina de Planificación del Ministerio de Agricultura, se acredita que la empresa demandante se encuentra en el supuesto previsto por el artículo 4° de la Ley 28027. En consecuencia, no proceden contra ella los embargos preventivos o definitivos en forma de inscripción sobre sus inmuebles o muebles registrables. Aún cuando las garantías reales, continuarán inscritas, pero no podrán ser materia de ejecución, menos aún de acción administrativa (concurso) que tienda a la afectación de su patrimonio. Razones atendibles que conducen a estimar la pretensión propuesta por la empresa accionante.

5. Del análisis de los fundamentos que sustentan la demanda, las respectivas contestaciones de la misma y las normas involucradas en el asunto se aprecia que en el caso sub judice está de por medio el conflicto de dos bienes de naturaleza constitucional; por un lado, se encuentra el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como manifestación del derecho a la tutela procesal efectiva del que pretende se ejecute la sentencia obtenida en el proceso laboral; y de otro, el interés público que resguarda la Ley N° 28027, que limita la materialización de la resolución judicial acotada; por lo que, es del caso ponderar los derechos y bienes constitucionales en conflicto.

6. Al respecto, el artículo 4° del Código Procesal Constitucional entiende como tutela procesal efectiva a aquélla situación jurídica de una persona en la que se respeten, de modo enunciativo sus derechos a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la ejecución de resoluciones señala: “El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiera lugar a ello, por el daño sufrido” (Expediente N° 0015-2001-AI, 0016-2001-AI y 004-2002-AI. Fundamento Jurídico N° 11). En ese sentido ha sostenido que “tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”, y  reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución precisa que, “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquella que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC 4119-2005-AA/TC FJ. 64).

En ese orden de ideas, el accionante del proceso laboral tiene un derecho de rango constitucional a que la sentencia que reconoce el pago de sus remuneraciones que ha obtenido en un proceso regular se materialice.

7. Sin embargo, también es cierto que el Estado, en el marco del programa de reflotamiento de las empresas agrarias azucareras, ha implementado mecanismos legales con el objeto de proteger el patrimonio de tales empresas con el propósito de lograr su recuperación económica y financiera mediante las cuales limita, entre otras, la ejecución de las sentencias con la autoridad de cosa juzgada que implique atentar contra la intangibilidad del patrimonio de estas empresas.

La limitación al derecho anotado del demandante de esos autos del fuero laboral se sustenta en la protección de un bien de rango constitucional como es el interés laboral.

El bien jurídico interés social comprometido y que es objeto de protección se sustenta, según el artículo primero del Decreto de Urgencia N° 802, en la necesidad del Estado de “propiciar el desarrollo de la industria azucarera nacional independientemente de la modalidad de la organización empresarial y composición accionaria promoviendo la inversión de esta actividad a fin de generar empleo, disminuya la pobreza, participe activamente en el desarrollo regional, la generación de ingresos tributarios, seguridad alimentaria, ahorro e incremento de divisas y el desarrollo de actividades agroindustriales”. Es decir, como señala el Tribunal Constitucional “los objetivos del legislador al promover la Ley 28027 que se proyectan al desarrollo de la industria agraria azucarera, la promoción del empleo y la disminución de pobreza, constituyen fines constitucionalmente legítimos y que por tanto constituyen razones atendibles que autorizan su actuación” (Expediente N° 579-2008-PA/TC FJ N° 24).

8. El máximo órgano de control de la constitucionalidad, en el expediente acotado precedentemente, ha interpretado que la Ley 28027, que establece la intervención en el ámbito de la cosa juzgada que ordena el pago de obligaciones dinerarias a favor de los acreedores de las empresas agrarias azucareras, al pasar el test de proporcionalidad, se encuentra justificada desde la perspectiva constitucional; en consecuencia, la actuación de los órganos judiciales emplazados, al no ajustarse a los lineamientos establecidos por dicho órgano constitucional, no garantizan la vigencia de los derechos fundamentales a lo que aspira el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional como fines de los procesos constitucionales.

9. Siendo esto así, al ampararse la presente demanda no se afecta el derecho que tiene el demandado “a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales”.

Razones atendibles que conducen a adherirme al Voto del Señor Ponente.

Sr.

Carrillo Mendoza


[1] ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil. Trotta, Madrid, 1995. Pág. 14.

[2] BERNAL PULIDO, Carlos. “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales”. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso. 2do nivel. Pág. 87.

[3] BERNAL PULIDO, Carlos. Op. cit. Pág. 87.

[4] STC N.° 6712-2005-HC/TC. Lima. Caso Magaly Jesús Medina Vela y  Ney Guerrero Orellana.

[5]     Schneider (State Interest Analysis in Fourteenth Amendment ‘Privacy’ Law), Cit. Por Pablo Lucas Murillo de la Cueva. El Derecho a la Intimidad. En: “Revista Jurídica del Perú”. Trujillo, Año XLVIII, N. º14 (Ene. – mar. 1998). Pág. 92.

[6]   CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional. Palestra. Segunda edición 2006. Pág. 246.

[7] ALEXY ROBERT. Teoría de los Derechos Fundamentales., cit, nota 7, pp. 90 y ss.

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