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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Derecho al trabajo. Vigilante despedido

29 marzo, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 00484-2010

DEMANDANTE: HUGO CHACHAPOYAS MONTES

DEMANDADO: CENTRO JUVENIL JOSÉ QUIÑONES GONZÁLES

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 05 días del mes de enero de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Rojas Díaz, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por el Procurador Público Adjunto del Poder Judicial contra la sentencia de fecha 12 de julio de 2010, que DECLARA FUNDADA la demanda interpuesta por Hugo Alberto Chachapoyas Montes contra el Centro Juvenil “José Quiñones Gonzáles, NULO el despido y ORDENA REPONER al demandante en su puesto habitual; con lo demás que contiene.

 

ANTECEDENTES

La demanda interpuesta (p. 10-25) alega la vulneración de los derechos constitucionales al trabajo, a la debida protección contra el despido arbitrario y al debido proceso, al haber sido despedido con fecha 02 de febrero de 2010, luego de prestar servicios a la demandada desde el 01 de diciembre de 2003, en calidad de agente de seguridad, a través de un contrato de servicios no personales.

La contestación formulada por el Procurador Público (p. 41-46) señala que en la contratación del actor se cumplió con la emisión de recibos de honorarios conforme a ley, así como que se ha celebrado un contrato de servicios no personales y que en tal sentido, la demanda es improcedente.

En el curso del proceso, la emplazada pone en conocimiento del juez constitucional (p. 93-94) que existe un proceso interpuesto en la vía laboral ordinaria (p. 95) por el actor.

La sentencia impugnada (p. 104-109) considera como fundamentos centrales que la Autoridad Administrativa de Trabajo ha constatado  (p. 3) que existió incumplimiento de normas laborales por parte de la entidad emplazada y que ha existido una relación laboral desde antes de producirse el despido. En relación a la demanda laboral, señala que ésta solo tiene por objeto se reconozca el régimen laboral del actor, su registro en planillas y el depósito de su Compensación por Tiempo de Servicios, mas no pide la reposición del actor. Además, que el proceso laboral se inició antes de producirse el despido.

La impugnación formulada (p. 122-129) señala que el demandante debió recurrir a la vía ordinaria y que no se ha observado el precedente vinculante 206-2005.

 

FUNDAMENTOS

§ La existencia de un contrato de trabajo

1. La doctrina laboral ha logrado consenso respecto al reconocimiento de que para la existencia de un contrato de trabajo, se exige la concurrencia de 3 elementos sustantivos: la prestación personal de servicios, la subordinación y la remuneración (prestación subordinada de servicios a cambio de una remuneración). La prestación personal involucra una prestación intuito personae, sin categorías de delegación. La subordinación destaca como aspecto esencial el acatamiento de las órdenes del empleador y la remuneración debe tener la naturaleza de una contraprestación por las tareas realizadas.

2.  En otro ámbito, por cierto opuesto, el contrato de locación de servicios es definido en el artículo 1764º del Código Civil como aquel acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga, sin estar subordinado al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”. En esta definición no apreciamos elemento alguno del contrato de trabajo en tanto se trata de una modalidad contractual cuya categoría obedece al usual contexto de una labor especializada. El locador posee un conocimiento técnico determinado y ello lo habilita para que, sin sujeción laboral, sin exigencia de prestación personal y sin el pago de una remuneración y sí un honorario, se desarrolle una relación de orden civil.

3. ¿Qué sucede cuando existe entonces la duda fáctica de si una relación determinada es de índole laboral o civil? La jurisprudencia constitucional[1] ha optado por la aplicación del principio de primacía de la realidad, en tanto la discordancia respecto a lo alegado por las partes no puede ser satisfecho documentariamente: la emplazada alegará la inexistencia de una relación laboral en tanto la parte demandante invocará la vulneración de su derecho al trabajo.

 

§ Los juicios de racionalidad y razonabilidad en el marco de las decisiones jurisdiccionales

4. Corresponde entonces que el juzgador, dentro de ese ejercicio racional que implica la expedición de una decisión jurisdiccional, se ciña al apotegma de Reichenbach[2] quien señala: “El juez es un jugador racional que hace una apuesta conociendo bien las leyes de la probabilidad”. Y bajo esta pauta, efectivamente la sentencia se transforma en una apuesta respecto de los dichos y pruebas de las partes, mas no constituye un simple juego.

5. Por el contrario, el juez trabaja en función a 2 estándares relevantes: la racionalidad y la razonabilidad de su juicio jurídico. La racionalidad de su decisión está representada por el sustento del marco de las normas- regla que invoca, esto es, por la invocación preceptiva que fija la ratio decidendi de su valoración, y por el sustento de los derechos fundamentales que enuncia. De la misma forma, en el ámbito de la razonabilidad fija la estimación axiológica de los principios, valores y directrices que amparan su decisión, en directo auxilio de la insuficiencia que bien puedan aquejar las normas- regla que debieran solucionar la controversia.   

 

§ Análisis del caso concreto

6. Valorados los medios probatorios aportados en esta litis, nos persuadimos de la suficiencia de la estructura silogística y principialista del fallo apelado, fundamentalmente por las razones que enunciamos a continuación.

7. La copia certificada que acredita el despido (p. 2), revela la ausencia de causa para el despido del actor. Ella materializa puntualmente: “por orden de la Gerencia General del Centro Juvenil, a las personas antes mencionadas no se les podía permitir el ingreso”.

8. Lo acotado nos lleva a la exigencia de responder otra interrogante: ¿cuál labor desempeñaba el actor? Vigilante del Poder Judicial. Ahora bien, ¿puede un vigilante ser contratado en un régimen de honorarios profesionales? La respuesta a esta interrogante no puede residir en una apreciación subjetiva de la Sala pues precisamente la decisión del juzgador es un ejercicio de racionalidad y razonabilidad y en ese sentido, resulta necesario acudir a la jurisprudencia constitucional y cuáles son los estándares al respecto fijados. 

9. Ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a los casos de vigilantes del Poder Judicial[3] y en especial, cuando el propio ente jurisdiccional actúa como parte contratante. Advirtamos que no se trata de una empresa de servicios de vigilancia ni de una labor altamente especializada que exija un conocimiento técnico de seguridad que a su vez no implique jornada de trabajo. El caso en comento representa una controversia en la cual ambas partes- Poder Judicial y vigilante- han convenido una prestación que no ha sido objeto de una debida verificación administrativa.

10. En efecto, las exclusiones y restricciones laborales son varias: en el rubro exclusiones, no propiamente el caso de autos, la labor altamente especializada en seguridad, sin sujeción a horario, aborda un régimen de total ausencia de beneficios laborales. El honorario, en ese caso, aborda toda la prestación. Sin embargo, las restricciones laborales están representadas por los contratos de trabajo a plazo fijo o temporales, con limitaciones laborales puntuales y en autos, no se aprecia ejercicio de este tipo en forma alguna.

11. El régimen de servicios no personales, ya excluido en el sector público, precisamente aborda otros objetivos y no puede ser catalogado como un tipo de contratación. En consecuencia, advertimos una deficiencia de contratación que plenamente hace viable la aplicación del principio de primacía de la realidad, figura a través de la cual esta Sala de Derechos Fundamentales reconoce que entre las partes, en estos actuados, se ha producido una relación de trabajo: la prestación personal ha sido efectuada por el actor en forma continua, en calidad de vigilante, por 12 horas diarias; la subordinación era manifiesta y así se desprende del acta de constatación respectiva (p. 6-8). Finalmente, la remuneración tenía lugar en forma regular como contraprestación a la labor efectuada.

12. Respecto a los agravios de la emplazada, conviene puntualizar algunas respuestas concretas. La demandada se interroga ¿cuál era el inconveniente por el cual el recurrente no podía acudir a la vía ordinaria? A juicio nuestro, precisamente la vulneración de un derecho fundamental, en este caso, el derecho al trabajo, autoriza, de suyo, la competencia del juez constitucional.

13. Y en adición a ello, contribuye a la formación de este juicio de valor, la contratación defectuosa de la propia emplazada: los vigilantes ya no pueden ser contratados en un régimen de servicios no personales, ciertamente en el propósito de representar menores costos. A ello se suma la extinción de la relación laboral que para esta litis, es incausada. El empleador no manifiesta razón alguna del cese y ello trasgrede y afecta el núcleo duro así como el contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo: En consecuencia, queda legitimada la vía constitucional y se determina la exclusión del precedente vinculante         

14. En consecuencia, no hay apartamiento del precedente y el juez constitucional bien puede aplicar mecanismos de diferenciación, en vía similar a los contenidos de distinguishing[4] y overruling[5] del derecho anglosajón. Por la diferenciación, distinguimos contenidos distintos y por tanto, el precedente vinculante no resulta aplicable al caso en análisis.

15. En adición a lo expresado, corresponde también ratificar el juicio valorativo respecto a la demanda laboral (p. 93) reseñada por la demandada como causal de 2 litigios por la misma causa, en un mismo tiempo. Efectivamente, el admisorio laboral data del 19 de junio de 2009 y el despido se produce el 02 de febrero de 2010. Esto no conduce, entonces, a una figura de duplicidad de procesos, pues el proceso laboral se inicia antes del despido.   

16. Finalmente, del informe oral llevado a cabo, es menester precisar que no aprecia este Tribunal en autos argumento alguno, respecto a lo vertido por la emplazada en relación a la firma de un Contrato Administrativo de Servicios como mecanismo de exclusión de una relación de trabajo. Siendo ello así, debemos tener por no valorado dicho extremo de la impugnación. 

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

ROJAS DÍAZ


[1] STC 1944-2002-AA/TC Caso Eduardo Chinchay

3. (…) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.

[2] REICHENBACH, Hans. El resurgimiento de la Filosofía Científica. Universidad de California. EE.UU. 1954.

[3] STC 05935-2007-PA/TC Caso Pedro Cahuina

9. Conforme consta del Acta de Inspección que obra en autos, a fojas 6, el recurrente ingresó a laborar el 7 de febrero de 2003, suscribiendo contratos de servicios no personales con la emplazada cada seis meses para realizar la labor de resguardo y vigilancia – seguridad, correspondiéndole conforme a las normas laborales vigentes el régimen laboral de la actividad privada.  

10. En el presente caso, de fojas a 3 a 58 corren varios medios probatorios, con los que se acredita que el demandante se desempeñó como personal de resguardo y vigilancia (obrero, por ende, sujeto al régimen laboral de la actividad privada) prestando servicios en el Poder Judicial – Distrito Judicial de Arequipa, en forma personal y subordinada, y que estaba sujeto a un horario de trabajo establecido por su empleador, y que inclusive se le llamaba la atención por incumplimientos en sus labores, o se le felicitaba por su buen desempeño. 

11. Por lo tanto, habiéndose constatado que el demandante ha desempeñado labores en forma subordinada y permanente, es de aplicación el principio de la primacía de la realidad, en virtud del cual queda establecido que entre las partes ha habido una relación de naturaleza laboral y no civil; por lo que al haber sido despedido sin haberle expresado la causa relacionada con su conducta o su desempeño laboral que justifique dicha decisión, se ha vulnerado su derecho constitucional al trabajo, pues se le ha despedido arbitrariamente.

[4] Vid STC. 03361- 2004-AA/TC caso Álvarez Guillén, F.J. 5

[5] Vid STC 024-2003-AI/TC caso Municipalidad de Lurín, F.J.

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