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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Cese por límite de edad.

4 abril, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro. : 02277-2010    

DEMANDANTE: NICOLAS RODRIGUEZ DIAZ

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 10 días del mes de enero de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Rojas Díaz, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Nicolás Rodríguez Díaz contra el auto de fecha 12 de julio de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos; con lo demás que contiene.

 

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 34-42) e invoca como fundamento haber sido despedido fraudulentamente y que el motivo para su cese es haber cumplido los 70 años de edad.

El auto apelado (p. 43-44) destaca que el caso de autos debe ser dilucidado en la vía contencioso- administrativa, en cumplimiento del precedente vinculante 206-2005-AA/TC.

La impugnación formulada (p. 46-47) señala que la demandada no puede aplicar el criterio “guillotina” a efectos de cesar a un trabajador solo por su edad,  así como que tampoco puede obligarlo a dejar de trabajar. Acota que un compañero suyo- Elky Morales Ganoza- ha sido beneficiado con un fallo favorable, estando en sus mismas condiciones.

 

FUNDAMENTOS

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional

1. En tanto una sentencia fundada implica pronunciarse por la ilegitimidad de un acto vulneratorio de los derechos fundamentales tutelados por la Carta Fundamental, es válido interrogarnos qué sucede cuando no se logra plasmar la tutela de urgencia que reclaman los derechos constitucionales. En dicho caso, debemos asumir que la pretensión no ha sido objeto de probanza suficiente y de ahí la desestimación de la pretensión.

2. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.

3. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§ Vías igualmente satisfactorias para la protección del derecho  

4. El desarrollo jurisprudencial del concepto de otras vías satisfactorias[1] se vincula al concepto de residualidad del amparo, en la medida que de corresponder se dirima un proceso en otra vía, sea por contradicción manifiesta de los hechos materia de controversia, o bien porque no existe una vulneración taxativa ni amenaza real de un derecho fundamental, es en la vía igualmente satisfactoria donde se deberá producir el esclarecimiento de la litis con escrupuloso respeto de los derechos de defensa, a probar y al contradictorio.

 

§ El cese por límite de edad en la vía constitucional

5. La prestación de trabajo y su culminación por cese de edad es un tema que jurisprudencialmente ha venido siendo trabajado por el Tribunal Constitucional bajo pautas excepcionales para los regímenes de profesores universitarios[2] y notarios públicos[3]. En consecuencia, el tratamiento extraordinario respecto al no cese por límite de edad, solo se ha circunscrito a estos 2 grupos. En este orden de ideas, no es extensivo a los demás regímenes para los cuales la edad jubilatoria por límite de edad, sigue rigiendo a los 70 años en el sector público.    

 

§ Análisis del caso concreto

6. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la condición de auxiliar del recurrente, según fluye de la Resolución de Alcaldía adjunta (p. 6 vuelta), da cuenta de un régimen particular y no se inserta dentro de los regímenes excepcionales detallados en el punto 5 de esta resolución.

7. En consecuencia, no es la vía constitucional el medio idóneo para el esclarecimiento de la vulneración denunciada sino, como el A-quo ha señalado, la vía contencioso-administrativa, por no revertir la pretensión el carácter iusfundamental exigido por el corpus iuris constitucional.

8. En relación a las instrumentales que el actor adjunta respecto a su compañero repuesto por medida cautelar (p. 31-33), es importante señalar que tales decisiones no tienen efecto vinculante per se ni tampoco constituye decisión ejecutoriada en sede constitucional. Por tanto, esta Sala no se siente vinculada en modo forzoso.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

ROJAS DÍAZ


[1] STC 03792-2010-PA/TC caso Javier Alzágara

7. (…) solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean  idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuencia si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y él es igualmente idóneo para tal fin, el demandante debe acudir a dicho proceso.

[2] STC 1485-2001-AA/TC caso Leoncio Matos.

4. (…) al dedicarse las universidades al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y siendo inherentes a la docencia universitaria ciertas características especiales, tales como la investigación, la enseñanza, la capacitación permanente y la producción intelectual, la Ley Universitaria ha establecido un régimen laboral y remunerativo peculiar para sus profesores, en el que tampoco se contempla el cese por límite de edad en la función docente, por lo que no es aplicable el artículo 114º del Estatuto de la Universidad Peruana Los Andes por reglamentar extra legem, esto es, un asunto no previsto en la ley matriz.

[3] STC 00009-2009-PI/TC

14. (…) este Colegiado estima que la medida estatal cuestionada, que limita el derecho a la libertad de trabajo y al libre desarrollo de la personalidad de aquellos notarios que han cumplido los 75 años de edad, no resulta absolutamente necesaria para la consecución del fin que se pretende (optimizar el pleno uso de capacidades en el desempeño de la función notarial), pues este pudo haber sido conseguido mediante otras medidas igualmente idóneas, pero menos restrictivas de los aludidos derechos fundamentales. Por tanto, es necesario precisar que debe entenderse como responsabilidad del Colegio de Notarios garantizar a la sociedad la aptitud y rigurosidad de los exámenes médicos (físicos y psicológicos), que certifiquen la capacidad del notario para dirigir su oficina, y verificar la autenticidad y legalidad de cada uno de los procedimientos sometidos a su control. Para ello, el Colegio de Notarios deberá acordar y publicar en un breve lapso, la modalidad del sistema de evaluación médica a partir de determinada edad, a cargo de comisiones médicas que brinden verosimilitud y legitimidad al resultado.

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