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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Improcedencia liminar de amparo contra resolución judicial

5 abril, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro. : 00412-2010    

DEMANDANTE: RONALD AGUILA REYES

DEMANDADO: DR. SANDRO AGUILAR REYES

MATERIA: AMPARO CONTRA RESOLUCIÓN JUDICIAL

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 11 días del mes de enero de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Rojas Díaz, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Nicolás Rodríguez Díaz contra el auto de fecha 12 de julio de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo contra resolución judicial; con lo demás que contiene.

 

ANTECEDENTES  

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 34-39) contra el Octavo Juzgado Civil de Chiclayo, con subespecialidad comercial, y señala que inconstitucionalmente las sentencias de fechas 14 de abril de 2009 y 30 de julio de 2009, han sido declaradas nulas por el demandado. Acota que éste ha ejercido coerción y presión sobre la señorita juez de paz letrado, para que se pronuncie sobre la nulidad formal de la cambial del caso y precisa que el juez emplazado ha emitido un pronunciamiento sobre un pedido no formulado por las partes en la etapa postulatoria. Señala que el proceso ha sido irregular.

El auto apelado (p. 40-41) precisa que la demanda ha sido presentado fuera del término de ley.

La impugnación formulada (p. 43-46) indica que hay un grave error de cómputo del señor juez y que no se ha verificado la coerción denunciada.

 

FUNDAMENTOS

§ Los procesos de amparo contra resolución judicial. Exigencia de un canon de control

1. Una sentencia sin duda relevante para el trabajo judicial en sede constitucional en el rubro de amparo contra resoluciones judiciales, es el caso Apolonia Collca[1], la cual presenta, entre otros, 2 lineamientos jurisprudenciales a destacar.

2. En un primer orden, fija un canon para el control constitucional de resoluciones judiciales, a través de los estándares de razonabilidad, coherencia y suficiencia[2], a efectos de que solo después de estos exámenes, podamos advertir si corresponde dejar sin efecto una decisión jurisdiccional que goza de la calidad de cosa juzgada. Esto es sumamente importante pues advirtamos que una sentencia consentida o ejecutoriada,  en un proceso judicial concluido, denota el carácter de res iudicata, esto es, es definitiva

3. Por tanto, una sentencia estimatoria en un proceso constitucional contra resolución judicial firme, debe satisfacer tales exámenes respecto a la demanda, para que se deje sin efecto una decisión judicial ejecutable en todos sus términos. Por tanto, el juez constitucional debe ponderar si la sentencia materia de examen constitucional, deba quedar sin efecto solo después de merituar la razonabilidad, coherencia y suficiencia de la pretensión.

4. En segundo lugar, el caso Collca amplía el ámbito del amparo contra resoluciones judiciales, circunscribiendo la legitimación de la afectación a cualquier otro derecho fundamental tutelado por la Carta Fundamental y ya no únicamente, a la protección de los derechos que integran la tutela procesal. La perspectiva anterior resultaba en extremo cerrada, en tanto para que una demanda de amparo contra resolución judicial prosperara, solo tenía lugar si se infringía el principio de proceso “regular”, cerrando así la vía de demanda a otras pretensiones iusfundamentales. Por tanto, el amparo contra decisión judicial procederá, a partir del caso Collca, contra todo otro derecho fundamental que una resolución judicial vulnere. En el caso Collca, la vulneración en examen, por ejemplo, corresponde al derecho de propiedad.

5. En suma, los nuevos estándares fijados resultan útiles para entender la dimensión ex novo del amparo contra resoluciones judiciales,  en cuanto  una vez admitida la pretensión, importa fijar un canon de control vía razonabilidad, suficiencia y coherencia de la pretensión. De la misma forma, la tutela de derechos fundamentales no puede resultar restringida en su ámbito de protección.

 

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional

6. En tanto una sentencia fundada implica pronunciarse por la ilegitimidad de un acto vulneratorio de los derechos fundamentales tutelados por la Carta Fundamental, es válido interrogarnos qué sucede cuando no se logra plasmar la tutela de urgencia que reclaman los derechos constitucionales. En dicho caso, debemos asumir que la pretensión no ha sido objeto de probanza suficiente y de ahí la desestimación de la pretensión.

7. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.

8. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

  

§ Análisis del caso concreto

9. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, el derecho alegado como afectado en la demanda de autos- tutela procesal efectiva- no llega a satisfacer los estándares de razonabilidad, coherencia y suficiencia, exigidos por la jurisprudencia constitucional.

10. En cuanto al examen de razonabilidad, advirtamos que se pide una revisión de las sentencias del proceso judicial imputado de afectación y en estricto la causal invocada- coerción sobre la juez de paz letrado- no resulta relevante para determinar que la resolución judicial que se cuestiona, pues no existe una prueba directa de la misma. ¿Bastan a este efecto las resoluciones cuestionadas para determinar que hubo coerción y presión? A juicio nuestro, no.  

11. En cuanto al examen de coherencia, el acto lesivo del caso concreto – coerción y presión- no puede ser vinculado directamente con la decisión judicial que se impugna en vista de ausencia de prueba, y por ende, no se justifica que este Tribunal efectúe una revisión total del proceso en cuestión. Más aún, la revisión que se pide no guarda relación alguna con el acto vulneratorio por improbado.

 12. Finalmente, en cuanto al examen de suficiencia, esta Sala no pondera una intensidad del control constitucional suficiente pues la coerción alegada no ha sido liminarmente probada. En propiedad, no hay prueba adicional alguna respecto al acto de coerción y por ende, ello determina la improcedencia liminar de la demanda.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

ROJAS DÍAZ


[1] STC 03179-2004-AA/TC

[2] F.J. 23

23. (…) el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias, está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.

a) Examen de razonabilidad.– Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.

b. Examen de coherencia.– El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.

c. Examen de suficiencia.– Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado. 

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