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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas data. Oficina de Normalización Previsional y acceso a la información pública

5 mayo, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 01517-2010

DEMANDANTE: GUILLERMO LI GUEVARA

DEMANDADO: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

MATERIA: HABEAS DATA  

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 26 días del mes de enero de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Rojas Díaz, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la Oficinade Normalización Previsional contra la sentencia de fecha 27 de julio de 2010, que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por Guillermo Li Guevara y ordena que la demandada cumpla con entregar al demandante copia certificada del expediente administrativo respecto del recurrente.

 

ANTECEDENTES 

La demanda del accionante (p. 20-26) plantea habeas data por denegatoria de acceso a  la información pública, en vista de no habérsele otorgado copias certificadas de su expediente administrativo pensionario.   

La contestación de la emplazada (p. 35-39) señala que el recurrente no ha cumplido con el TUPA de la entidad, ante la cual no ha formulado pedido de copias alguno.

La sentencia apelada (p. 43-459 estima la demanda por considerar que el demandante ha cumplido con el requisito de procedibilidad.

La impugnación formulada por la parte demandada (p. 52-55) indica que el actor se ha sustraído a efectuar su petición por la vía administrativa y que el TUPA fija los requisitos del caso, los cuales han sido obviados.

De folios 62 a 188 corre copia íntegra del expediente administrativo correspondiente, solicitando la demandada (p. 189) que se dejen sin efecto todas las medidas coercitivas dispuestas. 

 

FUNDAMENTOS

§ El proceso de habeas data y la jurisprudencia constitucional

1. Desde sus inicios en el modelo norteamericano con el Freedom of Infomation Act de 1966 y la Privacy Act de 1974, pasando por el modelo europeo y llegando al modelo latinoamericano, el habeas data ha ido buscando su propio espacio y posicionándose con carácter autónomo en muchas legislaciones, entre ellas, la peruana.

2. Jurisprudencialmente, el desarrollo del habeas data ha merecido un reconocimiento sustantivo en relación al derecho de acceso a la información pública y al respecto, la  jurisprudencia constitucional[1] ha tenido un lugar preponderante, no solo en la configuración de sus principios sustantivos[2], sino también a través del reconocimiento de los tipos de habeas data[3], en la premisa de fijar criterios procedimentales que permitan a los intérpretes constitucionales una delimitación más precisa de la tutela del derecho a tutelar.

3. Es importante anotar que el derecho de acceso a la información puede ser entendido como  aquella facultad que tiene toda persona de conocer la información considerada disponible, dentro del contexto de lo que se entiende por información pública y fuera de las excepciones razonablemente establecidas (intimidad personal, seguridad nacional, materias sometidas a reserva legal). Su trascendencia radica en que toda persona puede tener acceso a información  que se encuentra en cualquier entidad estatal y de este modo, intervenir en los asuntos públicos, formarse una opinión y participación informada en la actividad estatal, fiscalizar la gestión pública e incluso participar en la toma de decisiones, eliminando de alguna forma, los elementos generadores de corrupción a la par que fomentando el conocimiento en el adecuado manejo de los recursos públicos y la transparencia de la gestión pública.[4]

4. El derecho a la autodeterminación informativa se traduce, por otra parte, en otro ámbito de tutela del habeas data, en aquella facultad que tiene toda persona  para poder preservar y disponer de todo dato concerniente a ella, en resguardo de sus demás derechos constitucionales. Su importancia en lo esencial reside  en que a través del mismo no sólo  se garantiza que todo individuo sea capaz de controlar el tipo de datos que sobre él se hayan registrados, sino que se impide que bajo determinadas circunstancias no se vean afectados otros derechos constitucionales. En este sentido, podría hablarse del habeas data informativo, como aquella variante que tendría por objeto proporcionar la información requerida por el demandante  y que en un inicio le fuera denegada, es decir, serviría para la finalidad del inciso 1) del Código Procesal Constitucional.

 

§ Análisis del caso concreto

5. El argumento principal de la demandada reside en señalar que el recurrente no ha cumplido los requisitos fijados por el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la emplazada y sin embargo, ha procedido a formular directamente su requerimiento ante el juez constitucional.

6. Ponderamos que la afirmación de la demandada es parcialmente cierta, en tanto de la verificación de autos, no existe respuesta alguna a la petición de entrega de información formulada por el actor (p. 1), elemento de juicio que revela en forma objetiva una ausencia de diligencia por parte de la emplazada, a efectos de determinar procedimentalmente la ruta administrativa del pedido.

7. Efectivamente, en relación al requerimiento previo que consagra el artículo 62[5] del Código Procesal Constitucional, se explica tal exigencia a fin de que la entidad emplazada pueda cumplir la obligación exigida, mas de otro lado, es consecuencia razonable inmediata que la requerida, pueda absolver lo que concierna a su derecho. En el caso de autos, la omisión de respuesta de la emplazada, supone una situación de ratificación de incumplimiento. Situación distinta advertiría este Tribunal, si no obstante la información que hace saber la demandada, el justiciable accionante omite las instrucciones de procedimiento.

8. Por último, la norma antes aludida, en su parte in fine, aunque referencialmente, no exige agotar taxativamente la vía administrativa, supuesto que esta Sala considera contextualmente a efectos de confirmar la apelada.

9. Finalmente, ¿justifica la presentación del expediente administrativo una vez expedida la sentencia, que este Tribunal declare la sustracción de la materia? En nuestra opinión, no, en tanto el artículo 1[6] del Código Procesal Constitucional habilita que en casos en los cuales hubiere cesado el agravio, se produzca excepcionalmente la estimación de la demanda.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú,  CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos, a lo cual es necesario sumar que la demandada deberá abstenerse de incurrir a futuro en omisiones a la entrega de información pública pensionaria que se le requiera.  

Publíquese y notifíquese.

SS.

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

PINEDA RÍOS


[1] STC 2945-2003-HD/TC. Caso Julia Arellano

§3. Derecho de acceso a la información pública 

3.      A través del hábeas data se protege el derecho reconocido en el inciso 5) del artículo 2° de la Constitución. Dicho precepto constitucional dispone que “Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional”.

[2] Cfr. STC 1797-2002-HD/TC Caso Wilo Rodríguez

[3] Cfr. STC 06164-2007-HD/TC caso Jhonny Colmenares.

[4] PALMA ENCALADA, Leny. El proceso de habeas data en el diseño del Código Procesal Constitucional. Código Procesal Constitucional comentado. Normas Legales Enero 2005.

[5] Código Procesal Constitucional. Artículo 62.- Requisito especial de la demanda

Para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha cierta, el respeto de los derechos a que se refiere el artículo anterior, y que el demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud tratándose del derecho reconocido por el artículo 2 inciso 5) de la Constitución, o dentro de los dos días si se trata del derecho reconocido por el artículo 2 inciso 6) de la Constitución. Excepcionalmentese podrá prescindir de este requisito cuando su exigencia genere el inminente peligro de sufrir un daño irreparable, el que deberá ser acreditado por el demandante. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir.

[6] Código Procesal Constitucional Artículo 1.- Finalidad de los Procesos       

(…) Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.

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