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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Desnaturalización contrato servicio específico. Chofer

21 julio, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 6407-2010

DEMANDANTE: JAIME DELGADO TORRES

DEMANDADO: SUNAT

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 13 días del mes de abril de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Pública de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT contra la sentencia de fecha 18 de octubre de 2010 que DECLARA FUNDADA en parte la demanda de amparo interpuesta por Jaime Delgado Torres y ordena su reincorporación.

ANTECEDENTES

La demanda interpuesta (p. 73-84) alega la vulneración de su derecho fundamental al trabajo, al haberse producido la desnaturalización de sus contratos por servicio específico con la SUNAT, entidad para la cual venía laborando en calidad de chofer desde el 01 de agosto de 2006 hasta el 31 de octubre de 2009, fecha en la cual se extinguió su contrato de trabajo.

La emplazada contesta la demanda (p. 113-141), deduce excepción de incompetencia que es a su vez luego desestimada. Respecto al fondo, señala que la demanda debe ser declarada improcedente pues el vínculo laboral se ha extinguido válidamente.

La sentencia impugnada (p. 208-213) considera como fundamentos centrales que los contratos por servicio específico del actor, se han desnaturalizado  pues no se ha precisado la causa de contratación. En tal sentido, considera que el vínculo laboral del actor se ha convertido en permanente.

La impugnación formulada (p. 273-302) señala que el juez constitucional no debió conocer la presente controversia y que el contrato del actor concluyó sin que mediara renovación alguna. Invoca, igualmente, el criterio de unidad de criterios en los fallos del Poder Judicial, en tanto señala diversas ejecutorias que desestiman demandas similares a la presente controversia.

FUNDAMENTOS

§ La doctrina constitucional y su fuerza vinculante

1. Una cuestión relevante a definir es cuál es el contexto de la doctrina constitucional en la justificación de las decisiones judiciales. Marina Gascón Abellán[1] señala:”Los argumentos que sostienen la justificación externa de la premisa normativa pueden ser de tres tipos: el respeto a la ley (en particular las definiciones legislativas, las leyes interpretativas y los métodos de interpretación), los argumentos de la dogmática y el recurso a los precedentes.”

2. Redefiniendo esta glosa, el respeto a la ley implica el acatamiento de la norma como elemento de solución del conflicto, los argumentos de la dogmática son propiamente la doctrina sobre el conflicto jurídico y el recurso a los precedentes, es la aplicación de la jurisprudencia de los Tribunales y Cortes. Reconstruyendo la cita nuevamente, es posible reinterpretemos estas exigencias de la justificación como un trípode que abarca la inclusión de la justificación en tres niveles conexos: ley, doctrina y jurisprudencia. Podemos inferir, por tanto, que si bien la ausencia de invocación de la doctrina no acarrea la nulidad de una decisión, sí cumple ella un rol relevante en la justificación.

3. La doctrina constitucional, a su turno, representa una construcción que es deducida a partir del artículo VI[2] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, y representa por cierto un efecto de vinculatoriedad para todos los intérpretes constitucionales en la medida que transmite una lectura dinámica de la Constitución desde la óptica del supremo intérprete, quien en última instancia interpreta los postulados de la Carta Fundamental.  La doctrina constitucional, en ese sentido, asume un efecto vinculante que es necesario sea observado por los jueces constitucionales, salvo excepciones determinadas que justifiquen el apartamiento.

§ Análisis del caso concreto

4. En el caso sub judice, estimamos que se produce un efecto de vinculatoriedad de la doctrina constitucional del Tribunal Constitucional en la medida que en un caso similar al de estos actuados[3], se produce una decisión estimatoria del supremo intérprete de la Carta Fundamental.

5. En efecto, en sendos pronunciamientos previos, similares al caso sub judice, fundamentalmente el ponente de esta causa ha venido manteniendo que es necesario apreciar el contexto de los actuados respecto de los contratos de servicio específico, en objetiva referencia al principio de buena fe entre las partes respecto a la firma de un contrato de trabajo, ateniéndose a que debía respetarse los acuerdos de las partes, más aún si se producía la extinción de los contratos por vencimiento del plazo.

6. Sin embargo, si la evolución de la doctrina constitucional se orienta a asumir una tendencia tuitiva del derecho fundamental al trabajo y más aún, dicha posición se convierte en una posición reiterada del Tribunal Constitucional, entonces se configura el supuesto previsto por el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en tanto se producen pronunciamientos similares que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta y que deben significar, motivadamente, un cambio de posición jurisprudencial, en regulación de nuestros propios autoprecedentes.

7. Merece nuestra especial atención la ejecutoria arriba señalada y a su vez, para que la doctrina constitucional observe fuerza, aplicabilidad y seguimiento, verificamos que sí se configuran, adicionalmente, pronunciamientos similares en el mismo sentido, cuestionando en rigor que los contratos de servicio específico no vienen siendo celebrados en propiedad por los empleadores con las formalidades que la ley exige[4].  En ese orden de ideas, no se trata de una estimación aislada ni de una posición única del Tribunal Constitucional, sino que la misma viene siendo reiterada, quedando las posiciones contrarias en minoría[5].

8. En consecuencia, en relación al caso concreto, los supuestos de un fallo similar se deben reproducir en la controversia que nos ocupa, pues las labores de chofer, como señala el Tribunal Constitucional, no son permanentes sino se trata de necesidades permanentes o indeterminadas de la entidad, razón por la cual la demanda debe ser estimada. De ello cabe inferir, en rigor, que la emplazada no contrató en la forma debida al actor y que el contrato del mismo, efectivamente de desnaturalizó, situación que conlleva a que vulnerado el derecho al trabajo en su contenido constitucionalmente protegido, procedamos a estimar la demanda, a pesar de nuestras iniciales objeciones, supuestos que deben considerarse superados por la doctrina jurisprudencial del supremo intérprete de la Constitución.

9. De otro lado, si bien la emplazada acompaña diversas ejecutorias a su impugnación, supuesto que estimamos comprensible, de igual forma, debemos atender a que se trata de pronunciamientos solo del Poder Judicial y no así del Tribunal Constitucional y aún cuando estimamos que los jueces constitucionales del Poder Judicial sí gozamos de autonomía e independencia en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional, de igual forma debemos tener presente, conforme al artículo 22[6] del Código Procesal Constitucional, que las sentencias constitucionales del Tribunal, deben merecer prevalencia.

10. En el orden de ideas expresado, corresponde confirmar la decisión apelada, modificando el suscrito sus criterios anteriores respecto a las autoreglas respecto a la desestimación de demandas de amparo por vencimiento del plazo del contrato. Queda como regla, en adelante, observar la posición del Tribunal Constitucional respecto a estos tipos de contratos, criterio que se ha convertido en reiterativo.

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos. DISPUSO su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] GASCON ABELLÁN, MARINA. Los argumentos de la interpretación. En Razonamiento Jurídico. XII Curso de Ascenso Academia de la Magistratura. p. 70

[2] Código Procesal Constitucional. Artículo Vl.- Control Difuso e Interpretación Constitucional

(…) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

[3] STC 2101-2010-PA/TC Caso José Colque

4. A fojas 177 y siguientes obran los contratos de trabajo por servicio específico suscritos por las partes, en cuya cláusula primera se establece como causa objetiva de la contratación que “…las partes celebran el presente contrato con la finalidad que “EL CONTRATADO” preste servicios como Manual CHOFER DE CONTROL MOVIL en la OFICINA DE ADMINISTRACION Y ALMACEN /INTENDENCIA REGIONAL TACNA DE LA SUNAT, siendo causa objetiva determinante de su celebración, el aumento temporal de la referida labor”.

5. Al respecto el deber de consignar en el contrato las causas objetivas de la contratación determinante no puede considerarse cumplido en el presente caso, pues el actor no fue contratado para desarrollar un servicio específico de la entidad contratante. Estando a ello este Tribunal considera que en el caso de autos la entidad demandada no cumplió con especificar las causas objetivas determinantes de la contratación, pues de la lectura de las funciones asignadas al demandante se desprende que la actividad para la cual fue contratado no está relacionada con una actividad específica de la entidad, sino más bien con una necesidad permanente o indeterminada de la entidad, siendo que para el caso de necesidades temporales de personal para el desarrollo de una actividad ordinaria correspondía utilizar otra figura contractual como es el contrato de trabajo sujeto a modalidad por incremento de actividad.  En este sentido y teniendo en cuenta que en el caso de autos no se ha consignado el servicio específico que exige la ley para la validez del contrato sujeto a modalidad y además que nuestro sistema tiene preferencia por la contratación laboral a plazo indeterminado, corresponde estimar la demanda en el presente caso y disponer la reposición del demandante en el cargo que venía desempeñando.

[4] Cfr. STC 03384-2010-PA/TC, 00077-2010-PA/TC, 9980-2006–PA/TC, entre otros casos en los cuales se declaran fundadas demandas de amparo por haberse acreditado la vulneración de los derechos al trabajo, al debido proceso y a la adecuada protección contra el despido arbitrario, en relación a contratos de servicio específico, siempre en la idea reiterativa de no fundamentarse la causa objetiva de contratación, así como que la ocupación fijada por el empleador, corresponde a un giro usual de la empresa y no temporal.

[5] Vid STC 0295-2010-PA/TC Voto en minoría del magistrado Ernesto Álvarez Miranda

[6] Código Procesal Constitucional. Artículo 22.- Actuación de Sentencias

(…)Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.

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