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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Debido proceso administrativo

15 agosto, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NRO.: 973-2010    

DEMANDANTE: PAULA LLUEN VDA DE ELIAS

DEMANDADO: COMITÉ ACCIONISTAS JUBILADOS DE TUMAN  

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 20 días del mes de junio de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Pineda Ríos, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por José Asunción Reyes, abogado de Paula Lluen Vda. de Elías, contra la sentencia de fecha 21 de diciembre de 2010, que declara INFUNDADA la demanda de amparo interpuesta.

 

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 16-31) alega la vulneración de los derechos al debido proceso administrativo, a la defensa, al acceso a la información, a elegir y ser elegido, y a la igualdad ante la ley,  y pide la nulidad del acto eleccionario realizado el 21 de febrero de 2010, parta elegir ala junta directiva 20010-20102de la Asociación de Accionistas, Jubilados, Viudas y Herederos de Tumán y Anexos. Solicita que en vista de que se ha negado el derecho a sufragar de muchos de los asociados fuera de Tumán, se disponga la realización de nuevas elecciones.

La contestación de demanda (p. 47-64) señala que la recurrente no ha acreditado su condición de socia  así como que no se han probado los hechos denunciados. 

El juez de la causa declara infundada la demanda (p. 71-73) atendiendo fundamentalmente a que los Estatutos no impiden la realización de la elección en una sola localidad como Tumán. 

La impugnación de la demandante (p. 78-82) indica que el juez incurre en error al no haberse considerado los anexos de Tumán, así como consta el hecho de que las elecciones se realizaron en las afueras de la Asociación, situaciones que afectan al debido proceso administrativo.

 

FUNDAMENTOS 

§El debido proceso administrativo  

1. La recepción del debido proceso en nuestra jurisprudencia constitucional[1]se ha orientado no solo por extender su ámbito de derecho continente a los procesos judiciales sino también a los procedimientos administrativos, bajo la justificación de que dicho derecho iusfundamental goza de una vis expansiva que en rigor irradia todo el ordenamiento jurídico y muy en especial, el ámbito de los derechos fundamentales. En ese razonamiento, los procedimientos administrativos no pueden excluir la asimilación a su entorno del debido proceso como mecanismo regulador de los principios que informan la impartición de justicia administrativa.

2. Sin embargo, es importante poner de relieve que siguiendo la regla ad maiore ad minus, si en los procesos judiciales, que implican un ámbito extendido del derecho al debido proceso, los derechos fundamentales que conciernen a dichos procesos, no resultan absolutos y por tanto, no puede aplicarse una regla de uniformidad en el sentido de que cualquier afectación al debido proceso deba tener relevancia constitucional, mutatis mutandis resulta válido sostener que, de igual forma, en el ámbito menos expansivo de los procedimientos administrativos, de igual forma, no cualquier tipo de afectación al debido proceso administrativo, ha de tener contexto iusfundamental. En esa lógica, corresponderá al juez constitucional realizar un examen ad casum, y deberá valorar, en función a la prueba inmediata actuada, si el caso en examen corresponde a una vulneración, manifiesta, ostensible o elevada, situación solo en la cual será propio estimar la demanda.

 

§Análisis del caso concreto

3. Vertidos los argumentos que anteceden para reforzar nuestra decisión, es menester señalar que no nos sentimos persuadidos respecto a afectaciones graves, ostensibles y manifiestas de los derechos fundamentales invocados por la parte demandante. 

4. En efecto, a juicio de esta Sala de la Constitución, constatados los 49 artículos y 2 disposiciones transitorias de los Estatutos presentados (p. 41), no verificamos taxativamente que de lo establecido en tales Estatutos, se desprenda que comprenda una causal de nulidad y consiguiente afectación de derechos fundamentales, que los actos eleccionarios se hayan producido únicamente en Tumán y que al no haberse  producido necesariamente también en los anexos de Tumán, las elecciones sean nulas per se.  

5. Si bien es cierto se podría inferir que tales actos de elección también deban realizarse en los Anexos, propiamente tal premisa es solo eso: una inferencia y por tanto, no representa un criterio obligacional que acarree trascendencia constitucional y que habilite al juez constitucional para un pronunciamiento estimatorio. 

6. Igual argumento debemos seguir respecto a la constatación de que el acto eleccionario tuvo lugar fuera del recinto propio de la Asociación misma en Tumán. Tal hecho no revela una manifestación iusfundamental en tanto, de similar manera, no advertimos una situación ostensiblemente grave (verbigracia: que el acto se hubiere frustrado irrazonablemente). En tal sentido, no hay elementos de juicio, en nuestra valoración, que propicien un pronunciamiento de los jueces constitucionales y por el contrario, asumiendo que los hechos denunciados sí apuntan a revestir una afectación leve a los derechos denunciados, es pertinente que se deje a salvo el derecho de la parte actora y que la misma prevea hacer uso de las vías igualmente satisfactorias que el ordenamiento jurídico permite, excluyéndose la vía constitucional por involucrar ésta solo actos de manifiesta vulneración a un derecho fundamental. En ese orden de ideas, es pertinente revocar la decisión del A-quo.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, REVOCA la sentencia apelada; REFORMÁNDOLA,  DECLARA IMPROCEDENTE la demanda.

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

FIGUEROA GUTARRA

PINEDA RÍOS


[1] STC 2678-2004-AA/TC Caso Rosa Luque

2.  El inciso 3), artículo 139°, de la Constitución Política establece, como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, la cual no solo se limita a las formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.  

3. (…) el derecho al debido proceso comprende, a su vez, un haz de derechos que forman parte de su estándar mínimo: el derecho al juez natural –jurisdicción predeterminada por la ley–, de defensa, a la pluralidad de instancias, a los medios de prueba y a un proceso sin dilaciones (…). 

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