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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Amenaza de un derecho fundamental.

22 agosto, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 0497-2011

DEMANDANTE: HÉCTOR MONTALVÁN MÍO

DEMANDADO: PROYECTO OLMOS TINAJONES

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 09 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Héctor Montalván Mío contra el auto de fecha 11 de febrero de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos.

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo contra el Proyecto Especial Olmos Tinajones PEOT (p. 14-17) e invoca como fundamento que se viene afectando sus derechos consuetudinarios con reconocimiento constitucional al haber sido requerido por el PEOT para desocupar los predios que ha venido ocupando como comunero de la Comunidad Campesina Santo Domingo de Olmos, según títulos de posesión del año 1992. 

El auto apelado (p.18-19) señala que hay hechos controvertidos que exigen estación probatoria y por tanto, determina la improcedencia de la demanda. 

La impugnación formulada (p. 22-23) precisa que no se ha tenido en cuenta el Convenio 169 de la OIT, el cual confiere protección a sus derechos.

FUNDAMENTOS 

§La amenaza de un derecho fundamental  

1. Si bien es cierto que la jurisdicción constitucional responde a las vulneraciones a derechos fundamentales cuando en rigor se examinan actos que afectan derechos constitucionales tutelados por la Carta Fundamental, de otro lado, un ámbito de protección de suma importancia es aquel que concierne a la amenaza de estos derechos.

2. La amenaza supone, de esta forma, una inminencia de la realización de un acto vulneratorio de un derecho y a la vez, exige caracteres que han sido ya prefijados por la jurisprudencia constitucional[1], en la medida que no se trata de cualquier amenaza, sino de un probable perjuicio con visos de ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible. Esta exigencia deriva de la posición de que si existe un perjuicio o amenaza de un derecho fundamental, tal acción debe tener relación directa con una probable afectación del contenido constitucionalmente protegido del derecho cuya vulneración se denuncia. 

3. En efecto, deben quedar excluidas las amenazas que no incidan en el núcleo duro del derecho cuya protección se solicita, pues de corroborarse otros tipos de afectación que no sean manifiestos, evidentes y ostensibles, no resulta en propiedad habilitada la jurisdicción constitucional para el conocimiento de la controversia que se denuncia.

 4. Ahora bien, ¿cómo determinar la vulneración del núcleo duro del derecho concernido? A juicio nuestro, cobra aquí relevancia el caudal probatorio objeto de examen así como la congruencia de la argumentación constitucional aportada respecto de la prueba valorada. La amenaza, de esta forma, resulta evidente y requiere la actuación de los jueces constitucionales a través de los procesos constitucionales de la libertad.

 

§La improcedencia liminar de un proceso constitucional 

5. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.

 6. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

§ Vías igualmente satisfactorias para la protección del derecho 

7. El desarrollo jurisprudencial del concepto de otras vías satisfactorias[2] se vincula al concepto de residualidad del amparo, en la medida que de corresponder se dirima un proceso en otra vía, sea por contradicción manifiesta de los hechos materia de controversia, o bien porque no existe una vulneración taxativa ni amenaza real de un derecho fundamental, es en la vía igualmente satisfactoria donde se deberá producir el esclarecimiento de la litis con escrupuloso respeto de los derechos de defensa, a probar y al contradictorio.

 

 §Análisis del caso concreto 

8. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, examinada con la debida minuciosidad la prueba aportada para la calificación de la presente demanda, no llegamos a un juicio de persuasión suficiente respecto a la pretensión, en tanto según se desprende de la carta de folios 38, la emplazada hace referencia, al dirigirse al ahora demandante, a que posee un derecho inscrito en una partida electrónica, situación frente a la cual podemos concluir que existe una contraposición frente a un derecho de posesión que invoca la parte demandante. 

9. En adición a ello, a folios 43 a 45, corre el Decreto de Urgencia 049-2009 cuyo tenor precisamente se orienta a declarar de necesidad pública la ejecución de obras de irrigación del PEOT, circunstancia frente a la cual debemos estimar, entonces, que existe un interés general frente a un status particular que a su vez tampoco debe ser vulnerado, mas no puede resultar tutelado en esta vía constitucional en tanto ya existe un conflicto propiedad- posesión que es necesario dilucidar en la vía ordinaria pertinente y no en esta vía residual, sumaria y de urgencia que representa la jurisdicción constitucional. 

10. Ahora bien, sí reviste importancia el alegato de la tutela de dispensa el Convenio 169[3] de la OIT, en cuanto los comuneros forman parte de las comunidades rurales que a su vez son objeto de protección por parte del Estado y sin embargo, examinado el título de posesión que se aporta en estos actuados (p. 8-13) así como el título de posesión presentado (p. 39), es importante advertir que la referencia es a un título “de posesión comunal provisional (el subrayado es nuestro). En consecuencia, no existe certeza de la convalidación necesaria que pueda conferírsele a un título provisional en sede constitucional en tanto el derecho de posesión no ha recibido tutela jurisprudencial constitucional[4]

11. Por ende, no apreciamos una real amenaza al derecho del actor en cuanto no existe una acreditación taxativa de una real tutela en sede constitucional, lo que exige derivar esta causa a una vía igualmente satisfactoria en aplicación del artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional. 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos. 

Publíquese y notifíquese.

SS.

 HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 06012-2008-PA/TC. Caso Ricardo Gómez Yrazaba 

4. (…) este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado indicando que la procedencia del amparo para casos de amenaza de vulneración de derechos constitucionales está supeditada a que tal amenaza sea cierta e inminente. Así, en la STC N. º 0091-2004-PA/TC, específicamente en el fundamento 8, se afirmó que para ser objeto de protección frente a una amenaza a través de los procesos constitucionales, ésta “debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva. En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada en hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente realización, esto es, que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. A su vez el perjuicio que se ocasione en el futuro debe ser real, pues tiene que estar basado en hechos verdaderos, efectivo, lo cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de los derechos tutelados; tangible, esto es, que debe percibirse de manera precisa; e ineludible, entendiendo que implicará irremediablemente una vulneración concreta” (subrayado agregado).

[2] STC 03792-2010-PA/TC caso Javier Alzágara 

7. (…) solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean  idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuencia si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y él es igualmente idóneo para tal fin, el demandante debe acudir a dicho proceso.

[3] Convenio 179 de la OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, aprobado por Resolución Legislativa 26253 de fecha  02 de diciembre de 1993. 

[4] STC 311-2003-AA/TC Caso Eleodoro Acosta. 

3. Si bien el derecho de posesión se deriva del derecho de propiedad, sólo este es materia de protección de la acción de amparo, existiendo, en cuanto a la defensa del derecho de posesión, diversos procedimientos ordinarios de protección establecidos por la ley.  

Vid también STC 3773-2004-AA/TC Caso Lorenzo Cruz

2. Merituados los argumentos de las partes así como las instrumentales obrantes en el expediente, este Colegiado considera que la presente vía no resulta idónea para dilucidar la pretensión reclamada, habida cuenta de que: a) el recurrente reconoce expresamente en su demanda que únicamente ostenta el derecho de posesión sobre los terrenos que invoca y no específicamente un derecho de propiedad, el que, por el contrario y según alega, sólo tendría carácter expectaticio.

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