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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Exigencia de un trámite regular para el despido

19 septiembre, 2012

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro. : 6903-2009-PA/SPJ[1]

DEMANDANTE: MARCO COBEÑAS VEGA

DEMANDADO: SATCH  

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro. 

 

En Chiclayo, a los 16 días mes de julio de 2012, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución: 

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por José Limo Castillo, apoderado del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo SATCH, contra la sentencia de fecha 28 de noviembre de 2011, que declara FUNDADA la demanda de autos.  

 

ANTECEDENTES  

La demanda de amparo interpuesta (p. 41-49) solicita se declare inaplicable y sin efecto legal alguno la carta de despido 01-004-000000090, de fecha 4 de diciembre de 2009, y se ordene la inmediata reincorporación del actor a su centro de labores como Jefe de la Oficina Informática del SATCH. Adicionalmente, que se remitan los actuados al  Ministerio Público para los actos que estime pertinente y se ordene el pago de costos y costas que acarree el proceso. 

La contestación a la demanda (p. 104-119) deduce las excepciones de incompetencia y falta de agotamiento de la vía administrativa, las mismas que luego son declaradas infundadas (p. 128-129). En cuanto al fondo, señala que la pretensión debe ser declarada improcedente y/o infundada. 

La sentencia impugnada (p. 166-169) estima la demanda al considerar que la demandada incurre en un despido arbitrario, en razón de no haber cursado la correspondiente carta de pre- aviso al trabajador, situación que no ha garantizado de ese modo el derecho de defensa del emplazante. 

La impugnación formulada por parte de la demandada (p. 179-191) indica que el A quo no ha tenido en cuenta los medios probatorios adjuntados por su parte.

 

FUNDAMENTOS 

§ Exigencia de un trámite regular para el despido

1. De conformidad con la sentencia del Tribunal Constitucional, recaída en el exp. N.° 976-2001-AA/TC, de fecha 13 de marzo de 2003, caso Eusebio Llanos Huasco,se produce el denominado despido incausado, cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o mediante comunicación escrita, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique, resultando contraria dicha modalidad de despido respecto del artículo 22 de la Constitución y demás conexos.

2. En concordancia con la argumentación esbozada, el despido efectuado sin observancia de los parámetros fijados y predeterminados por ley, configura una ausencia de causa, incluyéndose dentro de esta categoría aquellos despidos cuya imputación de trámite regular se efectúa en forma extemporánea, fundamentalmente por cuanto la causa a imputar tiene lugar fuera de los cánones temporales de imputación. En tal sentido, el despido fuera de plazo debe merecer una desaprobación en sede constitucional para similar su contenido al despido sin imputación de causa, condición habilitante que permite su dilucidación en sede constitucional.

3. El despido realizado por el empleador sin el cumplimiento del plazo de defensa necesario,[2] constituye pues un caso evidente de despido irregular, asimilable a la categoría de despido sin imputación de causa. En efecto, si no verificamos en estricto la existencia de una carta de imputación de cargos y a su turno, podemos inferir desnaturalización en el despido, pues la imputación con derecho de defensa es necesaria e imprescindible para la configuración de un despido regular.

 

§ Análisis del caso concreto

4. Es importante reafirmar la exigencia del derecho de defensa pues las comunicaciones previas que invoca la demandada en el caso sub judice, no se sujetan al trámite regular que exige la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. En efecto, verificados los instrumentos invocados por la emplazada (p. 9-39) y valorado su mérito probatorio, ninguno de los mismos concluye en la exigencia solicitada, en la medida que los mismos aluden a “acciones administrativas y legales” (p. 9-10), “llamadas de atención” (p. 33—34), sanciones (p. 35-39), sin verificarse el cumplimiento de lo solicitado respecto al plazo de defensa.  

5. Ahora bien, entenderíamos que los instrumentos referidos hacen referencia a que objetivamente existe mención a las diversas faltas materia de imputación. Y sin embargo,  no podemos convalidar que la sola existencia de la carta de despido (p. 3-8) sea suficiente para asumir que el empleador ha cumplido las obligaciones legales y convencionales de trabajo. Y si éstas no se han verificado, menos aún podemos estimar que se hubiere dado cumplimiento a los cánones de constitucionalidad que exige un trámite regular de despido.

6. Por consiguiente, advertimos que el despido se produce en el caso de autos sin que la demandada hubiere cumplido con otorgar el plazo de defensa necesario, argumento que destaca el A-quo (p. 168 F.J. 6), y que a su vez no es suficientemente rebatido en la impugnación, pues ésta se circunscribe a describir las diligencias previas al despido.

7. Ahora bien, importa acotar que la apelación refiere la existencia del memorando 102-012-000154-2009 y sin embargo, verificados los instrumentos adjuntos a la demanda así como los presentados con la contestación, no constatamos que corra tal folio y más aún, al dar respuesta el actor a dicho documento (p. 11), hace referencia éste a una “solicitud de información” de su empleadora, sin que hubiéramos advertido la verificación directa del plazo de 6 días arriba acotado. En esa lógica argumentativa, constatamos el incumplimiento citado líneas arriba, lo cual genera la desnaturalización del contrato respectivo.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada que declara fundad la demanda y ordena la reincorporación del actor; con lo demás que contiene. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

RODAS RAMIREZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] La referencia posterior a todas nuestras decisiones será Nro expediente-PA ( tipo de proceso, amparo en el presente caso) y SPJ (Sentencia del Poder Judicial)

[2] Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Decreto Supremo 003-97-TR 

Artículo 31.- El empleador no podrá despedir por causa relacionada con la conducta o con la capacidad del trabajador sin antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de seis días naturales para que pueda defenderse por escrito de los cargos que se le formulare, salvo aquellos casos de falta grave flagrante en que no resulte razonable tal posibilidad o de treinta días naturales para que demuestre su capacidad o corrija su deficiencia. 

Mientras dure el tramite previo vinculado al despido por causa relacionada con la conducta del trabajador, el empleador puede exonerarlo de su obligación de asistir al centro de trabajo, siempre que ello no perjudique su derecho de defensa y se le abone la remuneración y demás derechos y beneficios que pudieran corresponderle. La exoneración debe constar por escrito.

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