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i. Neoconstitucionalismo e interpretación constitucional

NEOCONSTITUCIONALISMO E INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL ¿HACIA NUEVOS HORIZONTES EN EL DERECHO?

Edwin Figueroa Gutarra[1]

 

SUMARIO

INTRODUCCION. I. SENTIDO DEL NEOCONSTITUCIONALISMO. La concepción de Prieto Sanchís. II. RASGOS DISTINTIVOS DEL NEOCONSTITUCIONALISMO COMO TEORIA DEL DERECHO.  a) Más principios que reglas. b) Más ponderación que subsunción. c) Omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas, en lugar de espacios exentos. d) Omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario. e) Coexistencia de una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica. III. CONSECUENCIAS DEL NEOCONSTITUCIONALISMO. a) Cambio de tesis en la definición del Derecho. b) Mayor complejidad del Derecho. c) Plena vigencia de los derechos fundamentales. d) Reposicionamiento del rol de los jueces constitucionales. CONCLUSIONES.

 

INTRODUCCION

La interpretación del Derecho es una tarea indesligable para el juez desde el momento en que debe resolver conflictos sometidos a su conocimiento. García Figueroa[2] hace una reflexión válida al preguntarse que si los jueces por siglos siempre resolvieron los conflictos basados en los expedientes, el conocimiento de la ley y cierto sentido común, ¿ por qué ahora las cosas tendrían que cambiar hacia nuevos horizontes argumentativos y con nuevos parámetros trazados por las teorías de la argumentación jurídica? 

En realidad, las teorías de la argumentación jurídica, sustancialmente apoyadas en bases del Derecho Constitucional, aportan a que los juristas sean más conscientes de su propio quehacer y sobre todo, hacen trascendente la labor interpretativa del juez. De igual forma, coadyuvan a que los jueces puedan manejar estándares argumentativos y brinden a sus decisiones una suficiente motivación.

En el Derecho Constitucional asume mayor protagonismo la tarea de la interpretación en tanto los conflictos a ser resueltos, implican la defensa de derechos fundamentales, los cuales gozan de un status especial. Por ende, discutir sobre derechos fundamentales exige un ejercicio argumentativo de mayor envergadura, apoyándose en cuestiones de juricidad y moralidad, lo que en contexto exige establecer cuáles son los caracteres de la interpretación en el denominado Estado neoconstitucional, el cual prevé herramientas interpretativas de suyo más amplias, sujetas a nuevos valores, en referencia a los principios como mandatos de optimización, por oposición a la aplicación de la ley como parámetro tradicional de solución de las controversias. 

La interpretación en el Estado neoconstitucional- es nuestra propuesta- asume un contexto diverso al de la justicia común. Se exige, en sede de derechos fundamentales, una motivación de contenidos más profundos, de discernimiento de supravalores en relación a los derechos esenciales de las personas, y se busca, como fin supremo, la compatibilidad entre los principios, valores y directrices que emanan de la Constitución y los conflictos que atañen a las personas. En ese modo, la interpretación constitucional marca una sustancial diferencia con la tradicional interpretación del Derecho que manejamos en otros ámbitos del ordenamiento jurídico, en los cuales la observancia del principio de legalidad, la prevalencia de la ley y el acatamiento del principio de congruencia, representan otro modo de discernir los conflictos jurídicos, modalidad que en rigor, no es tampoco ajena al Derecho Constitucional pues esta última disciplina aborda tanto normas- regla como normas- principio. En ese orden de ideas, habrán controversias jurídicas, casos fáciles en la terminología de Atienza[3], para los cuales bastará una fórmula silogística, y a su vez, habrán casos difíciles y trágicos, siguiendo al mismo profesor de de la Universidad de Alicante, los cuales revelarán de un lado, los primeros, mayor complejidad por el número de premisas normativas y fácticas, y los segundos, verdaderos dilemas morales.   

Pretendemos, en suma, denotar un activismo interpretativo que resulta hoy protagonista en el Estado neoconstitucional, confiriendo prevalencia al juez constitucional, asignándole al mismo la aplicación de más principios que reglas e inclusive proyectando lo que viene a denominarse ya la irrupción en el ámbito de lo jurídico, del Estado jurisdiccional.

La prevalencia de la ley como concepto regulador del ordenamiento jurídico mantuvo su vigencia con fuerza en el sistema kelseniano, como expresión de la corriente positivista en el derecho. Ese Estado Legislativo que en su momento antecedió a Kelsen y que éste consagró  través de la vigencia plena de la propuesta de la norma como elemento fundamentador del sistema de fuentes jurídico, al presente, en el siglo XXI, ha sufrido evoluciones notables y hoy, conforme planteamos, la propuesta es la de un Estado neoconstitucional cuyos rasgos, sustancialmente distintos a los del Estado Legislativo, expresa una visión interpretativa distinta del Derecho.

Surge, entonces, una interrogante concreta: ¿en qué medida cambia la interpretación tradicional del juez en el Estado neoconstitucional? ¿Cuánto aporta una visión de los derechos fundamentales como principios, mandatos de optimización y supravalores en este nuevo tipo de Estado? ¿Cuáles son esas herramientas interpretativas que caracterizan al nuevo Estado neoconstitucional?

Es nuestra opinión que la absolución de estas interrogantes, resume la inquietud manifiesta de que, a medida que los derechos fundamentales evolucionan, acudimos hacia nuevos sitios de producción jurídica en la doctrina constitucional. El principio de progresividad de los derechos fundamentales encuentra aquí su expresión suprema en tanto que a mayores herramientas interpretativas, mayor evolución favorable de los derechos fundamentales de las personas, prohibiéndose regresiones o restricciones severas respecto de estos derechos, salvo estrictas circunstancias de suma excepcionalidad.  

Por regla general, no nos podemos sustraer a una fortísima corriente en la historia contemporánea: la de la exigencia de nuevos horizontes en el Estado neoconstitucional.

 

I. SENTIDO DEL NEOCONSTITUCIONALISMO

La concepción de Prieto Sanchís

La definición más óptima de neoconstitucionalismo, a nuestro juicio, la brinda, entre varios autores, Luis Prieto Sanchís[4], para quien esta novísima expresión del tradicional Estado constitucional, implica, vía el Estado neoconstitucional, “un cierto tipo de Estado de derecho, (…) una teoría del derecho (…) y una ideología que justifica o defiende la fórmula política designada”.

En cuanto a concebirlo como un Estado de derecho, señala el autor español[5] que “es el resultado de la convergencia de dos tradiciones constitucionales: la tradición norteamericana originaria que concibe a la Constitución como regla de juego de la competencia social y política; y la de la revolución francesa, que concibe a la Constitución como un proyecto político bastante bien articulado”. Para nuestro dilecto profesor de la Universidad de la Mancha, el neoconstitucionalismo reúne elementos de las dos tradiciones: de un fuerte contenido normativo y de garantías jurisdiccionales. Entonces solemos hablar de “constituciones normativas garantizadas”.

La propuesta es sumamente interesante por cuanto la tradición norteamericana constitucional, ha sido concebir su Constitución[6]- la misma desde el discurso original de Benjamin Franklin- como herramienta para la defensa de los derechos de los ciudadanos, y a su vez, como instrumento para la materialización de los derechos a la propiedad, la vida, la libertad, en tanto que la tradición francesa ha optado por el sentido de garantías que ofrece una Constitución. De una lectura comparativa entre las Declaraciones de Derechos de Filadelfia y sus enmiendas (1787) y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), podremos verificar lo expresado. 

De la misma forma, como ideología que defiende una fórmula política designada, Prieto Sanchís[7] señala que “puede identificarse con aquella filosofía política que considera que el Estado Constitucional de Derecho representa la mejor o más juta forma de organización política (…) y como modelo óptimo de Estado de Derecho”. Naturalmente no constituye el neoconstitucionalismo una panacea frente a los problemas de toda democracia pero las herramientas del sistema permiten enfrentar, de mejor modo, de garantías judiciales.         

Por último, para nuestro autor ibérico, el neoconstitucionalismo también es una teoría del derecho y he aquí donde vamos a centrar nuestros esfuerzos dada la vinculación natural respecto a nuestro tema. 

Prieto Sanchís[8] indica, en este extremo, que el neoconstitucionalismo “representa la incorporación de postulados distintos y contradictorios e impone una profunda revisión de la teoría de las fuentes del derecho”. Efectivamente, las nuevas herramientas de interpretación que esta tradición propone- entre ellas la ponderación de intereses, el principio de proporcionalidad y la postulación de principios como mandatos de optimización- nos plantea la interrogante válida de cuánto está cambiando nuestra tradicional forma de resolver los conflictos. Si bien antes al juez antes solo le bastaba acudir a la ley para resolver una controversia, hoy en día la evolución incesante de los derechos fundamentales en el plano de las ordenamientos jurídicos nacionales, y de los derechos humanos en la justicia supranacional, con un marcado carácter de progresividad, nos hace reflexionar sobre la insuficiencia de los métodos de interpretación propuestos a comienzos del siglo XIX, por von Savigny, fundador de la Escuela histórica del derecho alemana, para la dilucidación de controversias que, en forma constante, van a implicar valorar la aplicación de principios frente a normas, e inclusive, en otros casos, van a significar la confrontación de principios unos frente a otros. 

Es pertinente afirmar, con certeza, que en algún momento el intérprete, al resolver conflictos de la justicia ordinaria, aplica principios. Ello ocurre, por cierto, si el juez, al observar un vacío, se cerciora de que la ley no acude suficientemente en su ayuda para resolver el conflicto. Sin embargo, no nos referimos simplemente a una actividad integradora de llenar las lagunas que se producen, sino a una teoría de la Constitución como actividad de integración. En este caso, los principios y sus distintas valoraciones, representan una nueva concepción de teoría del derecho, en tanto propone, sobre la base de una Constitución normativamente garantizada, producto de las tradiciones norteamericana y francesa, nuevas fuentes de derecho en cuanto herramientas de interpretación.

Pasando revista a otras acepciones sobre neoconstitucionalismo, en relación a la vinculación entre derecho y democracia, Fioravanti[9] señala: “La Constitución deja de ser solo un sistema de garantías y pretende ser también un sistema de valores, una norma directiva fundamental”.

Por otro lado, en la misma línea de ideas, Ferrajoli[10] argumenta: “ Podemos resaltar una clara diferencia entre Estado de Derecho y Estado Constitucional; un Estado Constitucional implica un Estado de Derecho, pero no todo Estado de Derecho implica necesariamente un Estado Constitucional.”

Zagrebelsky[11], ex Presidente de la Corte Constitucional italiana, nos acerca todavía más a una idea tangible del neoconstitucionalismo y señala: “ el Derecho se hace más flexible y dúctil, más maleable, menos rígido y formal, y con ello se amplían las esferas en las que cobra relevancia decisiva y fundamental la filosofía moral, política y jurídica del intérprete del Derecho(…) La ley ha dejado de ser la única, suprema y racional fuente de Derecho y comienza un síntoma de crisis irreversible del paradigma positivista.”

Commanduci[12] sostiene que: “En el neoconstitucionalismo se esconden una teoría, una ideología, y también una metodología”. La concepción es muy similar a la de Prieto Sanchís en tanto considera una tesis triple de definición del neoconstitucionalismo.

Para Bernal Pulido[13], en alusión al neoconstitucionalismo “los derechos de la Constitución son principios, que se aplican judicialmente, mediante su ponderación”.

Podemos inferir, a tenor de lo expuesto, una tendencia común a redefinir los criterios primigenios del Estado Constitucional, reposicionando tendencias definidas y orientadas hacia una nueva forma de entender el Derecho, a una reformulación de las premisas tradicionales en que el sistema de fuentes fue concebido. En el Estado neoconstitucional, variamos los supuestos de antaño de la forma del Estado,  redefinimos la fórmula política hacia una concepción más garantista de las demandas sobre derechos fundamentales y replanteamos la forma de resolver las controversias constitucionales.

Importante es notar que no se trata de una tendencia aislada. Por el contrario, se trata de una comunidad de ideas y no simplemente de una posición solitaria en la interpretación del Derecho. Creemos que, por el principio de progresividad, esta corriente de la historia debe inclusive mejorar sus contenidos, haciéndolos inclusive más garantistas, reformando sus bases mismas para la consecución de la defensa plena de los derechos fundamentales. Estimamos que si es así, entonces, no hay regresión. 

 

II. RASGOS DISTINTIVOS DEL NEOCONSTITUCIONALISMO COMO TEORIA DEL DERECHO

La propuesta de revisión de las fuentes del derecho en el neoconstitucionalismo conlleva caracteres especiales, distintos de la postura tradicional a través de la cual el derecho resuelve los conflictos.

Los postulados de la propuesta de Prieto Sanchís son resumidos de la siguiente forma:

 

a) Más principios que reglas

Las reglas en su concepción tradicional son la norma jurídica y la ley. En el Estado neoconstitucional, ellas son referente de los principios de legalidad y de congruencia para manifestar la estricta correspondencia entre las pretensiones y las respuestas de los juzgadores a los conflictos jurídicos. Dworkin[14] suele diferenciar entre problemas fáciles y difíciles en cuanto, para la solución de los primeros, basta la subsunción, es decir, la inserción de los supuestos de hecho dentro de la norma y en tal sentido, se produce un decisorio que viene a ser la manifestación tangible de la aplicación de la ley. Pero a su vez también concurren en el derecho muchos problemas difíciles, a los cuales no les basta la presencia de la ley y respecto de los cuales, los principios generales del derecho constituyen solo parte de un marco aplicativo integrador. En dichos casos complejos, vamos a tener necesidad sustantiva de acudir a criterios interpretativos, en los cuales los principios van a desempeñar un rol sustancial.

Deviene entonces justificado que en el Estado neoconstitucional podamos referirnos a muchos conflictos de difícil solución que van a exigir herramientas interpretativas que trasvasen el espíritu de la ley, en tanto muchas veces van a referirse a controversias sobre derechos fundamentales que exigen progresivamente distintos postulados esenciales. 

La tesis de la aplicación de principios la suscribe de igual modo, Konrad Hesse[15] , quien propone la confluencia de principios de interpretación en sede constitucional: de unidad de la Constitución, de concordancia práctica, de corrección funcional, de función integradora y de fuerza normativa de la Constitución. Estos principios van a funcionar como elementos de valoración interpretativa, permitiendo una relectura de la Constitución desde ángulos más abiertos respecto de los derechos fundamentales que tutela.    

 

b) Más ponderación que subsunción 

¿Cuándo subsumimos y cuándo ponderamos?  Aplicamos subsunción en el tradicional silogismo aristotélico de una premisa mayor, usualmente referida a la norma, una premisa menor, vinculada a cuestiones fácticas, y una conclusión, que involucra la transposición de los hechos en los supuestos de la norma.

En cierto modo, referimos “una concepción mecanicista[16] de aplicación del derecho en tanto nuestros parámetros objetivos son la ley y los hechos. En esa corriente de sujeción estricta a la ley, si el juez de la Revolución Francesa no podía encontrar una solución al conflicto, al no existir solución directa en la norma, debía aplicar el denominado “referé legislativo[17], es decir, debía remitir el asunto litigioso al legislador para que éste pudiera manifestarse respecto a la correcta aplicación de la ley, bajo pena inclusive de cárcel para el juez si se excedía en su obligación de solo aplicar la ley. La subsunción entonces implica una transposición matemática de los supuestos normativo y fáctico para una respuesta dentro del marco de congruencia que el principio de legalidad exige.

Ponderamos, en perspectiva, cuando nos persuadimos de la manifiesta insuficiencia de la ley y cuando recurrimos, convencidos, a la fórmula de que los principios expresan valores más allá de la norma y cuando nos percatamos, de la misma manera, que podemos hacer un ejercicio argumentativo sólidamente vinculado a la defensa de los derechos fundamentales como mecanismos extraordinarios de defensa de los principios, valores y directrices que emanan de la Carta Magna.

En la ponderación, en abstracto, trazamos una línea de valoración entre los principios y fijamos valores para la identificación de los mismos, en sus diversos grados de afectación: elevado, medio y  leve. Del mismo modo, estimamos la prevalencia de un principio frente a otro mas solo en condiciones de “jerarquía móvil y bajo las condiciones fácticas x.y.z.”[18].

No se trata de infravalorar el concepto por cierto respetado por la doctrina constitucional de que todos los derechos fundamentales están en un mismo nivel y que todos los derechos fundamentales gozan de las mismas prerrogativas. Aludimos, en la ponderación, a una metodología distinta de interpretación de los principios para que solo en condiciones fácticas determinadas, pueda el juez constitucional aseverar que prima, en vía de ejemplo, el derecho a la vida, cuando frente a una necesaria y urgente transfusión de sangre de un niño que ha sufrido un grave accidente, a este ser indefenso solo queda aplicarle como medio de salvarle la vida, la transfusión inmediata como procedimiento médico de urgencia, y sin embargo, por convicción religiosa, sus padres, se oponen a esa última alternativa, aceptando incluso el riesgo de muerte del menor.

La controversia aludida resulta sumamente compleja: ¿hasta qué punto los padres pueden decidir, con amplia libertad, sobre la vida del menor? ¿En que medida el derecho fundamental a la convicción religiosa, también un principio para efectos de nuestro estudio, debería subordinarse al bien jurídico vida? ¿Es la defensa del derecho fundamental a la vida siempre más importante que el derecho a una convicción religiosa que rechaza una transfusión de sangre inclusive bajo riesgo?

En estricto, no existen leyes positivas y concretas que manifiesten que prime el valor jurídico vida sobre el bien jurídico referido a la convicción religiosa. La teoría de los saltos interpretativos, la cual entiende el resultado de la interpretación como un producto que proviene en gran medida de la interioridad del intérprete, nos diría que opta en libertad el médico que decide hacer la transfusión de sangre al niño herido aún sin consentimiento de los padres, pues protege el valor jurídico vida. Y por otro lado, el salto interpretativo justifica, de igual modo, que debe respetarse el derecho a la convicción religiosa en el sentido de observarse las valoraciones de quienes deciden incluso sobre su salud. Sin embargo, de suyo apreciamos, en este caso, la gran dificultad que este problema representa para ser resuelto en los términos que la ley ofrece, no existiendo, en esta situación, una norma que privilegie el derecho a la vida sobre el derecho a la convicción religiosa.

Es aquí que la ponderación acude, como herramienta interpretativa, para expresar un redimensionamiento del derecho respecto a la importancia que adquieren los principios en el Estado neoconstitucional. La ponderación no va minusvalorar el derecho a la convicción religiosa en el sentido de asignarle al problema un infravalor que el ordenamiento jurídico no tolera, ni va a restarle valor a un derecho fundamental, minusvalorándolo. Sin embargo, se va a producir una “jerarquía móvil” que nos conduce al criterio interpretativo expresado en los siguientes términos:”en estas condiciones x,y,z, de esta urgente transfusión de sangre y a fin de evitar la pérdida de una vida, el derecho fundamental a la vida, expresado como un principio, va a prevalecer frente al derecho a la convicción religiosa, y por tanto debe ser salvada la vida del niño gravemente herido”.

La ponderación inclusive nos dice que ese concepto de “jerarquía móvil” bien podrá implicar que en otras condiciones fácticas, el derecho no prevalente podrá primar sobre el derecho que ahora prospera, mas ello dependerá de las condiciones de hecho que identifiquen un nivel de justificación interna y externa que nos persuada de que la propuesta del derecho o principio a elegir, también es respetuosa de los derechos fundamentales.        

La alusión a la ponderación de intereses no puede omitir una necesaria referencia al principio de proporcionalidad. Existen diferencias de matiz de este principio con relación a la ponderación como técnica interpretativa, orientándose los mismos hacia un fin común, cual es resolver conflictos vinculados a derechos fundamentales que no pueden ser resueltos con la simple concurrencia de la norma.

Respecto al principio de proporcionalidad, la nota distintiva se traduce en que en las controversias constitucionales que impliquen la actuación de este principio,  siempre se producirá la inclusión de poderes públicos como parte, es decir, de entidades representativas del Estado, en sus diversos grados. La razón de ello parece residir en que a través de la aplicación del principio de proporcionalidad, medimos el grado de intervención del poder público respecto de un derecho fundamental, valoramos en qué extensión se ha producido la intervención del Estado en la esfera de un derecho en concreto, y por cuanto valoramos la proporción de la intervención, a través de los subexámenes de idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto.

Es una forma de activismo interpretativo acudir a estos subexámenes en forma similar a como evaluamos una medida cautelar, es decir, que haya concurrencia copulativa de los requisitos. Si uno de ellos no prosperara, entonces la ley o medida sometida a valoración en sede constitucional, a través del principio de proporcionalidad, deviene inconstitucional.

Así corresponde preguntarnos: ¿es acaso idónea la medida o la norma para intervenir eficazmente en la regulación de un derecho, como por ejemplo, a través de una ordenanza municipal[19], regular la actividad de los negocios en la calle de las pizzas en Miraflores, cuyos negocios sufrieron una restricción en el horario de atención los fines de semana dado el ruido que se generaba en los alrededores, con el consiguiente perjuicio en el derecho al descanso por parte de los vecinos? Prima facie, siempre respondemos en forma positiva a este examen en tanto las entidades públicas gozan de atribuciones en abstracto para regular las materias de su competencia. Difícilmente podríamos deducir que un gobierno local no está habilitado para regular un tema como el de funcionamiento de los negocios en el ámbito de su jurisdicción.

El examen de necesidad es un tanto más complejo en razón de que busca materializar la imperativa aplicación de la medida dispuesta y que no haya existido otra medida menos gravosa que la norma en cuestión, pues si hubiera existido otra alternativa menos onerosa, la regla impuesta, sujeta a examen de constitucionalidad, devendría inconstitucional.

Por último, la ponderación en sentido estricto, como subprincipio, refleja en su real extensión una de las bases interpretativas del Estado neoconstitucional, cual es la real contraposición entre principios, en tanto uno finalmente prevalece sobre otro. Así, en el caso antes referido, el principio del derecho al descanso, es decir, a un entorno acústicamente sano como parte del derecho al descanso, prevaleció, en las condiciones específicas dadas, frente al derecho al trabajo que a su vez invocaban los comerciantes de la calle de las pizzas.

En la doctrina neoconstitucional, el examen se expresa así: “cuanto mayor es el grado de afectación del derecho al trabajo, tanto mayor es el grado de satisfacción del derecho al descanso”. En este postulado se expresa la esencia de la ponderación en sentido estricto[20], en tanto cuanto hacemos es extender un análisis valorativo de ambos principios y en una postura de “jerarquía móvil y en las condiciones x, y, z” del problema propuesto, hacemos prevalecer un derecho fundamental sobre otro, mas no en la postura de afirmar que uno es más importante que su opuesto, o que el derecho preterido siempre podrá expresar un menor rango valorativo frente al derecho prevalente. No es ésa la postulación de la ponderación en estricto, sino la propuesta fáctico- argumentativa de que en las condiciones presentadas, el derecho prevalente expresa una posición de preferencia debidamente sostenida. Y a su vez, la situación inclusive podrá cambiar en otras condiciones fácticas.

En la línea del mismo ejemplo, el caso Chinchorros[21] representa, por oposición a nuestro ejemplo, una situación totalmente inversa. En el caso aludido, los comerciantes chinchorreros logran la inaplicación de una Ordenanza Municipal que precisamente afectaba su derecho al trabajo, en razón de que la medida de gobierno local que los desalojaba de una zona de carga y descarga de pescado en el distrito de Santa Rosa, en Lambayeque, trasladándolos a otro mercado por crearse continuamente conflictos de tránsito y circulación en el día por las actividades de estos comerciantes, no había contemplado una medida menos gravosa, como por ejemplo, fijar horarios de carga y descarga en determinados horarios, medida que se pudo aplicar antes que el oneroso y perjudicial traslado. En este caso, la norma cuestionada no pasó el examen de necesidad (aunque sí lo había hecho con relación al examen de idoneidad) en tanto existía una medida menos gravosa para su propósito- implantación de horarios de carga y descarga- cual era también otra forma restricción posible, menos onerosa, frente al derecho protegido.

En suma, la ponderación en sentido estricto sí observa el sentido de “jerarquía móvil” que propone la doctrina del neoconstitucionalismo y ello representa un punto capital para nuestra propuesta, la cual no aduce caracteres absolutos sino esencias compatibles con la teoría de los derechos fundamentales.   

 

c) Omnipresencia de la Constitución en todas las áreas jurídicas, en lugar de espacios exentos  

Los espacios exentos no pueden existir en un Estado neoconstitucional. No se puede alegar islas exentas de control constitucional y por ende, espacios no sujetos a ningún tipo de control, en razón de que la Constitución representa un valor supremo y por tanto, rige sobre todas las áreas del ordenamiento jurídico.  

Un caso que identifica con propiedad esta propuesta de carácter del Estado neoconstitucional, en relación a nuestra realidad, es la tesis asumida por el Tribunal Constitucional[22], en relación a la interpretación del artículo 142 de la Constitución[23], respecto a un conflicto relativo al Jurado Nacional de Elecciones JNE. El Jurado defendió, con lógica proposicional, la tesis de que sus decisiones en materia electoral son irrevisables en sede judicial y ese es el tenor interpretativo que fluye de esta norma constitucional. En el caso en comento, la tesis del JNE fue defendida sobre la base de la autonomía que le asiste a este órgano constitucional y a la prohibición de interferencia en sus decisiones en materia electoral. Creemos que no le faltaba razón al JNE desde el punto de vista de una interpretación puntual del artículo en mención, en tanto el criterio de interpretación literal informa de que la solución de toda controversia, debe producirse en el ámbito de la norma.

Sin embargo, la propuesta argumentativa del supremo intérprete de la Constitución, en este caso, fue sustancialmente distinta a la posición del JNE, pues acudió a los principios de unidad de la Constitución y de concordancia práctica, para sostener que no existían espacios exentos de control constitucional, así como que no podía producirse una interpretación aislada del artículo 142 de la Constitución. Entendió el Tribunal que no podía asumirse  una interpretación literal del artículo acotado y que era necesario concordarlo con los principios, valores y directrices que emanan de la Carta Magna, para luego asumir que no se había consagrado en nuestro ordenamiento constitucional, la irrevisabilidad de las decisiones del JNE, sino que ante afectaciones de carácter constitucional, de vulneraciones sustanciales a los postulados de defensa de los derechos fundamentales de la Ley Fundamental, aún de órganos constitucionales autónomos, entonces quedaba habilitado el juez constitucional, en forma por demás extraordinaria, para hacer un examen de las decisiones aún autónomas del JNE.

El argumento sustentado merece capital importancia pues implica entender la Constitución como un todo, en concepción similar a la de Bobbio[24], cuando proponía la unidad como un carácter del ordenamiento jurídico. Según el Tribunal, debemos entender el principio de unidad de la Constitución como un todo, como la existencia de muchas normas jurídicas que, aún todas ellas con contenidos distintos e incluso a veces hasta incompatibles, están en su totalidad, subordinadas a la Constitución, es decir, le deben obediencia, en una estela de acatamiento de los postulados de la Norma normarum. En consecuencia, podrán existir normas que en apariencia contradicen a la Constitución pero sin embargo, tras una interpretación del principio de unidad, debemos entender que dichas normas se subordinan y sujetan a los postulados de la Carta Fundamental.

A su vez, por el principio de concordancia práctica, asumimos una relación sistemática entre distintos postulados constitucionales para elaborar una tesis de interpretación más cercana de la realidad que promueven los principios, valores y directrices como plexo normativo de argumentación de los derechos fundamentales. Bajo esta pauta, hay necesidad de concordar el artículo 142 de la Constitución, sin sacrificar su contenido, con otros valores constitucionales, entre ellos, a modo de ejemplo, el principio del debido proceso, como postulado fundamental. Esto es, en términos materiales, si se produce, en vía de ejemplo, la afectación sustancial del derecho al debido proceso en un procedimiento de carácter electoral, entonces dicha vulneración grave, habilita al juez constitucional, en forma extraordinaria, para asumir competencia en un proceso constitucional, en el cual podrá revisar la constitucionalidad de la decisión del supremo órgano electoral.

En suma, no podrán existir espacios exentos o blindados contra la justicia constitucional y habrá necesidad de que, aun a pesar de normas que les asignan a algunos órganos constitucionales cierta autonomía, ésta se mantendrá vigente en tanto no se produzca una vulneración ostensible de un derecho fundamental.

 

d) Omnipotencia judicial en lugar de autonomía del legislador ordinario 

La propuesta de Prieto Sanchís incide en un redimensionamiento del concepto de Estado desde la perspectiva de la interpretación judicial. Autores como Schmitt[25], afirman “la última palabra la pronuncia el juez al dirimir un litigio, no el legislador que crea las normas”, y en esa tesis explaya la tesis de que vivimos en un Estado jurisdiccional, en el cual el poder de los jueces, al interpretar la Constitución, se refuerza en grado máximo cuando éstos ejercen la atribución de definir y resolver los conflictos jurídicos desde la lectura de los valores que informa la Constitución, por sobre las tareas interpretativas del legislador.

Lo antes afirmado parece una contradicción: si el legislador elabora la ley, ¿no es acaso el mismo, a través de la interpretación auténtica, quien determinará los alcances de la ley elaborada? ¿No reviste lógica que el creador de la norma sea el intérprete natural de la misma? Asumimos posición cuando afirmamos que la ley, al ingresar al ordenamiento jurídico, se aleja de su creador, en términos puntuales, para resultar patrimonio del ordenamiento jurídico y del plexo normativo de principios, valores y directrices, y por tanto, su compatibilidad con estos postulados, estará en función de cumplir los parámetros de validez correspondientes. No bastará el control estático de la ley sino por el contrario, el control dinámico de la misma será determinante para concluir si la norma es compatible con la Carta Magna.

Y esa tarea de control constitucional, por extensión, se encuentra reservada normativamente a favor del juez constitucional, quien a través de los procesos de tutela de derechos fundamentales y de control normativo, determinará si la norma es constitucional o si por el contrario, en procesos de la libertad, resulta inaplicable, y en procesos de control del principio de supremacía normativa de la Constitución, la norma debe resultar expulsada del ordenamiento jurídico.     

 

e) Coexistencia de una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica 

Nuestro profesor ibérico[26] sintetiza esta propuesta en el siguiente postulado: ““El neoconstitucionalismo no representa un pacto en torno a unos pocos principios comunes y coherentes entre sí, sino más bien un pacto logrado mediante la incorporación de postulados distintos y tendencialmente contradictorios.”  En efecto, la constelación plural de valores representa un concepto amplísimo que traduce el criterio de apertura del neoconstitucionalismo al albergar soluciones interpretativas frente a colisiones de principios cuya solución resulta compleja.

En el neoconstitucionalismo la esencia de la fortaleza argumentativa de la propuesta se expresa, del mismo modo, en la ponderación de intereses cuando a través de ella, inferimos soluciones a los problemas concretos, reconociéndose el valor de derecho fundamental de cada principio en pugna. Es decir, se logra acrisolar un resultado material a la luz de los supravalores de la Constitución, luego de una confrontación que bien puede expresar, en la posición de otras teorías, la prevalencia de un puñado de principios apenas coherentes entre sí. En el neoconstitucionalismo valores diferentes coexisten entre sí. Ello representa un indudable avance frente a otras teorías.    

 

III. CONSECUENCIAS DEL NEOCONSTITUCIONALISMO

Las reflexiones que anteceden han resultado contextualmente muy útiles para describir los rasgos más sustanciales de un Estado neoconstitucional. La propuesta tiene mucha vigencia y actualidad en el sentido de que nos persuade de que los criterios de interpretación constitucional en los ordenamientos jurídicos, están cambiando de sitio, que apuntan hacia nuevos sitios de producción jurídica, en una forma de fraternidad de intérpretes constitucionales, una especie de “sociedad abierta de intérpretes de la Constitución”, concepto enunciado por Haberle[27], para significar que los argumentos de interpretación van asumiendo un carácter de criterios comunes.

La propuesta hecha se acerca también a la teoría de la fertilización judicial cruzada, o “Juditial cross fertilization”, es decir, el uso de precedentes extranjeros por parte de los jueces. Este concepto alude a que los tribunales internacionales deberían alentar y promover la interacción o fertilización cruzada judicial, tomando en cuenta los fallos judiciales de los demás. La propuesta de la fertilización judicial cruzada también comprende, en casos específicos, diferenciar el pronunciamiento de aquellos tribunales cuya competencia en la materia les concede un mayor rango de autoridad en un caso determinado. Sin embargo, tal puntualización no resulta definitiva en tanto las técnicas interpretativas implican puntos en común.

Las redes judiciales permiten la fertilización cruzada de ideas, compartir las experiencias respecto de la resolución de problemas similares, y sobre todo el fortalecimiento de las propias instituciones judiciales a través de su legitimidad internacional.

Hechas estas descripciones resulta ahora importante, a modo de consolidación de nuestra tesis, puntualizar cuáles son las consecuencias más relevantes de la propuesta de un Estado neoconstitucional.

 

a) Cambio de tesis en la definición del Derecho

¿Qué propone esencialmente el neoconstitucionalismo, luego de las premisas expuestas?  A juicio nuestro y de modo sustancial, un cambio de tesis en la definición del Derecho. Refleja Prieto Sanchís[28] que: “En tanto el positivismo sostiene la tesis de la separación entre el derecho y la moral, el neoconstitucionalismo plantea la tesis de la necesaria vinculación entre el derecho y la moral”.

Esta vinculación resulta de capital importancia para el neoconstitucionalismo, en tanto que el concepto de dignidad de la persona, nos lleva a juicios de valoración de orden moral. Kelsen proponía la interpretación del Derecho como un producto puro, sin la participación de ninguna otra disciplina. En el neoconstitucionalismo, por el contrario, reafirmamos la tesis de la necesaria interrelación entre moral y derecho. Expresión tangible de ello lo es el artículo 1 de nuestra Constitución[29], el cual propone el parámetro de valoración de la dignidad de la persona como postulado base de todo el ordenamiento constitucional.

Veamos la reflexión que aporta Faralli[30] a este respecto:  

“La Constitución ya no es sólo el fundamento de autorizaciones y marco del Derecho ordinario. Con conceptos tales como los de dignidad, libertad, igualdad y Estado de derecho, democracia y Estado social, la Constitución proporciona un contenido substancial al sistema jurídico. Esta circunstancia se materializa en la aplicación del Derecho a través de la omnipresencia de la máxima de proporcionalidad, y en una tendencia ínsita a reemplazar la subsunción clásica de los hechos en reglas jurídicas, por una ponderación que sopese valores y principios constitucionales”

 

b) Mayor complejidad del Derecho

Otra conclusión de relevancia respecto al Estado neoconstitucional, es que el Derecho se hace más complejo, por la evolución sin pausa de los derechos fundamentales, por la concurrencia de los principios y sus relativos márgenes de indeterminación para la resolución de conflictos constitucionales. Antes el Derecho podía ser definido como un sistema de reglas, en el cual la subsunción era la tarea sustancial del juez. Hoy, el Derecho es igual a valores, principios, y directrices, que concurren en forma conjunta con las reglas, normas jurídicas y leyes en la solución de los conflictos.

Por cierto, la propuesta de que optemos por proponer la prevalencia de más principios que reglas, no implica en modo alguno que las reglas desaparezcan en la resolución de controversias. Todo lo contrario, ellas van a seguir subsistiendo en la medida que van a representar, siempre, la base de definición de una controversia. Es decir, solo ante la insuficiencia de las reglas, concurren los principios. Algunas veces los conflictos serán resueltos en parte por el contenido de las reglas y de la misma forma, en otros casos, cuando se configuran extremos sumamente complejos en una controversia, la resolución tendrá en cuenta los márgenes de activismo de los principios y de las herramientas interpretativas que conciernen a derechos fundamentales. Todos estos elementos, en forma cohesionada, juegan un rol fundamental en la solución de conflictos y constituyen la base del Estado neoconstitucional.

 

c) Plena vigencia de los derechos fundamentales

Estimamos que solo los principios conceptuales y las pautas procedimentales que informan el Estado neoconstitucional, permiten una aplicación plena de los derechos fundamentales, cuyo norte aplicativo, en la definición de Peces Barba[31], es la de de poseer una juricidad y una moralidad básicas. Juricidad porque los derechos fundamentales contienen mandatos vinculados a realizaciones para la protección de un derecho; y moralidad, porque la vinculación a la protección de la dignidad de la persona, representa una impostergable obligación para el juez constitucional.

En consecuencia, premunido el juzgador de que no solo concurre un mandato respecto al derecho fundamental, en cuanto a su juridicidad, sino también un contenido de optimización respecto a la moralidad, entonces, puede aplicar plenamente los criterios de protección del contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental.           

 

d) Reposicionamiento del rol de los jueces constitucionales 

Con esta expresión queremos significar la importancia capital de las tareas que desarrollan los jueces constitucionales en la protección de los derechos fundamentales.

Esta premisa es verificable de suyo en el Perú en el sentido de que no solo existe jurisdicción constitucional como tal, sino que ya existen, además de lo reseñado, órganos constitucionales especializados. Esto es, no solo nuestro país es el primero en Iberoamérica en haber adoptado un Código Procesal Constitucional, desde 2004, sino que ya dispone de jueces constitucionales a exclusividad. Así, ya existe en Lambayeque la primera Sala Constitucional del país, desde abril de 2006, como plaza permanente, con jueces superiores titulares y con competencia exclusiva para procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento en segunda instancia, y procesos de acción popular, en primera instancia. En adición a ello, existe un Juzgado Constitucional en Ayacucho con titular designado. A ello se suma la creación en la ciudad de Lima de 10 juzgados constitucionales, con competencia para procesos de amparo, habeas data y cumplimiento. Esta realidad nos conduce inevitablemente a la premisa de que existe preocupación por la defensa amplia y con sistematicidad jurisdiccional para la defensa de los derechos fundamentales.

Concurrentemente, la tarea interpretativa de los jueces de dichos órganos debe significar una materialización de los derechos fundamentales demandados, naturalmente concediendo tutela cuando corresponda. En ese orden de ideas, deviene pertinente reforzar la labor de los mismos y en esa línea, el neoconstitucionalismo presta un apoyo invalorable al constituir, como nuevo planteamiento en la teoría del Derecho, un medio invalorable para la defensa de los derechos fundamentales.

En ese norte de ideas, el fundamento de que las sentencias constitucionales resulten prevalentes frente a las de los demás órganos jurisdiccionales[32], tiene su razón de ser en el ámbito de protección de la jurisdicción constitucional, vinculado a la tutela, en vía de urgencia, de los derechos fundamentales. La necesidad de esta tutela preferente obedece, en gran medida, a que las controversias vinculadas a derechos fundamentales manejan parámetros interpretativos distintos, como los principios pro homine, favor processum y el ámbito de los principios, por oposición distintos a los presupuestos de la justicia ordinaria, de suyo vinculados a las expresiones del principio de legalidad, la supremacía de la norma jurídica y la ley, y el principio de congruencia procesal, como valores máximos del positivismo jurídico.

 

CONCLUSIONES 

1. El neoconstitucionalismo representa una nueva teoría del Derecho y reposiciona la actividad interpretativa a través de nuevos enunciados cuya matriz de pensamiento es su necesaria compatibilidad con los principios, valores y directrices que informa la Constitución.

2. El neoconstitucionalismo representa un concepto de evolución representativo con relación al Estado Legislativo. En éste, prevalecen la ley, la norma jurídica y las reglas como expresiones representativas del principio de legalidad. En el Estado neoconstitucional prevalece un plexo de principios, valores y directrices como expresión, mutatis mutandis, de los derechos fundamentales.

3. El principio de progresividad, como carácter sustancial de los derechos fundamentales, justifica que la interpretación constitucional evolucione hacia nuevos sitios de producción jurídica, en los cuales la tutela de urgencia, el carácter complejo de los propios derechos, justifican la irrupción de nuevos criterios de interpretación.

4. La postulación de que prevalecen más principios que reglas en el Estado neoconstitucional, reside en la insuficiencia de las reglas para explicar y dar solución a los conflictos complejos que se producen en el Estado neoconstitucional.

5. La ponderación, el principio de proporcionalidad y los principios de interpretación constitucional, traducen muchos de los nuevos postulados del Estado neoconstitucional. Representan técnicas de interpretación constitucional que involucran procedimientos que bien pueden contemplar la valoración de principios en su dimensión de derechos fundamentales.

6. La interpretación en el Estado neoconstitucional, por excelencia, corre a cargo de los jueces constitucionales. Ello no implica una reducción del rol del legislador sino la afirmación de la premisa de que es atribución de los jueces constitucionales tanto la interpretación de la Constitución como la resolución de controversias constitucionales a la luz de las herramientas interpretativas que contemplan la ponderación, el principio de proporcionalidad y los principios de interpretación constitucional.

7. En el Estado neoconstitucional no existen espacios exentos de control constitucional. Todo el ordenamiento jurídico se subordina a los controles estáticos y dinámicos de la Constitución.

8. Se requiere que los jueces tomen conciencia de los cambios que representa el Estado neoconstitucional pues ellos van a resultar, por excelencia, protagonistas del nuevo sistema, en lo que venimos a llamar el Estado Jurisdiccional, del que nos habla Karl Schmitt.

9. Resulta necesario que las Universidades y centro de formación como la Academia de la Magistratura y los programas de autocapacitación de las Cortes Judiciales del país, conozcan las propuestas del Estado neoconstitucional, a fin de lograr una concientización de los jueces constitucionales y de todos aquellos actores del ordenamiento jurídico constitucional.  

10. La comunidad jurídica debe resultar igualmente partícipe de conocer los postulados del nuevo sistema. Ella resulta finalmente destinataria, en la persona de los ciudadanos, de las decisiones de los jueces en la propuesta protagónica de un Estado neoconstitucional. 

 
Publicado en Revista Jurídica del Perú 117. Noviembre 2010. p 43-57
 

[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque, Perú. Profesor Asociado Academia de la Magistratura del Perú. Docente Área Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo, Lambayeque. Becario del curso de DD.HH. en la Washington College of Law de la American University, Washington D.C., EE.UU. Becario Aula Iberoamericana, La Constitucionalidad de las Leyes, Cádiz, España. estudiofg@yahoo.com

[2] GARCIA FIGUEROA, Alfonso y GASCON ABELLÁN, Marina. La argumentación en el derecho. Algunas cuestiones fundamentales. Palestra Editores, Lima, 2003. p. 54.

[3] ATIENZA, Manuel. Los límites de la interpretación constitucional. En Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. (Coordinador) Interpretación constitucional. México, Porrúa. UNAM, 2005. Tomo I. p. 121.

[4] PRIETO SANCHIS, Luis. Neoconstitucionalismo y ponderación judicial. Publicado en anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, 2001.

[5] PRIETO SANCHIS, Luis. Op cit.

[6] La Constitución de Filadelfia de 1787 tiene 7 artículos originales y 27 enmiendas.

[7] PRIETO SANCHIS, Luis. Op cit.

[8] PRIETO SANCHIS, Luis. Op cit.

[9]FIORAVANTI, Maurizio.  Los derechos fundamentales. Apuntes de la teoría de las Constituciones. Trotta. Madrid, 2000. p. 133.

[10]FERRAJOLI, Luigi. Pasado y futuro del Estado de Derecho, en CARBONELL M., Neoconstitucionalismos.  Trotta. Madrid, 2003.

[11]ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil. Trotta. Madrid, 1995. p. 65

[12] COMMANDUCI, Paolo. Conferencia “Constitucionalización y teoría del derecho”, discurso de incorporación a la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.  Anales, tomo XLIV, año académico 2005, Córdoba. p. 175.

[13] BERNAL PULIDO, Carlos. El neoconstitucionalismo a debate, en Temas de Derecho Público No. 76, Universidad Externado de Colombia, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita. Bogotá, 2006. p. 29

[14] DWORKIN, Ronald. ¿Los Derechos en Serio? Ed. Planeta. Argentina, 1993. p. 146.

[15] HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Traducción de Pedro Cruz Villalón. 2da. Ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. p. 45. 

[16] Cfr. RECASENS SICHES, Luis.  La concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente en Francia y otros países latinos durante el siglo XIX,  extraído de Nueva Filosofía de la interpretación del derecho, México, Ed. Porrúa S.A., 1980. p. 190.

[17] Cfr. RECASENS SICHES, Luis. Op. cit. p. 190.

[18] PRIETO SANCHIS, Luis. Op cit.

[19] STC 007-2006-PI/TC.  Caso Asociación de Comerciantes San Ramón y Figari.

[20] CFR. ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1993. p. 161. 

[21] STC 4408-2005-PA/TC. Lambayeque. Caso Empresa de Comerciantes Mayoristas de Productos Hidrobiológicos S.A.

[22] STC 5854-2005-Pa/TC. Piura. Caso Pedro Andrés Lizana Puelles.

[23] Constitución 1993. Artículo 142°.

No son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces.

[24] BOBBIO, Norberto. Teoría del Ordenamiento Jurídico, 1960.  En Introducción al Derecho de José Luis del Hierro. Editorial Síntesis, Madrid, 1997. p. 95

[25] SCHMIT, Karl, Legalidad y legitimidad, en Héctor Orestes Aguilar (comp.), Karl Schmitt, teólogo de la política, México, Fondo de Cultura Económica, 2001. p. 26

[26] PRIETO SANCHIS, Luis. Op cit.

[27] Cfr. HABERLE, Peter. La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. Una contribución para la interpretación pluralista y procesal de la Constitución, en Retos actuales del Estado constitucional, Bilbao, IVAP, 1996, Pág. 15-46. Id., El Estado, cit., nota 18, Pág. 149 y ss.

[28] PRIETO SANCHIS, Luis. Op cit.

[29] Constitución 1993. Artículo 1.

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

[30] FARALLI, Carla. La Filosofía del Derecho Contemporáneo, Madrid, Hispania Libros, 2007. p. 83.

[31] PECES BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999. p. 37

[32]Código Procesal Constitucional. Artículo 22. Actuación de Sentencias

La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.

Un comentario

  1. Muy interesante, para los NUEVOS Abogados y, para adecuar un enfoque Constitucionalista.-



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