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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Ne bis in idem, despido laboral y presunción de inocencia

24 marzo, 2014

SALA MIXTA VACACIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 1078-2013-SM-SPJ

DEMANDANTE: PEDRO SAAVEDRA CRISANTA

DEMANDADO: PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO-BAGUA Y OTROS

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.  

En Chiclayo, a los 13 días del mes de febrero de 2014, la Sala Mixta Vacacional de Lambayeque, integrada por los magistrados Zamora Pedemonte, Silva Muñoz y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por el Proyecto Especial Jaén San Ignacio – Bagua, contra la sentencia de fecha 09 de octubre de 2013, en el extremo que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo y ordena la reposición del actor.

 

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 34-41) solicita se declare inaplicable y sin efecto legal alguno el despido arbitrario efectuado por la demandada en contra del actor, materializado en la Resolución Ministerial Nº 0531-2010-AG,  y se ordene su reincorporación a sus labores en el Proyecto Especial Jaén San Ignacio – Bagua. Precisa haber ingresado a laborar con fecha 02 de abril de 2002 como personal de apoyo a Tesorería y refiere que mediante Resolución 329-2009-AG.PEJSIB-4601, se declara la responsabilidad administrativa del recurrente por haber cometido falta laboral grave, imponiéndosele la sanción disciplinaria de despido por causa justa. 

La contestación formulada por la emplazada (p. 57-62) solicita al Juez desestime la demanda, declarándola improcedente o infundada. Hace mención a que el recurrente debió recurrir a la vía contencioso administrativa para impugnar una Resolución Ministerial y que la sanción de despido obedece a la existencia de responsabilidad por falta grave al haberse producido la sustracción de dinero por la suma de S/ 28,245.24. 

El Procurador Público contesta la demanda (p. 80-90) señalando que en aplicación del precedente vinculante 206-2005-PA/TC, corresponde sea conocida esta pretensión en la vía del proceso contencioso administrativo. 

La sentencia impugnada (p.249-260) estima la demanda al advertir que la emplazada ha emitido resoluciones administrativas contradictorias, declarando la nulidad de hasta 2 resoluciones a propósito del cese del actor. Considera, además, que el accionante ha sido victima de un despido arbitrario, al haberse establecido en la vía penal que el actor no era responsable del hecho imputado. Por consiguiente, dispone su reposición en forma definitiva, en el cargo que venía desempeñando. 

La impugnación formulada (p. 267-279) precisa que existe falta de congruencia en la parte decisoria de la apelada, en razón de que la decisión de la reposición no corresponde como consecuencia de la propia pretensión de la demanda y que esto denota un problema de motivación del juzgador. Considera, de otro lado, que no se ha vulnerado el debido procedimiento administrativo pues la falta grave sí ha existido y como consecuencia de ello, se aplicó la sanción de despido. Estima, por tanto, que ha quedado acreditada la responsabilidad del demandante en aplicación de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

 

FUNDAMENTOS 

§ Ne bis in idem, despido laboral y presunción de inocencia   

1. Las posiciones que la jurisprudencia constitucional ha asumido en relación a la responsabilidad del trabajador que es luego procesado en la vía penal, han asumido distintos grados de valoración en razón de que las circunstancias pueden variar en mayor o menor grado de una forma u otra.   

2. En un primer orden, debemos determinar si nos encontramos frente a la configuración del ne bis in idem,[1] como manifestación de vulneración al debido proceso, en tanto sancionar 2 veces por un mismo hecho constituye efectivamente una agresión a un derecho fundamental, dado que se produciría la sumatoria de 3 elementos: sujeto, objeto y materia.[2] Esta situación contraviene los estándares de un debido proceso en cuanto involucra una persecución indebida y contraria a los derechos fundamentales. 

3. Sin embargo, no basta conceptuar una persecución prima facie o en modo genérico, pues deviene necesario identificar diversas situaciones al respecto: queda vedada una misma apreciación ante los hechos que suponen responsabilidad si una decisión administrativa es sancionatoria y la otra de carácter penal absolutoria[3] pues en dicha situación, nos encontramos frente a una sanción administrativa que partiría de la ausencia de razonabilidad en la aplicación de la sanción y de otro lado, frente a una situación de orden penal que considera que el acto de responsabilidad no existió. En dicho caso, la sujeción se produce en relación a la decisión administrativa respecto de la de orden penal. 

3. De igual forma, corresponde diferenciar una siguiente situación: cuando han tenido lugar  dos sanciones, una de orden administrativo y otra de índole jurisdiccional penal, cuyos contenidos coinciden, es decir, la decisión penal valida la posición de la Administración[4] en tanto admitimos que se trata de bienes jurídicos distintos: el alcance de la decisión administrativa protege el buen funcionamiento de la Administración y la sanción penal ha de enfatizar su acción hacia un bien específico al cual la normativa sustantiva penal le dispensa una protección determinada. En este caso, no hay infracción del principio ne bis in idem.

4. Podríamos derivar esta situación a un tercer escenario: que el hecho que da lugar a la sanción realmente no exista y así lo declare el juez penal. En ese caso, definitivamente la Administración partió de un hecho falso y por consiguiente, se materializa un alcance in extenso de la sentencia penal, la cual constata la contradicción en que incurre la Administración. En esta misma ruta de análisis, si el hecho propio de la sanción existe y así lo declara la autoridad penal, entonces es válido concluir que se trata de un contexto que se remite a que los bienes jurídicos a proteger son distintos, y por tanto, la imposición de la sanción administrativa como la penal deben conservar su rigor.     

5. El planteamiento de estas diversas vertientes de manifestación de las sanciones administrativas y penales nos conduce, entonces, a recalcar el rol que le corresponde al principio de presunción de inocencia[5] en la relación de trabajo en cuanto su contenido iusfundamental nos informa que la existencia propia de una absolución penal o una de sus diversas manifestaciones,[6] acredita la falta de razonabilidad en la imposición de la sanción de despido, la cual a su vez resulta excesiva en relación al hecho que la justicia penal constata no es constitutivo de responsabilidad. 

6. Ahora bien, ¿correspondería al empleador considerar la adopción de no despedir frente a un hecho que considere de suyo grave? La justicia constitucional no puede resultar invasiva respecto de las facultades de dirección del empleador y sin embargo, le exige un examen de razonabilidad respecto a la sanción de despido, en tanto ésta no es la única forma de sanción posible sino a su vez se configuran otras opciones viables en tanto, en función a la normativa propia interna de la empresa, podrá corresponder la imposición de otros tipos de sanción. Sin perjuicio de ello, sí es importante anotar que frente a la eventualidad de una absolución penal, queda la sanción administrativa en el ámbito de haberse excedido los márgenes de razonabilidad.      

 

§ Análisis del caso en concreto

7. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, 2 exigencias deben ser concurrentes respecto al acto vulneratorio: la demostración de los hechos objeto de afectación, o en su caso, acreditación de la fundamentalidad de la vulneración, y de otro lado, debe verificarse  la legitimidad o ilegitimidad del acto vulneratorio. 

8. En el caso que nos ocupa, no merece mayor análisis la cuestión de que existan resoluciones administrativas en apariencia contradictorias. La Administración asume una función reguladora y goza de la facultad correctora de revocar sus propios actos bajo determinados supuestos. Dadas esas características, corresponde ratificar los fundamentos que el juzgador de primera instancia determina a este respecto. 

9. Sí importa para efectos de este fallo centrarnos en el hecho relevante del suceso matriz que dio lugar a la sanción de despido del actor por parte del empleador, y tal situación es atribuida a que el actor habría entregado el dinero a una tercera persona luego de que el Tesorero de la entidad, le hiciera entrega de este mismo dinero. 

10. En específico, este hecho concreto- la entrega del dinero a un tercero- ha sido objeto de cuestionamiento por parte del Ministerio Público en el proceso penal que nos ocupa, en tanto según la resolución de la Sala Mixta de Jaén (p. 91-94) se confirma la decisión del juzgador de tener por retirada la acusación fiscal. Ahora bien, tal retiro de acusación del propio Ministerio Público parte de la premisa propia de incongruencia de que no hubo forma de acreditar a quién se entregó el dinero faltante, pues la declaración del testigo del caso no cumple con los lineamientos del Acuerdo Plenario 02-2005, en la medida que no se pudo identificar al tercero que habría recibido el dinero al interior de la propia institución, más aún si existe un registro de ingreso. A esto ha de sumarse que la última persona que ingresó el día de los hechos a los ambientes en que se produjo la sustracción, es el señor Herli Oblitas Gonzáles e ingresó tal persona a las 12.30 horas, sin que éste luego haya sido identificado como quien recibió el dinero.   

11. Advirtamos que la sentencia penal enfatiza la inviabilidad de los argumentos de la parte ahora demandada pues el hecho base- la entrega de dinero a terceros- no goza del sustento fáctico necesario para lograr la incriminación necesaria en sede penal. Lógica distinta sería la que tendría lugar de haberse identificado, dentro de los propios ambientes de la institución, a quien habría recibido el dinero de manera ilícita, más aún si el acceso a estas entidades no es abierto sino restringido y por tanto, existe una carga en cuanto a la identificación de las personas. 

12. Resulta irrazonable, entonces, la imputación de responsabilidad en el ámbito administrativo cuando la decisión penal asume una función exculpatoria, y más aún, que no haya habido real imputación penal, resultado propio de que no haya existido una acusación directa del Ministerio Público. En esos términos, ha resultado irrazonable el despido laboral cuando ha excedido el propio margen de atribución de una responsabilidad que ni para el Ministerio Público ni para el Poder Judicial resultan configuratorios de responsabilidad y por otro lado, resulta vulneratorio del respeto de la dignidad del trabajador en la relación de trabajo.[7] En ese orden de ideas, corresponde estimar la demanda.     

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada que declara fundada la demanda. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

ZAMORA PEDEMONTE

SILVA MUÑOZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] Sus raíces normativas supranacionales encuentran asidero en la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José). Artículo 8.  Garantías Judiciales

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

[2] STC 8123-2005-HC/TC. Caso Nelson Jacob Gurman 

27. Ahora bien, verificar la existencia o no de una persecución (…) requiere la conjunción de tres identidades distintas: identidad de la persona perseguida (eadem persona), identidad del objeto de persecución (eadem res) e identidad de la causa de persecución (eadem causa petendi).” 

[3] STC 2050-2002-AA/TA. Caso Ramos Colque 

19. (…) b. En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo).

Como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional de España (STC 47/1981), “(…) El principio nom bis in idem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico pueda producirse, se hagan con independencia, si resultan de la aplicación de normativa diferente, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado” (cursivas agregadas). Lo que significa que, en el supuesto de existencia de una dualidad de procedimientos, el órgano administrativo queda inexorablemente vinculado a lo que en el proceso penal se haya declarado como probado o improbado.

[4] STC 01864-2009-PA/TC. Caso Caleb Morán 

5. (…) los hechos que originaron tanto la sanción disciplinaria cuanto la condena penal son básicamente los mismos; no obstante, la empleadora sancionó al recurrente no por apropiación indebida de bienes de la empresa, sino por incumplimiento de sus obligaciones como Asistente de Almacén, que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral; por su parte, el órgano jurisdiccional penal le impuso una condena penal por haber cometido ilícito penal; por consiguiente, no se ha vulnerado el principio non bis in ídem, toda vez que las sanciones que se impusieron al demandante tienen diferente naturaleza, puesto que una deriva de la responsabilidad disciplinaria en que incurrió por incumplimiento de sus obligaciones laborales y la otra de la responsabilidad penal que se le encontró como coautor de los delito de hurto simple y falsificación de documentos. 

[5] 05104-2008-PA/TC. Caso Sindicato Southern Peru 

9. Este Tribunal, en reiterada y uniforme jurisprudencia ha señalado que el derecho fundamental a la presunción de inocencia enunciado en el artículo 2°, numeral 24, literal f), de la Constitución, se proyecta también, a los procedimientos donde se aplica la potestad disciplinaria sancionatoria. Este derecho garantiza en el ámbito de un proceso la ausencia de toda sanción si no se ha probado fehacientemente la comisión de la infracción imputada. La potestad disciplinaria que detenta la entidad demandada no se puede aplicar sobre una presunción de culpabilidad, sino por el contrario, cuando se ha demostrado con pruebas idóneas la responsabilidad del imputado en la infracción atribuida. (…) 

[6] Sean el sobreseimiento, el retiro de acusación, la desvinculación del tipo penal, etc.

[7] BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Derechos Fundamentales de la Persona y Relación de Trabajo. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2007. p. 266. 

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Excepcionalidad del amparo contra amparo

21 octubre, 2013

 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 00671-2012-PA/SPJ

DEMANDANTE:  JOSE TORRES BELLO

DEMANDADO: CORPORACION AGRICOLA UCUPE S.A. Y OTROS

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 18 días de abril de 2013, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Rodas Ramírez, Figueroa Gutarra y Terán Arrunátegui, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recursos de apelación interpuestos por Oscar Lucas Ascensios, Procurador del Poder Judicial, y los señores Jorge Saldaña Díaz, Marco Silva Chávez y José Jaime García contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2012, que DECLARA FUNDADA la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES  

La demanda es interpuesta por el señor José Baltazar Torres Bello (p. 49-57) contra las Resoluciones N° 02, de fecha 02 de marzo de 2012, y N° 03, de fecha 12 de marzo del 2012, expedidas por el Juez Mixto Permanente de Tumbes en el Exp. N° 059-2012-60-2601-JM-CI-01, con el objeto de que se declaren nulas y sin efecto legal cada uno de los  extremos en cuanto disponen diversas medidas en el proceso concursal respecto de Corporación Agraria Ucupe S.A. y otros. 

Alega el actor que el Juez supernumerario del Juzgado Mixto Permanente de Tumbes, Dr. Jorge Saldaña Díaz, de manera ilegal y arbitraria, ha admitido a trámite un proceso de amparo contra la Empresa Corporación Agrícola Ucupe S.A, Inversiones Agroindustriales USP S.A.C e INDECOPI de Lambayeque. 

Acota, igualmente, que el emplazado ha admitido un proceso de amparo que resultaba incompetente territorialmente para conocer, entre otros actos, los efectos jurídicos de la Resolución N° 261-2012/INDECOPI-LAM, la suspensión provisional del proceso concursal N° 0029-2001/CRP-ODI-CCPL, o realizar convocatoria alguna de Junta de Acreedores. 

La contestación formulada por el Procurador Público del Poder Judicial (p. 128-134) refiere que la pretensión resulta inatendible, toda vez que un proceso de amparo contra amparo no puede ser utilizado de manera temeraria por una persona que no es parte del primer amparo, sino que además en caso de tener interés, no ha solicitado su incorporación al presente caso. 

La contestación formulada por Jorge Saldaña Díaz (p. 179-181) refiere que la demanda de amparo contra amparo es inviable e improcedente, ya que a la fecha no es un tipo de acción permitida por el Tribunal Constitucional. En cuanto al fondo, refiere que la demanda fue analizada y al haberse encontrado indicios razonables de una vulneración de un derecho fundamental, se viabilizó la tutela urgente. 

La contestación formulada por José Jaime García (p. 183-197) señala que el proceso de amparo no procede contra resoluciones emanadas de un procedimiento regular. Así mismo, agrega, que de la revisión de la demanda el demandante no ha demostrado de manera fehaciente la vulneración de un proceso en el que no es parte. 

La sentencia impugnada (p. 665-681) estima la demanda por considerar que lo que se pretende cautelar con la interposición de la demanda son las facultades de la Junta de Acreedores como institución única e inalterable dentro de un procedimiento concursal, y a la vez como único ente capaz y revestido de legalidad para nombrar a sus representantes en los cargos de Administrador y Gerente General. 

Por ello, éste sería el único medio por el cual los acreedores, en este caso un acreedor laboral como accionante y los acreedores reconocidos por INDECOPI, en Junta, encuentran respaldo jurídico y amparo procesal, pues de no amparárseles, se les estaría quitando el derecho legítimo y amparado por Ley de la Junta de Acreedores de elegir y nombrar a sus representantes. 

Concluye que procede el presente proceso de amparo contra amparo toda vez que debe tomarse en cuenta el principio de favorabilidad y flexibilidad. Refiere, además, que no se habrían seguido las reglas de referidas a la competencia territorial.

La impugnación formulada (p. 690-693) por el Procurador Público, advierte errores de hecho y derecho, en base a que lo que la parte demandante está pretendiendo es desnaturalizar el objeto de las acciones de garantía, buscando erradamente un nuevo debate judicial, situación en la que incide el A quo.

Ello no implica que el amparo pueda ser considerado como instancia adicional para revisar los procesos ordinarios, sino se encuentra limitado únicamente a verificar si la autoridad judicial ha actuado con respeto a los derechos fundamentales. 

La impugnación formulada (p. 695-898) por Jorge Saldaña Díaz, refiere que respecto a las resoluciones judiciales donde se cuestionarían la competencia, el debido proceso y la procedencia de amparo contra amparo, estos supuestos ya fueron resueltos por el órgano jurisdiccional de Juzgado Mixto de Tumbes. 

En cuanto a la ausencia de competencial territorial, refiere que el A quo no ha tomado en cuenta los artículos 15 y 17 del Código Procesal Civil, normas facultativas donde el demandante puede elegir el domicilio del proceso. Finalmente, en cuanto al extremo de procedencia de amparo contra amparo, el juzgador nuevamente ha incurrido en error al inaplicar el precedente vinculante recaído en la STC 4853-2004, de fecha 22 de mayo de 2007.  

 La impugnación formulada (p. 703-712) por Marco Silva Chávez, advierte los mismos vicios procesales que los otros demandados. Refiere que se debe revocar la sentencia y declarar improcedente la demanda por incompetencia funcional, al haberse resuelto en contra de lo dispuesto en la Ley Concursal. 

La impugnación formulada (p. 713-722) por José Jaime García tiene por finalidad que se revoque la sentencia y se declare improcedente la demanda, pues alega los mismo errores de hecho y derecho, estipulados por los otros demandados.

 

FUNDAMENTOS

§ Sobre el proceso de amparo contra amparo  

1. Dentro del análisis de precedentes judiciales y vinculantes, la STC 04853-2004-AA/TC abarca el emparo contra amparo y su interposición por única vez respecto de otro proceso constitucional de amparo viable solo respecto a resoluciones judiciales, con exclusión objetiva de las decisiones del Tribunal Constitucional. 

2. De modo complementario, conviene puntualicemos los requisitos del amparo contra amparo, reseñados en el sentido de que un proceso constitucional, con sentencia estimatoria, podría eventualmente contener una infracción a los principios, valores y directrices contenidos en la Carta Fundamental.

3. Bajo esta pauta de exigencias de fondo y forma,[1] es relevante anotar que la regla sustancial de dicho precedente fija determinados requisitos para su interposición, lo cual implica que no se trata de un proceso abierto sino por el contrario restringido a las causales taxativas que enuncia el precedente.

4. De esa manera, deben cumplirse condiciones de objeto,[2] en tanto nos referimos a una afectación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional; pretensión,[3] en la medida que se configura una exigencia de necesaria intensidad para intervenir; sujetos legitimados[4], en cuanto tiene primer interés quien haya sido naturalmente afectado en un primer amparo; y juez competente,[5] en referencia a que sea otro juez quien conozca el amparo. Satisfechos estos requisitos, se configura la verdadera procedencia del amparo contra amparo, cuya idea tutelar es reprimir solo muy graves afectaciones a derechos fundamentales bajo condiciones determinadas.

 

§ Análisis del caso concreto 

5. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales y verificados los actuados a lo largo de este proceso, tanto respecto de la demanda y sus respectivas contestaciones, la sentencia en cuanto razonamiento del A quo en tanto a los principios de favorabilidad y flexibilidad, así como las impugnaciones formuladas a tal efecto, estimamos que no se configuran los requisitos de procedencia del amparo contra amparo. 

6. Importa revisemos inicialmente el petitorio del accionante (p. 6) y advertiremos que de los 6 puntos enunciados como consecuencia de las resoluciones judiciales cuya no aplicación se demanda, ninguno de los extremos referidos se refiere a la afectación manifiesta, ostensible o elevada de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, ni tampoco a en qué medida el Juez emplazado ha vulnerado los derechos fundamentales que se supone han sido afectados. Y dicho sea de paso, tampoco se construye un marco de afectación de los derechos conculcados en tanto ello representa una exigencia para este tipo de procesos, es decir, en cuánto se ha afectado un derecho fundamental que es de verse, ya se ventiló en el primer amparo. 

7. De la misma forma, la exigencia del amparo contra amparo es respecto de resoluciones judiciales firmes y es preciso remarcar que las resoluciones demandadas no ostentan dicha calidad,[6] incumpliéndose por consiguiente un requisito procedimental necesario para este tipo de demandas cuya naturaleza, reiteramos, es de manifiesta excepcionalidad. 

8. En cuanto a los argumentos del A quo se refiere, es necesario contraponer la argumentación que pretenda definir derechos fundamentales a partir de principios, con las necesarias exigencias de justificación interna y externa de las resoluciones judiciales, en cuanto se prohíbe razonamientos contradictorios, respecto a lo primero, y se exige una adecuada corrección material de las premisas, en tanto la Constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina, deberían ser elementos del análisis jurídico invocados idóneamente. 

9. A juicio nuestro, no puede interferir el Juez del amparo contra amparo respecto de un proceso que ya viene ventilándose, con visos de regularidad, ante una competencia determinada. Es exigible, para agotar el examen de lógica de la justificación interna, que las eventuales incongruencias en la competencia del proceso, de existir, correspondan bajo la normal función nomofiláctica de expulsar interpretaciones contradictorias del A quo, por el órgano jurisdiccional superior y no por el juez del amparo contra amparo. 

10. De la misma forma, no apreciamos un adecuado ejercicio de justificación externa pues se invoca los principios de favorabilidad y flexibilidad respecto a las medidas que el Juez dispone en el decisorio (p. 680) referidas a la nulidad de las resoluciones acotadas y la cancelación de los asientos registrales respectivos, y sin embargo, debemos señalar que la fundamentación por principios, exige igualmente ser acompañada de fundamentos racionales que efectivamente, nos permitan tanto una fundamentación por principios así como un conjunto de elementos gravitantes que den solidez a esa fundamentación principialista. 

11. Esta obligación no es cumplida por el Juez, tampoco, en tanto se desprende la necesidad, y en eso insistimos, respecto a que los temas de competencia registral o concursal, sean definidos por las instancias de la Administración correspondientes, o bien por el primer juez del amparo, una vez agotado el debate constitucional respectivo. 

12. Que el juez del segundo amparo lo haga, sin haber precluido aquellas etapas que corresponde por la lógica procedimental del proceso, implica asumir funciones que no le competen, pues su fundamentación por principios simplemente enunciada sin otro asidero, constituye solo un esbozo de pretensión de defensa lata de un derecho fundamental, mas sin la necesaria fundamentación axiológica racional que exige la construcción de fundamentos por principios. 

13. Sobre esto solo cabe precisar que el A quo dispone efectos concursales en su decisión, inclusive otorga al demandante tutela para la intervención concursal, y por tanto se da una intervención cierta del A quo en la sentencia en el aspecto concursal y sin embargo, es necesario advertir que esa intervención debe ser estrictamente necesaria y no envía de interferencia de funciones.   

14. Por otro lado, tampoco hay ejercicio de justificación externa en cuanto no se acompaña la decisión de fundamentos vinculantes respecto a la posición adoptada. Ciertamente que nos podemos encontrar frente a una laguna axiológica,[7] pudo haber sido ése el razonamiento del A quo al amparar principalmente su decisión en los principios de favorabilidad y flexibilidad y sin embargo, no advertimos fortaleza de la justificación externa en este extremo pues no justifica por qué debe entrar el A quo del segundo amparo a reemplazar la tutela del A quo del primer amparo, lo cual implica una invasión de funciones.   

14. Por tanto, no se han cumplido las exigencias del precedente vinculante 4853-2004-AA/TC y en ese sentido, la demanda debe ser desestimada, en tanto este tipo de pretensiones deben ser agotadas al interior de sus propios procesos.  

 

DECISIÓN:  

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia que DECLARA FUNDADA la demanda; con lo demás que contiene; y REFORMÁNDOLA,  DECLARA  IMPROCEDENTE la demanda. Con costos.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

RODAS RAMIREZ

FIGUEROA GUTARRA

TERÁN ARRUNATEGUI

 


[1] STC 4853.-2004-AA/TC. Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. 

§7. Las nuevas reglas del “amparo contra amparo” 

39.  (…) resulta necesario establecer las reglas procesales y sustantivas del precedente vinculante para la procedencia, tanto del “amparo contra amparo” como también respecto del recurso de agravio constitucional a favor del precedente. Estas reglas deben ser interpretadas siempre atendiendo a los principios constitucionales pro homine y pro actione, a fin de que el proceso constitucional cumpla su finalidad de tutelar la supremacía jurídica de la Constitución y los derechos fundamentales. 

A) Regla procesal: El Tribunal Constitucional de conformidad con el artículo 201 y 202.2 de la Constitución así como de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica para establecer, a través de sus sentencias que adquieren el carácter de cosa juzgada, un precedente vinculante. En virtud de ello la presente sentencia, en tanto constituye cosa juzgada, se establece como precedente vinculante y sus efectos normativos se precisan en la siguiente regla sustancial.  

B) Regla sustancial: Para la procedencia, por única vez, de una demanda de “amparo contra amparo”, el juez constitucional deberá observar los siguientes presupuestos (…)  

[2]  STC 4853.-2004-AA/TC. Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. 

(1)   Objeto. – Constituirá objeto del “amparo contra amparo”:   

a) La resolución estimatoria ilegítima de segundo grado, emitida por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo donde se haya producido la violación manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, o que haya sido dictada sin tomar en cuenta o al margen de la mejor protección de los derechos establecida en la doctrina jurisprudencial de este Colegiado, desnaturalizando la decisión sobre el fondo, convirtiéndola en inconstitucional.  

b) La resolución desestimatoria de la demanda, emitida en segundo grado por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, cuando ésta haya quedado firme en el ámbito del Poder Judicial y cuando en su trámite se haya violado, de modo manifiesto, el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de un tercero legitimado, cuya intervención en el proceso haya sido rechazada o en el que no haya solicitado intervenir por desconocer de dicho trámite; o tratándose del propio interesado, cuando éste, por razones que no le sean imputables, no haya podido interponer oportunamente el respectivo recurso de agravio constitucional.  

c) En ningún caso puede ser objeto de una demanda de “amparo contra amparo” las resoluciones del Tribunal Constitucional, en tanto instancia de fallo última y definitiva en los procesos constitucionales.   

[3] STC 4853.-2004-AA/TC. Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. 

(2)   Pretensión.– El nuevo amparo podrá incluir como pretensión lo que ha sido objeto del primer amparo sólo si la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental es de tal intensidad que desnaturaliza la decisión misma y la convierte en inconstitucional; caso contrario, no procederá el “amparo contra amparo” por haberse configurado la cosa juzgada constitucional. También puede invocarse como pretensión en el nuevo amparo el desacato manifiesto de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal, conforme a los supuestos establecidos en el fundamento 17 de esta sentencia.  

[4] STC 4853.-2004-AA/TC. Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. 

(3)   Sujetos legitimados. – Las personas legitimadas para interponer una demanda de “amparo contra amparo” son las siguientes:   

a)      Frente a la resolución estimatoria ilegítima de segundo grado, emitida por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, donde se haya producido la violación del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, o se haya desconocido la doctrina jurisprudencial de este Colegiado, desnaturalizando la decisión sobre el fondo, convirtiéndola en inconstitucional; podrán interponer una demanda de “amparo contra amparo” los directamente afectados, siempre que tal afectación haya sido debidamente denunciada al interior del primer proceso de amparo y no haya sido respondida por el órgano judicial o lo haya sido de forma insuficiente. También están legitimados los terceros afectados por lo resuelto en el primer amparo que no hayan sido emplazados o no se les haya permitido ejercer su derecho de defensa al interior del primer amparo. (…)

b)Frente a la resolución denegatoria de segundo grado, emitida por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, cuando ésta haya quedado firme en el ámbito del Poder Judicial, y cuando en su trámite se haya violado, de modo manifiesto, el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, podrá interponer una demanda de “amparo contra amparo” el tercero legitimado que, pese a haber solicitado su intervención en el primer amparo, no haya sido admitido o, teniendo la calidad de litisconsorte necesario, no haya sido notificado con la demanda. Asimismo lo podrá interponer el interesado que, por razones probadas, se hubiera encontrado imposibilitado de presentar el recurso de agravio constitucional oportunamente. En estos supuestos, será indispensable que, en el primer proceso de amparo, no exista pronunciamiento del Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional, sin importar quién lo haya interpuesto. Finalmente, conforme a lo señalado supra, sólo se ha de admitir por una única vez, sea que lo plantee el agraviado directamente o terceros.  

[5] STC 4853.-2004-AA/TC. Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. 

(4)   Juez competente. – A efectos de obtener un pronunciamiento de conformidad con el valor superior justicia y con el derecho fundamental a un juez imparcial, el juez de primer y segundo grado no deberá haber conocido la primera demanda de amparo. 

[6] No se ha demostrado en el curso del proceso tal condición

[7] Se presenta cuando una regla a criterio del juzgador es injusta o colisiona con un principio. VID. ABREGU BAEZ, Aurelio. Interpretación y razonamiento en el ámbito jurisdiccional. Academia de la Magistratura 2013. Lima, 2013. p. 48.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Despido fraudulento. Valor del bien

14 octubre, 2013

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 2084.2011-PA/SPJ

DEMANDANTE: CESAR ROJAS ALVA

DEMANDADO: EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 25 días del mes de marzo de 2013, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Rodas Ramírez, Figueroa Gutarra y Terán Arrunátegui, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por César Rojas Alva, contra  la sentencia de fecha 09 de octubre de 2012, que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

 

ANTECEDENTES  

El recurrente interpone demanda de amparo (p.17-25) y solicita se declare nula e inaplicable la Carta Notarial de fecha 23 de mayo de 2011, a través de la cual se le comunica el cese de su relación laboral. Pide se repongan las cosas al estado anterior a la vulneración constitucional, y se ordene su inmediata reposición a su puesto de trabajo como operador de maquinaria pesada. Precisa que la causal alegada por la demandada – haberse querido apropiar de unos ángulos de fierro- no es válida para resolver su contrato de trabajo de duración indeterminada. Alega vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo, derecho de opinión, derecho al debido proceso, derecho a la legítima defensa, y derecho a la continuidad en el trabajo, dada su condición de afiliado sindical. 

La sentencia apelada (p. 113-116) señala que el empleador ha seguido el procedimiento de despido pues ha imputado cargos y el trabajador ha contestado los mismos. 

La impugnación formulada por el accionante (p.142-144) incide en que su despido fue ejecutado sin causa justa para dejar sin efecto su contrato de trabajo de duración indeterminada, al tiempo que precisa que la demandada actúo faltando a la verdad legal, incurriendo en un despido nulo por el hecho de ser afiliado sindical.

 

FUNDAMENTOS 

§ Sobre el despido fraudulento   

1. El fundamento octavo de la sentencia 206-2005-PA/TC, de naturaleza vinculante, define el despido fraudulento estableciendo que:

“Se configura cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, siendo procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos.”

2. En forma complementaria, la sentencia 976-2001-AA/TC, de fecha 13 de marzo de 2003, caso Eusebio Llanos Huasco, señala en su Fundamento 15, sobre despido fraudulento que:

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido implícitamente en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 0628-2001-AA/TC, de fecha 10 de julio de 2002(…) En tal caso, este Tribunal consideró que “El derecho del trabajo no ha dejado de ser tuitivo conforme aparecen de las prescripciones contenidas en los artículos 22° y siguientes de la Carta Magna, debido a la falta de equilibrio de las partes, que caracteriza a los contratos que regula el derecho civil. Por lo que sus lineamientos constitucionales, que forman parte de la gama de los derechos constitucionales, no pueden ser meramente literales o estáticos, sino efectivos y oportunos ante circunstancias en que se vislumbra con claridad el abuso del derecho en la subordinación funcional y económica…”. (Fun. Jur. N°. 6). Esos efectos restitutorios obedecen al propósito de cautelar la plena vigencia, entre otros, de los artículos 22°, 103° e inciso 3) del artículo 139° de la Constitución. Se produce el denominado despido fraudulento, cuando: Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado, en este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. N.° 415-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. N.° 628-2001-AA/TC) o mediante la “fabricación de pruebas“. En estos supuestos, al no existir realmente causa justa de despido ni, al menos, hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa justa conforma a la ley, la situación es equiparable al despido sin invocación de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo. “    

 

§ Análisis del caso concreto

3. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la emplazada no ha cumplido las reglas mínimas de exigencia formuladas en la propia revocatoria de improcedencia liminar de demanda de 03 de enero de 2012, (p. 54), en la medida que no se aprecia en autos que se hubiere descartado si los medios aparentemente sustraídos por el actor eran o no medios emergencia en caso de problemas de baterías así como si la sustracción de tales bienes implicaba una forma de lesividad patrimonial al empleador, es decir, si había un valor económico de los mismos. 

4. En efecto, el alegato del demandante resulta uniforme en el sentido de que los bienes aparentemente sustraídos no tenían mayor valor (p. 40) y que únicamente servían para situaciones de emergencia – golpes con varillas- cuando fallaba la batería del tractor que manejaba. 

5. Frente a esta imputación, no apreciamos descargo alguno del empleador, de lo cual cabe inferir que efectivamente tales fierros o ángulos no tenían mayor valor económico y que por el contrario, con los mismos se efectivizaba su trabajo en caso de problemas con la batería del tractor, a la cual había que golpear. 

6. De otro lado, tampoco hay una actividad de descargo en el sentido de acreditar cuando menos la preexistencia de dichos bienes y al mismo tiempo, de verificación de su valor, para efectivamente concluir que su disposición implica lesividad patrimonial para el empleador. 

7. Ciertamente que la figura de la apropiación frustrada en el ámbito laboral de la actividad privada no exige valoración económica. En propiedad la doctrina laboral concluye por un juicio de prescindencia del valor económico del bien. 

8. Y sin embargo, advirtamos que nos encontramos frente a una valoración de orden iusfundamental por cuanto frente al argumento del demandante en el sentido de que estos bienes habrían sido sustraídos, la emplazada solo refiere una intervención y decomiso (p. 98), y acota la misma, por otro lado, que hay un servicentro donde se reparan los vehículos de la empresa (p. 99),  para concluir que no es razonable devolver la confianza al trabajador (p. 100) a raíz de los hechos producidos. 

9. Estando a lo expuesto, el argumento de prescindencia del valor económico – premisa de connotación sustantivamente laboral- no resulta sostenible en sede constitucional pues efectivamente de ser cierto el argumento del demandante en el sentido de que estos bienes o “fierritos” no tienen valor alguno,[1] se le llegaría a despedir, si seguimos la argumentación de la demandada, por bienes sin valor alguno, con lo cual arribamos a una conclusión apagógica o absurda en tanto se despediría respecto de un bien sin rango económico. 

10. En consecuencia, nos encontramos frente a un despido fraudulento en tanto el empleador considera que se ha sustraído un bien que de acuerdo a los propios actuados, no tiene valor, lo cual nos permite inferir la construcción de un argumento de configuración de despido fraudulento, precisamente porque el empleador no demuestra, no obstante la acotación de la Sala, el descargo suficiente respecto a esta imputación. 

11. Bajo esa pauta, concluimos que el empleador ha basado su accionar en un razonamiento mecánico de la existencia de apropiación frustrada, sin mayor exigencia de rigor en el procedimiento previo al despido, al igual que no sustenta en su contestación, a pesar de lo reseñado por la Sala, la cuestión vinculada al valor de los bienes aparentemente sustraídos.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia apelada que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA FUNDADA la demanda y DISPONE la reincorporación del demandante en su misma plaza de trabajo o en una de igual categoría. Con costos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

RODAS RAMIREZ

FIGUEROA GUTARRA

TERÁN ARRUNÁTEGUI

 


[1] Frente a lo cual no ha y descargo categórico del empleador: Vid carta de despido (p. 3) 

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Sentencias constitucionales. Proceso de impugnación de resolución administrativa. Aplicación de la fórmula Radbruch

28 agosto, 2013

NOTA PREVIA:

Estimados amigos:

En nuestro diario quehacer en segunda instancia constitucional, también nos corresponde, en determinados casos, integrar otras Salas, sea por licencia de un titular, vacaciones del mismo u otra razón de fuerza mayor.

Este año integramos en abril unos días la Sala Mixta Transitoria de este Distrito Judicial, y nos correspondió conocer un asunto que ameritaba, a juicio nuestro , la aplicación de la Fórmula Radbruch, tema de raigambre constitucional ya anteriormente tratado en este blog.

Dejamos a consideración de Uds. la viabilidad de esta argumentación.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

SALA MIXTA TRANSITORIA DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NRO. : 5434-2011-ST/SPJ

DEMANDANTE. RITA MONCADA CRUZADO  

DEMANDADO: GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Y OTROS

MATERIA: IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

 

En Chiclayo, a los 29 días del mes de enero de 2013, la Sala Mixta Transitoria de Lambayeque, integrada por los Magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Díaz Piscoya, pronuncia la siguiente resolución:

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Rita Moncada Cruzado contra la sentencia de fecha 25 de abril de 2012, que DECLARA INFUNDADA la demanda contenciosa administrativa de autos.

ANTECEDENTES 

La pretensión de la demandante (p. 7-15) tiene por objeto se declare la nulidad de las Resoluciones Gerencial Regional 195-2011-GR.LAMB/GRDS y 611-2011-GR.LAMB/DRSAL, las cuales declaran improcedente un pedido de reintegro de asignación por 25 años de servicios en base a remuneraciones totales integrales.

La Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional Lambayeque (p. 48-52) contesta la demanda y solicita que la misma sea declarada infundada. Señala que el pago se ha efectuado en base a la remuneración total permanente y precisa que la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010 precisa que está prohibido el reajuste o incremento de beneficios de toda índole.

El Ministerio Público opina por la improcedencia de la demanda (p. 61-64) en atención a que la demandante no ha agotado debidamente la vía administrativa.

La sentencia apelada (p. 70-74) desestima la demanda aludiendo que no existe impugnación en razón de que, en vez de impugnarse la Resolución 624-2010-GR/LAMBDRSAL, solo existe un pedido de “reintegro de gratificación de 2 sueldos”. Acota que el derecho no se ha perdido sino existen cuestionamientos de forma.

La impugnación formulada por la demandante (p. 79-82) indica que a pesar de lo que señala la sentencia, ya tenía reconocido el derecho de reintegro por la RDRS 624-2010-GR-LAMB/DRSAL y más aún, no existe cosa juzgada en el caso de autos sino cosa decidida, la misma que es plenamente revisable por la autoridad judicial.

 

FUNDAMENTOS

§ La fórmula Radbruch y el derecho extremadamente injusto 

1. La dilucidación de controversias que involucran derechos reconocidos por la ley y que eventualmente pueden devenir en cuestiones constitucionales, apunta hacia la tesis de casos difíciles pues ellas involucran definir problemas con raigambre iusfundamental a partir de principios, valores y directrices. Por oposición, otro tipo de controversias pueden ser dirimidas a partir de las normas- regla concurrentes. Esta idea parte de la noción de un derecho por principios frente a un derecho por reglas, una de los temas más trabajados en la justicia constitucional en los últimos años a partir de trabajos de Robert Alexy, Ronald Dworkin, Gustavo Zagrebelsky, Manuel Atienza Rodríguez y Luis Prieto Sanchís, entre otros autores relevantes.

2. En muchas situaciones, la contraposición de derechos resulta sumamente compleja y en tal sentido, es importante advertir que, en apariencia, la fuerza de las normas-regla parecen concurrir para resolver un caso. Si la norma- regla es lo suficientemente idónea, congruente y racional, la controversia ha de dilucidarse a partir de una inferencia silogística y se produciría el desplazamiento de los principios en el caso a resolver, razón que ya no justificaría una acción integradora de ellos pues la justicia constitucional parte de la emotio, de la propia razonabilidad y de la ponderación para resolver las cuestiones difíciles. Pero ¿qué sucede si la regla a emplear solo brinda la opción del “todo o nada”,  y no deja espacio alguno para la acción de integración de los principios? Frente a esta noción pétrea, los dilemas constitucionales pueden resolverse, también, a través de fórmulas.

3. La situación antes descrita fue abordada por Robert Alexy[1] en una conferencia dictada en la Universidad de San Marcos[2] en tanto el conocido autor alemán hizo referencia a la aplicación de la fórmula Radbruch, planteada por primera vez en 1946, luego de 12 años de nacionalsocialismo. Acotó el profesor de la Universidad de Kiel, Alemania, que el Tribunal Federal alemán se vio enfrentado a dos casos importantes: uno primero, a raíz de la caída del régimen nazi cuando los jerarcas nacionalsocialistas fueron declarados culpables. En rigor, el Tribunal de Nürenberg se circunscribió a aplicar el derecho del vencedor pero determinados casos fueron conocidos por el Tribunal Federal alemán y en propiedad, no existía un derecho aplicable, sino el construido a partir de la propia victoria aliada, para sancionar los graves crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis. En suma, no había un derecho concurrente en la dimensión de conjunto de reglas aplicables al caso concreto.

4. De la misma forma, refirió Alexy que después de la caída del muro de Berlín, los soldados o centinelas – Mauerschützen – que dispararon a quienes se escapaban de Berlín oriental a Berlín occidental, debieron ser enjuiciados. El argumento de defensa de los militares fue que la norma- regla aplicable al caso concreto les permitía disparar a quienes trasgredieran el mandato de no cruzar la frontera y por tanto, no se configuraba responsabilidad alguna. El Tribunal Federal alemán no aceptó esta tesis bajo los alcances de la fórmula Radbruch que en síntesis señala que “el derecho extremadamente injusto no es derecho” (lex injusta non est lex)[3]

5. La tesis es objetiva. En caso de resolverse las controversias solo bajo la concurrencia silogística de las normas- regla, no habría espacio para ir más allá de la norma en tanto respecto de los casos mencionados, los militares nazis pudieron haber alegado que solo cumplían órdenes superiores, tesis que hubiera podido valer, igualmente, para el segundo caso, pues el soldado no dispara en caso no haya alguien que infrinja la norma. Y sin embargo, la fórmula Radbruch presenta una razonabilidad justificada: los jueces constitucionales pueden ir más allá de la interpretación de la norma- regla a partir de la idea de la configuración de un mayor deber de protección de los derechos fundamentales concernidos.

6. Zagrebelsky[4] refuerza esta propuesta pues recurre a la necesaria idea de la dignidad de la persona humana y a una exigible idea de”mirar más allá”,[5] afirmando una impetuosa propuesta de supra- constitucionalidad, un tema de debate que privilegia la aplicación de principios en defensa de los derechos fundamentales.

7. La fórmula Radbruch constituye, en consecuencia, un aporte de relevancia para el derecho constitucional en la medida que representa una opción de ponderación frente a la aparente fortaleza de las normas- regla, las cuales pueden ser desplazadas si se pretende dilucidar la controversia solo a partir de la aplicación silogística de la norma- regla. Se trata por ello de un ejercicio de  diferenciación para una mejor tutela de los derechos fundamentales y que finalmente impone la justicia constitucional y sus fundamentos de mayor protección y de constelación plural de valores frente a las cuestiones que solo ofrecen homogeneidad ideológica.

 

§ Sobre las actuaciones de la Administración 

8. El Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia 3741-2004-AA/TC[6] diversos criterios referidos a los límites a la actuación de la Administración en la dilucidación de controversias y su necesidad de ajustar tales actos a nuestra Carta Fundamental. En propiedad, los actos de la Administración no constituyen una zona exenta de control constitucional y por tanto, corresponde que la jurisdicción ordinaria revise la legalidad de los  actos administrativos sometidos a control con la particular atingencia de que si a su vez, verifica una incompatibilidad con la Carta Fundamental, resulta un imperativo categórico preferir los principios, valores y directrices que la Constitución alberga, antes que una norma procedimental que no resulta compatible con la Norma Fundamental. En ese rigor de actuación, el juez deviene, en su actuación de dilucidación sobre derechos, guardián de la Constitución y no señor de la Constitución (Hüter der Verfassung und nicht der Herr der Verfassung),[7] en tanto se circunscribe a los mandatos de la Constitución y no es el dueño de ésta.

 

§ Análisis del caso concreto

9. A juicio de esta Sala Superior, el argumento del A quo invoca dos aspectos sustantivos: de un lado, reconoce el derecho de la accionante a percibir la remuneración íntegra respecto de los 25 años de servicios cumplidos, a lo cual suma un segundo razonamiento respecto del cual refiere que hay problemas de forma en tanto la Resolución cuestionada –624-2010-GR-LAMB/DRSAL (referida p. 5) -no fue oportunamente impugnada y por el contrario, la administrada solo se circunscribió a presentar un recurso que no era en rigor una impugnación.

10. El razonamiento del A quo, válido en su ámbito formal, conduciría a que efectivamente se privilegie el tema de forma al que alude y a que, partiendo de la noción de una afectación continuada, siempre que fuere así, la accionante vuelva a iniciar un reclamo en la vía administrativa, a fin de que pueda solicitar nuevamente, respetando los plazos del caso y las impugnaciones de mérito a que hubiere lugar, que su derecho se efectivice en los términos solicitados.

11. Reafirmamos la premisa de que el razonamiento del A-quo deviene suficiente en el ámbito silogístico y sin embargo, ése no es el sentir de las relaciones entre el derecho y  la justicia, pues obligar a la recurrente a iniciar un nuevo tema de forma, conociendo inclusive que el Tribunal Constitucional ya ha asumido posición en diversos ámbitos administrativo- profesionales respecto a la percepción de remuneraciones totales íntegras,[8] en rigor constituye una exigencia de formalidad que linda con el derecho extremadamente injusto, el cual bajo los alcances de la fórmula Radbruch, deviene en derecho no aplicable y por tanto, no vinculante.

12. Ciertamente que hay temas de forma que privilegiar en los procesos de esta naturaleza y en realidad, una respuesta de orden formal sería suficiente para dar por cerrada la cuestión que ahora nos ocupa, declarándose improcedente la demanda. Y sin embargo, los jueces nos vemos igualmente obligados a dar una respuesta que, compatible en lo estrictamente congruente con los temas de forma, constituya igualmente una respuesta válida desde la Constitución y no solo desde la ley en tanto ésta no puede ser punto de partida y llegada de los derechos fundamentales que también conciernen a las actuaciones de la Administración.

13. En esa necesaria prevalencia de derechos fundamentales sobre las formalidades, por tanto, incumbe para efectos de esta decisión, considerar afectados los derechos fundamentales a la dignidad y a percibir una remuneración equitativa, derechos previstos por los artículos 23 y 24[9] de la Constitución.

14. En ese razonamiento, consideramos que objetivamente ya existe el derecho reconocido desde la primigenia Resolución 624-2010-GR-LAMB/DRSAL, y que el mismo debía dilucidarse, inclusive favorablemente por parte de la propia Administración, dada la reiterada línea del Tribunal Constitucional en este sentido, y sin embargo, la petición es desestimada bajo un argumento de forma, el cual resulta incompatible de plano con nuestra Carta Fundamental, en tanto un tema de forma no resulta razonablemente exigible si existe, por un lado, un proceso de naturaleza jurisdiccional en trámite, y de otro lado, si la figura planteada deviene exigible, en tanto es potestad de los jueces acudir a la fórmula Radbruch para la estimación de un derecho conculcado.

15. Bajo el razonamiento desarrollado, no estimamos condición necesaria la interposición de un nuevo proceso, correspondiendo en esta instancia estimar la demanda favorablemente, en la medida que una denegatoria de la pretensión asumiría la naturaleza de una exigencia extremadamente injusta e incompatible con los derechos fundamentales a la dignidad del trabajador y a percibir una remuneración equitativa.

 

DECISIÓN:

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Mixta Transitoria de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia apelada que DECLARA INFUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA, declara fundada la demanda. En consecuencia, declara nulas las Resoluciones Gerencial Regional 195-2011-GR.LAMB/GRDS y 611-2011-GR.LAMB/DRSAL, las cuales declaran improcedente el pedido de reintegro de asignación por 25 años de servicios. DISPONE el pago de los adeudos en base a remuneraciones totales integrales. Con costos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

DIAZ PISCOYA


[1] Vid ALEXY, Robert. Eine Verteidigung der Radbruchschen Formel. UNA DEFENSA DE LA FÓRMULA DE RADBRUCH. Traducción del original alemán de José Antonio Seoane. Disponible en http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2109/1/AD-5-4.pdf. Fuente visitada con fecha 09 de enero de 2013.

[2] Con fecha 28 de agosto de 2010. Participaron, entre otros, Jan Sieckmann y Pedro Grández Castro.

[3] RADBRUCH, Gustav, Relativismo y derecho, Bogotá, Temis, 1999, p. 35.

[4] ZAGREBELSKY, Gustavo.  El juez constitucional  en el siglo XXI. En Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, número 10, julio- diciembre 2008,  p. 260

[5] ZAGREBELSKY, Gustavo. Op cit. p. 261

[6] STC 3741-2004-AA/TC. caso Salazar Yarlenque

§ 2. Debido procedimiento administrativo y derecho de impugnación de los actos de la administración

18. Conforme a la jurisprudencia de este Colegiado, el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139.° de la Constitución, no sólo tiene una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende también al procedimiento administrativo y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha establecido, a “(…) cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, el cual tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana”.  (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71) 

19. Entendido como un derecho constitucionalmente reconocido, el debido procedimiento administrativo comprende, entre otros aspectos, el derecho a impugnar las decisiones de la administración, bien mediante los mecanismos que provea el propio procedimiento administrativo o, llegado el caso, a través de la vía judicial, bien mediante el contencioso-administrativo o el propio proceso de amparo. En este último supuesto, el derecho de impugnar las decisiones de la administración confluye con el derecho de acceso a la jurisdicción cuando no existan vías propias dentro del propio procedimiento administrativo, o cuando estas se hayan agotado y causado estado en la decisión final de la administración. (…) 

21. El debido procedimiento en sede administrativa supone una garantía genérica que resguarda los derechos del administrado durante la actuación del poder de sanción de la administración. Implica, por ello, el sometimiento de la actuación administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no pueden significar restricciones a las posibilidades de defensa del administrado y menos aún condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercitadas en la práctica. (…)

[7] Reseña de Pablo Lucas Verdú. Vid. LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Palestra Editores. Lima, 2007. p. 20.

[8] STC 09286-2005- PA/TC. Caso Hilaria Espinoza

4. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia y de conformidad con el Decreto Supremo Nº 041-2004-ED – norma concordante con las citadas en el fundamento precedente -, ha señalado que las remuneraciones y remuneraciones íntegras a las que se refieren, respectivamente, los artículos 510 y 52° de la Ley Nº 24029 (Ley del Profesorado), modificada por la Ley Nº 25212, deben ser entendidas como remuneraciones totales, y no totales permanentes, conforme a la definición establecida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.

[9] Constitución Política 1993.

Artículo 23.- El Estado y el trabajo

(…) Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. (…)

Artículo 24.- Derechos del trabajador

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Variación posición Tribunal Constitucional casos Ley Protección Patrimonial

27 agosto, 2013

    

SALA CONSTITUCIONAL DE  LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NRO. : 04689-2011-PA/SPJ

DEMANDANTE: AGROPUCALA SAA

DEMANDADO: BLANCA CERVERA DAVILA Y OTROS

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 31 días del mes enero de 2013, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el auto de fecha 12 de diciembre de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine la demanda de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES  

La recurrente interpone demanda de amparo (p. 209 – 220) y solicita se declaren nulas y sin efecto las resoluciones: Nº 135 de fecha 17 de octubre de 2011, emitida por el Primer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo; Nº 132 de fecha 08 de setiembre de 2011, emitida por la Sala Laboral; y Nº 124 de fecha 26 de enero de 2011, emitida por el Primer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo; todas ellas ordenando el pago de deudas laborales respecto de su actividad azucarera por la suma de S/. 114,708.84, con motivo del proceso Nº 0052-1999 y se declare nulo el proceso judicial desde la resolución Nº 101 de fecha 30 de setiembre de 2005. Alega vulneración a sus derechos constitucionales al debido proceso y a la propiedad, pues se trata de obligaciones laborales anteriores a la fecha de inicio del procedimiento concursal tanto de Agropucalá S.A.A. como de Industrial Pucalá S.A.C.

El auto apelado (p.221 – 224) declara improcedente la demanda por considerar que no se advierte que las resoluciones judiciales cuestionadas, por si mismas, vulneren alguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente, no pudiendo ser revisadas en sede constitucional. 

La apelación formulada por la accionante (p. 225 – 227) indica que la resolución impugnada presenta una serie de errores in iudicando, en razón de que no se le puede exigir el pago de sus obligaciones, pues este derecho se encuentra suspendido hasta que la Junta de Acreedores apruebe el Plan de Reestructuración. Refiere, además, que el señor Ernesto Loayza Rivas ha obtenido el reconocimiento de créditos laborales reconocidos en el proceso Nº 0052-1999, lo cual a la fecha le otorga la calidad de acreedor reconocido de una deuda ya pagada, y le permite participar en la Junta de Acreedores.  

 

FUNDAMENTOS

§ El cambio de posición jurisprudencial del Tribunal Constitucional y sus implicancias respecto a los jueces del Poder Judicial 

1. La construcción de la jurisprudencia constitucional, ceñida a los derechos fundamentales, representa una exigencia que denota caracteres especiales: de un lado, atiende a la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en cuanto tales, a través de los procesos constitucionales de la libertad; y de otro lado, aspira a consagrar el principio de supremacía normativa de la Constitución, a  través de los procesos de control normativo. En función a ambos parámetros, la jurisprudencia adquiere la connotación de un sistema material de valores que los jueces constitucionales van perfilando en la proyección del Estado constitucional.

2. En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional representa un efecto de vinculatoriedad para los jueces, en la medida que si se trata de una decisión jurisdiccional del supremo intérprete de la Constitución, en un caso concreto, existen grados de vinculación: el precedente vinculante no permitirá un apartamiento de los jueces, dado su efecto erga omnes, conforme al artículo VII[1] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; la doctrina constitucional o jurisprudencial, sí implicará un grado constructivo de vinculación en tanto se infiere de ella la interpretación de los preceptos y principios que hace el Tribunal Constitucional a partir del artículo VI[2] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; y en tercer lugar, la jurisprudencia constitucional aplicada en las diversas ejecutorias del Tribunal, igualmente sostendrán , en sentido lato, un grado de vinculación, mas si existen posiciones diversas del Tribunal al respecto, entonces los jueces del Poder Judicial se verán exigidos por un ejercicio de argumentación para determinar cuál es el efecto vinculante de las decisiones del Tribunal respecto a un caso que presenta hasta 2 respuestas jurisprudenciales.

 

§ Variación de posición del Tribunal Constitucional en relación a la Ley de Protección Patrimonial en el Perú 

3 .Conforme al artículo 4.1. de la Ley 28027, Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera, a partir de la vigencia de referida Ley y por el lapso de doce (12) meses, quedaba suspendida la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y similares sobre los activos de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tuviera participación accionaria y que, a la fecha de entrada en vigencia de la referida Ley, no hubieren transferido más del cincuenta por ciento (50%) del capital social ya sea mediante venta de acciones o emisión de nuevas acciones. Los embargos preventivos o definitivos en forma de inscripción sobre los bienes inmuebles o muebles registrables, así como las garantías reales continuarían inscritas pero no podrían ser materia de ejecución. Durante el referido período, los acreedores no podían iniciar contra las empresas agrarias azucareras ninguno de los procedimientos concursales establecidos en la Ley Nº 27889. En adición a ello y de conformidad con el artículo primero de la Ley N° 28885, publicada el 23 de setiembre de 2006, se ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2008, el plazo establecido en la norma referida. Asimismo, se estableció que las empresas azucareras procederían a presentar ante el Ministerio de Agricultura un Programa de Reflotamiento Empresarial que incluiría un Plan de Inversiones, asimismo un Programa de Reconocimiento y Cronograma de Pagos, según las obligaciones contraídas con el Estado y con terceros. Por último, quedaban suspendidos en el estado en que se encuentren los procesos concursales iniciados después de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 058- 98. 

4. El plazo de vigencia del régimen de protección patrimonial aludido ha sido prorrogado en varias oportunidades (Leyes N° 28288, 28448, 28662 y 28885) hasta que mediante el artículo 1º de la Ley N° 28885, dicho plazo fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2008, plazo este último que a su vez ha sido de nueva prórroga hasta el año 2010. Finalmente, por Ley 29678, se ha producido una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2011. 

5. En la práctica jurisprudencial, la interpretación constitucional respecto a la Ley de Protección Patrimonial aplicada por el Tribunal Constitucional, ha seguido los criterios de la STC 579-2008-PA/TC caso Becerra Leyva[3], cuyos fundamentos jurídicos 33 y 34 desarrollan propiamente la ratio decidendi de esta decisión. Dicha decisión, por mayoría,  establece que no existe afectación constitucional al estimarse prevalente, vía aplicación del principio de proporcionalidad, la Ley de Protección Patrimonial, frente al derecho fundamental a la efectividad de las resoluciones judiciales. 

6. Sin embargo, con la STC 02204-2010-PA/TC, de fecha 03 de mayo de 2011, el Tribunal Constitucional ha manifestado, aunque por mayoría[4], en sendos votos[5], y sin hacer referencia a la Ley 29678, última modificatoria del régimen de Protección Patrimonial, cambiando su posición anterior, respecto a la prevalencia del derecho a la propiedad y al trabajo, por la ponderación del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.

 

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional 

7. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decidor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.    

8.  Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el transito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§ Análisis del caso concreto 

9. Reviste suma importancia examinar en el caso sub judice, en este examen liminar de admisión de la demanda, si la nueva posición del Tribunal Constitucional tiene efecto vinculante respecto a la pretensión formulada, siendo la posición de esta Sala afirmativa al respecto, en tanto no podemos dejar de lado que se trata de una posición en mayoría por parte del propio Tribunal, interpretación que corrige la anterior posición de prevalencia de los derechos fundamentales contrapuestos, esto es, los derechos a la propiedad y al trabajo, de una parte, y de otra parte, a la efectividad de las resoluciones judiciales. 

10. La nueva posición del Tribunal alude a la necesidad de cumplir con honrar las obligaciones asumidas, confiriéndole jerarquía axiológica móvil al derecho a ejecutar una resolución judicial por sobre la situación patrimonial de las empresas obligadas. Y ciertamente aunque no se hace referencia al contexto de la nueva Ley de prórroga respecto al año 2011, resulta evidente que el argumento determinante de la nueva posición del Tribunal Constitucional, alude al exceso del tiempo en el cumplimiento de la obligación. En tal sentido, la omisión de referencia a la nueva norma, apreciamos, no incidiría de modo taxativo sobre el juicio de valor emitido sino como argumento complementario.

11. Finalmente, si bien la nueva posición del Tribunal no constituye en estricto precedente vinculante, pues no hay contextos referidos a ello, sí se trata de una relectura constitucional del ejercicio de ponderación de derechos fundamentales, expresados en una mayoría del Tribunal, circunstancia que esta Sala no puede obviar y que a pesar de nuestros fallos anteriores desestimatorios contra acciones tendientes a declarar la inaplicabilidad de las normas de protección patrimonial, ahora nos vemos precisados, dado el nuevo contexto, a reevaluar, variando en adelante nuestra posición al respecto. 

12. En ese orden de ideas, no resulta atendible la demanda y corresponde confirmar el rechazo liminar en cuanto las exigencias de pago de los actores contrarios a la ahora accionante, se circunscriben a demandar sumas que, siguiendo la interpretación del Tribunal Constitucional arriba referida, deben ser honradas. 

13. Es preciso insistir en que los jueces del Poder Judicial nos vemos vinculados por las decisiones del supremo intérprete de la Carta Fundamental y en ese rigor interpretativo, consideramos que el criterio vertido en el caso Becerra Leyva- STC 579-2008-PA/TC- sufre una modificación sustantiva a partir de la nueva posición enunciada por el Tribunal, aspecto que deviene en una demanda fundada.  

14. Finalmente, en términos procedimentales, la nueva interpretación del derecho a ejecutar una resolución judicial conduce a un nuevo contexto procesal pues el alegato de si corresponde a una deuda concursal o no, debe subsumirse en la premisa de mandato de pago asumida por el Tribunal Constitucional. En su defecto, corresponde a los canales procesales de la Ley Concursal propiamente dicha si acatan esta nueva interpretación del supremo intérprete, actividad respecto a la cual a los órganos jurisdiccionales nos compete ejercer control constitucional respecto de las decisiones que adopten en el curso de los actuados concursales.  

 

DECISIÓN:  

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado que DECLARA IMPROCEDENTE in limine la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

RODAS RAMÍREZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] Artículo VII.- Precedente 

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. 

[2] Artículo Vl.- Control Difuso e interpretación constitucional   

(…) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

[3] STC 579-2008-PA/TC.  Caso Becerra Leyva. 

“33. (…) tenemos que el grado de realización o satisfacción del objetivo propuesto por el legislador que en este caso, es lograr el desarrollo, reactivación y saneamiento económico y financiero de las empresas agrarias azucareras, así como la promoción del empleo y la disminución de la pobreza, disponiendo para ello la suspensión temporal de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y ejecución de sentencias resulta ser elevado, en la medida que sin dicha medida el objetivo constitucional no sería posible de realizar, en la medida que una empresa cuyos bienes se encuentran próximos a ser ejecutados difícilmente podría conseguir las alianzas económicas necesarias para su reactivación. Esto muestra que con una leve intervención en el ámbito del derecho a la ejecución de las sentencias, se logra por otro lado un grado de satisfacción elevado a favor de los derechos y fines constitucionales a los que busca proteger la medida de protección legal de la industria azucarera en el norte del país.

34. Cuando es posible establecer de manera racional que una medida de restricción de baja o leve intensidad logra niveles de satisfacción altos o elevados, la conclusión que resulta es que el medio empleado (ley) ha pasado el test de proporcionalidad y debe considerarse que estamos ante una restricción legítima desde la perspectiva constitucional”. 

[4] STC .02204-2010-PA/TC. Caso José Quiroz Aguilar. Fundamento voto Vergara Gotelli y Urviola Hani 

4. (…) consideramos necesario reiterar la posición expresada (…)  respecto a que no puede ampararse el incumplimiento de obligaciones bajo leyes que prorrogan eternamente un plazo, deslegitimando la finalidad para la que inicialmente se adoptó dicha medida. Asimismo cabe mencionar que posteriormente, con fecha 17 de diciembre de 2008 (fecha posterior a la decisión del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 00579-2008-PA) se ha emitido la Ley N° 29299, que vuelve a ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2010, lo que ya evidencia una burla con el aval de normatividad que promueve la mentira y el incumplimiento de obligaciones pecuniarias. 

[5] STC .02204-2010-PA/TC. Caso José Quiroz Aguilar. Fundamento voto Calle Hayen 

8. (…) es especialmente relevante considerar que en el caso concreto la pretensión deriva de un derecho constitucional de carácter irrenunciable como es la remuneración, derecho que tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador conforme reza el artículo 24º de la Constitución “[e]l trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para el y su familia el bienestar material y espiritual”; además, la ejecución  proviene de una sentencia favorable al trabajador

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Reincoporación de trabajadores de confianza al cargo anterior.

26 agosto, 2013

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NRO. : 04579-2011-PA/SPJ

DEMANDANTE: CESAR HUANCAS VELASCO

DEMANDADO: ELECTRONORTE SA

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.  

En Chiclayo, a los 22 días del mes de enero de 2013, la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, integrada por los magistrados Rodas Ramírez, Figueroa Gutarra y Pineda Ríos, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto de fecha 20 de setiembre de 2012, que CORRIGE la resolución de fecha 21 de setiembre de 2012, y precisa que el cargo en el que será repuesto el actor será en el de asistente legal.

 

ANTECEDENTES  

La Sala Especializado en lo Civil de Chiclayo mediante resolución Nº 11 del proceso sub judice, requirió a la demandada la inmediata reposición del recurrente en el cargo que venia desempeñando, esto es, como Jefe de Recursos Humanos de Electro Norte S.A.,, o en uno similar y en las mismas condiciones. Posteriormente, la resolución Nº 12 (p. 144 – 146), resolución ahora apelada, corrige la resolución Nº 11, indicando que el cargo en el cual debe ser repuesto el demandante, es el de asistente legal. 

La impugnación formulada por el demandante (p. 150 – 154) indica que existe una evidente trasgresión al efecto restitutorio del proceso de amparo, debido a que la resolución número 11 requirió a la demandada la inmediata reposición del recurrente en el cargo que venía desempeñando, esto es, como Jefe de Recursos Humanos o en uno similar y en las mismas condiciones. Señala, adicionalmente, que hay vulneración a su derecho al trabajo pues se ha recortado su remuneración al asignársele funciones de asistente y no de Jefe de Recursos Humanos.

 

§ La reincorporación de trabajadores de confianza al cargo anterior  

1. En circunstancias regulares, la designación de un trabajador de confianza impone al empleador el cumplimiento de determinadas obligaciones[1] bajo la lógica de que se trata de una designación especialísima, es decir, el trabajador de confianza va a laborar con el empleador en modo cercano y ha de conocer determinados procedimientos muy propios del negocio. En caso de extinción del vínculo laboral por retiro de confianza, estos trabajadores solo disponen de un régimen resarcitorio- de orden económico- y no restitutorio- de reincorporación- en razón de su cercanía al empleador. Esta condición justificaría solo una compensación económica antes que una reincorporación.  

2. De otro lado, el despido de un trabajador de confianza si antes ha ocupado un cargo ordinario, ha sido abordado por la jurisprudencia constitucional,[2] desde la posición de que se produciría un abuso del derecho si el empleador despidiese al servidor de confianza alegando como única cuestión el retiro de tal condición. 

3. En esa lógica y en vía de desarrollo de las premisas anteriores, a fin de evitar abusos laborales, la previsión técnico procedimental es que la reincorporación ha de producirse al puesto anterior, con los rangos y beneficios propios del cargo antes desempeñado, dada la eliminación del rango de confianza. 

 

§ Análisis del caso concreto

4. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la decisión del A-quo ha sido congruente en la medida que no resulta viable reincorporar al demandante con la remuneración de Jefe de Recursos Humanos sino, en propiedad, con la de asistente, en concordancia con el sentido resolutivo de la ejecutoria del Tribunal Constitucional arriba referida. 

5. En efecto, dado que el demandante es reincorporado a su plaza de trabajo, si bien es cierto que inicialmente se previó la Jefatura de Recursos Humanos, es pertinente seguir la lógica de razonamiento de que la Jefatura referida supra corresponde a un cargo de confianza, puesto en el que no puede darse la restitución por la propia naturaleza de la función de confianza, más aún cuando esta asignación de responsabilidad es potestativa del empleador, aspecto que goza de la regulación prevista por el artículo 59° del Reglamento del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

6. Más aún, la reposición del actor no puede entenderse como un enunciado lingüístico sino necesita entenderse el sentido interpretativo propio de la reincorporación, la cual salvaguarda el derecho del trabajador mas respecto de la plaza que es pertinente reasignarle, en este caso, la de asistente legal, rango que sí goza de la protección tutelar de un proceso iusfundamental, y no así la condición de Jefe de Recursos Humanos, atribución que se ubica en el ámbito de la potestad de designación del empleador, máxime si tal tarea reviste la condición de cargo de trabajador de confianza. 

7. En la lógica expuesta, la corrección del A-quo se inserta dentro de la interpretación constitucional ya asumida por el supremo intérprete de la Carta Fundamental en nuestro ordenamiento jurídico y por tanto, corresponde validar la decisión asumida.   

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la facultad que le confiere la Constitución Política del Estado, CONFIRMA el auto apelado que CORRIGE la resolución de fecha 21 de setiembre de 2012, y precisa que el cargo en el que será repuesto el actor será en el de asistente legal.

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

RODAS RAMÍREZ

FIGUEROA GUTARRA

PINEDA RÍOS


[1] STC 8257-2006-PA/TC. Caso Martha Tafur

5. (…) el artículo 59° del Reglamento del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que para la calificación de los puestos de confianza el empleador deberá, entre otros requisitos, consignar en el libro de planillas y en las boletas de pago la calificación correspondiente. Además el artículo 60° del citado Reglamento señala que tal requisito es una formalidad que debe observar el empleador. 

6. En consecuencia podemos inferir que la categoría personal de dirección está asociada a aquel personal que está directamente vinculado al empleador y que comparte sus intereses, incluyendo dentro de esta categoría tanto al personal de dirección como al personal de confianza propiamente dicho, a los que hace referencia la ley.  

7. Tal como ya fue señalado por este Tribunal en la STC N.° 1651-2005-PA, la inobservancia de la formalidad establecida por el Reglamento del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral no enerva el hecho de que el trabajador pueda ser considerado como personal de confianza, si es que de la naturaleza de las funciones desempeñadas se desprende alguna de las particularidades reseñadas en el fundamento precedente. 

[2] STC 8257-2006-PA/TC. Caso Martha Tafur 

8. Sin embargo tal criterio tiene una excepción por cuanto no procede en el supuesto de que el trabajador, después de haber venido laborando en un cargo ordinario, hubiera variado su calidad a personal de confianza, en cuyo caso, de producirse el retiro de la confianza, no corresponderá como consecuencia la ruptura del vínculo laboral sino el retorno del trabajador al puesto que había venido desempeñando anteriormente. Suponer lo contrario, es decir, que incluso en tales casos el retiro de la confianza implica la ruptura del vínculo laboral significaría permitir un abuso del derecho del empleador, el cual es prohibido por el artículo 103° de la Constitución, dado que podría darse el caso de que se varíe la calidad de un trabajador a “trabajador de confianza”, con el propósito de despedirlo más adelante aduciendo la pérdida de la misma.

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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Improcedencia del habeas corpus. Criterios caso Esteban Camarena

5 marzo, 2013

   

SALA MIXTA VACACIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 6136-2012-PHC/SPJ

BENEFICIARIO: OSCAR HORNA DAVILA

DEMANDADO: VICTOR MONTEZA BASAURI Y OTROS

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 05 días del mes de febrero de 2013, la Sala Mixta Vacacional, integrada por los Magistrados Zamora Pedemonte, Silva Muñoz y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Oscar Horna Dávila contra la sentencia de fecha 20 de diciembre de 2012, que DECLARA INFUNDADA la demanda de habeas corpus de autos.

 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone proceso de habeas corpus (p. 01-08) y solicita se declare la nulidad del juicio oral realizado por el Colegiado “B” de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, incluidas las decisiones de la Sala Penal de Apelaciones y de la Corte Suprema, en el proceso 3591-2010 sobre cohecho pasivo propio, en agravio de la Dirección Regional de Salud. Acota que no obstante haber admitido el ahora beneficiario los cargos imputados por el Ministerio Público, se desaprueba la aceptación y se dispone la continuación de la audiencia para finalmente imponérsele 6 años de pena privativa de libertad, 03 años de inhabilitación y S/ 5,000 por reparación civil. 

La sentencia impugnada (p. 104-109) desestima la demanda pues considera que el Colegiado consideró, respecto a su decisión, la actuación de otros medios de prueba y que esta facultad le ha sido concedida por el artículo 372 del Código Procesal Penal. 

La apelación formulada (p. 2115-117) incide en que ningún extremo de la sentencia se ha pronunciado respecto a la obligación que tiene el juez de dictar la conclusión del juicio cuando el acusado acepta los cargos, así como que no se ha tenido en cuenta que una vez dada la aceptación de responsabilidad, no hay nada más en debate salvo algún cuestionamiento de la pena. 

 

FUNDAMENTOS

 

§ Las causales de improcedencia en los procesos de habeas corpus  

1. En vista de que la improcedencia del proceso constitucional de habeas corpus no ha sido delimitada en el Derecho Positivo, la respuesta jurisprudencial ha pretendido llenar ese vacío con la STC 06218-2007-HC/TC caso Víctor Esteban Camarena.[1]

2. Dicho fallo precisa los pasos conjuntos a determinar para la procedencia del habeas corpus, resultando útil para los jueces constitucionales la fijación de un grupo de pautas previas a efectos de determinar la protección del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la libertad personal y de los derechos conexos a ella, en relación a los actos denunciados como vulneratorios de dichos derechos. Un detalle de relevancia es la fijación de pautas procedimentales para la determinación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la libertad personal y derechos conexos..

3. Con los pasos señalados, la amplia libertad de protección que identifica a este tipo de procesos podría traducirse, también, en una oposición entre las concepciones numerus apertus y numerus clausus. A este respecto, un razonamiento congruente podría incidir en que si este tipo de procesos no admite restricciones respecto a los derechos que defiende, no sería consecuente que admita causales de improcedencia. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional debe ponderar la existencia de un justo medio que permita, idóneamente, un adecuado balance entre las pretensiones que realmente inciden en la defensa de la libertad personal y sus derechos conexos, y no respecto de las formulaciones cuyo objeto es convertirse en mecanismos deux et macchina[2]

4. El habeas corpus debe seguir gozando de las extensas prerrogativas que le confieren la Constitución y la ley, en eso no existe duda alguna, mas de otro lado, resulta necesario equilibrar la balanza de la justicia constitucional y fijar contenidos de improcedencia cuando no concurren realmente justificaciones fácticas que desnaturalizan esta extraordinaria herramienta de protección de la libertad personal.      

 

§ Análisis del caso concreto

 

5. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, no apreciamos una vulneración manifiesta de los derechos enunciados por el actor en tanto los órganos jurisdiccionales A quo y Ad quem, desarrollan un ejercicio de motivación que, a juicio de este Tribunal, resulta cuando menos suficiente. 

6. Hemos de recurrir, para este efecto, a los pasos procedimentales que fija el caso Esteban Camarena, a fin de poder cerciorarnos del real contexto material de la demanda. 

7. En relación a que el juez constitucional deba identificar el derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían verse afectados por actos arbitrarios de la parte emplazada, consideramos que en apariencia se denunciaría una afectación al debido proceso como derecho conexo a la libertad individual, pues en rigor se refiere el demandante a que al no haber sido aceptada la responsabilidad formulada por el mismo procesado, entonces se le ha afectado en sus derechos. Y sin embargo, debemos ver cuál es la intensidad de esa afectación en tanto solo una vulneración gravísima debiera generar una demanda fundada. 

8. Respecto a la exigencia de que el juez constitucional deba identificar la verdadera pretensión del demandante, consideramos que, en rigor, el actor busca igualmente cuestionar la pena impuesta pues de la exposición de la demanda, habría previsto el actor que si se aceptaba su responsabilidad, entonces le habría correspondido una pena menor, dado el contexto a que obedece una admisión de cargos, lo cual genera un juzgamiento célere. Sin embargo, este objetivo no es determinante en cuanto a que deba necesariamente darse, en la medida que si el Colegiado no acepta la admisión de cargos, es potestad[3] del mismo considerar una denegatoria, sea porque la causa es compleja  o bien si advierte fundados motivos de la necesidad de llevar adelante el juicio oral.   

9. Por último, en cuanto a que el juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión del demandante forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos fundamentales que son objeto de tutela del proceso de hábeas corpus, nos persuadimos de que no hay vulneración de los derechos involucrados en tanto, reiteramos, el Tribunal ha ejercido una facultad que la ley le confiere y que no incide en un ámbito de subjetividad sino de discrecionalidad.  

10. Esta última diferencia es relevante en tanto los actos discrecionales no obligan al juez, dado su carácter de gradualidad, sino los actos taxativos que en sí constituyen mandatos de hacer o no hacer. Ciertamente el imputado admitió los cargos imputados y sin embargo, el Tribunal se reservó la potestad de realizar un control de legalidad de esa admisión de cargos y dadas las fundadas razones advertidas por dicho órgano, éste consideró llevar adelante el juzgamiento. A su turno, constatado el control de constitucionalidad que nos compete como órgano iusfundamental, no observamos trasgresión alguna a los derechos del beneficiario.  

11. Finalmente, no dejemos de lado que hubo una función correctora sin resultados contrarios por parte de los órganos superiores- Sala Superior y Corte Suprema- y por tanto, no habiéndose advertido situación alguna en contrario en la función nomofiláctica de los órganos de revisión, corresponde confirmar la decisión apelada. En esa lógica, consideramos que la demanda deviene improcedente.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia apelada que DECLARA INFUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

ZAMORA PEDEMONTE

SILVA MUÑOZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 062182-007-PHC/TC. Caso Esteban Camarena 

Este Tribunal considera que la aplicación de la causal de improcedencia (…) debe ser examinada en tres pasos de evaluación conjunta: 

a En primer lugar, el juez constitucional debe identificar el derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados. En esta actividad el juez, conforme a la obligación constitucional de protección de los derechos fundamentales, debe dejar de lado aquellas interpretaciones formalistas y literales sobre los derechos presuntamente afectados para dar paso a la búsqueda e identificación de aquellos otros derechos fundamentales, que si bien no hubiesen sido mencionados expresamente en la demanda, son plenamente identificables desde una lectura atenta de los hechos contenidos en la demanda.  

b En segundo lugar, el juez constitucional debe identificar la verdadera pretensión del demandante. Para ello debe tenerse presente no solo el petitorio sino también todos los hechos alegados en la demanda, es decir, que la demanda debe ser examinada en su conjunto.  

c. En tercer lugar, el juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión del demandante forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos fundamentales que son objeto de tutela del proceso de hábeas corpus. Si la pretensión no busca proteger tal contenido, la demanda debe ser declarada improcedente.  

[2] Cfr. STC 0728-2008-PHC/TC Caso Giuliana Llamoja 

40: (…) este Tribunal Constitucional considera que el hábeas corpus contra resoluciones judiciales firmes no puede ni debe ser utilizado como un deux ex machina, esto es, como algo traído desde afuera para resolver una situación, donde se pretenda replantear una controversia ya resuelta debidamente por los órganos jurisdiccionales ordinarios, sino que debe ser utilizado, sí y solo sí, cuando sea estrictamente necesario, con el único propósito [finalidad constitucionalmente legítima] de velar por que en el ejercicio de una función no se menoscaben la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales reconocidos a los justiciables, y que ello signifique una restricción al derecho a la libertad individual o los derechos conexos a ella.

[3] Código Procesal Penal. Artículo 372 Posición del acusado y conclusión anticipada del juicio. 

1. El Juez, después de haber instruido de sus derechos al acusado, le preguntará si admite ser autor o partícipe del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil.

 2. Si el acusado, previa consulta con su abogado defensor, responde afirmativamente, el Juez declarará la conclusión del juicio. Antes de responder, el acusado también podrá solicitar por sí o a través de su abogado conferenciar previamente con el Fiscal para llegar a un acuerdo sobre la pena para cuyo efecto se suspenderá por breve término. La sentencia se dictará en esa misma sesión o en la siguiente, que no podrá postergarse por más de cuarenta y ocho horas, bajo sanción de nulidad del juicio. 

3. Si se aceptan los hechos objeto de acusación fiscal, pero se mantiene un cuestionamiento a la pena y/o la reparación civil, el Juez previo traslado a todas las partes, siempre que en ese ámbito subsista la contradicción, establecerá la delimitación del debate a la sola aplicación de la pena y/o a la fijación de la reparación civil, y determinará los medios de prueba que deberán actuarse. (…)

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Debido procedimiento administrativo

6 febrero, 2013

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE Nro: 1238-2012-PA/SPJ

DEMANDANTE: JOSE REAÑO FUENTES

DEMANDADO: LUIS CACERES CERVANTES Y OTROS

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 17 días del mes de diciembre de 2012, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Narciso Oliva Sánchez contra la sentencia de fecha 05 de julio del 2012, que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo de autos y deja sin efecto la expulsión sindical del demandante.

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 75-81) solicita se declare sin efecto la Resolución Nº 002-CDN-FEDCUT-ESSALUD-2012 en el extremo que declara infundado el recurso de apelación del demandante contra la Resolución Nº 004-S- CUT-HB-AAA-RAL-JAV-ESSALUD-2012, de fecha 26 de marzo del 2012. Dicha resolución expulsa al actor de la organización sindical y sin embargo, la organización demandada adolecía de legitimidad gremial para obrar en cuanto adoptó la decisión. Alega el emplazante vulneración a su derecho a la libertad sindical.

La contestación de la demanda (p. 127-135) deduce las excepciones de oscuridad y ambigüedad en el modo de proponer la demanda y falta de legitimidad para obrar del demandado. En cuanto al fondo, solicita que la demanda sea declarada infundada. Precisa que la sanción impuesta al demandado se debió a que éste irrumpió, en estado de ebriedad y junto con otros afiliados del sindicato, en la asamblea convocada para la elección del Comité Electoral. El juzgado declara no contestada la demanda por extemporánea.

La sentencia apelada (p. 137-142) declara fundada la demanda por considerar que la sanción impuesta en contra del accionante, consistente en su expulsión del sindicato, no se encuentra arreglada a lo dispuesto en el Estatuto y que no existe material probatorio suficiente que acredite que el actor haya incurrido en una conducta notoriamente perjudicial a los intereses comunes del Sindicato. Indica que la demandada habría vulnerado el derecho al debido proceso y por ende, el derecho a la defensa del actor.

La apelación interpuesta (p. 147-151) precisa que el Juzgador no ha realizado una adecuada valoración de los medios de prueba y que existe una marcada contradicción entre lo resuelto y lo alegado por el accionante. Asimismo, precisa que no es facultad del Juzgador subrogarse en la voluntad de la Asamblea General e interpretar cómo se deben aplicar los Estatutos, en tanto tal atribución se halla reservada al órgano máximo de la institución.

FUNDAMENTOS 

§ Debido procedimiento administrativo 

1. El desarrollo de nuestra jurisprudencia constitucional ha afianzado, dentro del derecho fundamental al debido proceso, la configuración del debido procedimiento administrativo como un elemento material sustantivo de derecho continente que representa el debido proceso.[1] La premisa es que aún cuando los actos particulares gozan de un margen de autonomía propiamente dicha, si existen aspectos sancionadores en la decisión de la Administración, la resolución a emitirse deberá proscribir todo acto de arbitrariedad pues ésta es incompatible con un Estado Democrático y Social de Derecho.

2. En efecto, la interdicción de la arbitrariedad resulta un elemento fundamental en el respeto, observancia y vigencia de los derechos fundamentales, y como tales, los actos administrativos inter privatos, o entre particulares, en caso de ser sancionatorios, igualmente se encuentran afectos a un control constitucional bajo el principio de irradiación de los derechos fundamentales.

§ Análisis del caso concreto

3. Esta Sala de Derechos Fundamentales estima pertinente confirmar la decisión cuestionada toda vez que la parte emplazada no cumplió con la normatividad estatutaria sindical concerniente al caso que nos ocupa.

4. En efecto, se puede advertir de la Resolución Nº 041-2012-GR-LAMB/DRTPE-DRGDLGAT (p. 3-5), la cual tiene por no presentada la solicitud de inscripción de la nueva Junta Directiva del Sindicato Centro Unión de Trabajadores del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo,  que existen una serie de irregularidades, consistentes en la falta de actualización del padrón de los asociados, así como un número incorrecto de afiliados a la fecha de presentación del pedido, entre otros aspectos, lo cual da lugar a la falta de eficacia de los actos y decisiones de la Junta Directiva.

5. En ese orden de ideas, a la fecha de interposición de la sanción en contra del accionante, consistente en la expulsión definitiva del mismo del Sindicato, la Junta Directiva no se hallaba legitimada conforme a ley, aspecto que es reseñado con amplitud por el A quo en los fundamentos jurídicos 11 y 12 de la decisión impugnada.

6. Lo antes acotado es de suma relevancia pues queda en claro que son potestades, atribuciones y prerrogativas de la Junta Directiva o de la Asamblea, según corresponda, sancionar a los asociados que incurran en manifiestas infracciones a los Estatutos de la organización y sin embargo, la imposición de sanciones debe gozar de condiciones habilitantes previas como la idoneidad del órgano sancionador, aspecto que no ocurre en el caso de autos, en el cual observamos un conjunto de deficiencias en los actos administrativos ejecutados por el ente sancionador.

7. De la misma forma, la exigencia de motivación en la imposición de la sanción al demandante, es otra condición que no puede ser soslayada en tanto de la constatación de la resolución de expulsión (p. 7-8), solo verificamos la referencia a la irrupción del actor en estado de ebriedad mas no existe ninguna otra fundamentación idónea, suficiente y congruente respeto de la falta atribuida, como circunstancias, oportunidad en la cual los hechos ocurrieron, descripción específica y detallada de los hechos cometidos por el sancionado, entre otros aspectos sustantivos, lo cual debe ser asimilado como una grave omisión al deber de motivar, más aún si se trata de una decisión sancionatoria por parte de la Directiva Sindical.

8. En tal sentido, la separación del actor del Sindicato por la supuesta comisión de falta grave no puede surtir los efectos legales del caso por incumplimiento de normas esenciales del debido procedimiento administrativo.

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,  CONFIRMA la sentencia que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo de autos y deja sin efecto la expulsión sindical del demandante 

Publíquese y notifíquese.

SS. 

HUANGAL NAVEDA

RODAS RAMIREZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 4289-2004-AA/TC. Caso Oliver Pinto

4. El fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo, encuentra sustento en el hecho de que tanto la administración como la jurisdicción están indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de modo que si la administración resuelve sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional.(…)  

La garantía constitucional de la motivación del acto administrativo sancionador 

6. En la STC 2192-2004-AA/TC, este Tribunal señaló que “La motivación de las decisiones administrativas no tiene referente constitucional directo. No obstante, se trata de un principio constitucional implícito en la organización del Estado democrático de derecho, que se define en los artículos 3º y 43º de la Constitución como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En el Estado constitucional democrático, el poder público está sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuación de la Administración deberá dar cuenta de esta sujeción a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administración deben contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Caducidad de medida cautelar constitucional

31 enero, 2013

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro: 00085-2011-PC/SPJ

DEMANDANTE: ELMER CANCINO VALLEJOS

DEMANDADO: SATCH

MATERIA: ACCION DE AMPARO – MEDIDA CUTELAR

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.  

En Chiclayo, a los 05 días del mes de octubre de 2012, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por  José Limo Castillo contra: 

  • El auto de fecha 5 de diciembre de 2011, que declara infundada la oposición a la medida cautelar presentada por el demandante.
  • El auto de fecha 28 de diciembre de 2011, el cual declara improcedente la cancelación de medida cautelar.  

 

ANTECEDENTES  

Concedida la medida cautelar en el caso de autos (p. 43-44), la emplazada formula oposición (p.56-59) y pide que se revoque la resolución cuestionada en razón de que el personal CAS solo tiene derecho a un régimen de estabilidad laboral relativa, es decir, ante un despido injustificado, no tiene derecho a reposición sino tan solo indemnización. 

El auto número cuatro (p. 67-68), de fecha 5 de diciembre de 2011, declara infundada la oposición, estableciendo que si ampara la oposición, ello implicaría adelantarse a la decisión final. 

El recurso de apelación contra el auto número cuatro (p.80-83)  establece que existe una apreciación errónea de los hechos, reiterando que el contrato CAS solo consolida  un régimen de estabilidad laboral relativa. 

El auto numero cinco (p.73-74), de fecha 28 de diciembre de 2011, a su turno, declara improcedente el pedido de cancelación de medida cautelar, en razón de que el argumento legal invocado, referido a la caducidad contemplada por el artículo 630 del Código Procesal Civil, no es aplicable al caso de autos. 

La impugnación contra el auto número cinco (p.85-88) señala que sí es de aplicación el artículo 630 del Código Procesal Civil, en tanto la Sala Constitucional ha declarado improcedente la demanda. Acota que no se ha ofrecido contracautela y, consecuentemente, la solicitud de cancelación de la medida si resulta amparable.     

 

FUNDAMENTOS 

§ La lógica de los procesos constitucionales y los derechos fundamentales 

1. Las premisas procedimentales de la jurisdicción ordinaria siguen la lógica de la jurisdicción de las normas- regla, en razón de la necesidad del criterio de aplicación de la ley, perfilando esta previsión un sentido fuerte de aplicación normativa, necesario para la difusión de los conflictos de las normas como mandatos definitivos. 

2. Sucede una variación de esta lógica cuando aludimos a procesos constitucionales, en razón de que el elemento prevalente de análisis respecto a los derechos que se dilucidan en sede iusfundamental, es precisamente un contenido axiológico de los derechos fundamentales, los cuales, en muchos casos, hacen referencia a un contenido ético de los mismos, el cual no puede ser soslayado por los jueces constitucionales en tanto constituyen mandatos de optimización.   

3. En consecuencia, las reglas relativas al proceso de la jurisdicción ordinaria serán aplicables en razón de las previsiones de supuestos normativos, así como a su turno serán de aplicación los principios en las colisiones de derechos fundamentales, guiándose éstos por un razonamiento que no excluye totalmente el criterio de racionalidad pero que a su turno se ve exigido por el principio de razonabilidad, en cuanto debe advertirse la primacía de los principios frente a las reglas. 

4. A lo acotado debemos sumar que si respecto de los procesos constitucionales concurren reglas de aplicación con enunciados definidos, no deviene necesaria la aplicación de las normas procesales civiles cuya función relevante es, valga reiterarlo, de supletoriedad, frente a los procesos constitucionales. En suma, si existe supuesto claro de aplicación en sede constitucional, ya no es aplicable la regla procesal civil, pues ésta solo es supletoria respecto al proceso constitucional en ausencia de norma definida, y la supletoriedad se produce respecto de un vacío y no frente al supuesto de la norma concreta. 

 

§ La caducidad de las medidas cautelares constitucionales  

5. Conforme al artículo 16 del Código Procesal Constitucional[1], si la medida cautelar respecto a derechos fundamentales extiende sus efectos hasta que tenga lugar sentencia con autoridad de cosa juzgada, consideramos válido inferir que aún cuando se produzca una revocatoria de segunda instancia respecto a una medida cautelar fundada, ésta no caduca en tanto se pueda verificar que el proceso aún continúe, siempre que por supuesto exista la interposición de recurso de agravio constitucional. 

6. Esta naturaleza de conservación de la medida cautelar tiene lugar hasta la dación de la decisión final del Tribunal Constitucional, de corresponder, y podrá estimarse que caduca la medida cautelar si existe fallo denegatorio final, caso en el cual sí se sigue la lógica procesal civil,[2] o que la misma se convierte en definitiva, si ocurriere la estimación de la demanda. 

7. La naturaleza de la conservación obedece, a juicio nuestro, a que la medida cautelar constitucional protege derechos fundamentales y de ahí la necesidad de un enunciado más tutelar de los derechos especialísimos en juego.

 

§ Análisis del caso concreto 

8. En el caso que nos ocupa es pertinente señalar que, de acuerdo a la norma procesal civil arriba glosada, no corresponde declarar la caducidad de la medida cautelar en tanto existe una norma procedimental propia de los procesos constitucionales respecto a la caducidad de la medida. Por tanto, frente a la regla establecida en lo constitucional, no deviene aplicable la caducidad de la medida solicitada en el caso de autos. 

9. Respecto al agravio producido por la resolución número 4, al haberse declarado infundada la oposición, consideramos que asumiendo el criterio vertido en el considerando octavo de esta decisión, deviene necesario, por ahora, confirmar el  pronunciamiento del A-quo, en tanto obra de la misma forma, en estos actuados, un pedido de caducidad y en forma válida, ambas cuestiones se remiten a la necesaria definición de si existe cosa juzgada en este proceso, más aún si es razonable evitar pronunciamientos contradictorios.[3] 

10. De la misma forma, si bien este mismo ponente ha suscrito el voto señalando la improcedencia de la demanda en el proceso principal (p. 69-71), prevemos que el aspecto arriba señalado en relación a la caducidad de la medida cautelar, resulta necesario definirse en tanto exista sentencia definitiva.

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA los autos número 4, que declara infundada la oposición a la medida cautelar presentada por el demandante, y número5, que declara improcedente la cancelación de medida cautelar. 

Publíquese y notifíquese.

Ss.

HUANGAL NAVEDA

RODAS RAMIREZ

FIGUEROA GUTARRA

 


[1] Código Procesal Constitucional. Artículo 16.- Extinción de la medida cautelar               

La medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha adquirido la autoridad de cosa juzgada. (…)

[2] Código Procesal Civil. Artículo  630.- Cancelación de la medida. 

Si la sentencia en primera instancia desestima la demanda, la medida cautelar queda cancelada de pleno derecho, aunque aquella hubiere sido impugnada.(…)  

[3] Del sistema informático interno, verificamos que existe recurso de agravio constitucional y los autos han sido remitidos al Tribunal Constitucional con fecha 11 de diciembre de 2011.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Distorsión de locación de servicios en consultores

14 diciembre, 2012

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.   : 3385-2011-PA/SPJ

DEMANDANTE: HEBERT TAPIA CARUAJULCA

DEMANDADO: COFOPRI

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.  

En Chiclayo, a los 18 días del mes de setiembre de 2012, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Jorge Guizado Salcedo, Procurador Público del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, contra la sentencia de fecha 08 de marzo de 2012 que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por Hebert Tapia Caruajulca y ordena su reincorporación laboral.

 

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 236-244) solicita se declare nulo y sin  valor legal alguno el despido de hecho e incausado de fecha 01 de agosto de 2011 y se ordene la reincorporación laboral del demandante en el mismo cargo, nivel y remuneración que tenía hasta antes del cese en su puesto de arquitecto consultor de la entidad demandada. Precisa haber ingresado a laborar con fecha 01 de junio de 1999 bajo un contrato de locación de servicios. Alega vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso en su aspecto constitutivo a la defensa y al trabajo. 

La emplazada contesta la demanda (p. 260-266) y solicita que la demanda se declare improcedente pues solo ha existido contratos estándar de consultoría con el accionante, habiendo existido voluntad y autonomía de las partes en los contratos celebrados. 

La sentencia impugnada (p. 271-274) estima la demanda por considerar que el accionante fue despedido de manera incausada en tanto las actividades que desempeñaba se encontraban en relación directa con el objeto de la institución demandada. Considera, de igual forma, que la relación suscitada entre las partes cumple con los requisitos de un contrato de trabajo y, finalmente, que los contratos civiles se desnaturalizaron y se convirtieron en contratos de naturaleza indeterminada. 

La impugnación formulada (p. 290-296) incide en la improcedencia de la demanda y precisa que el Juzgador realiza una interpretación errada de los contratos de locación de servicios y el servicio de consultoría individual, así como una interpretación sui generis de los elementos esenciales para tipificar la relación contractual como una de naturaleza laboral de tal  forma que aplica indebidamente el principio de primacía de la realidad. Considera, de la misma forma, que el demandante no ha acreditado ser titular del derecho que invoca y que no se ha generado vínculo laboral alguno.  

 

FUNDAMENTOS 

§ Sobre la locación de servicios 

1. Esencialmente para labores de orden técnico y especialización se prevé la locación de servicios y los contratos no personales, pues ellos no suponen ningún tipo de sujeción del locador, quien por naturaleza inclusive presta su concurso especializado fuera de las instalaciones de la empresa o si lo hace en ella, existe una característica de alta especialización, no siendo aplicable para labores per se laborales. 

2. En estas modalidades no hay sujeción a un horario, pues existe autonomía de quien presta el servicio y también la alternativa de no ser exigible prestar personalmente el servicio, es decir, delegar la prestación en terceros. Adicionalmente, no se generan obligaciones sociales de ningún tipo. 

3. En cuanto se refiere a la locación de servicios, esta modalidad de contratación se rige por los artículos 1764 al 1770 del Código civil, los cuales establecen las funciones contractuales de una comitente, locataria o empresa, es decir, quien solicita un servicio, y un locador, o servidor independiente, quien presta el servicio.

 

§ Distorsión de la locación de servicios y exclusiones 

4. La distorsión en relación con esta figura se presenta cuando el empleador pretende introducir, con el objetivo de reducir costos laborales, la aplicación de una contratación extralaboral para puestos que reúnen las características de una relación laboral. De esta forma, las labores administrativas y sujetas a subordinación reciben el tratamiento de una contratación vía locación de servicios o de servicios no personales y generan, muchas veces por falta de previsión legal de los propios empleadores, y en los casos de comprobaciones objetivas en los procedimientos de inspección de trabajo, que la Autoridad Administrativa de Trabajo disponga, con los elementos de análisis del principio de primacía de la realidad, la inclusión de los servidores afectados en el Libro de Planillas de la empresa. Evidentemente estamos, pues, frente a criterios defectuosos en la correcta contratación del personal. 

5. No obstante ello, ¿podemos solo calificar de defectuosos dichos criterios disímiles en una locación de servicios? A juicio nuestro, no, pues no obstante el impedimento formal de no contratar en locación de servicios y servicios no personales a servidores que se saben van a desempeñar tareas propiamente laborales, muchos empleadores optan, a sabiendas, por aplicar esta modalidad en el supuesto no sólido de que se mantenga un statu quo en el cual se prevea que el servidor no va a reclamar. 

6. Y es cuando se produce la reclamación, con elementos de prueba veraces, que son aplicables los efectos de las disposiciones constitucionales protectoras de la relación de trabajo.[1] Debemos advertir, en estos casos, que los procesos de amparo precisamente actúan como mecanismos restitutorios de los derechos constitucionales afectados y la posición del juzgador, en caso de existir el aporte de prueba suficiente, será de efectivamente conceder tutela de urgencia pues ésa es la naturaleza de los procesos de amparo laborales que denuncian la afectación de derechos fundamentales en materia laboral. 

7. En ese sentido, la labor del juzgador será la valoración razonada, suficiente y motivada de la prueba, para determinar, cuando corresponda, que se han producido supuestos materiales de desnaturalización de una locación de servicios, sea porque se estableció un horario de trabajo, sea porque existen instrumentos inequívocos que dan cuenta de la intención del empleador de contratar bajo los alcances de una relación de trabajo, o sea porque la Autoridad Administrativa de Trabajo constatar que efectivamente existe una relación laboral donde se pretende sustentar un contrato de servicios no personales( sic), entre otros supuestos.    

8. No se debe descartar, en relación a lo enunciado el eufemismo técnico –legal que a su vez implica, por extensión, un contrato de servicios no personales pues la naturaleza de la prestación de dicha opción contractual, supone que el locador no preste el servicio en forma directa y que lo pueda hacer a través de terceros. No obstante ello, es lugar común que siempre exija el empleador, sea en contratos de locación de servicios o en servicios no personales, en los hechos, que se exija la prestación personal del servicio.

9. Por oposición, constituye criterio de exclusión que la locación de servicios es dirigida en sus caracteres esenciales bajo el criterio marco que informa el artículo 1764 del Código Civil, entonces no corresponde amparar pretensiones de urgencia que denuncien afectaciones constitucionales. 

 

§ Análisis del caso concreto 

10. Valorados los medios probatorios aportados en esta litis, nos persuadimos de la suficiencia de la estructura silogística y principialista del fallo apelado, en tanto no resulta prohibido a la emplazada despedir a un servidor siempre que se cumplan los requisitos formales del caso para una contratación laboral. A este efecto, es importante atender a los enunciados de las pruebas proporcionadas por el demandante, consistentes en diversos contratos de locación de servicios para que desempeñe funciones de ARQUITECTO CONSULTOR de COFOPRI (p. 4-158) así como otros documentos colaterales. 

11. Y sin embargo, no obstante sus calidades de consultor, constatamos distintos documentos que desnaturalizan esta situación como por ejemplo los controles de asistencia de personal y formatos personal PCDPI (p. 214-223), los cuales consignan los horarios de trabajo del demandante así como de otros compañeros de trabajo, instrumentos que de plano desestiman una relación de consultoría propiamente dicha.  En ese sentido, creemos que no ha existido una política idónea de contratación al interior de la entidad emplazada en tanto la suscripción de los contratos en mención se fundamentaron bajo la existencia de simulación o fraude de las normas laborales, en razón de que a pesar de su condición de consultor, las labores desempeñadas por el accionante eran de naturaleza permanente, personal y a cambio de una remuneración.

12. En ese orden de ideas estimamos que los contratos suscritos se han visto desnaturalizados, lo cual conlleva a que se presuma una contratación a plazo indeterminado. Bajo esta pauta, corresponde confirmar la apelada por vulneración manifiesta del derecho al trabajo.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada que declara fundada la demanda y ordena la reincorporación del actor. DISPUSO su publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

RODAS RAMÍREZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] Constitución 1993 

 Artículo 22°. El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. 

Artículo 23°. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.  

 (…) Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.(…) 

Artículo 25°. La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. (…)   

 Artículo 26°. En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

 1. Igualdad de oportunidades sin discriminación.

2. Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

3. Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.    

 Artículo 27°. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

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