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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Cese de profesores 65 años

6 octubre, 2014

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE Nro.           : 01998-2013-PA/SPJ    

DEMANDANTE                : MARCOS TORIBIO DIAZ INCIO

DEMANDADO                   : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL CHICLAYO- Y OTRO

MATERIA                           : AMPARO

PONENTE                           : EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 11 días del mes de agosto de 2014, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recursos de apelación interpuestos por:

  1. Enrique Salazar Fernández, Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque, contra el auto de fecha 22 de noviembre de 2013 que declara INFUNDADA la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.
  1. Marcos Toribio Días Incio contra la sentencia de fecha 31 de marzo de 2013, que declara IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 07-12) y solicita se deje sin efecto y  valor legal el oficio N° 07047-2013, de fecha 08 de mayo de 2013, mediante el cual se le comunica el retiro de su puesto de trabajo como docente en la I.E.“San Martín de Porres” del distrito de Cayalti, Lambayeque, por haber cumplido 65 años de edad el 30 de junio de 2013. Considera se le ha discriminado negativamente, afectándose su derecho a la igualdad, pues la jubilación en el sector público tiene lugar a los 70 años de edad y, por tanto, al ser retirado compulsivamente a una edad por debajo de esa referencia, se le afecta en su derecho fundamental al trabajo.

El Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque contesta la demanda y deduce excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa (p. 22-30) la cual es declara improcedente (p 86-87) y apelada (p. 109-112), fundamentándose que era necesario el agotamiento de la vía administrativa antes de recurrir al amparo. En relación al fondo, considera que existen vías igualmente satisfactorias para la protección del derecho invocado pues debió recurrir el actor a la vía contencioso administrativa en vía principal. De la misma forma, que en modo indebido se cuestiona en abstracto la validez de la Ley de Reforma Magisterial, lo cual es inviable en este proceso. A eso acota que la teoría de los derechos adquiridos ha sido derogada en nuestro ordenamiento constitucional y suma como argumento que los derechos laborales de los docentes no son ponderables respecto al derecho a una educación de calidad de los estudiantes, criterios vertidos en la STC  0016-2008-PI/TC. Finalmente, acota que el actor se rige por una ley especial, cual es la Ley de Reforma Magisterial.

Del mismo modo, la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo UGEL, contesta la demanda y deduce excepción de incompetencia, la cual es declarada improcedente (p. 93-94) por extemporánea. En cuanto al fondo, sostiene que no es cierto que al demandante le asistan los derechos contemplados en el Decreto Legislativo Nº 276 y su Reglamento, Decreto Supremo  Nº 005-90-PCM. Considera, igualmente, que el actor debió recurrir al proceso contencioso administrativo.

La sentencia apelada (p. 118-121) declara improcedente la demanda de amparo, por considerar que las actuaciones administrativas  sobre personal dependiente al servicio de la Administración Pública, son impugnables a través del proceso contencioso administrativo. Considera relevante que el supuesto acto vulneratorio no hubiere sido impugnado en la vía administrativa.

La impugnación formulada (p. 130-134) por el demandante incide en que el proceso de amparo procede cuando se pretenda evitar que la agresión o amenaza se convierta en irreparable, inclusive a pesar de que existan otras vías procedimentales específicas. Señala que es el caso de autos pues de no recurrirse al amparo, la agresión devendría irreparable.

 

FUNDAMENTOS

 

§ El derecho a la debida motivación frente a las normas

1. El derecho a la debida motivación implica no solo una garantía sino, también, una exigencia constitucional respecto a la cual los jueces tienen un deber fundamental, al tiempo que debemos asumir la motivación como una condición relevante en el ejercicio de impartición de justicia, y ello se traduce en fallos de la justicia constitucional y ordinaria que, representativamente, van fijando estándares que debemos asumir como necesarios.

2. ¿Por qué enfocar el derecho a la debida motivación como deber de los jueces? Porque es donde el ejercicio de motivación se expresa en su más amplia figura de posición final de la decisión jurídica, prevalente inclusive frente a las pretensiones de los abogados en todos sus estamentos de actuación, incluidas las actuaciones del Ministerio Público. En adición a ello, su faceta reviste no solo un derecho fundamental como tal, sino también un principio de la función jurisdiccional y ése es su contexto material más inmediato, esto es, definirlo como exigencia a los jueces. Por lo tanto, ocurre un fenómeno especial: no solo involucra la debida motivación un enunciado constitucional de garantía para la comunidad, sino se afianza la motivación en un conjunto de criterios jurisprudenciales que extienden el marco normativo del deber de motivar. Y son esos parámetros jurisprudenciales los que van definiendo un bosque de fundamentos cada vez más nítido, en tanto las exigencias de motivación no son solo un argumento lato sino cada vez más específico: se van consolidando en la jurisprudencia y he ahí la ventaja comparativa de la predictibilidad de las decisiones judiciales cuando éstas se ciñen a un estándar de motivación.

3. Asumimos pues, una naturaleza dual respecto a este y tantos otros derechos fundamentales, pues la debida motivación implica un derecho fundamental a la vez que se posiciona como deber fundamental, en especial de los jueces, quienes en esa famosa alocución de Gascón Abellán sobre Reichenbach, tomada de la Filosofía de la Ciencia, representan jugadores que hacen una apuesta racional conociendo bien las leyes de la probabilidad.

4.  La motivación judicial frente a las normas presuntamente contrarias a la Constitución es otra faceta del deber de motivar. Si una norma afecta sustantivamente un derecho fundamental, se configura dos obligaciones sustantivas del juez: un deber especial de protección- Schutzpflicht en la doctrina alemana- a favor del ciudadano lesionado ostensiblemente en su derecho fundamental frente a la norma, y un deber del juez de motivar por qué esa norma no es compatible con la Constitución, condiciones que solo se pueden realizar, en el ámbito del litigio, en la tarea de fundamentar los fallos judiciales.

5. En ese sentido, observemos que la motivación es inclusive calificada pues debe vencerse la presunción de legalidad de la norma, etapa compleja pues debe advertirse una valoración positiva prima facie a favor del legislador, y luego inclusive debe ser derrotable, argumentativamente, la presunción de constitucionalidad de la regla en examen, exigencia mucho mayor pues debe enunciarse con propiedad cuál derecho fundamental es lesionado. Y más aún, debe motivarse por qué esa lesión es elevada, manifiesta o grave, requisito sin el cual la norma debería conservarse vigente y presumirse su validez.

 

§ Una perspectiva histórica del derecho a la igualdad

6. El enfoque del derecho a la igualdad representa uno de los análisis con relevancia constitucional más controversiales desde sus orígenes en la historia de la humanidad misma en la medida que las sociedades han desarrollado posiciones de evolución, algunas veces de involución, respecto a este derecho de primer orden.

7. Ya desde los fundamentos materiales de las polis griegas, la diferencia taxativa entre seres humanos era una condición esencial para el desarrollo de las sociedades. Los esclavos y los metecos (extranjeros que vivían en Atenas) representaban, los primeros, una necesidad para el progreso de las polis o ciudades Estado griegas, dadas sus funciones manuales, y los segundos, no gozaban de ningún derecho ciudadano por su sola condición de no originarios. Desde esa perspectiva, la existencia de la esclavitud misma y de ciudadanos de segundo orden, en la propia cuna de la democracia como lo era Grecia, representaba pues una abierta contradicción al ideal de isopoliteia, el cual era entendido como un mecanismo de iure para que todos los ciudadanos tuvieran igualdad de derechos en las asambleas. Grecia representa, entonces, la ligazón material entre el nacimiento de una poderosa institución como la democracia, y al mismo tiempo, constituye evidencia manifiesta de plenas desigualdades a pesar de un ideal arquetípico de igualdad formal.

8. Y por cierto, tales contraposiciones pueden ser contextualizadas como premisas hoy enfáticamente contrarias al Estado constitucional, un ideal y aspiración en el cual los derechos fundamentales se realizan y más aún, donde un derecho de entidad material relevante como lo es el derecho a la igualdad, adquiere una notoriedad particular pues representa el fundamento base de racionalidad para el ejercicio de otros derechos interdependientes respecto del derecho a la igualdad.

9. Es necesario enfatizar que hoy, en plenos albores del siglo XXI, el derecho a la igualdad presenta importantes dimensiones en su evolución material además de formal. Diversas decisiones de los jueces del Poder Judicial así como del Tribunal Constitucional de Perú, han logrado una consolidación para la efectiva diferenciación de los ámbitos materiales del derecho a la igualdad, sin dejar de lado por cierto controversias que en el camino han resultado complejas, discutibles y hasta polémicas en la medida que la complejidad de determinados conflictos, a juicio nuestro, han significado más retrocesos que avances.

10. En efecto, advirtamos que allí donde no hay estándares jurisprudenciales construidos respecto a la dilucidación del derecho a la igualdad, o donde propiamente una acción determinada califique como susceptible de aplicación del test de igualdad, corresponde, si no hay un estándar determinado, que la judicatura asuma una posición de construcción de esos estándares faltantes para que un nuevo consenso jurisprudencial defina la controversia propiamente dicha. Los estándares, entonces, son construcciones del razonamiento de los jueces y de ahí que el análisis jurídico represente un permanente mecanismo de construcción de razones, unas veces resolviendo antinomias o conflictos, otras veces llenando vacíos pues el Derecho no puede concebir lagunas definitivas sino solo temporales o transitorias hasta que el intérprete llene ese espacio de ausencia en el Derecho que un estándar faltante representa.

11. De ahí que los fundamentos del Derecho Constitucional representen, muchas veces, una modalidad in crescendo de una teoría de la integración, en cuanto las conductas o normas que provocan controversias jurídicas y que no han sido esclarecidas suficientemente por el ordenamiento jurídico, exijan la definición de estándares determinados por parte de los jueces.

 

§ El test de igualdad

12. Una interrogante que fluye en modo natural para la determinación de los ámbitos de discriminación positiva o negativa a partir de una norma, o entre dos condiciones o acciones, es ¿en qué modo determinamos, con suficiencia, cuándo estamos frente a circunstancias contrarias al derecho a la igualdad? O en otros términos, ¿cuándo existe trasgresión constitucional ostensible respecto al derecho a la igualdad?

13. Para dar respuesta a esta interrogante, la interpretación del Tribunal Constitucional ha construido el denominado test de igualdad.[1] Este test y los pasos que el mismo representa, identifican un análisis de orden procedimental que ha de permitir al juzgador afirmar si respecto de una norma sometida a control o una situación a la que se imputa irrazonable desigualdad, hay trato igualitario o su vez, trato desigual.

14. Los pasos que comprende el test de igualdad son: a) Determinación del tratamiento legislativo diferente; b) Determinación de la intensidad de la intervención en la igualdad; c) Determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin); d) Examen de idoneidad; e) Examen de necesidad; y f) Examen de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación.

15. Este test implica, a pesar de sus características procedimentales, una connotación valorativa. En efecto, como señala Prieto Sanchís:[2] “los juicios de igualdad son siempre juicios valorativos, referidos conjuntamente a las igualdades y desigualdades fácticas y a las consecuencias normativas que se unen a las mismas.”

16. En términos generales, si una norma introduce un trato diferenciado entre determinados destinatarios, debe justificarse un fin de prohibición de discriminación, es decir, la norma no puede asumir un criterio discriminatorio. Más aún, cuando la norma per se goza de la presunción de legalidad, es decir, se presumen sus condiciones de vigencia[3] y validez[4] en el ordenamiento jurídico, existe una necesaria idea de compatibilidad con la Carta Fundamental. Por tanto, la norma debe gozar de una justificación congruente si procede a diferenciar con razonabilidad. Ausente esa congruencia, el tratamiento diferenciado no es compatible con la Constitución.

17. La intervención puede asumir 3 intensidades: grave, media o leve. La intensidad de la intervención constituye una variable[5] a ser utilizada en el sub examen de necesidad, mas su inclusión como paso previo reside en la necesidad de analizar si la discriminación se sustenta en algunos de los motivos proscritos por el artículo 2 inciso 2 de la Constitución, o bien si resulta fuera de ellos, y además, si se produce el impedimento del ejercicio o goce de un derecho fundamental, de un derecho meramente legal o de un interés legítimo. Es en base a la conjunción o separación de estos factores que ha de determinarse el grado de intervención y por supuesto, a mayor intensidad de la intervención, mayor necesidad de esclarecer si existe un fin legitimo de justificación. Ausente tal fin, hay afectación sustantiva de un derecho fundamental.

18 Adicionalmente, el fin del tratamiento diferenciado debe comprender un objetivo y un fin. Reseña el Tribunal que la finalidad justificanormativamentela legitimidad del objetivo del tratamiento diferenciado.[6] ¿Qué quiere ello decir?

19. El caso PROFA brinda una respuesta que nos ayuda a graficar[7] este supuesto abstracto: el objetivo específico del legislador era la existencia de una judicatura con buena formación y de ahí la exigibilidad del curso PROFA, en tanto que el fin era la idoneidad de los jueces. Carentes de razones constitucionales los fines de la norma bajo los supuestos de una pretendida diferenciación por condiciones, la demanda finalmente es declarada fundada, permitiéndose en adelante a los abogados postular sin el curso PROFA, requisito que antes era demandado para cualquier postulación a la judicatura y exigencia onerosa frente a la cual, los abogados optan por demandar en proceso de inconstitucionalidad.

20. Los sub exámenes de idoneidad[8] y necesidad[9] comprenden relaciones medio-fin y medio-medio, respectivamente, y se caracterizan por cuanto implican los pasos previos al escenario de comparación final entre dos derechos fundamentales, uno de los cuales involucra el derecho a la igualdad.

21. La idoneidad refiere, igualmente, que haya un fin de relevancia o un fin constitucional en la intervención. Si se justifica la idoneidad, la norma o situación sometida a control, no cae; contrariu sensu, no acreditándose una norma o conducta que también podamos denominar adecuada, la norma sometida a control será inconstitucional o la conducta o situación a evaluar será incompatible con el derecho fundamental a la igualdad.

22. A su vez, el examen de necesidad representa un reto a la acreditación de una medida o situación menos gravosa que logre el mismo resultado que la norma sometida a control. Diríamos que implica una exigencia a la imaginación del intérprete en tanto si acreditamos un medio menos gravoso que llegue a satisfacer, de forma menos onerosa, la solución de la norma o conducta discriminatoria, pues la norma o situación sometida a control ha de caer en su formulación y por lo tanto, será declarada fundada la pretensión. En síntesis, el examen de necesidad demanda la exigencia de una solución no tan onerosa como la implementada por la norma o situación respectiva.

 23. Finalmente, la proporcionalidad- acota el Tribunal- proyectada al análisis del trato diferenciado, consistirá en una comparación entre elgrado de realización u optimización del fin constitucionaly la intensidad de la intervención en la igualdad. En este sub examen es determinante la ponderación entre dos derechos fundamentales concernidos, a propósito del examen del derecho a la igualdad.

24. Diríamos que este último examen es el de mayor relevancia pues alude a un verdadero escenario de contrastación entre dos derechos fundamentales y bajo los supuestos de la escala triádica de Robert Alexy,[10] ha de involucrar un mayor nivel de satisfacción del derecho fundamental que prevalece y un menor nivel de afectación del derecho que a su vez es desplazado.

25. Ahora bien, el test de igualdad ha tenido una formulación procedimental, a partir del caso PROFA, en los seis pasos descritos. Podemos considerar, con suficiencia, que si el juez constitucional o quien haga interpretación del derecho a la igualdad se sujeta a estos estándares secuencialmente, pues cumple con la realización de un examen completo del test de igualdad.

26. Sin embargo, siendo flexible la interpretación constitucional, es decir, siendo viable la adecuación de la dogmática constitucional a los fines de los procesos constitucionales, sean ellos relativos a los procesos constitucionales de la libertad[11] o de control normativo,[12] es necesario considerar, en ese razonamiento, que el Tribunal Constitucional, también ha desarrollado la aplicación del test de igualdad como un test de razonabilidad.[13]

27. Esta premisa inclusive ha sido admitida en el Derecho Comparado bajo la misma forma de test. La Corte Constitucional de Colombia en su fallo C-673 de 2001 considera el test de razonabilidad en tres pasos: 1. El análisis del fin buscado por la medida; 2. El análisis del medio empleado y 3. El análisis de la relación entre el medio y el fin.[14]

28. El test de razonabilidad ha comprendido menos pasos – tres en total- mas la esencia es la misma: se trata de establecer un patrón de comparación entre normas o situaciones que a su vez sean sometidas a control constitucional bajo ciertos estándares que representan la concretización de la observancia del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental a la igualdad.

29. Nuestra posición particular es la opción por la aplicación del examen integral de los seis pasos que comprenden el test de igualdad, a partir de la nomenclatura fijada por la STC 045-2004-AI/TC caso PROFA. Los lineamientos centrales de esta decisión en materia del derecho a la igualdad, se han constituido en punto de partida para la delimitación de esa acción positiva del Estado, de sus jueces constitucionales y de sus otros intérpretes, para calificar positivamente los ámbitos materiales del derecho a la igualdad y que ellos se traduzcan, de la misma forma, en el enriquecimiento de estándares relativos al respeto al núcleo duro del derecho fundamental a la igualdad.

 

§ El derecho a la igualdad en la Constitución de 1993

30. El principio- derecho a la igualdad ha sido construido como concepto por el artículo 2 inciso 2[15] de nuestra Carta Fundamental sobre una noción amplia de proscripción de la discriminación en diversas facetas intrínsecas y extrínsecas: las primeras, en cuanto a cualidades inmateriales de la persona; y las segundas, en tanto pudiera mediar una restricción de entidad particularmente física.

31. Queda prohibida en sentido lato la discriminación pero deberemos advertir que no todo tipo de discriminación es sinónimo de arbitrariedad, sino que será necesario advertir si nos encontramos frente a una discriminación positiva o negativa.

32. Las características materiales del derecho a la igualdad[16] parten de la noción de exigencias positivas al Estado, y se oponen a la dimensión formal,[17] la cual asume una lectura negativa respecto a las conductas, es decir, aquello que el Estado no debe regular o referir en términos de trato desigual entre iguales.

 

§  El régimen de cese laboral en la Administración Pública. El caso de los profesores

 33. La previsión del término de la carrera administrativa en el ámbito público[18] en nuestro país ha sido fijado, entre otras causales, en 70 años en edad, siendo el efecto jurídico propio la conclusión de la relación de trabajo Estado- servidor público, una vez cumplida la edad determinada. Asume el legislador, de suyo, que a esa edad se alcanza el derecho a una jubilación, así como corresponde al trabajador la prestación de una pensión como contraprestación por el tiempo dedicado al servicio del Estado.

34. Respecto al régimen del Profesorado, la nueva Ley de Reforma Magisterial ha reducido a 65 años[19] la edad de cese en el Profesorado, fijándose como pauta reglamentaria el denominado retiro de oficio[20] por parte de la Administración.

 

§ Las previsiones de ceses de edad en la jurisprudencia constitucional

35. La prestación de trabajo y su culminación por cese de edad es un tema que jurisprudencialmente ha venido siendo trabajado por el Tribunal Constitucional bajo pautas excepcionales para los regímenes de profesores universitarios[21]y notarios públicos[22]. En consecuencia, el tratamiento extraordinario respecto al no cese por límite de edad, solo se ha circunscrito a estos dos grupos. En este orden de ideas, no es extensivo a los demás regímenes para los cuales la edad jubilatoria por límite de edad, sigue rigiendo a los 70 años en el sector público.

 

§ Análisis del caso concreto

36. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, consideramos que la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa debe desestimarse. Si advertimos una aparente vulneración a un derecho fundamental en un proceso constitucional, corresponde desestimar la exigencia de agotamiento de una vía previa, requisito que por su condición onerosa puede originar se convierta en irreparable la agresión.

37. El caso que nos ocupa en esta ponencia, basado en un oficio de cese de labores que invoca los artículos 53 de la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, y artículo 114 del D.S. 004-2013-ED, Reglamento de la norma acotada, demanda la aplicación del test de igualdad y la justificación al respecto es relevante. La tesis de la parte demandante reside en la afectación sustantiva a los derechos a la igualdad y al trabajo en base a un supuesto de discriminación negativa por haber cumplido 65 años de edad, cuando la edad de jubilación en el sector público es a los 70 años. La posición central de las contestaciones a la demanda reside en que debió recurrirse a la vía del proceso contencioso administrativo así como que no se puede alegar la teoría de los derechos adquiridos. En ese orden de ideas, se trata de dos argumentos importantes que por su naturaleza iusfundamental, exigen la dilucidación del caso como una controversia difícil en la clasificación que hace Manuel Atienza[23] respecto de los tipos de casos sometidos a la jurisdicción constitucional.

38. En esta misma lógica material, es exigible una ponderación entre derechos fundamentales a través del test de igualdad, aspecto sobre el cual hemos de desarrollar los 6 pasos de este examen, dada la relevancia nacional del problema en examen. Adicionalmente, el test de igualdad garantiza que luego de un análisis minucioso desde la visión de los derechos fundamentales, podamos cerciorarnos de que efectivamente una norma o conducta afectan o no el derecho a la igualdad. A este respecto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional[24] denota la garantía procedimental de este test respecto de denuncias sobre afectaciones al derecho a la igualdad.

39. En cuanto concierne a determinar el tratamiento legislativo diferente, como primer aspecto del test de igualdad, consideramos que el artículo 53 de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial, al fijar el cese de profesores al cumplir 65 años, no justifica un fin de prohibición de discriminación si esta norma es contrastada con el artículo 35 del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, el cual señala el cese de los servidores en el Estado a los 70 años de edad.

40. De un examen liminar de la norma en cuestión, no fundamenta la ley en mención una exposición de motivos, y tampoco fluye de su propio articulado sistemático, que se aluda a una prohibición de discriminación, o por qué el Profesorado sería más eficiente si sus profesores cesan a los 65 años. Ahora bien, una ratio histórica de todos los supuestos de la norma no es tampoco una obligación ineludible el legislador pero observemos que si se produce un tratamiento diferente considerable, como en el caso de autos, entonces sí es necesario que el legislador argumente la razón del tratamiento diferente.

41. Podemos mencionar algunas líneas matrices de fundamentación en el Decreto Supremo Nº 004-2013-ED, Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial,[25] respecto a buen desempeño laboral o profesores mejores preparados, mas no existe una vinculación directa que nos permita llegar a la conclusión de por qué la norma justifica el cese de profesores a los 65 años, en perjuicio de un colectivo profesional que respecto a los demás casos, observa un cese general a los 70 años de edad.

42. En cuanto al segundo paso, respecto a la intensidad de la intervención en la igualdad, consideramos que la intervención de la norma sometida a examen en el derecho a la igualdad es grave, por cuanto implica un cese forzoso de la relación laboral del profesor que cumple 65 años. Entonces, si la intensidad de la intervención es alta, debía secuencialmente justificarse una mayor necesidad de esclarecer si existe un fin legítimo, en propiedad y rigurosamente, de justificación. Ausente tal fin, hay afectación sustantiva al derecho fundamental a la igualdad y por ende, a no ser cesados antes de la edad común de jubilación en el sector público, asumida a los 70 años desde una perspectiva general.

43. A este respecto, reiteramos que la norma en examen no precisa mayor fundamento respecto a un fin legítimo de justificación y si bien opera respecto a la misma una presunción de legalidad prima facie, al haber sido expedida por un órgano regular, no sucede lo mismo al ser sometida esta norma a control de constitucionalidad, pues en esta vertiente de examen, es categórica nuestra afirmación en relación a que no existe justificación de fin legítimo. Si un profesor es cesado a los 65 años, sería razonable por parte del Estado justificar que hay propiamente una categoría de legitimidad en el acto de cese, o que existe un fin que no contradice derechos fundamentales; respecto a la norma en estudio, no hay ni lo uno ni lo otro.

44. En relación a la determinación de la finalidad del tratamiento diferente (objetivo y fin), consideramos que el objetivo específico del legislador es la existencia de un Profesorado con altas condiciones de desempeño y de ahí se generaría como efecto, en calidad de fin, un cese a los 65 años. Observamos, sin embargo, que precisamente la jurisprudencia constitucional citada supra, al validar la continuación de la actividad laboral de profesores universitarios una vez cumplidos los 70 años, y de los Notarios, al no cesar éstos a los 75 años, sigue una corriente contraria.

45. Es decir, la edad imputada de jubilación no es necesariamente un sinónimo de mayor eficiencia pues en ese caso, la iniciativa legislativa optaría por uniformizar los regímenes de jubilación de todo el sector público de 70 a 65 años. Y sabemos, sobre esta materia, que ésa tampoco es la tendencia en el Derecho Comparado,[26] pues a más temprana edad de jubilación, mayores son inclusive las exigencias presupuestarias al Estado respecto al abono de pensiones. En consecuencia, no hay una relación de suficiencia entre objetivo y fin en la propuesta de cesar a los 65 años para un Profesorado más eficiente.

46. Sometida la norma al subexamen de idoneidad, en cuanto a la exigencia de que haya un fin de relevancia constitucional o un fin constitucional en la intervención, consideramos prima facie que sí se justifica la idoneidad de la norma sometida a control. La calidad del Profesorado es un tema que incumbe a toda la comunidad jurídica y, por lo tanto, reviste relevancia que el Estado se ocupe, a través del Poder Legislativo, de regular esta materia, fijando las líneas directrices necesarias en su calidad de ente regulador de las políticas de Estado.

47. Pasando al examen de necesidad, la norma bajo control consideraría que un Profesorado eficiente involucraría el cese de los profesores a los 65 años. Considera esta Sala de la Constitución que esa consecuencia es de suyo gravosa. Si se busca un profesor más eficiente en el ámbito de sus funciones, existe ya la alternativa menos onerosa prevista por el artículo 23[27]de la propia Ley de Reforma Magisterial.

48. Las diferencias de consecuencias son considerables: el cese a los 65 años es definitivo, es una consecuencia más gravosa; la evaluación de desempeño, en cambio, considera alternativas de menor gravosidad como la determinación de la capacidad del docente, sin que una inmediata consecuencia sea la extinción de la relación laboral. Adicionalmente, el Estado puede extender las exigencias de calificaciones y capacidad entre los 65 y 70 años y en ese sentido, la facultad regulatoria de que dispone, es amplia. Bajo estos fundamentos, la norma no pasa el examen de proporcionalidad en sentido estricto.

49. Sobre esta misma facultad regulatoria, presentada como opción menos gravosa frente al cese a los 65 años, inclusive la jurisprudencia constitucional ha desempeñado un rol de validación. En efecto, el Tribunal Constitucional ha declarado infundada una demanda contra la Ley de Reforma Magisterial,[28] en cuanto a diversos aspectos, fundamentalmente remunerativos, contenidos en la ley en examen y ello conduciría, en genérico, a una consolidación de ciertos items fijados por la norma. Sin perjuicio de ello, en lo referido a la norma ahora en examen, sobre el cese por edad, no ha existido pronunciamiento determinado del supremo intérprete de la Constitución.

 50. Inclusive, en cuanto se refiere al mismo examen de necesidad, si asumimos una situación de no eficiencia del profesor a los 65 años, otra medida menos gravosa, al igual que la previsión en el caso de los Notarios supra,[29] pudo ser implementar las evaluaciones médicas respectivas si se partía de un supuesto de no rendimiento por el factor edad.

51. Finalmente, en el sub examen de proporcionalidad en sentido estricto entre dos derechos fundamentales concernidos, a propósito del examen de este test de igualdad, advertimos dos principios en colisión: los profesores reclaman afectación grave a sus derechos al trabajo y a la igualdad, por ende, a la no discriminación. De otro lado, el Estado invoca una facultad regulatoria que aspira a una mejor eficiencia del aparato docente.

52. Nos encontramos aquí ante un escenario de contrastación entre dos derechos fundamentales y de conformidad con la escala triádica de Alexy[30] y la ley de ponderación, asignamos un valor medio de afectación a la potestad reguladora del Estado, en tanto existe un alto nivel de satisfacción del derecho a la igualdad. Fundamos esta aseveración en que no observamos una justificación ni racional ni razonable por parte de la demandada respecto al cese de los profesores a los 65 años y en especial, por qué habría de bajarse la edad de cese de los mismos, cuando la tendencia de la jurisprudencia constitucional prevalentemente ha seguido una ruta en contrario, en relación a los Notarios y los profesores universitarios.

53. En consecuencia, la norma en examen deviene en no compatible con la Constitución y es pertinente declarar su inaplicación respecto al caso concreto, en tanto los resultados de este test de igualdad evidencian que la regla en examen resulta violatoria en grado ostensible de los derechos a la igualdad y al trabajo.

54. Respecto al argumento de acudir a la vía contencioso administrativa, advertimos que dada una vulneración ostensiblemente grave del derecho a la igualdad respecto del demandante, deviene oneroso exigir a éste acudir a un proceso de la justicia ordinaria, en tanto observamos que no existen fines de justificación legítimos ni de prohibición de discriminación respecto a la norma enunciada. Más aún, la justicia constitucional, por su calidad de extraordinaria, sumaria y residual, ofrece una respuesta de urgencia a la vulneración denunciada.

55. Ahora bien, respecto a los derechos adquiridos, es importante puntualizar que la dicotomía de prevalencia entre la teoría de los derechos adquiridos y la posición de los hechos cumplidos ha sido delimitada por el artículo 103[31] de la Constitución así como por la jurisprudencia constitucional,[32] en el sentido de la prevalencia de la teoría de los hechos cumplidos, reservándose casos de excepción solo al ámbito penal. Y sin embargo, es importante hacer la salvedad de que esto no implica un criterio de aplicación mecánica de la nueva norma en cuanto tal, en la medida que la norma vigente a partir del artículo 103 de la Constitución exige también validez, es decir compatibilidad con la Carta Fundamental y esta validez no ha sido satisfecha en este test de igualdad.

56. En adición a lo anterior, es de precisar que si bien la Juez de Primera Instancia declaró improcedente la solicitud de ampliación de la demanda por extemporánea, también lo es, que la Resolución Directoral Nº 1492-2013-GR-LAMB/GRED/UGEL- CHIC, de fecha 01 de julio del 2013, fue emitida en efectividad del oficio Nº 7047-2013.GR.LAMB/GRED-UGEL.CHIC-ESC, cuya inaplicabilidad al actor ha sido determinada, por lo que, estimamos, la citada resolución directoral resulta afectada de nulidad, correspondiendo así declararla, no hacerlo implica que la presente acción de garantía no cumpla su objetivo.

 

DECISION

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú:

 1. CONFIRMA el auto que declara INFUNDADA  la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa.

2. REVOCA la sentencia (resolución número cinco) de fecha 31 de marzo de 2014, que declara improcedente la demanda de amparo interpuesta por Marcos Toribio Díaz Incio contra la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo y el Procurador Público Regional; REFORMÁNDOLA, DECLARA FUNDADA la demanda de amparo de autos y declara inaplicable al actor el oficio Nº 07047-2013, de fecha 08 de mayo de 2013, mediante el cual se le comunica el retiro de su puesto de trabajo como docente de la I.E. “San Martín de Porres” del distrito de Cayaltí, Lambayeque; y en consecuencia, NULA la Resolución Directoral Nº 1492-2013-GR-LAMB/GRED/UGEL- CHIC, de fecha 01 de julio de 2013, que hace efectivo el contenido de dicho oficio. DISPUSIERON su inmediata reposición. Publíquese y notifíquese. Interviene el señor Rodríguez Riojas por haber integrado el Colegiado el día de la vista de la causa por licencia del señor magistrado Huangal Naveda.

 

Sres.

RODAS RAMÍREZ

FIGUEROA GUTARRA

RODRÍGUEZ RIOJAS

 

[1] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA. F.J.  33-41

[2] PRIETO SANCHIS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. / 22 (setiembre- diciembre 1995) /p. 24.

[3] La vigencia alude un control de legalidad, es un control estático que se circunscribe a que la norma haya cumplido un proceso regular es su formulación, votación, publicación y entrada en rigor.

[4] La validez exige per se una compatibilidad con la Constitución. Aquí aludimos a un control dinámico o de legitimidad en tanto no basta la vigencia de la norma sino su validez respecto de la Carta Fundamental.

[5] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA. F.J.  6

[6] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.

7. ((…) El fin del tratamiento diferenciado comprende dos aspectos que deben ser distinguidos: objetivo y fin. El objetivo es el estado de cosas o situación jurídica que el legislador pretende conformar a través del tratamiento diferenciado. La finalidad o fin viene a ser el derecho, principio o bien jurídico cuya realización u optimización se logra con la conformación del objetivo.

[7] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.

23. (…) tendríamos que el objetivo sería la conformación de un estado de cosas: la instauración de una judicatura con formación adecuada y especializada; la finalidad estaría constituida por la idoneidad judicial en cuanto fin constitucional a cuya prosecución se justifica el estado de cosas pretendido en el objetivo del trato diferenciado. 

[8] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.

8.8. (…) La idoneidad consiste en la relación de causalidad, de medio a fin, entre el medio adoptado, a través de la intervención legislativa, y el fin propuesto por el legislador. (…)Tratándose del análisis de una intervención en la prohibición de discriminación, el análisis consistirá en examinar si el tratamiento diferenciado adoptado por el legislador conduce a la consecución de un fin constitucional. En caso de que el tratamiento diferenciado no sea idóneo, será inconstitucional.

[9] STC 045-2004-AI/TC. Caso PROFA.

9. (…) bajo este test ha de analizarse si existen medios alternativos al optado por el legislador que no sean gravosos o, al menos, que lo sean en menor intensidad. Se trata del análisis (…) de una comparación entre medios; el optado por el legislador y el o los hipotéticos que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Por esto, el o los medios hipotéticos alternativos han de ser igualmente idóneos.

[10] ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. P. 395 y sgtes. Trad de E. Garzón. CEC Madrid. 1993. p. 435 y ss. En PRIETO SANCHIS, Luis. Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial. Publicado en Revista del Centro de Estudios Constitucionales. / 22 (setiembre- diciembre 1995) /p. 26

[11] Habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento.

[12] Inconstitucionalidad y competencial.

[13] STC  2835-2010-PA/TC. Caso Empresa Pesquera San Fermín S.A.

42. (…) a efectos de determinar si en un caso concreto se está frente a una quiebra del derecho-principio a la igualdad, la doctrina constitucional ha desarrollado mecanismos para determinar cuándo estamos frente a un trato desigual con base en justificaciones objetivas y razonables; o cuándo frente a un trato arbitrario, caprichoso e injustificado y, por tanto, discriminatorio. Precisamente, uno de esos instrumentos al que habrá de recurrir nuevamente este Tribunal es al test de razonabilidad. 

  1. a)      De la existencia de un fin constitucional en la diferenciación: (…)  
  2. b)      De la adecuación del medio utilizado para alcanzar el fin perseguido (…)  
  3. c)      De la necesidad del medio empleado (…)

[14] BERNAL PULIDO, Carlos. El juicio de igualdad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. p. 12. Disponible en http://portal.uexternado.edu.co/pdf/2_icrp/elJuicioDeLaIgualdadEnLaJurisprudencia.pdf. Fuente visitada con fecha 10 de setiembre de 2014.

[15] Constitución Política del Perú de 1993. Artículo 2. Derechos fundamentales de la persona.

Toda persona tiene derecho a:

  1. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

[16] STC  0606-2004-AA/TC. Caso Víctor Otoya Petit. 

11. En su dimensión material, el derecho de igualdad supone no sólo una exigencia negativa, es decir la abstención de tratos discriminatorios; sino, además, una exigencia positiva por parte del Estado, que se inicia con el reconocimiento de la insuficiencia de los mandatos prohibitivos de discriminación y la necesidad de equiparar situaciones, per se, desiguales(…)

[17] STC  0606-2004-AA/TC. Caso Víctor Otoya Petit

10. El derecho de igualdad (…) tiene dos dimensiones: formal y material. En su dimensión formal, impone una exigencia al legislador para que éste no realice diferencias injustificadas; pero también a la administración pública y aun a los órganos de la jurisdicción, en el sentido de que la ley no puede aplicarse en forma desigual frente a supuestos semejantes (igualdad en la aplicación de la ley).

[18] Decreto Legislativo 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa. Artículo 35º.- Causas justificadas para el cese definitivo de un servidor.

Son causas justificadas para el cese definitivo de un servidor: 

  1. a) Límite de 70 años de edad;
  2. b) Pérdida de la Nacionalidad;
  3. c) Incapacidad permanente física o mental; y
  4. d) Ineficiencia o ineptitud comprobada para el desempeño del cargo.

[19] Ley Nº 29944. Ley de Reforma Magisterial. Término y reingreso a la carrera

Artículo 53. Término de la relación laboral

El retiro de la Carrera Pública Magisterial de los profesores se produce en los siguientes casos:
a) Renuncia.
b) Destitución.
c) No haber aprobado la evaluación de desempeño laboral de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley.
d) Por límite de edad, al cumplir 65 años.
e) Incapacidad permanente, que impida ejercer la función docente.
f) Fallecimiento. 

[20] Decreto Supremo Nº 004-2013-ED. Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisterial

Artículo 114.- Retiro por límite de edad El profesor es retirado definitivamente al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad. El retiro se efectúa  de oficio debiendo la administración comunicar del hecho al profesor en un plazo no menor de quince (15) días calendario previos al retiro

[21] STC 1161-2005- PA/TC. Caso Pedro Chalco.

2. Si bien es cierto que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35°, inciso a), del Decreto Legislativo N.° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa, concordante con el inciso a) del artículo 186° del Decreto Supremo N.° 005-90-PCM, una causa justificada para cesar definitivamente a un servidor público es que haya cumplido 70 años de edad; sin embargo, debe tenerse presente que dicha disposición no es aplicable a los docentes universitarios, como es el caso del demandante, ya que, de acuerdo con el inciso g) del artículo 52° de la Ley N.° 23733, Ley Universitaria, sólo son aplicables a los docentes universitarios los derechos y beneficios de los servidores públicos sujetos al Decreto Legislativo N.° 276, motivo por el cual no corresponde que, unilateralmente, la demandada regule el cese de docentes por el solo hecho de alcanzar la edad de 70 años; más aún si se tiene que, de conformidad con el artículo 70° de la Ley Universitaria, el régimen de los servidores públicos del Decreto Legislativo N.° 276 únicamente es aplicable al personal administrativo de las universidades públicas.

3. Este Colegiado en uniforme jurisprudencia ha señalado que, teniendo en consideración que la docencia universitaria es una función de características especiales como la investigación, la capacitación permanente, la transmisión de conocimientos y la alta dirección, la Ley Universitaria ha establecido un régimen laboral y remunerativo peculiar para sus profesores, en el que no se contempla el cese por límite de edad en la función docente; en consecuencia, no es aplicable al demandante el Reglamento de cese definitivo por límite de 70 años de edad aprobado por Resolución N.° 121-2003-UNSAAC, obrante de foja 18.

[22] STC 009-2009-AI/TC. Caso cese de notarios.

14. En cuanto al quinto paso(examen de necesidad), cabe mencionar que en el presente caso, tratándose de disposiciones legales que limitan el ejercicio de derechos fundamentales como al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad, se requiere de un juicio de igualdad estricto, según el cual, como se ha expuesto, se exige que la medida adoptada por el Legislador, para ser constitucional, deba ser absolutamente indispensable para la consecución del fin legítimo. 

(…) este Colegiado estima que la medida estatal cuestionada, que limita el derecho a la libertad de trabajo y al libre desarrollo de la personalidad de aquellos notarios que han cumplido los 75 años de edad, no resulta absolutamente necesaria para la consecución del fin que se pretende (optimizar el pleno uso de capacidades en el desempeño de la función notarial), pues este pudo haber sido conseguido mediante otras medidas igualmente idóneas, pero menos restrictivas de los aludidos derechos fundamentales.

Por tanto, es necesario precisar que debe entenderse como responsabilidad del Colegio de Notarios garantizar a la sociedad la aptitud y rigurosidad de los exámenes médicos (físicos y psicológicos), que certifiquen la capacidad del notario para dirigir su oficina, y verificar la autenticidad y legalidad de cada uno de los procedimientos sometidos a su control. Para ello, el Colegio de Notarios deberá acordar y publicar en un breve lapso, la modalidad del sistema de evaluación médica a partir de determinada edad, a cargo de comisiones médicas que brinden verosimilitud y legitimidad al resultado.

[23] ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Los límites de la interpretación judicial. De nuevo sobre los casos trágicos. Isonomía. No. 6. Abril de 1997. p. 8

[24] Vid supra Fundamentos 19-26 de esta ponencia.

[25] Decreto Supremo Nº 004-2013-ED Reglamento de la Ley Nº 29944, Ley de Reforma Magisteria

Que, de acuerdo con el literal e) del artículo 13 de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación, la carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral, es uno de los factores que interactúa para el logro de la calidad de la educación; 

Que, la implementación de una nueva Carrera Pública Magisterial es una política coadyuvante a la obtención del Objetivo Estratégico 3 – Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia – del “Proyecto Educativo Nacional al 2021 – La Educación que queremos para el Perú”, aprobado mediante Resolución Suprema Nº 001-2007-ED.

[26] El Congreso aprueba retrasar la jubilación a los 67 años. El País. España. 21 de julio de 2011. Disponible en http://politica.elpais.com/politica/2011/07/21/actualidad/1311252102_476595.html Fuente visitada con fecha 10 de setiembre de 2014.

Señala El País: El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy definitivamente la reforma de las pensiones que eleva gradualmente la edad jubilación a los 67 años, después de que el Gobierno haya logrado sacarla adelante con el único apoyo de CiU durante todo el trámite parlamentario. (…)La norma, que entrará en vigor en 2013, fija que para jubilarse a los 67 habrá que tener una cotización de 37 años, mientras que mantiene que los trabajadores puedan retirarse a los 65 si han cotizado 38 años y seis meses.

[27] Ley Nº 29944. Ley de Reforma Magisterial. Artículo 23. Permanencia en la carrera pública magisterial

La evaluación del desempeño docente es condición para la permanencia, en concordancia con el artículo 28 de la presente Ley, en la Carrera Pública Magisterial. Es obligatoria y se realiza como máximo cada tres años.(…)

[28]  Vid STC 0020-2012-PI/TC. Caso Ley de Reforma Magisterial 2.

[29] Vid supra Nota pie de página 22

[30] Vid supra Nota pie de página 10

[31] Constitución 1993. Artículo 103°.  

Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad.

[32] STC 008-2008-PI/TC Caso Ley del Profesorado

72. (…) este Tribunal ha pronunciado en reiterada jurisprudencia que nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos, estableciendo que “(…) nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes’ (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por tanto, para aplicar una norma (…) en el tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas”. (subrayado agregado) 

73. Se colige de ello que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de aplicación a las situaciones jurídicas existentes, y que la teoría de los derechos adquiridos tiene una aplicación excepcional y restringida en nuestro ordenamiento jurídico, pues únicamente se utiliza para los casos que de manera expresa señala la Constitución, tal como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional cuando determinó que “(…) la aplicación ultractiva o retroactiva de una norma sólo es posible si el ordenamiento lo reconoce expresamente –a un grupo determinado de personas– que mantendrán los derechos nacidos al amparo de la ley anterior porque así lo dispuso el Constituyente –permitiendo que la norma bajo la cual nació el derecho surta efectos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o sustituida-; no significando, en modo alguno, que se desconozca que por mandato constitucional las leyes son obligatorias desde el día siguiente de su publicación en el Diario oficial (…)”(subrayado agregado)

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Ne bis in idem, despido laboral y presunción de inocencia

24 marzo, 2014

SALA MIXTA VACACIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 1078-2013-SM-SPJ

DEMANDANTE: PEDRO SAAVEDRA CRISANTA

DEMANDADO: PROYECTO ESPECIAL JAÉN SAN IGNACIO-BAGUA Y OTROS

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.  

En Chiclayo, a los 13 días del mes de febrero de 2014, la Sala Mixta Vacacional de Lambayeque, integrada por los magistrados Zamora Pedemonte, Silva Muñoz y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por el Proyecto Especial Jaén San Ignacio – Bagua, contra la sentencia de fecha 09 de octubre de 2013, en el extremo que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo y ordena la reposición del actor.

 

ANTECEDENTES  

La demanda interpuesta (p. 34-41) solicita se declare inaplicable y sin efecto legal alguno el despido arbitrario efectuado por la demandada en contra del actor, materializado en la Resolución Ministerial Nº 0531-2010-AG,  y se ordene su reincorporación a sus labores en el Proyecto Especial Jaén San Ignacio – Bagua. Precisa haber ingresado a laborar con fecha 02 de abril de 2002 como personal de apoyo a Tesorería y refiere que mediante Resolución 329-2009-AG.PEJSIB-4601, se declara la responsabilidad administrativa del recurrente por haber cometido falta laboral grave, imponiéndosele la sanción disciplinaria de despido por causa justa. 

La contestación formulada por la emplazada (p. 57-62) solicita al Juez desestime la demanda, declarándola improcedente o infundada. Hace mención a que el recurrente debió recurrir a la vía contencioso administrativa para impugnar una Resolución Ministerial y que la sanción de despido obedece a la existencia de responsabilidad por falta grave al haberse producido la sustracción de dinero por la suma de S/ 28,245.24. 

El Procurador Público contesta la demanda (p. 80-90) señalando que en aplicación del precedente vinculante 206-2005-PA/TC, corresponde sea conocida esta pretensión en la vía del proceso contencioso administrativo. 

La sentencia impugnada (p.249-260) estima la demanda al advertir que la emplazada ha emitido resoluciones administrativas contradictorias, declarando la nulidad de hasta 2 resoluciones a propósito del cese del actor. Considera, además, que el accionante ha sido victima de un despido arbitrario, al haberse establecido en la vía penal que el actor no era responsable del hecho imputado. Por consiguiente, dispone su reposición en forma definitiva, en el cargo que venía desempeñando. 

La impugnación formulada (p. 267-279) precisa que existe falta de congruencia en la parte decisoria de la apelada, en razón de que la decisión de la reposición no corresponde como consecuencia de la propia pretensión de la demanda y que esto denota un problema de motivación del juzgador. Considera, de otro lado, que no se ha vulnerado el debido procedimiento administrativo pues la falta grave sí ha existido y como consecuencia de ello, se aplicó la sanción de despido. Estima, por tanto, que ha quedado acreditada la responsabilidad del demandante en aplicación de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad.

 

FUNDAMENTOS 

§ Ne bis in idem, despido laboral y presunción de inocencia   

1. Las posiciones que la jurisprudencia constitucional ha asumido en relación a la responsabilidad del trabajador que es luego procesado en la vía penal, han asumido distintos grados de valoración en razón de que las circunstancias pueden variar en mayor o menor grado de una forma u otra.   

2. En un primer orden, debemos determinar si nos encontramos frente a la configuración del ne bis in idem,[1] como manifestación de vulneración al debido proceso, en tanto sancionar 2 veces por un mismo hecho constituye efectivamente una agresión a un derecho fundamental, dado que se produciría la sumatoria de 3 elementos: sujeto, objeto y materia.[2] Esta situación contraviene los estándares de un debido proceso en cuanto involucra una persecución indebida y contraria a los derechos fundamentales. 

3. Sin embargo, no basta conceptuar una persecución prima facie o en modo genérico, pues deviene necesario identificar diversas situaciones al respecto: queda vedada una misma apreciación ante los hechos que suponen responsabilidad si una decisión administrativa es sancionatoria y la otra de carácter penal absolutoria[3] pues en dicha situación, nos encontramos frente a una sanción administrativa que partiría de la ausencia de razonabilidad en la aplicación de la sanción y de otro lado, frente a una situación de orden penal que considera que el acto de responsabilidad no existió. En dicho caso, la sujeción se produce en relación a la decisión administrativa respecto de la de orden penal. 

3. De igual forma, corresponde diferenciar una siguiente situación: cuando han tenido lugar  dos sanciones, una de orden administrativo y otra de índole jurisdiccional penal, cuyos contenidos coinciden, es decir, la decisión penal valida la posición de la Administración[4] en tanto admitimos que se trata de bienes jurídicos distintos: el alcance de la decisión administrativa protege el buen funcionamiento de la Administración y la sanción penal ha de enfatizar su acción hacia un bien específico al cual la normativa sustantiva penal le dispensa una protección determinada. En este caso, no hay infracción del principio ne bis in idem.

4. Podríamos derivar esta situación a un tercer escenario: que el hecho que da lugar a la sanción realmente no exista y así lo declare el juez penal. En ese caso, definitivamente la Administración partió de un hecho falso y por consiguiente, se materializa un alcance in extenso de la sentencia penal, la cual constata la contradicción en que incurre la Administración. En esta misma ruta de análisis, si el hecho propio de la sanción existe y así lo declara la autoridad penal, entonces es válido concluir que se trata de un contexto que se remite a que los bienes jurídicos a proteger son distintos, y por tanto, la imposición de la sanción administrativa como la penal deben conservar su rigor.     

5. El planteamiento de estas diversas vertientes de manifestación de las sanciones administrativas y penales nos conduce, entonces, a recalcar el rol que le corresponde al principio de presunción de inocencia[5] en la relación de trabajo en cuanto su contenido iusfundamental nos informa que la existencia propia de una absolución penal o una de sus diversas manifestaciones,[6] acredita la falta de razonabilidad en la imposición de la sanción de despido, la cual a su vez resulta excesiva en relación al hecho que la justicia penal constata no es constitutivo de responsabilidad. 

6. Ahora bien, ¿correspondería al empleador considerar la adopción de no despedir frente a un hecho que considere de suyo grave? La justicia constitucional no puede resultar invasiva respecto de las facultades de dirección del empleador y sin embargo, le exige un examen de razonabilidad respecto a la sanción de despido, en tanto ésta no es la única forma de sanción posible sino a su vez se configuran otras opciones viables en tanto, en función a la normativa propia interna de la empresa, podrá corresponder la imposición de otros tipos de sanción. Sin perjuicio de ello, sí es importante anotar que frente a la eventualidad de una absolución penal, queda la sanción administrativa en el ámbito de haberse excedido los márgenes de razonabilidad.      

 

§ Análisis del caso en concreto

7. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, 2 exigencias deben ser concurrentes respecto al acto vulneratorio: la demostración de los hechos objeto de afectación, o en su caso, acreditación de la fundamentalidad de la vulneración, y de otro lado, debe verificarse  la legitimidad o ilegitimidad del acto vulneratorio. 

8. En el caso que nos ocupa, no merece mayor análisis la cuestión de que existan resoluciones administrativas en apariencia contradictorias. La Administración asume una función reguladora y goza de la facultad correctora de revocar sus propios actos bajo determinados supuestos. Dadas esas características, corresponde ratificar los fundamentos que el juzgador de primera instancia determina a este respecto. 

9. Sí importa para efectos de este fallo centrarnos en el hecho relevante del suceso matriz que dio lugar a la sanción de despido del actor por parte del empleador, y tal situación es atribuida a que el actor habría entregado el dinero a una tercera persona luego de que el Tesorero de la entidad, le hiciera entrega de este mismo dinero. 

10. En específico, este hecho concreto- la entrega del dinero a un tercero- ha sido objeto de cuestionamiento por parte del Ministerio Público en el proceso penal que nos ocupa, en tanto según la resolución de la Sala Mixta de Jaén (p. 91-94) se confirma la decisión del juzgador de tener por retirada la acusación fiscal. Ahora bien, tal retiro de acusación del propio Ministerio Público parte de la premisa propia de incongruencia de que no hubo forma de acreditar a quién se entregó el dinero faltante, pues la declaración del testigo del caso no cumple con los lineamientos del Acuerdo Plenario 02-2005, en la medida que no se pudo identificar al tercero que habría recibido el dinero al interior de la propia institución, más aún si existe un registro de ingreso. A esto ha de sumarse que la última persona que ingresó el día de los hechos a los ambientes en que se produjo la sustracción, es el señor Herli Oblitas Gonzáles e ingresó tal persona a las 12.30 horas, sin que éste luego haya sido identificado como quien recibió el dinero.   

11. Advirtamos que la sentencia penal enfatiza la inviabilidad de los argumentos de la parte ahora demandada pues el hecho base- la entrega de dinero a terceros- no goza del sustento fáctico necesario para lograr la incriminación necesaria en sede penal. Lógica distinta sería la que tendría lugar de haberse identificado, dentro de los propios ambientes de la institución, a quien habría recibido el dinero de manera ilícita, más aún si el acceso a estas entidades no es abierto sino restringido y por tanto, existe una carga en cuanto a la identificación de las personas. 

12. Resulta irrazonable, entonces, la imputación de responsabilidad en el ámbito administrativo cuando la decisión penal asume una función exculpatoria, y más aún, que no haya habido real imputación penal, resultado propio de que no haya existido una acusación directa del Ministerio Público. En esos términos, ha resultado irrazonable el despido laboral cuando ha excedido el propio margen de atribución de una responsabilidad que ni para el Ministerio Público ni para el Poder Judicial resultan configuratorios de responsabilidad y por otro lado, resulta vulneratorio del respeto de la dignidad del trabajador en la relación de trabajo.[7] En ese orden de ideas, corresponde estimar la demanda.     

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia apelada que declara fundada la demanda. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

ZAMORA PEDEMONTE

SILVA MUÑOZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] Sus raíces normativas supranacionales encuentran asidero en la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José). Artículo 8.  Garantías Judiciales

4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

[2] STC 8123-2005-HC/TC. Caso Nelson Jacob Gurman 

27. Ahora bien, verificar la existencia o no de una persecución (…) requiere la conjunción de tres identidades distintas: identidad de la persona perseguida (eadem persona), identidad del objeto de persecución (eadem res) e identidad de la causa de persecución (eadem causa petendi).” 

[3] STC 2050-2002-AA/TA. Caso Ramos Colque 

19. (…) b. En su vertiente procesal, tal principio significa que «nadie pueda ser juzgado dos veces por los mismos hechos», es decir, que un mismo hecho no pueda ser objeto de dos procesos distintos o, si se quiere, que se inicien dos procesos con el mismo objeto. Con ello se impide, por un lado, la dualidad de procedimientos (por ejemplo, uno de orden administrativo y otro de orden penal) y, por otro, el inicio de un nuevo proceso en cada uno de esos órdenes jurídicos (dos procesos administrativos con el mismo objeto, por ejemplo).

Como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional de España (STC 47/1981), “(…) El principio nom bis in idem determina una interdicción de la duplicidad de sanciones administrativas y penales respecto de unos mismos hechos, pero conduce también a la imposibilidad de que, cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación de unos mismos hechos, el enjuiciamiento y la calificación que en el plano jurídico pueda producirse, se hagan con independencia, si resultan de la aplicación de normativa diferente, pero que no pueda ocurrir lo mismo en lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Estado” (cursivas agregadas). Lo que significa que, en el supuesto de existencia de una dualidad de procedimientos, el órgano administrativo queda inexorablemente vinculado a lo que en el proceso penal se haya declarado como probado o improbado.

[4] STC 01864-2009-PA/TC. Caso Caleb Morán 

5. (…) los hechos que originaron tanto la sanción disciplinaria cuanto la condena penal son básicamente los mismos; no obstante, la empleadora sancionó al recurrente no por apropiación indebida de bienes de la empresa, sino por incumplimiento de sus obligaciones como Asistente de Almacén, que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral; por su parte, el órgano jurisdiccional penal le impuso una condena penal por haber cometido ilícito penal; por consiguiente, no se ha vulnerado el principio non bis in ídem, toda vez que las sanciones que se impusieron al demandante tienen diferente naturaleza, puesto que una deriva de la responsabilidad disciplinaria en que incurrió por incumplimiento de sus obligaciones laborales y la otra de la responsabilidad penal que se le encontró como coautor de los delito de hurto simple y falsificación de documentos. 

[5] 05104-2008-PA/TC. Caso Sindicato Southern Peru 

9. Este Tribunal, en reiterada y uniforme jurisprudencia ha señalado que el derecho fundamental a la presunción de inocencia enunciado en el artículo 2°, numeral 24, literal f), de la Constitución, se proyecta también, a los procedimientos donde se aplica la potestad disciplinaria sancionatoria. Este derecho garantiza en el ámbito de un proceso la ausencia de toda sanción si no se ha probado fehacientemente la comisión de la infracción imputada. La potestad disciplinaria que detenta la entidad demandada no se puede aplicar sobre una presunción de culpabilidad, sino por el contrario, cuando se ha demostrado con pruebas idóneas la responsabilidad del imputado en la infracción atribuida. (…) 

[6] Sean el sobreseimiento, el retiro de acusación, la desvinculación del tipo penal, etc.

[7] BLANCAS BUSTAMANTE, Carlos. Derechos Fundamentales de la Persona y Relación de Trabajo. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2007. p. 266. 

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Excepcionalidad del amparo contra amparo

21 octubre, 2013

 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 00671-2012-PA/SPJ

DEMANDANTE:  JOSE TORRES BELLO

DEMANDADO: CORPORACION AGRICOLA UCUPE S.A. Y OTROS

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 18 días de abril de 2013, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Rodas Ramírez, Figueroa Gutarra y Terán Arrunátegui, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recursos de apelación interpuestos por Oscar Lucas Ascensios, Procurador del Poder Judicial, y los señores Jorge Saldaña Díaz, Marco Silva Chávez y José Jaime García contra la sentencia de fecha 30 de octubre de 2012, que DECLARA FUNDADA la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES  

La demanda es interpuesta por el señor José Baltazar Torres Bello (p. 49-57) contra las Resoluciones N° 02, de fecha 02 de marzo de 2012, y N° 03, de fecha 12 de marzo del 2012, expedidas por el Juez Mixto Permanente de Tumbes en el Exp. N° 059-2012-60-2601-JM-CI-01, con el objeto de que se declaren nulas y sin efecto legal cada uno de los  extremos en cuanto disponen diversas medidas en el proceso concursal respecto de Corporación Agraria Ucupe S.A. y otros. 

Alega el actor que el Juez supernumerario del Juzgado Mixto Permanente de Tumbes, Dr. Jorge Saldaña Díaz, de manera ilegal y arbitraria, ha admitido a trámite un proceso de amparo contra la Empresa Corporación Agrícola Ucupe S.A, Inversiones Agroindustriales USP S.A.C e INDECOPI de Lambayeque. 

Acota, igualmente, que el emplazado ha admitido un proceso de amparo que resultaba incompetente territorialmente para conocer, entre otros actos, los efectos jurídicos de la Resolución N° 261-2012/INDECOPI-LAM, la suspensión provisional del proceso concursal N° 0029-2001/CRP-ODI-CCPL, o realizar convocatoria alguna de Junta de Acreedores. 

La contestación formulada por el Procurador Público del Poder Judicial (p. 128-134) refiere que la pretensión resulta inatendible, toda vez que un proceso de amparo contra amparo no puede ser utilizado de manera temeraria por una persona que no es parte del primer amparo, sino que además en caso de tener interés, no ha solicitado su incorporación al presente caso. 

La contestación formulada por Jorge Saldaña Díaz (p. 179-181) refiere que la demanda de amparo contra amparo es inviable e improcedente, ya que a la fecha no es un tipo de acción permitida por el Tribunal Constitucional. En cuanto al fondo, refiere que la demanda fue analizada y al haberse encontrado indicios razonables de una vulneración de un derecho fundamental, se viabilizó la tutela urgente. 

La contestación formulada por José Jaime García (p. 183-197) señala que el proceso de amparo no procede contra resoluciones emanadas de un procedimiento regular. Así mismo, agrega, que de la revisión de la demanda el demandante no ha demostrado de manera fehaciente la vulneración de un proceso en el que no es parte. 

La sentencia impugnada (p. 665-681) estima la demanda por considerar que lo que se pretende cautelar con la interposición de la demanda son las facultades de la Junta de Acreedores como institución única e inalterable dentro de un procedimiento concursal, y a la vez como único ente capaz y revestido de legalidad para nombrar a sus representantes en los cargos de Administrador y Gerente General. 

Por ello, éste sería el único medio por el cual los acreedores, en este caso un acreedor laboral como accionante y los acreedores reconocidos por INDECOPI, en Junta, encuentran respaldo jurídico y amparo procesal, pues de no amparárseles, se les estaría quitando el derecho legítimo y amparado por Ley de la Junta de Acreedores de elegir y nombrar a sus representantes. 

Concluye que procede el presente proceso de amparo contra amparo toda vez que debe tomarse en cuenta el principio de favorabilidad y flexibilidad. Refiere, además, que no se habrían seguido las reglas de referidas a la competencia territorial.

La impugnación formulada (p. 690-693) por el Procurador Público, advierte errores de hecho y derecho, en base a que lo que la parte demandante está pretendiendo es desnaturalizar el objeto de las acciones de garantía, buscando erradamente un nuevo debate judicial, situación en la que incide el A quo.

Ello no implica que el amparo pueda ser considerado como instancia adicional para revisar los procesos ordinarios, sino se encuentra limitado únicamente a verificar si la autoridad judicial ha actuado con respeto a los derechos fundamentales. 

La impugnación formulada (p. 695-898) por Jorge Saldaña Díaz, refiere que respecto a las resoluciones judiciales donde se cuestionarían la competencia, el debido proceso y la procedencia de amparo contra amparo, estos supuestos ya fueron resueltos por el órgano jurisdiccional de Juzgado Mixto de Tumbes. 

En cuanto a la ausencia de competencial territorial, refiere que el A quo no ha tomado en cuenta los artículos 15 y 17 del Código Procesal Civil, normas facultativas donde el demandante puede elegir el domicilio del proceso. Finalmente, en cuanto al extremo de procedencia de amparo contra amparo, el juzgador nuevamente ha incurrido en error al inaplicar el precedente vinculante recaído en la STC 4853-2004, de fecha 22 de mayo de 2007.  

 La impugnación formulada (p. 703-712) por Marco Silva Chávez, advierte los mismos vicios procesales que los otros demandados. Refiere que se debe revocar la sentencia y declarar improcedente la demanda por incompetencia funcional, al haberse resuelto en contra de lo dispuesto en la Ley Concursal. 

La impugnación formulada (p. 713-722) por José Jaime García tiene por finalidad que se revoque la sentencia y se declare improcedente la demanda, pues alega los mismo errores de hecho y derecho, estipulados por los otros demandados.

 

FUNDAMENTOS

§ Sobre el proceso de amparo contra amparo  

1. Dentro del análisis de precedentes judiciales y vinculantes, la STC 04853-2004-AA/TC abarca el emparo contra amparo y su interposición por única vez respecto de otro proceso constitucional de amparo viable solo respecto a resoluciones judiciales, con exclusión objetiva de las decisiones del Tribunal Constitucional. 

2. De modo complementario, conviene puntualicemos los requisitos del amparo contra amparo, reseñados en el sentido de que un proceso constitucional, con sentencia estimatoria, podría eventualmente contener una infracción a los principios, valores y directrices contenidos en la Carta Fundamental.

3. Bajo esta pauta de exigencias de fondo y forma,[1] es relevante anotar que la regla sustancial de dicho precedente fija determinados requisitos para su interposición, lo cual implica que no se trata de un proceso abierto sino por el contrario restringido a las causales taxativas que enuncia el precedente.

4. De esa manera, deben cumplirse condiciones de objeto,[2] en tanto nos referimos a una afectación de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional; pretensión,[3] en la medida que se configura una exigencia de necesaria intensidad para intervenir; sujetos legitimados[4], en cuanto tiene primer interés quien haya sido naturalmente afectado en un primer amparo; y juez competente,[5] en referencia a que sea otro juez quien conozca el amparo. Satisfechos estos requisitos, se configura la verdadera procedencia del amparo contra amparo, cuya idea tutelar es reprimir solo muy graves afectaciones a derechos fundamentales bajo condiciones determinadas.

 

§ Análisis del caso concreto 

5. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales y verificados los actuados a lo largo de este proceso, tanto respecto de la demanda y sus respectivas contestaciones, la sentencia en cuanto razonamiento del A quo en tanto a los principios de favorabilidad y flexibilidad, así como las impugnaciones formuladas a tal efecto, estimamos que no se configuran los requisitos de procedencia del amparo contra amparo. 

6. Importa revisemos inicialmente el petitorio del accionante (p. 6) y advertiremos que de los 6 puntos enunciados como consecuencia de las resoluciones judiciales cuya no aplicación se demanda, ninguno de los extremos referidos se refiere a la afectación manifiesta, ostensible o elevada de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, ni tampoco a en qué medida el Juez emplazado ha vulnerado los derechos fundamentales que se supone han sido afectados. Y dicho sea de paso, tampoco se construye un marco de afectación de los derechos conculcados en tanto ello representa una exigencia para este tipo de procesos, es decir, en cuánto se ha afectado un derecho fundamental que es de verse, ya se ventiló en el primer amparo. 

7. De la misma forma, la exigencia del amparo contra amparo es respecto de resoluciones judiciales firmes y es preciso remarcar que las resoluciones demandadas no ostentan dicha calidad,[6] incumpliéndose por consiguiente un requisito procedimental necesario para este tipo de demandas cuya naturaleza, reiteramos, es de manifiesta excepcionalidad. 

8. En cuanto a los argumentos del A quo se refiere, es necesario contraponer la argumentación que pretenda definir derechos fundamentales a partir de principios, con las necesarias exigencias de justificación interna y externa de las resoluciones judiciales, en cuanto se prohíbe razonamientos contradictorios, respecto a lo primero, y se exige una adecuada corrección material de las premisas, en tanto la Constitución, la ley, la jurisprudencia y la doctrina, deberían ser elementos del análisis jurídico invocados idóneamente. 

9. A juicio nuestro, no puede interferir el Juez del amparo contra amparo respecto de un proceso que ya viene ventilándose, con visos de regularidad, ante una competencia determinada. Es exigible, para agotar el examen de lógica de la justificación interna, que las eventuales incongruencias en la competencia del proceso, de existir, correspondan bajo la normal función nomofiláctica de expulsar interpretaciones contradictorias del A quo, por el órgano jurisdiccional superior y no por el juez del amparo contra amparo. 

10. De la misma forma, no apreciamos un adecuado ejercicio de justificación externa pues se invoca los principios de favorabilidad y flexibilidad respecto a las medidas que el Juez dispone en el decisorio (p. 680) referidas a la nulidad de las resoluciones acotadas y la cancelación de los asientos registrales respectivos, y sin embargo, debemos señalar que la fundamentación por principios, exige igualmente ser acompañada de fundamentos racionales que efectivamente, nos permitan tanto una fundamentación por principios así como un conjunto de elementos gravitantes que den solidez a esa fundamentación principialista. 

11. Esta obligación no es cumplida por el Juez, tampoco, en tanto se desprende la necesidad, y en eso insistimos, respecto a que los temas de competencia registral o concursal, sean definidos por las instancias de la Administración correspondientes, o bien por el primer juez del amparo, una vez agotado el debate constitucional respectivo. 

12. Que el juez del segundo amparo lo haga, sin haber precluido aquellas etapas que corresponde por la lógica procedimental del proceso, implica asumir funciones que no le competen, pues su fundamentación por principios simplemente enunciada sin otro asidero, constituye solo un esbozo de pretensión de defensa lata de un derecho fundamental, mas sin la necesaria fundamentación axiológica racional que exige la construcción de fundamentos por principios. 

13. Sobre esto solo cabe precisar que el A quo dispone efectos concursales en su decisión, inclusive otorga al demandante tutela para la intervención concursal, y por tanto se da una intervención cierta del A quo en la sentencia en el aspecto concursal y sin embargo, es necesario advertir que esa intervención debe ser estrictamente necesaria y no envía de interferencia de funciones.   

14. Por otro lado, tampoco hay ejercicio de justificación externa en cuanto no se acompaña la decisión de fundamentos vinculantes respecto a la posición adoptada. Ciertamente que nos podemos encontrar frente a una laguna axiológica,[7] pudo haber sido ése el razonamiento del A quo al amparar principalmente su decisión en los principios de favorabilidad y flexibilidad y sin embargo, no advertimos fortaleza de la justificación externa en este extremo pues no justifica por qué debe entrar el A quo del segundo amparo a reemplazar la tutela del A quo del primer amparo, lo cual implica una invasión de funciones.   

14. Por tanto, no se han cumplido las exigencias del precedente vinculante 4853-2004-AA/TC y en ese sentido, la demanda debe ser desestimada, en tanto este tipo de pretensiones deben ser agotadas al interior de sus propios procesos.  

 

DECISIÓN:  

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia que DECLARA FUNDADA la demanda; con lo demás que contiene; y REFORMÁNDOLA,  DECLARA  IMPROCEDENTE la demanda. Con costos.

 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

RODAS RAMIREZ

FIGUEROA GUTARRA

TERÁN ARRUNATEGUI

 


[1] STC 4853.-2004-AA/TC. Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. 

§7. Las nuevas reglas del “amparo contra amparo” 

39.  (…) resulta necesario establecer las reglas procesales y sustantivas del precedente vinculante para la procedencia, tanto del “amparo contra amparo” como también respecto del recurso de agravio constitucional a favor del precedente. Estas reglas deben ser interpretadas siempre atendiendo a los principios constitucionales pro homine y pro actione, a fin de que el proceso constitucional cumpla su finalidad de tutelar la supremacía jurídica de la Constitución y los derechos fundamentales. 

A) Regla procesal: El Tribunal Constitucional de conformidad con el artículo 201 y 202.2 de la Constitución así como de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica para establecer, a través de sus sentencias que adquieren el carácter de cosa juzgada, un precedente vinculante. En virtud de ello la presente sentencia, en tanto constituye cosa juzgada, se establece como precedente vinculante y sus efectos normativos se precisan en la siguiente regla sustancial.  

B) Regla sustancial: Para la procedencia, por única vez, de una demanda de “amparo contra amparo”, el juez constitucional deberá observar los siguientes presupuestos (…)  

[2]  STC 4853.-2004-AA/TC. Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. 

(1)   Objeto. – Constituirá objeto del “amparo contra amparo”:   

a) La resolución estimatoria ilegítima de segundo grado, emitida por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo donde se haya producido la violación manifiesta del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, o que haya sido dictada sin tomar en cuenta o al margen de la mejor protección de los derechos establecida en la doctrina jurisprudencial de este Colegiado, desnaturalizando la decisión sobre el fondo, convirtiéndola en inconstitucional.  

b) La resolución desestimatoria de la demanda, emitida en segundo grado por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, cuando ésta haya quedado firme en el ámbito del Poder Judicial y cuando en su trámite se haya violado, de modo manifiesto, el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales de un tercero legitimado, cuya intervención en el proceso haya sido rechazada o en el que no haya solicitado intervenir por desconocer de dicho trámite; o tratándose del propio interesado, cuando éste, por razones que no le sean imputables, no haya podido interponer oportunamente el respectivo recurso de agravio constitucional.  

c) En ningún caso puede ser objeto de una demanda de “amparo contra amparo” las resoluciones del Tribunal Constitucional, en tanto instancia de fallo última y definitiva en los procesos constitucionales.   

[3] STC 4853.-2004-AA/TC. Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. 

(2)   Pretensión.– El nuevo amparo podrá incluir como pretensión lo que ha sido objeto del primer amparo sólo si la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho fundamental es de tal intensidad que desnaturaliza la decisión misma y la convierte en inconstitucional; caso contrario, no procederá el “amparo contra amparo” por haberse configurado la cosa juzgada constitucional. También puede invocarse como pretensión en el nuevo amparo el desacato manifiesto de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal, conforme a los supuestos establecidos en el fundamento 17 de esta sentencia.  

[4] STC 4853.-2004-AA/TC. Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. 

(3)   Sujetos legitimados. – Las personas legitimadas para interponer una demanda de “amparo contra amparo” son las siguientes:   

a)      Frente a la resolución estimatoria ilegítima de segundo grado, emitida por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, donde se haya producido la violación del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, o se haya desconocido la doctrina jurisprudencial de este Colegiado, desnaturalizando la decisión sobre el fondo, convirtiéndola en inconstitucional; podrán interponer una demanda de “amparo contra amparo” los directamente afectados, siempre que tal afectación haya sido debidamente denunciada al interior del primer proceso de amparo y no haya sido respondida por el órgano judicial o lo haya sido de forma insuficiente. También están legitimados los terceros afectados por lo resuelto en el primer amparo que no hayan sido emplazados o no se les haya permitido ejercer su derecho de defensa al interior del primer amparo. (…)

b)Frente a la resolución denegatoria de segundo grado, emitida por el Poder Judicial en el trámite de un proceso de amparo, cuando ésta haya quedado firme en el ámbito del Poder Judicial, y cuando en su trámite se haya violado, de modo manifiesto, el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, podrá interponer una demanda de “amparo contra amparo” el tercero legitimado que, pese a haber solicitado su intervención en el primer amparo, no haya sido admitido o, teniendo la calidad de litisconsorte necesario, no haya sido notificado con la demanda. Asimismo lo podrá interponer el interesado que, por razones probadas, se hubiera encontrado imposibilitado de presentar el recurso de agravio constitucional oportunamente. En estos supuestos, será indispensable que, en el primer proceso de amparo, no exista pronunciamiento del Tribunal Constitucional a través del recurso de agravio constitucional, sin importar quién lo haya interpuesto. Finalmente, conforme a lo señalado supra, sólo se ha de admitir por una única vez, sea que lo plantee el agraviado directamente o terceros.  

[5] STC 4853.-2004-AA/TC. Caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad. 

(4)   Juez competente. – A efectos de obtener un pronunciamiento de conformidad con el valor superior justicia y con el derecho fundamental a un juez imparcial, el juez de primer y segundo grado no deberá haber conocido la primera demanda de amparo. 

[6] No se ha demostrado en el curso del proceso tal condición

[7] Se presenta cuando una regla a criterio del juzgador es injusta o colisiona con un principio. VID. ABREGU BAEZ, Aurelio. Interpretación y razonamiento en el ámbito jurisdiccional. Academia de la Magistratura 2013. Lima, 2013. p. 48.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Despido fraudulento. Valor del bien

14 octubre, 2013

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 2084.2011-PA/SPJ

DEMANDANTE: CESAR ROJAS ALVA

DEMANDADO: EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMAN S.A.A

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 25 días del mes de marzo de 2013, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Rodas Ramírez, Figueroa Gutarra y Terán Arrunátegui, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por César Rojas Alva, contra  la sentencia de fecha 09 de octubre de 2012, que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda de amparo.

 

ANTECEDENTES  

El recurrente interpone demanda de amparo (p.17-25) y solicita se declare nula e inaplicable la Carta Notarial de fecha 23 de mayo de 2011, a través de la cual se le comunica el cese de su relación laboral. Pide se repongan las cosas al estado anterior a la vulneración constitucional, y se ordene su inmediata reposición a su puesto de trabajo como operador de maquinaria pesada. Precisa que la causal alegada por la demandada – haberse querido apropiar de unos ángulos de fierro- no es válida para resolver su contrato de trabajo de duración indeterminada. Alega vulneración de sus derechos constitucionales al trabajo, derecho de opinión, derecho al debido proceso, derecho a la legítima defensa, y derecho a la continuidad en el trabajo, dada su condición de afiliado sindical. 

La sentencia apelada (p. 113-116) señala que el empleador ha seguido el procedimiento de despido pues ha imputado cargos y el trabajador ha contestado los mismos. 

La impugnación formulada por el accionante (p.142-144) incide en que su despido fue ejecutado sin causa justa para dejar sin efecto su contrato de trabajo de duración indeterminada, al tiempo que precisa que la demandada actúo faltando a la verdad legal, incurriendo en un despido nulo por el hecho de ser afiliado sindical.

 

FUNDAMENTOS 

§ Sobre el despido fraudulento   

1. El fundamento octavo de la sentencia 206-2005-PA/TC, de naturaleza vinculante, define el despido fraudulento estableciendo que:

“Se configura cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, siendo procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos.”

2. En forma complementaria, la sentencia 976-2001-AA/TC, de fecha 13 de marzo de 2003, caso Eusebio Llanos Huasco, señala en su Fundamento 15, sobre despido fraudulento que:

Aparece esta modalidad de conformidad con lo establecido implícitamente en la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. N.° 0628-2001-AA/TC, de fecha 10 de julio de 2002(…) En tal caso, este Tribunal consideró que “El derecho del trabajo no ha dejado de ser tuitivo conforme aparecen de las prescripciones contenidas en los artículos 22° y siguientes de la Carta Magna, debido a la falta de equilibrio de las partes, que caracteriza a los contratos que regula el derecho civil. Por lo que sus lineamientos constitucionales, que forman parte de la gama de los derechos constitucionales, no pueden ser meramente literales o estáticos, sino efectivos y oportunos ante circunstancias en que se vislumbra con claridad el abuso del derecho en la subordinación funcional y económica…”. (Fun. Jur. N°. 6). Esos efectos restitutorios obedecen al propósito de cautelar la plena vigencia, entre otros, de los artículos 22°, 103° e inciso 3) del artículo 139° de la Constitución. Se produce el denominado despido fraudulento, cuando: Se despide al trabajador con ánimo perverso y auspiciado por el engaño, por ende, de manera contraria a la verdad y la rectitud de las relaciones laborales; aun cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales, como sucede cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios o, asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de tipicidad, como lo ha señalado, en este último caso, la jurisprudencia de este Tribunal (Exp. N.° 415-987-AA/TC, 555-99-AA/TC y 150-2000-AA/TC); o se produce la extinción de la relación laboral con vicio de voluntad (Exp. N.° 628-2001-AA/TC) o mediante la “fabricación de pruebas“. En estos supuestos, al no existir realmente causa justa de despido ni, al menos, hechos respecto de cuya trascendencia o gravedad corresponda dilucidar al juzgador o por tratarse de hechos no constitutivos de causa justa conforma a la ley, la situación es equiparable al despido sin invocación de causa, razón por la cual este acto deviene lesivo del derecho constitucional al trabajo. “    

 

§ Análisis del caso concreto

3. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la emplazada no ha cumplido las reglas mínimas de exigencia formuladas en la propia revocatoria de improcedencia liminar de demanda de 03 de enero de 2012, (p. 54), en la medida que no se aprecia en autos que se hubiere descartado si los medios aparentemente sustraídos por el actor eran o no medios emergencia en caso de problemas de baterías así como si la sustracción de tales bienes implicaba una forma de lesividad patrimonial al empleador, es decir, si había un valor económico de los mismos. 

4. En efecto, el alegato del demandante resulta uniforme en el sentido de que los bienes aparentemente sustraídos no tenían mayor valor (p. 40) y que únicamente servían para situaciones de emergencia – golpes con varillas- cuando fallaba la batería del tractor que manejaba. 

5. Frente a esta imputación, no apreciamos descargo alguno del empleador, de lo cual cabe inferir que efectivamente tales fierros o ángulos no tenían mayor valor económico y que por el contrario, con los mismos se efectivizaba su trabajo en caso de problemas con la batería del tractor, a la cual había que golpear. 

6. De otro lado, tampoco hay una actividad de descargo en el sentido de acreditar cuando menos la preexistencia de dichos bienes y al mismo tiempo, de verificación de su valor, para efectivamente concluir que su disposición implica lesividad patrimonial para el empleador. 

7. Ciertamente que la figura de la apropiación frustrada en el ámbito laboral de la actividad privada no exige valoración económica. En propiedad la doctrina laboral concluye por un juicio de prescindencia del valor económico del bien. 

8. Y sin embargo, advirtamos que nos encontramos frente a una valoración de orden iusfundamental por cuanto frente al argumento del demandante en el sentido de que estos bienes habrían sido sustraídos, la emplazada solo refiere una intervención y decomiso (p. 98), y acota la misma, por otro lado, que hay un servicentro donde se reparan los vehículos de la empresa (p. 99),  para concluir que no es razonable devolver la confianza al trabajador (p. 100) a raíz de los hechos producidos. 

9. Estando a lo expuesto, el argumento de prescindencia del valor económico – premisa de connotación sustantivamente laboral- no resulta sostenible en sede constitucional pues efectivamente de ser cierto el argumento del demandante en el sentido de que estos bienes o “fierritos” no tienen valor alguno,[1] se le llegaría a despedir, si seguimos la argumentación de la demandada, por bienes sin valor alguno, con lo cual arribamos a una conclusión apagógica o absurda en tanto se despediría respecto de un bien sin rango económico. 

10. En consecuencia, nos encontramos frente a un despido fraudulento en tanto el empleador considera que se ha sustraído un bien que de acuerdo a los propios actuados, no tiene valor, lo cual nos permite inferir la construcción de un argumento de configuración de despido fraudulento, precisamente porque el empleador no demuestra, no obstante la acotación de la Sala, el descargo suficiente respecto a esta imputación. 

11. Bajo esa pauta, concluimos que el empleador ha basado su accionar en un razonamiento mecánico de la existencia de apropiación frustrada, sin mayor exigencia de rigor en el procedimiento previo al despido, al igual que no sustenta en su contestación, a pesar de lo reseñado por la Sala, la cuestión vinculada al valor de los bienes aparentemente sustraídos.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia apelada que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda; REFORMÁNDOLA, DECLARA FUNDADA la demanda y DISPONE la reincorporación del demandante en su misma plaza de trabajo o en una de igual categoría. Con costos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

RODAS RAMIREZ

FIGUEROA GUTARRA

TERÁN ARRUNÁTEGUI

 


[1] Frente a lo cual no ha y descargo categórico del empleador: Vid carta de despido (p. 3) 

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Sentencias constitucionales. Proceso de impugnación de resolución administrativa. Aplicación de la fórmula Radbruch

28 agosto, 2013

NOTA PREVIA:

Estimados amigos:

En nuestro diario quehacer en segunda instancia constitucional, también nos corresponde, en determinados casos, integrar otras Salas, sea por licencia de un titular, vacaciones del mismo u otra razón de fuerza mayor.

Este año integramos en abril unos días la Sala Mixta Transitoria de este Distrito Judicial, y nos correspondió conocer un asunto que ameritaba, a juicio nuestro , la aplicación de la Fórmula Radbruch, tema de raigambre constitucional ya anteriormente tratado en este blog.

Dejamos a consideración de Uds. la viabilidad de esta argumentación.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

SALA MIXTA TRANSITORIA DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NRO. : 5434-2011-ST/SPJ

DEMANDANTE. RITA MONCADA CRUZADO  

DEMANDADO: GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Y OTROS

MATERIA: IMPUGNACIÓN DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA 

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

 

En Chiclayo, a los 29 días del mes de enero de 2013, la Sala Mixta Transitoria de Lambayeque, integrada por los Magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Díaz Piscoya, pronuncia la siguiente resolución:

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Rita Moncada Cruzado contra la sentencia de fecha 25 de abril de 2012, que DECLARA INFUNDADA la demanda contenciosa administrativa de autos.

ANTECEDENTES 

La pretensión de la demandante (p. 7-15) tiene por objeto se declare la nulidad de las Resoluciones Gerencial Regional 195-2011-GR.LAMB/GRDS y 611-2011-GR.LAMB/DRSAL, las cuales declaran improcedente un pedido de reintegro de asignación por 25 años de servicios en base a remuneraciones totales integrales.

La Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Gobierno Regional Lambayeque (p. 48-52) contesta la demanda y solicita que la misma sea declarada infundada. Señala que el pago se ha efectuado en base a la remuneración total permanente y precisa que la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010 precisa que está prohibido el reajuste o incremento de beneficios de toda índole.

El Ministerio Público opina por la improcedencia de la demanda (p. 61-64) en atención a que la demandante no ha agotado debidamente la vía administrativa.

La sentencia apelada (p. 70-74) desestima la demanda aludiendo que no existe impugnación en razón de que, en vez de impugnarse la Resolución 624-2010-GR/LAMBDRSAL, solo existe un pedido de “reintegro de gratificación de 2 sueldos”. Acota que el derecho no se ha perdido sino existen cuestionamientos de forma.

La impugnación formulada por la demandante (p. 79-82) indica que a pesar de lo que señala la sentencia, ya tenía reconocido el derecho de reintegro por la RDRS 624-2010-GR-LAMB/DRSAL y más aún, no existe cosa juzgada en el caso de autos sino cosa decidida, la misma que es plenamente revisable por la autoridad judicial.

 

FUNDAMENTOS

§ La fórmula Radbruch y el derecho extremadamente injusto 

1. La dilucidación de controversias que involucran derechos reconocidos por la ley y que eventualmente pueden devenir en cuestiones constitucionales, apunta hacia la tesis de casos difíciles pues ellas involucran definir problemas con raigambre iusfundamental a partir de principios, valores y directrices. Por oposición, otro tipo de controversias pueden ser dirimidas a partir de las normas- regla concurrentes. Esta idea parte de la noción de un derecho por principios frente a un derecho por reglas, una de los temas más trabajados en la justicia constitucional en los últimos años a partir de trabajos de Robert Alexy, Ronald Dworkin, Gustavo Zagrebelsky, Manuel Atienza Rodríguez y Luis Prieto Sanchís, entre otros autores relevantes.

2. En muchas situaciones, la contraposición de derechos resulta sumamente compleja y en tal sentido, es importante advertir que, en apariencia, la fuerza de las normas-regla parecen concurrir para resolver un caso. Si la norma- regla es lo suficientemente idónea, congruente y racional, la controversia ha de dilucidarse a partir de una inferencia silogística y se produciría el desplazamiento de los principios en el caso a resolver, razón que ya no justificaría una acción integradora de ellos pues la justicia constitucional parte de la emotio, de la propia razonabilidad y de la ponderación para resolver las cuestiones difíciles. Pero ¿qué sucede si la regla a emplear solo brinda la opción del “todo o nada”,  y no deja espacio alguno para la acción de integración de los principios? Frente a esta noción pétrea, los dilemas constitucionales pueden resolverse, también, a través de fórmulas.

3. La situación antes descrita fue abordada por Robert Alexy[1] en una conferencia dictada en la Universidad de San Marcos[2] en tanto el conocido autor alemán hizo referencia a la aplicación de la fórmula Radbruch, planteada por primera vez en 1946, luego de 12 años de nacionalsocialismo. Acotó el profesor de la Universidad de Kiel, Alemania, que el Tribunal Federal alemán se vio enfrentado a dos casos importantes: uno primero, a raíz de la caída del régimen nazi cuando los jerarcas nacionalsocialistas fueron declarados culpables. En rigor, el Tribunal de Nürenberg se circunscribió a aplicar el derecho del vencedor pero determinados casos fueron conocidos por el Tribunal Federal alemán y en propiedad, no existía un derecho aplicable, sino el construido a partir de la propia victoria aliada, para sancionar los graves crímenes contra la humanidad cometidos por los nazis. En suma, no había un derecho concurrente en la dimensión de conjunto de reglas aplicables al caso concreto.

4. De la misma forma, refirió Alexy que después de la caída del muro de Berlín, los soldados o centinelas – Mauerschützen – que dispararon a quienes se escapaban de Berlín oriental a Berlín occidental, debieron ser enjuiciados. El argumento de defensa de los militares fue que la norma- regla aplicable al caso concreto les permitía disparar a quienes trasgredieran el mandato de no cruzar la frontera y por tanto, no se configuraba responsabilidad alguna. El Tribunal Federal alemán no aceptó esta tesis bajo los alcances de la fórmula Radbruch que en síntesis señala que “el derecho extremadamente injusto no es derecho” (lex injusta non est lex)[3]

5. La tesis es objetiva. En caso de resolverse las controversias solo bajo la concurrencia silogística de las normas- regla, no habría espacio para ir más allá de la norma en tanto respecto de los casos mencionados, los militares nazis pudieron haber alegado que solo cumplían órdenes superiores, tesis que hubiera podido valer, igualmente, para el segundo caso, pues el soldado no dispara en caso no haya alguien que infrinja la norma. Y sin embargo, la fórmula Radbruch presenta una razonabilidad justificada: los jueces constitucionales pueden ir más allá de la interpretación de la norma- regla a partir de la idea de la configuración de un mayor deber de protección de los derechos fundamentales concernidos.

6. Zagrebelsky[4] refuerza esta propuesta pues recurre a la necesaria idea de la dignidad de la persona humana y a una exigible idea de”mirar más allá”,[5] afirmando una impetuosa propuesta de supra- constitucionalidad, un tema de debate que privilegia la aplicación de principios en defensa de los derechos fundamentales.

7. La fórmula Radbruch constituye, en consecuencia, un aporte de relevancia para el derecho constitucional en la medida que representa una opción de ponderación frente a la aparente fortaleza de las normas- regla, las cuales pueden ser desplazadas si se pretende dilucidar la controversia solo a partir de la aplicación silogística de la norma- regla. Se trata por ello de un ejercicio de  diferenciación para una mejor tutela de los derechos fundamentales y que finalmente impone la justicia constitucional y sus fundamentos de mayor protección y de constelación plural de valores frente a las cuestiones que solo ofrecen homogeneidad ideológica.

 

§ Sobre las actuaciones de la Administración 

8. El Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia 3741-2004-AA/TC[6] diversos criterios referidos a los límites a la actuación de la Administración en la dilucidación de controversias y su necesidad de ajustar tales actos a nuestra Carta Fundamental. En propiedad, los actos de la Administración no constituyen una zona exenta de control constitucional y por tanto, corresponde que la jurisdicción ordinaria revise la legalidad de los  actos administrativos sometidos a control con la particular atingencia de que si a su vez, verifica una incompatibilidad con la Carta Fundamental, resulta un imperativo categórico preferir los principios, valores y directrices que la Constitución alberga, antes que una norma procedimental que no resulta compatible con la Norma Fundamental. En ese rigor de actuación, el juez deviene, en su actuación de dilucidación sobre derechos, guardián de la Constitución y no señor de la Constitución (Hüter der Verfassung und nicht der Herr der Verfassung),[7] en tanto se circunscribe a los mandatos de la Constitución y no es el dueño de ésta.

 

§ Análisis del caso concreto

9. A juicio de esta Sala Superior, el argumento del A quo invoca dos aspectos sustantivos: de un lado, reconoce el derecho de la accionante a percibir la remuneración íntegra respecto de los 25 años de servicios cumplidos, a lo cual suma un segundo razonamiento respecto del cual refiere que hay problemas de forma en tanto la Resolución cuestionada –624-2010-GR-LAMB/DRSAL (referida p. 5) -no fue oportunamente impugnada y por el contrario, la administrada solo se circunscribió a presentar un recurso que no era en rigor una impugnación.

10. El razonamiento del A quo, válido en su ámbito formal, conduciría a que efectivamente se privilegie el tema de forma al que alude y a que, partiendo de la noción de una afectación continuada, siempre que fuere así, la accionante vuelva a iniciar un reclamo en la vía administrativa, a fin de que pueda solicitar nuevamente, respetando los plazos del caso y las impugnaciones de mérito a que hubiere lugar, que su derecho se efectivice en los términos solicitados.

11. Reafirmamos la premisa de que el razonamiento del A-quo deviene suficiente en el ámbito silogístico y sin embargo, ése no es el sentir de las relaciones entre el derecho y  la justicia, pues obligar a la recurrente a iniciar un nuevo tema de forma, conociendo inclusive que el Tribunal Constitucional ya ha asumido posición en diversos ámbitos administrativo- profesionales respecto a la percepción de remuneraciones totales íntegras,[8] en rigor constituye una exigencia de formalidad que linda con el derecho extremadamente injusto, el cual bajo los alcances de la fórmula Radbruch, deviene en derecho no aplicable y por tanto, no vinculante.

12. Ciertamente que hay temas de forma que privilegiar en los procesos de esta naturaleza y en realidad, una respuesta de orden formal sería suficiente para dar por cerrada la cuestión que ahora nos ocupa, declarándose improcedente la demanda. Y sin embargo, los jueces nos vemos igualmente obligados a dar una respuesta que, compatible en lo estrictamente congruente con los temas de forma, constituya igualmente una respuesta válida desde la Constitución y no solo desde la ley en tanto ésta no puede ser punto de partida y llegada de los derechos fundamentales que también conciernen a las actuaciones de la Administración.

13. En esa necesaria prevalencia de derechos fundamentales sobre las formalidades, por tanto, incumbe para efectos de esta decisión, considerar afectados los derechos fundamentales a la dignidad y a percibir una remuneración equitativa, derechos previstos por los artículos 23 y 24[9] de la Constitución.

14. En ese razonamiento, consideramos que objetivamente ya existe el derecho reconocido desde la primigenia Resolución 624-2010-GR-LAMB/DRSAL, y que el mismo debía dilucidarse, inclusive favorablemente por parte de la propia Administración, dada la reiterada línea del Tribunal Constitucional en este sentido, y sin embargo, la petición es desestimada bajo un argumento de forma, el cual resulta incompatible de plano con nuestra Carta Fundamental, en tanto un tema de forma no resulta razonablemente exigible si existe, por un lado, un proceso de naturaleza jurisdiccional en trámite, y de otro lado, si la figura planteada deviene exigible, en tanto es potestad de los jueces acudir a la fórmula Radbruch para la estimación de un derecho conculcado.

15. Bajo el razonamiento desarrollado, no estimamos condición necesaria la interposición de un nuevo proceso, correspondiendo en esta instancia estimar la demanda favorablemente, en la medida que una denegatoria de la pretensión asumiría la naturaleza de una exigencia extremadamente injusta e incompatible con los derechos fundamentales a la dignidad del trabajador y a percibir una remuneración equitativa.

 

DECISIÓN:

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Mixta Transitoria de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia apelada que DECLARA INFUNDADA la demanda; REFORMÁNDOLA, declara fundada la demanda. En consecuencia, declara nulas las Resoluciones Gerencial Regional 195-2011-GR.LAMB/GRDS y 611-2011-GR.LAMB/DRSAL, las cuales declaran improcedente el pedido de reintegro de asignación por 25 años de servicios. DISPONE el pago de los adeudos en base a remuneraciones totales integrales. Con costos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

DIAZ PISCOYA


[1] Vid ALEXY, Robert. Eine Verteidigung der Radbruchschen Formel. UNA DEFENSA DE LA FÓRMULA DE RADBRUCH. Traducción del original alemán de José Antonio Seoane. Disponible en http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/2109/1/AD-5-4.pdf. Fuente visitada con fecha 09 de enero de 2013.

[2] Con fecha 28 de agosto de 2010. Participaron, entre otros, Jan Sieckmann y Pedro Grández Castro.

[3] RADBRUCH, Gustav, Relativismo y derecho, Bogotá, Temis, 1999, p. 35.

[4] ZAGREBELSKY, Gustavo.  El juez constitucional  en el siglo XXI. En Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional, número 10, julio- diciembre 2008,  p. 260

[5] ZAGREBELSKY, Gustavo. Op cit. p. 261

[6] STC 3741-2004-AA/TC. caso Salazar Yarlenque

§ 2. Debido procedimiento administrativo y derecho de impugnación de los actos de la administración

18. Conforme a la jurisprudencia de este Colegiado, el derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3 del artículo 139.° de la Constitución, no sólo tiene una dimensión estrictamente jurisdiccional, sino que se extiende también al procedimiento administrativo y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha establecido, a “(…) cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, el cual tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana”.  (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71) 

19. Entendido como un derecho constitucionalmente reconocido, el debido procedimiento administrativo comprende, entre otros aspectos, el derecho a impugnar las decisiones de la administración, bien mediante los mecanismos que provea el propio procedimiento administrativo o, llegado el caso, a través de la vía judicial, bien mediante el contencioso-administrativo o el propio proceso de amparo. En este último supuesto, el derecho de impugnar las decisiones de la administración confluye con el derecho de acceso a la jurisdicción cuando no existan vías propias dentro del propio procedimiento administrativo, o cuando estas se hayan agotado y causado estado en la decisión final de la administración. (…) 

21. El debido procedimiento en sede administrativa supone una garantía genérica que resguarda los derechos del administrado durante la actuación del poder de sanción de la administración. Implica, por ello, el sometimiento de la actuación administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no pueden significar restricciones a las posibilidades de defensa del administrado y menos aún condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercitadas en la práctica. (…)

[7] Reseña de Pablo Lucas Verdú. Vid. LANDA ARROYO, César. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Palestra Editores. Lima, 2007. p. 20.

[8] STC 09286-2005- PA/TC. Caso Hilaria Espinoza

4. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia y de conformidad con el Decreto Supremo Nº 041-2004-ED – norma concordante con las citadas en el fundamento precedente -, ha señalado que las remuneraciones y remuneraciones íntegras a las que se refieren, respectivamente, los artículos 510 y 52° de la Ley Nº 24029 (Ley del Profesorado), modificada por la Ley Nº 25212, deben ser entendidas como remuneraciones totales, y no totales permanentes, conforme a la definición establecida en el Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.

[9] Constitución Política 1993.

Artículo 23.- El Estado y el trabajo

(…) Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. (…)

Artículo 24.- Derechos del trabajador

El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual.

h1

Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Variación posición Tribunal Constitucional casos Ley Protección Patrimonial

27 agosto, 2013

    

SALA CONSTITUCIONAL DE  LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NRO. : 04689-2011-PA/SPJ

DEMANDANTE: AGROPUCALA SAA

DEMANDADO: BLANCA CERVERA DAVILA Y OTROS

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 31 días del mes enero de 2013, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Rodas Ramírez y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el auto de fecha 12 de diciembre de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine la demanda de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES  

La recurrente interpone demanda de amparo (p. 209 – 220) y solicita se declaren nulas y sin efecto las resoluciones: Nº 135 de fecha 17 de octubre de 2011, emitida por el Primer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo; Nº 132 de fecha 08 de setiembre de 2011, emitida por la Sala Laboral; y Nº 124 de fecha 26 de enero de 2011, emitida por el Primer Juzgado Transitorio de Trabajo de Chiclayo; todas ellas ordenando el pago de deudas laborales respecto de su actividad azucarera por la suma de S/. 114,708.84, con motivo del proceso Nº 0052-1999 y se declare nulo el proceso judicial desde la resolución Nº 101 de fecha 30 de setiembre de 2005. Alega vulneración a sus derechos constitucionales al debido proceso y a la propiedad, pues se trata de obligaciones laborales anteriores a la fecha de inicio del procedimiento concursal tanto de Agropucalá S.A.A. como de Industrial Pucalá S.A.C.

El auto apelado (p.221 – 224) declara improcedente la demanda por considerar que no se advierte que las resoluciones judiciales cuestionadas, por si mismas, vulneren alguno de los derechos constitucionales invocados por el recurrente, no pudiendo ser revisadas en sede constitucional. 

La apelación formulada por la accionante (p. 225 – 227) indica que la resolución impugnada presenta una serie de errores in iudicando, en razón de que no se le puede exigir el pago de sus obligaciones, pues este derecho se encuentra suspendido hasta que la Junta de Acreedores apruebe el Plan de Reestructuración. Refiere, además, que el señor Ernesto Loayza Rivas ha obtenido el reconocimiento de créditos laborales reconocidos en el proceso Nº 0052-1999, lo cual a la fecha le otorga la calidad de acreedor reconocido de una deuda ya pagada, y le permite participar en la Junta de Acreedores.  

 

FUNDAMENTOS

§ El cambio de posición jurisprudencial del Tribunal Constitucional y sus implicancias respecto a los jueces del Poder Judicial 

1. La construcción de la jurisprudencia constitucional, ceñida a los derechos fundamentales, representa una exigencia que denota caracteres especiales: de un lado, atiende a la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en cuanto tales, a través de los procesos constitucionales de la libertad; y de otro lado, aspira a consagrar el principio de supremacía normativa de la Constitución, a  través de los procesos de control normativo. En función a ambos parámetros, la jurisprudencia adquiere la connotación de un sistema material de valores que los jueces constitucionales van perfilando en la proyección del Estado constitucional.

2. En ese orden de ideas, la jurisprudencia constitucional representa un efecto de vinculatoriedad para los jueces, en la medida que si se trata de una decisión jurisdiccional del supremo intérprete de la Constitución, en un caso concreto, existen grados de vinculación: el precedente vinculante no permitirá un apartamiento de los jueces, dado su efecto erga omnes, conforme al artículo VII[1] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; la doctrina constitucional o jurisprudencial, sí implicará un grado constructivo de vinculación en tanto se infiere de ella la interpretación de los preceptos y principios que hace el Tribunal Constitucional a partir del artículo VI[2] del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional; y en tercer lugar, la jurisprudencia constitucional aplicada en las diversas ejecutorias del Tribunal, igualmente sostendrán , en sentido lato, un grado de vinculación, mas si existen posiciones diversas del Tribunal al respecto, entonces los jueces del Poder Judicial se verán exigidos por un ejercicio de argumentación para determinar cuál es el efecto vinculante de las decisiones del Tribunal respecto a un caso que presenta hasta 2 respuestas jurisprudenciales.

 

§ Variación de posición del Tribunal Constitucional en relación a la Ley de Protección Patrimonial en el Perú 

3 .Conforme al artículo 4.1. de la Ley 28027, Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera, a partir de la vigencia de referida Ley y por el lapso de doce (12) meses, quedaba suspendida la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y similares sobre los activos de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tuviera participación accionaria y que, a la fecha de entrada en vigencia de la referida Ley, no hubieren transferido más del cincuenta por ciento (50%) del capital social ya sea mediante venta de acciones o emisión de nuevas acciones. Los embargos preventivos o definitivos en forma de inscripción sobre los bienes inmuebles o muebles registrables, así como las garantías reales continuarían inscritas pero no podrían ser materia de ejecución. Durante el referido período, los acreedores no podían iniciar contra las empresas agrarias azucareras ninguno de los procedimientos concursales establecidos en la Ley Nº 27889. En adición a ello y de conformidad con el artículo primero de la Ley N° 28885, publicada el 23 de setiembre de 2006, se ampliaba hasta el 31 de diciembre de 2008, el plazo establecido en la norma referida. Asimismo, se estableció que las empresas azucareras procederían a presentar ante el Ministerio de Agricultura un Programa de Reflotamiento Empresarial que incluiría un Plan de Inversiones, asimismo un Programa de Reconocimiento y Cronograma de Pagos, según las obligaciones contraídas con el Estado y con terceros. Por último, quedaban suspendidos en el estado en que se encuentren los procesos concursales iniciados después de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 058- 98. 

4. El plazo de vigencia del régimen de protección patrimonial aludido ha sido prorrogado en varias oportunidades (Leyes N° 28288, 28448, 28662 y 28885) hasta que mediante el artículo 1º de la Ley N° 28885, dicho plazo fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2008, plazo este último que a su vez ha sido de nueva prórroga hasta el año 2010. Finalmente, por Ley 29678, se ha producido una nueva prórroga hasta el 31 de diciembre de 2011. 

5. En la práctica jurisprudencial, la interpretación constitucional respecto a la Ley de Protección Patrimonial aplicada por el Tribunal Constitucional, ha seguido los criterios de la STC 579-2008-PA/TC caso Becerra Leyva[3], cuyos fundamentos jurídicos 33 y 34 desarrollan propiamente la ratio decidendi de esta decisión. Dicha decisión, por mayoría,  establece que no existe afectación constitucional al estimarse prevalente, vía aplicación del principio de proporcionalidad, la Ley de Protección Patrimonial, frente al derecho fundamental a la efectividad de las resoluciones judiciales. 

6. Sin embargo, con la STC 02204-2010-PA/TC, de fecha 03 de mayo de 2011, el Tribunal Constitucional ha manifestado, aunque por mayoría[4], en sendos votos[5], y sin hacer referencia a la Ley 29678, última modificatoria del régimen de Protección Patrimonial, cambiando su posición anterior, respecto a la prevalencia del derecho a la propiedad y al trabajo, por la ponderación del derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.

 

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional 

7. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decidor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.    

8.  Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el transito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§ Análisis del caso concreto 

9. Reviste suma importancia examinar en el caso sub judice, en este examen liminar de admisión de la demanda, si la nueva posición del Tribunal Constitucional tiene efecto vinculante respecto a la pretensión formulada, siendo la posición de esta Sala afirmativa al respecto, en tanto no podemos dejar de lado que se trata de una posición en mayoría por parte del propio Tribunal, interpretación que corrige la anterior posición de prevalencia de los derechos fundamentales contrapuestos, esto es, los derechos a la propiedad y al trabajo, de una parte, y de otra parte, a la efectividad de las resoluciones judiciales. 

10. La nueva posición del Tribunal alude a la necesidad de cumplir con honrar las obligaciones asumidas, confiriéndole jerarquía axiológica móvil al derecho a ejecutar una resolución judicial por sobre la situación patrimonial de las empresas obligadas. Y ciertamente aunque no se hace referencia al contexto de la nueva Ley de prórroga respecto al año 2011, resulta evidente que el argumento determinante de la nueva posición del Tribunal Constitucional, alude al exceso del tiempo en el cumplimiento de la obligación. En tal sentido, la omisión de referencia a la nueva norma, apreciamos, no incidiría de modo taxativo sobre el juicio de valor emitido sino como argumento complementario.

11. Finalmente, si bien la nueva posición del Tribunal no constituye en estricto precedente vinculante, pues no hay contextos referidos a ello, sí se trata de una relectura constitucional del ejercicio de ponderación de derechos fundamentales, expresados en una mayoría del Tribunal, circunstancia que esta Sala no puede obviar y que a pesar de nuestros fallos anteriores desestimatorios contra acciones tendientes a declarar la inaplicabilidad de las normas de protección patrimonial, ahora nos vemos precisados, dado el nuevo contexto, a reevaluar, variando en adelante nuestra posición al respecto. 

12. En ese orden de ideas, no resulta atendible la demanda y corresponde confirmar el rechazo liminar en cuanto las exigencias de pago de los actores contrarios a la ahora accionante, se circunscriben a demandar sumas que, siguiendo la interpretación del Tribunal Constitucional arriba referida, deben ser honradas. 

13. Es preciso insistir en que los jueces del Poder Judicial nos vemos vinculados por las decisiones del supremo intérprete de la Carta Fundamental y en ese rigor interpretativo, consideramos que el criterio vertido en el caso Becerra Leyva- STC 579-2008-PA/TC- sufre una modificación sustantiva a partir de la nueva posición enunciada por el Tribunal, aspecto que deviene en una demanda fundada.  

14. Finalmente, en términos procedimentales, la nueva interpretación del derecho a ejecutar una resolución judicial conduce a un nuevo contexto procesal pues el alegato de si corresponde a una deuda concursal o no, debe subsumirse en la premisa de mandato de pago asumida por el Tribunal Constitucional. En su defecto, corresponde a los canales procesales de la Ley Concursal propiamente dicha si acatan esta nueva interpretación del supremo intérprete, actividad respecto a la cual a los órganos jurisdiccionales nos compete ejercer control constitucional respecto de las decisiones que adopten en el curso de los actuados concursales.  

 

DECISIÓN:  

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado que DECLARA IMPROCEDENTE in limine la demanda de amparo de autos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

RODAS RAMÍREZ

FIGUEROA GUTARRA


[1] Artículo VII.- Precedente 

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. 

[2] Artículo Vl.- Control Difuso e interpretación constitucional   

(…) Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional.

[3] STC 579-2008-PA/TC.  Caso Becerra Leyva. 

“33. (…) tenemos que el grado de realización o satisfacción del objetivo propuesto por el legislador que en este caso, es lograr el desarrollo, reactivación y saneamiento económico y financiero de las empresas agrarias azucareras, así como la promoción del empleo y la disminución de la pobreza, disponiendo para ello la suspensión temporal de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y ejecución de sentencias resulta ser elevado, en la medida que sin dicha medida el objetivo constitucional no sería posible de realizar, en la medida que una empresa cuyos bienes se encuentran próximos a ser ejecutados difícilmente podría conseguir las alianzas económicas necesarias para su reactivación. Esto muestra que con una leve intervención en el ámbito del derecho a la ejecución de las sentencias, se logra por otro lado un grado de satisfacción elevado a favor de los derechos y fines constitucionales a los que busca proteger la medida de protección legal de la industria azucarera en el norte del país.

34. Cuando es posible establecer de manera racional que una medida de restricción de baja o leve intensidad logra niveles de satisfacción altos o elevados, la conclusión que resulta es que el medio empleado (ley) ha pasado el test de proporcionalidad y debe considerarse que estamos ante una restricción legítima desde la perspectiva constitucional”. 

[4] STC .02204-2010-PA/TC. Caso José Quiroz Aguilar. Fundamento voto Vergara Gotelli y Urviola Hani 

4. (…) consideramos necesario reiterar la posición expresada (…)  respecto a que no puede ampararse el incumplimiento de obligaciones bajo leyes que prorrogan eternamente un plazo, deslegitimando la finalidad para la que inicialmente se adoptó dicha medida. Asimismo cabe mencionar que posteriormente, con fecha 17 de diciembre de 2008 (fecha posterior a la decisión del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 00579-2008-PA) se ha emitido la Ley N° 29299, que vuelve a ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2010, lo que ya evidencia una burla con el aval de normatividad que promueve la mentira y el incumplimiento de obligaciones pecuniarias. 

[5] STC .02204-2010-PA/TC. Caso José Quiroz Aguilar. Fundamento voto Calle Hayen 

8. (…) es especialmente relevante considerar que en el caso concreto la pretensión deriva de un derecho constitucional de carácter irrenunciable como es la remuneración, derecho que tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador conforme reza el artículo 24º de la Constitución “[e]l trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para el y su familia el bienestar material y espiritual”; además, la ejecución  proviene de una sentencia favorable al trabajador

h1

Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Reincoporación de trabajadores de confianza al cargo anterior.

26 agosto, 2013

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NRO. : 04579-2011-PA/SPJ

DEMANDANTE: CESAR HUANCAS VELASCO

DEMANDADO: ELECTRONORTE SA

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.  

En Chiclayo, a los 22 días del mes de enero de 2013, la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, integrada por los magistrados Rodas Ramírez, Figueroa Gutarra y Pineda Ríos, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por el demandante contra el auto de fecha 20 de setiembre de 2012, que CORRIGE la resolución de fecha 21 de setiembre de 2012, y precisa que el cargo en el que será repuesto el actor será en el de asistente legal.

 

ANTECEDENTES  

La Sala Especializado en lo Civil de Chiclayo mediante resolución Nº 11 del proceso sub judice, requirió a la demandada la inmediata reposición del recurrente en el cargo que venia desempeñando, esto es, como Jefe de Recursos Humanos de Electro Norte S.A.,, o en uno similar y en las mismas condiciones. Posteriormente, la resolución Nº 12 (p. 144 – 146), resolución ahora apelada, corrige la resolución Nº 11, indicando que el cargo en el cual debe ser repuesto el demandante, es el de asistente legal. 

La impugnación formulada por el demandante (p. 150 – 154) indica que existe una evidente trasgresión al efecto restitutorio del proceso de amparo, debido a que la resolución número 11 requirió a la demandada la inmediata reposición del recurrente en el cargo que venía desempeñando, esto es, como Jefe de Recursos Humanos o en uno similar y en las mismas condiciones. Señala, adicionalmente, que hay vulneración a su derecho al trabajo pues se ha recortado su remuneración al asignársele funciones de asistente y no de Jefe de Recursos Humanos.

 

§ La reincorporación de trabajadores de confianza al cargo anterior  

1. En circunstancias regulares, la designación de un trabajador de confianza impone al empleador el cumplimiento de determinadas obligaciones[1] bajo la lógica de que se trata de una designación especialísima, es decir, el trabajador de confianza va a laborar con el empleador en modo cercano y ha de conocer determinados procedimientos muy propios del negocio. En caso de extinción del vínculo laboral por retiro de confianza, estos trabajadores solo disponen de un régimen resarcitorio- de orden económico- y no restitutorio- de reincorporación- en razón de su cercanía al empleador. Esta condición justificaría solo una compensación económica antes que una reincorporación.  

2. De otro lado, el despido de un trabajador de confianza si antes ha ocupado un cargo ordinario, ha sido abordado por la jurisprudencia constitucional,[2] desde la posición de que se produciría un abuso del derecho si el empleador despidiese al servidor de confianza alegando como única cuestión el retiro de tal condición. 

3. En esa lógica y en vía de desarrollo de las premisas anteriores, a fin de evitar abusos laborales, la previsión técnico procedimental es que la reincorporación ha de producirse al puesto anterior, con los rangos y beneficios propios del cargo antes desempeñado, dada la eliminación del rango de confianza. 

 

§ Análisis del caso concreto

4. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la decisión del A-quo ha sido congruente en la medida que no resulta viable reincorporar al demandante con la remuneración de Jefe de Recursos Humanos sino, en propiedad, con la de asistente, en concordancia con el sentido resolutivo de la ejecutoria del Tribunal Constitucional arriba referida. 

5. En efecto, dado que el demandante es reincorporado a su plaza de trabajo, si bien es cierto que inicialmente se previó la Jefatura de Recursos Humanos, es pertinente seguir la lógica de razonamiento de que la Jefatura referida supra corresponde a un cargo de confianza, puesto en el que no puede darse la restitución por la propia naturaleza de la función de confianza, más aún cuando esta asignación de responsabilidad es potestativa del empleador, aspecto que goza de la regulación prevista por el artículo 59° del Reglamento del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

6. Más aún, la reposición del actor no puede entenderse como un enunciado lingüístico sino necesita entenderse el sentido interpretativo propio de la reincorporación, la cual salvaguarda el derecho del trabajador mas respecto de la plaza que es pertinente reasignarle, en este caso, la de asistente legal, rango que sí goza de la protección tutelar de un proceso iusfundamental, y no así la condición de Jefe de Recursos Humanos, atribución que se ubica en el ámbito de la potestad de designación del empleador, máxime si tal tarea reviste la condición de cargo de trabajador de confianza. 

7. En la lógica expuesta, la corrección del A-quo se inserta dentro de la interpretación constitucional ya asumida por el supremo intérprete de la Carta Fundamental en nuestro ordenamiento jurídico y por tanto, corresponde validar la decisión asumida.   

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la facultad que le confiere la Constitución Política del Estado, CONFIRMA el auto apelado que CORRIGE la resolución de fecha 21 de setiembre de 2012, y precisa que el cargo en el que será repuesto el actor será en el de asistente legal.

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

RODAS RAMÍREZ

FIGUEROA GUTARRA

PINEDA RÍOS


[1] STC 8257-2006-PA/TC. Caso Martha Tafur

5. (…) el artículo 59° del Reglamento del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece que para la calificación de los puestos de confianza el empleador deberá, entre otros requisitos, consignar en el libro de planillas y en las boletas de pago la calificación correspondiente. Además el artículo 60° del citado Reglamento señala que tal requisito es una formalidad que debe observar el empleador. 

6. En consecuencia podemos inferir que la categoría personal de dirección está asociada a aquel personal que está directamente vinculado al empleador y que comparte sus intereses, incluyendo dentro de esta categoría tanto al personal de dirección como al personal de confianza propiamente dicho, a los que hace referencia la ley.  

7. Tal como ya fue señalado por este Tribunal en la STC N.° 1651-2005-PA, la inobservancia de la formalidad establecida por el Reglamento del TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral no enerva el hecho de que el trabajador pueda ser considerado como personal de confianza, si es que de la naturaleza de las funciones desempeñadas se desprende alguna de las particularidades reseñadas en el fundamento precedente. 

[2] STC 8257-2006-PA/TC. Caso Martha Tafur 

8. Sin embargo tal criterio tiene una excepción por cuanto no procede en el supuesto de que el trabajador, después de haber venido laborando en un cargo ordinario, hubiera variado su calidad a personal de confianza, en cuyo caso, de producirse el retiro de la confianza, no corresponderá como consecuencia la ruptura del vínculo laboral sino el retorno del trabajador al puesto que había venido desempeñando anteriormente. Suponer lo contrario, es decir, que incluso en tales casos el retiro de la confianza implica la ruptura del vínculo laboral significaría permitir un abuso del derecho del empleador, el cual es prohibido por el artículo 103° de la Constitución, dado que podría darse el caso de que se varíe la calidad de un trabajador a “trabajador de confianza”, con el propósito de despedirlo más adelante aduciendo la pérdida de la misma.

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