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STC 0791-2014–PA/TC. Caso Mateo Castañeda. Tribunal Constitucional nombra Fiscal Supremo.

4 mayo, 2014

 

Estimados amigos:

Honda discusión y controversia ha generado en estos días en el país una decisión del Tribunal Constitucional en el sentido de nombrar Fiscal Supremo al demandante Mateo Castañeda Segovia, en el proceso de amparo seguido contra el Consejo Nacional de la Magistratura (decisión que puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/00791-2014-AA.pdf), a raíz del no nombramiento del demandante en el concurso público regular 2011.

Por su importancia transcribimos precisamente las partes más importantes de la sentencia, excediendo nuestra posición tradicional de solo incorporar algunas líneas cuando comentamos una decisión del Tribunal. La razón es muy puntual: creemos que es importante un análisis minucioso del caso pues las líneas críticas a expresar, deben involucrar un examen integral de la controversia.

Ciertamente no es potestad del Tribunal Constitucional el nombramiento de Fiscales Supremos. Ello afecta la tesis del reparto de competencias que enuncia el artículo 154 de nuestra Carta Fundamental y sin embargo, la cuestión central es, siguiendo el razonamiento del examen de necesidad ( o gravosidad, como hemos sostenido en muchos trabajos en este blog a propósito del principio de proporcionalidad): ¿había otra solución menos onerosa?

El caso fue objeto de un análisis muy amplio entre jueces y fiscales en la sesión que dictamos ayer en el curso de Ascenso de la Academia de la Magistratura en el Módulo “Teoría constitucional y democracia”, pues precisamente la jornada de ayer el tema abordado fue “Justicia constitucional”. Precisamente el suscrito fue quien asumió la elaboración de un resumen de la sentencia en comento para la etapa taller de la reunión.

Consideramos que el debate ha de ser muy extenso en estos días.

 

EXP. N. ° 00791-2014-PA/TC (EXP. N. ° 01044-2013-PA/TC)

LIMA- MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

En Lima, a los 30 días del mes de abril de 2014, el Tribunal Constitucional (…)

 

ASUNTO

Recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de la STC N.° 01044-2013- PA/TC, interpuesto por don Mateo Grimaldo Castañeda Segovia (…) contra la Resolución (…) expedida por el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, que declaró la sustracción de la materia y el archivamiento del proceso.

 

ANTECEDENTES

a. Demanda y sentencia del Tribunal Constitucional

Con fecha 19 de mayo de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), solicitando que se declare la nulidad del Acuerdo N.° 0178-2011 adoptado por mayoría y contenido en el Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria de fechas 27 y 28 de enero de 2011, que resolvió no nombrarlo Fiscal Supremo en el marco de la Convocatoria N.° 002-2010-SN/VCNM, pese a que ocupó el tercer puesto del cuadro de méritos (…)

Mediante STC N.° 04944-2011-PA/TC de fecha 16 de enero de 2012, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda considerando que el acto lesivo cuestionado había vulnerado los derechos del actor al debido proceso y a la motivación de las resoluciones y en consecuencia, nulo el Acuerdo N.° 0178-2011, ordenando al CNM emitir un nuevo acuerdo debidamente motivado, y a sus miembros, volver a votar su decisión (…)

b. (…) Mediante Resolución N.° 13, de fecha 17 de agosto de 2012, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima resolvió declarar nula la sesión N.° 2202 del CNM del 08 de junio de 2012, en el extremo que decide no nombrar al actor en el cargo de Fiscal Supremo; y en consecuencia, “ORDENA que los Consejeros del CNM vuelvan a emitir nuevo pronunciamiento, sujetándose de manera estricta a lo dispuesto por el TC en su sentencia de fecha 16 de enero de 2012, aclarada mediante resolución de fecha 16 de abril del mismo año” [f. 854. tomo I].

En cumplimiento de ello, mediante Acuerdo N.° 1615-2012, contenido en el Acta de Sesión Plenaria Extraordinaria del CNM de fecha 29 de noviembre de 2012, el CNM resolvió “No nombrar al señor MATEO GRIMALDO CASTAÑEDA SEGOVIA, como FISCAL SUPREMO DEL MINISTERIO PÚBLICO, al no haber alcanzado el voto confirme de los dos tercios del número legal de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, de conformidad con el artículo 154 inciso 1 de la Constitución Política” [f. 899, tomo 1].

Con fecha 26 de diciembre de 2012, el recurrente solicita al Juzgado que declare la nulidad del Acuerdo N.° 1615-2012 R. 1031, tomo II]. Finalmente ante los pedidos de conclusión de proceso de la demandada y de nulidad del actor, el Quinto Juzgado Constitucional de Lima, mediante Resolución N.° 23 de 21 de enero de II 13 [f. 1059, tomo 0], resuelve declarar por cumplido el mandato ordenado en la Resolución N.° 13, y ordena la conclusión del proceso y su archivo definitivo.

c. Primer recurso de apelación por salto

Con fecha 30 de enero de 2013, el actor interpone recurso de apelación por salto contra la Resolución N.° 23, de fecha 21 de enero de 2013 [f. 1143, tomo II].

Mediante STC N.° 01044-2013-PA/TC de fecha 9 de setiembre de 2013, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de apelación por salto planteado por la parte demandante, al considerar acreditada la renuencia del CNM en cumplir la sentencia constitucional de fecha 16 de enero de 2012, (…)

d. Etapa de ejecución de la STC N.° 01044-2013-PA/TC

Mediante Acuerdo N.° 1835-2013 contenido en el Acta de Sesión N.° 2482, de fecha 15 de noviembre de 2013 [fojas 1416 del Tomo ni], el CNM resolvió declarar que los postulantes Hinostroza Pariachi y Castañeda Segovia “no alcanzaron el requisito constitucional del voto conforme de los dos tercios del número legal de los siete miembros que actualmente conforman el Consejo Nacional de la Magistratura”. (…)

Mediante Acuerdo N.° 1988-2013 emitido en Sesión de Pleno N.° 2498, de fecha 18 de diciembre de 2013 [fojas 1650], el CNM decidió no nombrar al actor en el cargo de Fiscal Supremo. Ese mismo día, mediante Acuerdo N.° 1990-2013 contenido en el Acta de Sesión N.° 2499, de fecha 18 de diciembre de 2013 [fojas 1645], el CNM resolvió nombrar como Fiscal Supremo a la Dra. Zoraida Ávalos Rivera, quien figuraba en el primer puesto del cuadro de méritos elaborado por el Consejo, a raíz del concurso irregular ya mencionado, donde además figuraban los postulantes Nora Miraval Gambini (2° puesto) y José Pereira Rivarola (3° puesto)(…)

e. Segundo recurso de apelación por salto

Con fecha 09 de enero de 2014, el recurrente interpone recurso de apelación por salto a favor de la ejecución de la STC N.° 01044-2013-PA/TC, y contra la Resolución N.° 38 expedida por el juez de ejecución [fojas 1522].

 

FUNDAMENTOS

§1. Sobre el derecho a la ejecución de las sentencias constitucionales (…)

4. La ejecución de las sentencias en sus propios términos, ha dicho este Tribunal en la STC N.° 01939-2011-PA/TC, constituye una garantía a favor de las partes procesales, esto es, “tanto para el ejecutante como para el ejecutado, puesto que les impide reabrir el debate ya finalizado y clausurado por la firmeza, así como modificar el derecho reconocido por sentencia firme a su capricho, alterando las condiciones en que fue delimitado [Carballo Piñeiro, Laura. Ejecución de condenas de dar (tratamiento procesal adaptado ala nueva Ley de Enjuiciamiento Civil), Barcelona, Bosch, 2001, p. 30]. En ese mismo sentido, ha reconocido que: “[no] resulta admisible que los contenidos de una resolución estimatoria puedan ser reinterpretados en vía de ejecución” (…)

§2. Análisis de la controversia

6. De autos se desprende que la controversia de autos consiste en determinar si, en fase de ejecución de sentencia, se ha desvirtuado lo decidido por este Tribunal en la STC N.° 01044-2013-PA/TC, que declaró fundado el recurso de apelación por salto planteado por la parte demandante, y ordenó al CNM proceder a nombrar, entre los postulantes que quedan en carrera, esto es, don César José Hinostroza Pariachi o don Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, a aquel que corresponda desempeñarse como Fiscal Supremo, conforme a las bases y reglamentos vigentes al momento de realizarse la convocatoria para dicha plaza. (…)

10.Sin embargo, en el caso de autos nos encontramos frente a una situación en la que el recurrente ya cuenta no solo con una sentencia dictada a su favor, sino demás con otra que complementa la anterior ante los nuevos hechos o actuaciones ocurridas o desarrolladas por la parte obligada, esto es, el Consejo Nacional de la Magistratura. En consecuencia, no procede declarar la sustracción de la materia ni mucho menos el archivo del proceso, sino determinar de qué manera se deben ejecutar las decisiones emitidas por este Tribunal y que tienen la calidad de cosa juzgada. (…)

12. Como lógica consecuencia de lo expuesto, no corresponde ya que este Tribunal se pronuncie sobre el fondo del proceso —pues existen dos sentencias sobre el particular—, sino únicamente recordar que en tanto no se ejecuten las sentencias dictadas en sede constitucional, en sus propios términos, no solo se afectan los derechos inicialmente demandados —debido proceso y a la motivación—, sino también los derechos de acceso a la función pública y a la presunción de inocencia, así como a la ejecución de las resoluciones judiciales.

13. Como correlato de ello, corresponderá que el CNM, con esta u otra conformación, procedan a ejecutar las sentencias emitidas, las que se mantienen subsistentes ante el incumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Constitucional. (…)

§2.2 Sobre la ejecución definitiva de la STC N.° 01044-2013-PA/TC en el presente caso

14. Resuelta así esta cuestión previa, el Tribunal Constitucional debe entrar a analizar el modo en el que deberá ejecutarse la STC N.° 01044 2013-PA/TC, en concordancia con lo establecido primigeniamente en la STC N.° 04944-2011- PA/TC; ante la reiterada renuencia y rebeldía del CNM.(…)

19. En definitiva, a este Colegiado no le queda margen de duda de que todos los actos procedimentales posteriores a la notificación de la STC N.° 01044-2013-PA/TC a la parte demandada, y que tuvieron por objeto desacatar lo finalmente resuelto, creando una supuesta “sustracción de la materia” allí adonde simplemente no podía haberla, no hacen otra cosa que demostrar una conducta procesal inaceptable por parte del CNM, completamente alejada de los principios de buena fe y rectitud que deben presidir la etapa de ejecución de las sentencias constitucionales(…)

20. En tal sentido, el Tribunal Constitucional considera que, ante la evidencia de esta práctica abusiva adoptada (por el ) órgano demandado, y con el objeto de hacerle frente, debe atenderse a lo que dispone el artículo 44° del TUO de la Ley N.° 27584, Ley del Proceso Contencioso Administrativo (aprobado por Decreto Supremo N.° 013-2008-JUS) [de aplicación supletoria a los procesos constitucionales, de conformidad con el articulo IX del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional] , en el extremo en que se señala: “son nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir el cumplimiento de éstas”

21. En consecuencia, y en ejecución de la STC N.° 01044-2013-PA/TC, el Tribunal Constitucional considera que es necesario declarar la nulidad de todos los actos posteriores realizados por el CNM después de notificado con la STC N.° 01044-2013; lo que supone la nulidad de los nombramientos de las Fiscales Supremos Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini; por lo que debe nombrarse al demandante Mateo Grimaldo Castañeda Segovia como Fiscal Supremo del Ministerio Público, como reparación de su derecho conculcado(…)

22. El Tribunal Constitucional debe precisar, sin embargo, que ello no significa que la nulidad de tales nombramientos suponga la afectación de las actuaciones realizadas por dichas magistradas en el ejercicio de sus funciones, todos los cuales mantienen plena validez, por un criterio elemental de preservación de la seguridad jurídica (…)

Sobre la imposibilidad fáctica del reintegro de magistrados destituidos con violación de sus derechos humanos, cabe indicar que tal criterio ha sido avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias recaídas en los casos Corte Suprema de Justicia vs. Ecuador, sentencia de 23 de agosto de 2013, párrafos 213 a 215; y Tribunal Constitucional vs. Ecuador, sentencia de 28 de agosto de 2013, párrafos 258 a 264. (…)

23. (…) debe declararse que el CNM, en coordinación con el Titular del Pliego Presupuestario del Ministerio y el Ministerio de Economía y Finanzas, deben habilitar dos vacantes presupuestadas para re-incorporar a las magistradas Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini como Fiscales Supremos de dicha institución, como una medida de reparación para ellas.(…)

25. La potestad de este Tribunal para emitir una sentencia ampliatoria constituye una valiosa herramienta procesal para hacer frente a situaciones de renuencia como la producida en el caso de autos. Sobre ella, hemos afirmado en anterior oportunidad que “sólo pueden ser expedidas en la etapa de ejecución de sentencia, esto es, cuando la pretensión respecto del derecho constitucional vulnerado ha merecido pronunciamiento favorable y se ha ordenado su restitución, siendo su objeto sustituir la omisión por parte de la entidad vencida de acatar la sentencia en sus propios términos” [RTC N8 0174-2006-Q/TC, fundamento 3]. (…)

27. Sin embargo, de los hechos expuestos hasta aquí, ha quedado demostrado que el órgano demandado mantiene su renuencia a acatar una decisión de estas características, y que resulta previsible que lo siga haciendo en el futuro, tal como lo señaló en su Acuerdo N.° 1988-2013, de fecha 18 de diciembre de 2013(…)

28. En tal sentido, el Tribunal Constitucional considera que, para reparar definitivamente el derecho de la parte demandante, no queda otra alternativa de solución que optar por la aplicación del artículo 59° cuarto párrafo del Código Procesal Constitucional ["Cuando el obligado a cumplir la sentencia sea un funcionario público el Juez puede expedir una sentencia ampliatoria que sustituya la omisión del funcionario y regula la situación justa conforme al decisorio de la sentencia"], y en razón de la omisión del órgano emplazado y su desacato a la STC N.° 01044-2013-PA/TC, proceder al nombramiento del demandante como Fiscal Supremo del Ministerio Público, en sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura.

29. Al hacerlo, el Tribunal Constitucional no desconoce que, según el artículo 154° inciso 1 de la Constitución, es competencia exclusiva del Consejo Nacional de la Magistratura “[n]ombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles”. Sin embargo, y con el mismo énfasis, precisa que la me a adoptar en esta sentencia resulta excepcional y constituye una medida de a raí, para reparar de forma definitiva el derecho fundamental de acceso a la función pública de la parte demandante y al derecho a la ejecución de las sentencias constitucionales. (…)

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADO el recurso de apelación por salto presentado por la parte demandante.

2. Declarar NULA la Resolución N.° 38, de fecha 26 de diciembre de 2013, que declaró la sustracción de la materia y el archivamiento del proceso.

3. Declarar NULO el Acuerdo N.° 1988-2013 contenido en la Sesión del Pleno del CNM N.° 2498, de fecha 18 de diciembre de 2013, por el cual no se nombra al actor como Fiscal Supremo.

4. Declarar NULOS todos los actos posteriores realizados por el CNM después de notificado con la STC N.° 01044-2013-PÁJTC; lo que significa la nulidad de los nombramientos de las magistradas Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini; dejando a salvo las actuaciones realizadas por dichas magistradas mientras ejercieron sus funciones, los cuales mantienen plena validez.

5. NOMBRAR al demandante, señor Mateo Grimaldo Castañeda Segovia, como Fiscal Supremo del Ministerio Público, en virtud del artículo 59° cuarto párrafo del Código Procesal Constitucional, y en sustitución de la omisión del órgano demandado; y ORDENAR al Consejo Nacional de la Magistratura que expida el título correspondiente al actor y tomar el juramento de ley en el plazo improrrogable de 10 días hábiles, y en caso de renuencia, deben ser expedidos por el juez de ejecución.

6. ORDENAR, como medida de reparación a las magistradas Ávalos Rivera y Miraval Gambini, que el Consejo Nacional de la Magistratura, en coordinación con el Titular del Pliego Presupuestario del Ministerio Público y el Ministerio de Economía y Finanzas, HABILITEN dos vacantes presupuestadas para re-incorporar a las magistradas Zoraida Ávalos Rivera y Nora Miraval Gambini como Fiscales Supremos de dicha institución.

7. Disponer que el juez de ejecución haga uso de todos los apremios y apercibimientos de ley para hacer efectivo el mandato de este Tribunal; particularmente, las medidas previstas en los Fundamentos 30 a 33 de la presente sentencia. (…)

Publíquese y notifíquese. SS. MESÍA RAMÍREZ- ETO CRUZ- ÁLVAREZ MIRANDA

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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STC 01711-2014-PHC/TC. Caso Víctor Polay y otros. Amplían causales de recurso agravio constitucional por delito de terrorismo.

4 mayo, 2014

 

Estimados amigos:

El Tribunal Constitucional ha ampliado las causales de la concesión del recurso agravio constitucional contra sentencias estimatorias y ha incorporado, junto a las causales de narcotráfico y lavado de activos, los casos de terrorismo, precisamente por el carácter pluriofensivo de estos delitos.

Es necesario señalar que el sistema constitucional peruano admite regularmente recursos de agravio constitucional contra sentencias desestimatorias, es decir, respecto de casos en los cuales el examen de una controversia constitucional por parte del Poder Judicial resulta denegatorio. Por tanto, las decisiones estimatorias implican el cierre de la controversia constitucional, lo cual traduce un efecto de racionalidad en el acceso a la justicia constitucional.

Por excepción, si un proceso constitucional vinculado a narcotráfico o lavado de activos merecía  sentencia favorable o estimatoria del Poder Judicial, excepcionalmente en dichos casos el caso podía ser conocido por el Tribunal Constitucional.

La STC 01711-2014-PHC 7TC, caso Víctor Polay Campos y otros (la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2014/01711-2014-HC.pdf) prevé la ampliación de esta causal y señala lo siguiente:

5. (…) debe tenerse presente que si la adopción del Recurso de Agravio Constitucional para casos vinculados al Tráfico Ilícito de Drogas y lavado de activos se basó en instrumentos internacionales tales como la Convención Internacional para la represión del financiamiento del terrorismo, resulta a todas luces atendible que habiéndose ampliado el RAC para el delito /fuente, deberá también ampliarse para el delito fin que constituye el terrorismo. (…)

7. Por lo expuesto, este Colegiado, atendiendo a la importancia para el mantenimiento del régimen constitucional y democrático que implica el combate contra el terrorismo, considera necesario complementar la regla jurisprudencial establecida a través de las sentencias N° 2663-2009-HC/TC y 2748-2010- HC/TC, y en tal sentido entender que, más allá de los supuestos establecidos en el artículo 202° de la Constitución, este Tribunal es competente para revisar, vía Recurso de Agravio Constitucional, las sentencias estimatorias expedidas en procesos constitucionales relativos al delito de terrorismo que en segunda instancia hayan declarado fundada la demanda.

El decisorio precisa:

3. Establecer como doctrina jurisprudencia! conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales relacionados con el delito de terrorismo en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada para la interposición del recurso de agravio constitucional, el mismo que debe ser concedido por las instancias judiciales, conforme a lo señalado en el fundamento N° 7 de la presente sentencia.

Esta decisión resulta finalmente revocatoria de una decisión previa del Poder Judicial que en su momento comentáramos en este blog ( vid  http://edwinfigueroag.wordpress.com/2014/03/24/sentencia-13985-2013-5ta-sala-penal-para-procesos-con-reos-libres-habeas-corpus-fundado/) y consideramos, en esa línea de ideas, que se afianza el contexto del conocimiento de casos por parte del Tribunal Constitucional en relación a procesos que, por excepción, concitan un interés especial dado su carácter excepcional de pluriofensividad respecto de varios bienes jurídicos que resultan dañados en forma simultánea.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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STC 01969-2011-PHC/TC. Caso Humberto Bocanegra. Nueva posición El Frontón. Crímenes de lesa humanidad.

5 septiembre, 2013

Estimados amigos: 

El Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse el día 02 de setiembre último, por mayoría de 5 contra 2 votos,  en la STC 01969-2011-PHC/TC, caso Humberto Bocanegra, decisión que puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/01969-2011-HC.pdf, y señala que los sucesos ocurridos en la isla El Frontón, en junio de 1986, no constituyen crímenes de lesa humanidad. 

Esta decisión, respecto de la cual somos respetuosos mas no compartimos, señala lineamientos distintos a los expresados en los últimos años (Vid 024-2010-PI/TC, caso Decreto Legislativo 1097 y 0218-2009-PHC/TC, caso Accomarca), en los cuales la línea principal de razonamiento la constituye la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la calificación de determinados actos especialmente graves como un tipo de crímenes contra la humanidad. 

La argumentación ratio decidendi del Tribunal gira, entre otros, en torno a los siguientes razonamientos: 

61. (…) en el auto de apertura de instrucción no se cita ningún medio probatorio de la existencia de un plan previo para acabar con la vida de los internos a través de un uso excesivo de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales, por lo que este Tribunal no puede avalar la calificación del presente caso como crimen de lesa humanidad que adopta el juez emplazado. 

62. A su vez, este Tribunal Constitucional entiende que los hechos materia del proceso penal no pueden ser entendidos como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, puesto que resulta evidente que ello no es así, dado que los hechos acaecidos el 19 de junio de 1986 en el CRAS San Juan Bautista (El Frontón), no fueron organizados u ocasionados por el Estado o alguna de sus dependencias, sino por los internos del centro de reclusión, quienes se amotinaron, motivando la reacción del Estado. Es así que el resultado de la operación para debelar el motín no fue producto de un plan preconcebido para buscar acabar con la vida de los internos, sino de los excesos producidos con ocasión del enfrentamiento producido entre los internos y las fuerzas del orden, y como resultado de decisiones y acciones tornadas durante el desarrollo de los hechos, por lo que se descarta que la actuación del Estado haya sido preconcebida o planificada para obtener como resultado la eliminación física de los internos. 

En este blog ya hemos asumido un estudio a fondo de este tema en http://edwinfigueroag.wordpress.com/o-la-imprescriptibilidad-en-relacion-a-los-crimenes-de-lesa-humanidad/ y http://edwinfigueroag.wordpress.com/v-crimenes-de-lesa-humanidad/ , asumiendo la tesis de que los hechos de la isla El Frontón sí constituyen crímenes de lesa humanidad. 

Ha de ser importante evaluar la argumentación que sustenta la decisión en tanto, reiteramos, fija posición distinta a la línea interpretativa del Tribunal en los últimos años. 

Saludos cordiales, 

Edwin Figueroa Gutarra

 

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STC 0007-2012-PI/TC. Caso FONAVI. Examen constitucional de ley aprobada en referendum

20 diciembre, 2012

Estimados amigos:

Una decisión de sumo interés por sus referencias a la viabilidad de examen constitucional de leyes aprobadas en referéndum, es la STC 0007-2012.PI/TC, la cual puede ser leida en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00007-2012-AI.pdf .

Una cuestión de interés es que si, desde la teoría clásica del poder ilimitado de los ciudadanos( vox populi, vox Dei), si el pueblo asume la condición de Poder Constituyente y el referéndum sería una expresión de ese poder, ejercido en la oportunidad convocada para el efecto, frente a esa concepción, se opone la del Tribunal, el cual afirma que sí es posible el examen constitucional de una ley avalada en referéndum pues en rigor, el ejercicio de este acto democrático es una expresión de poder constituido.

En esa lógica, se hace revisable una norma que avaló por mayoría un importante número de ciudadanos al votar positivamente por la devolución del FONAVI.

La parte relevante de la sentencia expresa lo siguiente:

18. (…) cuando el pueblo se pronuncia democráticamente en un referéndum, no lo hace como un poder jurídicamente ilimitado, sino como un poder constituido, y por consiguiente, limitado, esencialmente, por el respeto a la Norma Fundamental. De ahí que el artículo 1 de la Ley 26300 establezca que los derechos de participación ciudadanos, entre los que se incluye el de referéndum (artículo 2, literal c), se ejercen de conformidad con la Constitución. Y es que como ya tuvo oportunidad de destacar este Tribunal, en tal caso “el pueblo actúa en calidad de poder constituido, pues si actuara como poder constituyente no podríia ser objeto de limitaciones jurídicas más allá de las que él mismo pudiera autoimponerse” (cfr. STC 0014-2002-PI, F.J. 116).

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 03919-2010-PC/TC. Caso Juan Peralta Cueva y otros (jueces de Lambayeque). Nivelación de sueldos jueces del Poder Judicial.

19 diciembre, 2012

Estimados amigos:

Una decisión jurisdiccional que creó fricciones inclusive al interior del propio Poder Judicial fue la STC 03919-2010-PC/TC, la cual puede ser leída  en  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03919-2010-AC.html, a propósito del pedido de 53 jueces del Distrito Judicial de Lambayeque a efectos de que se cumpliera el artículo 186 inciso 5, literal b del DS. 017-93-jus (Ley Orgánica del Poder Judicial). norma referida a la nivelación de sueldos de jueces de distintos niveles con respecto a los haberes de los jueces supremos.  

Aún cuando ser parte en el proceso nos impide mayores comentarios pues el proceso aún se encuentra en trámite, creemos que es importante evaluar los argumentos del Tribunal Constitucional en la medida que estima la demanda y señala que procede el pedido de los demandantes en razón de que así lo prevé la norma. Por lo tanto, se trata de solicitar el cumplimiento de una norma y no de crear nuevas obligaciones.

La parte relevante de la decisión señala:  

7.  Si bien es cierto la STC 0168-2005-PC/TC ha establecido como uno de los requisitos de procedencia de las demandas de cumplimiento que el mandato que se pretende ejecutar no se encuentre sujeto a controversia compleja ni interpretaciones dispares, este Tribunal entiende que dicho requisito no debe ser interpretado en el sentido de anular cualquier ejercicio de interpretación que realice el juez al momento de examinar la ejecutoriedad de un mandato que se pretende hacer cumplir a través de este proceso constitucional. Razonar de ese modo podría llevarnos a absurdos como el de considerar que una norma legal o un acto administrativo por más claros y determinantes que sean si son contradichos por normas o resoluciones de rango inferior, ya no podrían hacerse cumplir, dado que dichas normas o actos habrían determinado la aparición de una controversia compleja, en cuanto a la interpretación de la norma o el acto prevalente. Dicha interpretación estricta del requisito dispuesto en la STC 0168-2005-PC/TC haría prácticamente impracticable cualquier razonamiento jurídico elemental, como la aplicación del principio de jerarquía normativa; condenando al demandante a seguir un proceso mucho más lato como el proceso contencioso administrativo, cuando el mandato pudo fácilmente hacerse cumplir a través del proceso de cumplimiento.

En esta línea, por ejemplo, no puede entenderse como controversias complejas o sujetas a interpretaciones dispares la presencia de mandatos contenidos en leyes o actos administrativos que deriven su definición, de un modo claro, a otras normas o actos administrativos que los complementen y que definan de un modo indubitable qué es aquello que se debe cumplir.

8. En el presente caso el mandato que pretenden hacer cumplir los demandantes (artículo 186, inciso 5, literal b) del D.S. Nº 017-93-JUS, Ley Orgánica del Poder Judicial) si bien debe ser completado con lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº 206-2008-P-PJ y contrastado con otras disposiciones normativas alegadas por la parte demandada, que contradecirían lo ordenado en el artículo 186, inciso 5, literal b) del D.S. Nº 017-93-JUS, pues la exigencia de remisión o contraste no supone necesariamente la existencia de una controversia interpretativa compleja, dado que –como se verá en el caso de autos- la remisión y el contraste pueden ser resueltos fácilmente y con la suficiente claridad. Así, el artículo 186º, inciso 5, literal b) del D.S. Nº 017-93-JUS dispone literalmente que “el haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciben los Vocales de la Corte Suprema, el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces de Paz Letrados es del 70%, …”, por lo que resulta meridianamente claro que la homologación está referida al total  de lo que perciben los vocales de la Corte Suprema por cualquier concepto. 

9. El referido total de lo que perciben los vocales de la Corte Suprema incluye, por tanto, el monto de S/. 7617.00 nuevos soles establecida mediante Resolución Administrativa Nº 206-2008-P-PJ. El hecho de la recepción de este monto, considerado bajo el concepto de “bono por alta función jurisdiccional” ha quedado plenamente acreditado mediante las declaraciones juradas anexadas en el expediente (fojas 176-180), donde se aprecia fehacientemente que el monto total de lo que percibe un vocal supremo asciende a S/. 23217.20 nuevos soles, monto al que si se le resta los S/. 15600.00 nuevos soles que ganaban los vocales supremos hasta antes de la mencionada resolución administrativa, queda claro que la asignación por dicho concepto fue de S/. 7617.00 nuevos soles.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 03681-2010-PHC/TC. Caso Ernesto Schutz. Ley de Contumacia y renuencia a comparecer al proceso

18 diciembre, 2012

Estimados amigos:

Una decisión que este año marcó el debate en temas de habeas corpus fue la STC 3681-2010-PHC7TC, caso Ernesto Schutz, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03681-2010-HC.html, la misma que inicialmente fue declarada fundada y luego revocada ( un hecho inusual pues normalmente se produce la publicación de una sola decisión).

Se verificó, luego de la publicación, que no habían los votos suficientes para formar resolución, y llamado a dirimir el magistrado Calle Hayen, se produjo la desestimación de la demanda.

Lo interesante del caso fue poner de relieve el tema de la literalidad de la Ley 26641, Ley de Contumacia, en tanto si esta figura es declarada al interior de un proceso penal, no se produce la prescripción de la causa.

Si bien esta figura colisiona con el derecho fundamental al plazo razonable, creemos que el Tribunal, antes que optar inicialmente, en su primera decisión, por acoger el tema de falta de motivación , tenía las herramientas objetivas para desestimar la demanda, pues efectivamente ya hay jurisprudencia constitucional consolidada en el sentido de que solo en caso de rehuir a los emplazamientos, comprobadamente,  no se produce el archivamiento del proceso. Bajo esta pauta y solo bajo este razonamiento, la Ley de Contumacia, dada la obstrucción al desarrollo del proceso, sí sería aplicada, con exclusión de otro tipo de situaciones.

Ernesto Schutz alegaba prescripción del proceso y al mismo tiempo, invocaba la nacionalidad suiza desde ese país, elemento este último que representaba un impedimento de procesamiento por parte de la justicia peruana.

Una parte de la sentencia así lo expresa:

5. (…) debe tenerse presente que en las SSTC 04118-2004-HC/TC y 07451-2005-PHC/TC se estableció que “tratándose de reos contumaces, los plazos de prescripción se interrumpen si es que existen evidencias irrefutables que el acusado rehúye del proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho”.

6.        En tal escenario, este Tribunal considera que la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006 vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en la medida que su argumentación no es acorde con lo prescrito en el artículo 84º del Código Penal, ya que ordenó –mecánicamente– la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal sobre la base de una declaratoria de contumacia, sin tener presente que en la STC 04959-2008-PHC/TC se precisó que “la Ley N.º 26641, que dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces, sólo puede ser de aplicación en caso la misma no resulte vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso”. 

Por consiguiente, este extremo de la demanda tiene que ser estimado.

A futuro, deberá evaluar el juez constitucional si existe una actitud de renuencia a comparecer al proceso y solo invocándose este argumento, como causal de justificación, no habrá colisión con otros derechos fundamentales.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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STC 00037-2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Aplicación del principio de proporcionalidad, seguridad jurídica y ejecutores coactivos

17 diciembre, 2012

 

Estimados amigos:

Los conflictos entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional suelen ser de dimensiones singulares a propósito de sentencias del supremo intérprete que, en procesos de amparo contra resolución judicial, precisamente dejan sin efecto decisiones jurisdiccionales que representan fallos de cierre de la justicia ordinaria.

Uno de estos caso es la STC 00037-2012-PA/TC, de fecha 25 de enero de 2012, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00037-2012-AA.html , la cual declara fundada una demanda de amparo interpuesta por Scotiabank contra la Corte Suprema y declara nula una resolución expedida por la Sala Civil Permanente  de la Corte Suprema de Justicia de la República derivada del expediente CAS. N.º 3313-2009.

En tanto que la decisión de la Corte Suprema se había circunscrito a la aplicación del artículo 3ro del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, que preveía exigencias de rigor e inscripciones a los ejecutores coactivos, el fallo del Tribunal, vía aplicación del principio de proporcionalidad, llega a la conclusión de que no es exigible la aplicación de la norma en los términos referidos por la Corte Suprema, y que corresponde determinar una regla de proporcionalidad en el sentido de ser exigible la inscripción del ejecutor de acuerdo a la exigencia propia de campo en la cual se desenvuelve la labor de este funcionario. 

La parte relevante de la sentencia señala lo siguiente: 

Examen de necesidad

57. (…)  el Tribunal Constitucional estima que la interpretación adoptada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República no resulta absolutamente necesaria para la consecución del objetivo que se pretende, vale decir, impedir el abuso del derecho, favorecer la seguridad jurídica y legitimar las actuaciones de los ejecutores coactivos, pues el mismo objetivo pudo haberse logrado mediante una interpretación distinta, igualmente idónea al fin previsto, pero menos restrictiva de la garantía institucional de la autonomía municipal antes aludida, cuál era entender que la acreditación sólo resultaba exigible ante la entidad frente a la cual el Ejecutor Coactivo pretende hacer efectiva su acreencia. (…)

Examen de proporcionalidad en sentido estricto

63. (…)el Tribunal Constitucional observa que la Sala Civil demandada tampoco ha realizado una adecuada ponderación de los bienes y derechos en conflicto, pues otorgó mayor peso, sin mayor fundamento, al valor de la seguridad jurídica en el sistema de acreditación de los Ejecutores Coactivos, en detrimento de la garantía institucional de la autonomía municipal y de la propia eficacia del sistema de ejecución coactiva en su conjunto, más aún cuando ello condujo a la afectación del derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales según lo expuesto supra, al imponer un requisito de imposible cumplimiento a las entidades estatales para hacer efectivas sus acreencias a través del sistema financiero, desconociendo de este modo la innegable importancia que ostenta para el Estado la regularidad y permanencia de dicho sistema, amén de situar a las entidades del sistema financiero –como el banco recurrente– en una situación de incertidumbre respecto de la legitimidad de su accionar y las consecuencias de ello, al no poder prever sus futuras responsabilidades de orden civil y penal. Por esta razón adicional, entonces, la interpretación de la Sala demandada también resulta irrazonable y desproporcionada.

La decisión en comento generó sendos comunicados del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial manifestando su oposición y desacuerdo frente a la situación consumada y sin embargo, deviniendo revisora la función del Tribunal Constitucional respecto de fallos de la Corte Suprema, quedó anotada la necesidad de expedirse nueva resolución en los términos fijados por el Tribunal.

Detalle particular lo constituyen los votos singulares, en desacuerdo, de los magistrados Calle Hayen y Eto Cruz.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 03170-2010-PHC/TC. Caso TA-245141098 del D.L.824. Participación obligada de Procuradores.

2 febrero, 2012

 

Estimados amigos:

Siguiendo la línea de que los procesos de narcotráfico y lavado de activos asumen una naturaleza especial, vía doctrina jurisprudencial el Tribunal Constitucional ha señalado la obligada intervención de Procuradores en este tipo de procesos, de acuerdo a los alcances de la STC 03170-2010-PHC/TC, caso TA-245141098 del D.L.824, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03170-2010-HC.html

La sentencia citada indica:  

4. Este Colegiado considera que si a los procuradores les corresponde la defensa jurídica del Estado y si existe la obligación constitucional del Estado peruano, prevista en el artículo 8.º de la Constitución, de prevenir y sancionar el delito de tráfico ilícito de drogas, existe una necesaria y obligada participación de los procuradores en todos los procesos penales contra los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, en tanto estos ilícitos ponen en estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado. Por ello y  dado que en los procesos penales por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos  el Estado es considerado como agraviado, no puede permitirse que bajo ningún supuesto se rechace la participación de los procuradores considerándolos como “no parte”, pues este rechazo permitiría o avalaría que los delitos de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos queden impunes.

El decisorio del fallo precisa:

2. Establecer que el fundamento 4 de la presente sentencia constituye doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera inmediata por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en el sentido siguiente: “es obligada la participación de los procuradores en todos los procesos penales contra delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos sin que pueda rechazarse en ningún supuesto su participación con el argumento de que no son parte en el proceso.

Al igual que en el caso antes comentado sobre este mismo tipo de delitos- STC 02748-2010-PHC/TC- nuevamente se opta por una declaración de doctrina jurisprudencial e inclusive el fallo cuenta con la participación del Pleno.

Creemos que reviste importancia la determinación de si un fallo constituye precedente vinculante o doctrina constitucional o jurisprudencial. A este respecto, importa la fundamentación de una u otra opción, en tanto es en los propios argumentos en donde podemos encontrar los elementos de justificación externa que consolidan el fallo y la dispensan fortaleza argumentativa. 

No advirtiendo en la decisión reseñada sino solo la determinación de que el fallo constituye doctrina jurisprudencial, creemos que la cuestión omitida, sin perjuicio de la relevancia del tema, le resta la fuerza idónea que deben revestir los fallos de la jurisdicción constitucional.   

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 2748-2010-PHC/TC. Caso Alexander Mosquera. Excepciones recurso de agravio constitucional contra sentencias estimatorias

31 enero, 2012

Estimados amigos:

Siendo nueva pauta del precedente vinculante 3908-2007-PA/TC, caso PROVIAS (vid. http://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/02/06/stc-3908-2007-patc-caso-provias-deja-sin-efecto-precedente-vinculante-4853-2004-aatc/) modificatorio del precedente 4853-2004-AA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, que solo las sentencias denegatorias suben a conocimiento del Tribunal Constitucional, conforme al artículo 202.2 de la Carta Fundamental, un nuevo caso de excepción- vía doctrina jurisprudencial- se desprende del caso STC 2748-2010-PHC/TC, caso Alexander Mosquera, el cual puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02748-2010-HC.html

En efecto, el criterio de excepción obedece a que siendo pluriofensivos los delitos  de narcotráfico y lavado de activos, se justifica, en forma excepcional, que en caso de sentencias estimatorias en este tipo de procesos, será viable la interposición de recurso de agravio constitucional.

La sentencia citada indica:  

15.  (…) cabe recordar que los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, constituyen ilícitos de carácter pluriofensivo, en la medida que ponen en estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado. Es por ello, que la obligación constitucional del Estado peruano, prevista en el artículo 8º de la Constitución, de prevenir y sancionar este tipo de ilícitos “no debe agotarse en la mera descripción típica de las conductas delictivas en el Código Penal y en las leyes especiales, criminalizando el delito de tráfico ilícito de drogas [y sus derivaciones], con penas severas proporcionales a los bienes constitucionalmente protegidos que se afligen, sino que además para llegar a tal cometido debe procurarse el establecimiento de procedimientos de investigación eficientes, es decir, que objetivamente demuestren resultados cada vez más eficaces; lo contrario, significaría incurrir en una infracción constitucional por parte de las autoridades competentes para ello” (Exp. N.º 04750-2007-PHC/TC). En ese sentido, a fin de concretizar esta obligación constitucional de prevenir y sancionar eficazmente el tráfico ilícito de drogas y sus derivaciones, y estando a lo dispuesto por el artículo III del Título Preliminar del CPConst., este Tribunal considera que en los  procesos constitucionales en que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, excepcionalmente, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra habilitada –independientemente del plazo– para la interposición de un recurso de agravio constitucional especial, el mismo que deberá concedido por las instancias judiciales.

Es importante prestar atención a un detalle de la sentencia:

2. Establecer que los fundamentos 5 a 10 y 12 a 15 de la presente sentencia constituyen doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera inmediata por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

3.      Disponer que de conformidad con lo establecido en los artículo 8º de la Constitución y III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada –independientemente del plazo– para la interposición del recurso de agravio constitucional, el mismo que debe ser concedido por las instancias judiciales.

La cuestión es: ¿doctrina jurisprudencial o precedente vinculante? Habiendo firmado el pleno, los votos eran suficientes para un precedente vinculante. Y sin embargo, el fallo opta por una declaración de doctrina jurisprudencial. Coincidimos en que pudo advertirse el medio escogido mas queda ausente un fundamento de análisis al respecto.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 1648-2001-PA/TC. Caso Nilser Piñas. ¿ Desnaturalización del CAS?

29 enero, 2012

Estimados amigos:

Desde Piura y nuevamente en tareas docentes, adjuntamos el análisis de un caso que ha llamado nuestra atención.

En nuestra opinión, reviste una lógica procedimental y material que habiendo cesado un trabajador en el régimen de Contratación Administrativa de Servicios CAS, previsto por el Decreto Legislativo 1057, y luego laborado en contrato modal y más aún, que ese contrato modal se hubiere desnaturalizado, que una demanda con estas cuestiones pudiera devenir fundada.

Sin embargo, en la STC 01648-2011-PA/TC caso Nilser Piñas, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01648-2011-AA.html,, la interpretación que realiza el supremo intérprete de la Constitución respecto al régimen de contratación a aplicar- si convergen un régimen CAS y otro régimen posterior- es que existe en propiedad una desnaturalización del CAS.

Entenderíamos, a contrario, que es el contrato modal el que se ha desnaturalizado por una sencilla cuestión de etapas precluidas y no obstante ello, el TC considera que se ha producido una prórroga, desnaturalizada por cierto, del régimen CAS.

La sentencia en comento señala:

6. (…) Corresponde determinar las consecuencias jurídicas del actuar arbitrario del Organismo emplazado. Al respecto, este Tribunal debe precisar que si bien los contratos civiles celebrados entre las partes, así como el hecho de laborar sin contrato inmediatamente después de vencidos los contratos civiles, encubrieron una relación laboral, ello no supone que la relación laboral encubierta se encuentre regulada por el régimen laboral del Decreto Supremo N.° 003-97-TR, pues antes de los contratos civiles el demandante venía trabajando mediante contratos administrativos de servicios.  

Esta cuestión resulta relevante para concluir que los contratos civiles encubrieron un contrato de trabajo sujeto al régimen laboral especial regulado por el Decreto Legislativo N. º 1057, pues en el presente caso existe continuidad en la prestación del trabajo por parte  del demandante, que Cofopri pretendió encubrir mediante contratos civiles.

En nuestra modesta opinión, la interpretación del Tribunal resulta contraria a los principios de razonabilidad, temporalidad y vigencia de la relación laboral e inclusive no tuitiva respecto del derecho al trabajo, pues la idea acotada extiende sin un fundamento real un régimen ya concluido, respecto al  cual si se firma un contrato modal, logra hacer precluir per se el régimen CAS. Entonces ¿por qué extender el CAS? Respetuosamente creemos que en el caso en comento faltó mayor fundamentación.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Pensamientos de Derecho Constitucional

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