Archivos de la categoría ‘i. Sentencias relevantes del Tribunal Constitucional del Perú’

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STC 01969-2011-PHC/TC. Caso Humberto Bocanegra. Nueva posición El Frontón. Crímenes de lesa humanidad.

5 septiembre, 2013

Estimados amigos: 

El Tribunal Constitucional acaba de pronunciarse el día 02 de setiembre último, por mayoría de 5 contra 2 votos,  en la STC 01969-2011-PHC/TC, caso Humberto Bocanegra, decisión que puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/01969-2011-HC.pdf, y señala que los sucesos ocurridos en la isla El Frontón, en junio de 1986, no constituyen crímenes de lesa humanidad. 

Esta decisión, respecto de la cual somos respetuosos mas no compartimos, señala lineamientos distintos a los expresados en los últimos años (Vid 024-2010-PI/TC, caso Decreto Legislativo 1097 y 0218-2009-PHC/TC, caso Accomarca), en los cuales la línea principal de razonamiento la constituye la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la calificación de determinados actos especialmente graves como un tipo de crímenes contra la humanidad. 

La argumentación ratio decidendi del Tribunal gira, entre otros, en torno a los siguientes razonamientos: 

61. (…) en el auto de apertura de instrucción no se cita ningún medio probatorio de la existencia de un plan previo para acabar con la vida de los internos a través de un uso excesivo de la fuerza y de ejecuciones extrajudiciales, por lo que este Tribunal no puede avalar la calificación del presente caso como crimen de lesa humanidad que adopta el juez emplazado. 

62. A su vez, este Tribunal Constitucional entiende que los hechos materia del proceso penal no pueden ser entendidos como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil, puesto que resulta evidente que ello no es así, dado que los hechos acaecidos el 19 de junio de 1986 en el CRAS San Juan Bautista (El Frontón), no fueron organizados u ocasionados por el Estado o alguna de sus dependencias, sino por los internos del centro de reclusión, quienes se amotinaron, motivando la reacción del Estado. Es así que el resultado de la operación para debelar el motín no fue producto de un plan preconcebido para buscar acabar con la vida de los internos, sino de los excesos producidos con ocasión del enfrentamiento producido entre los internos y las fuerzas del orden, y como resultado de decisiones y acciones tornadas durante el desarrollo de los hechos, por lo que se descarta que la actuación del Estado haya sido preconcebida o planificada para obtener como resultado la eliminación física de los internos. 

En este blog ya hemos asumido un estudio a fondo de este tema en http://edwinfigueroag.wordpress.com/o-la-imprescriptibilidad-en-relacion-a-los-crimenes-de-lesa-humanidad/ y http://edwinfigueroag.wordpress.com/v-crimenes-de-lesa-humanidad/ , asumiendo la tesis de que los hechos de la isla El Frontón sí constituyen crímenes de lesa humanidad. 

Ha de ser importante evaluar la argumentación que sustenta la decisión en tanto, reiteramos, fija posición distinta a la línea interpretativa del Tribunal en los últimos años. 

Saludos cordiales, 

Edwin Figueroa Gutarra

 

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STC 0007-2012-PI/TC. Caso FONAVI. Examen constitucional de ley aprobada en referendum

20 diciembre, 2012

Estimados amigos:

Una decisión de sumo interés por sus referencias a la viabilidad de examen constitucional de leyes aprobadas en referéndum, es la STC 0007-2012.PI/TC, la cual puede ser leida en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00007-2012-AI.pdf .

Una cuestión de interés es que si, desde la teoría clásica del poder ilimitado de los ciudadanos( vox populi, vox Dei), si el pueblo asume la condición de Poder Constituyente y el referéndum sería una expresión de ese poder, ejercido en la oportunidad convocada para el efecto, frente a esa concepción, se opone la del Tribunal, el cual afirma que sí es posible el examen constitucional de una ley avalada en referéndum pues en rigor, el ejercicio de este acto democrático es una expresión de poder constituido.

En esa lógica, se hace revisable una norma que avaló por mayoría un importante número de ciudadanos al votar positivamente por la devolución del FONAVI.

La parte relevante de la sentencia expresa lo siguiente:

18. (…) cuando el pueblo se pronuncia democráticamente en un referéndum, no lo hace como un poder jurídicamente ilimitado, sino como un poder constituido, y por consiguiente, limitado, esencialmente, por el respeto a la Norma Fundamental. De ahí que el artículo 1 de la Ley 26300 establezca que los derechos de participación ciudadanos, entre los que se incluye el de referéndum (artículo 2, literal c), se ejercen de conformidad con la Constitución. Y es que como ya tuvo oportunidad de destacar este Tribunal, en tal caso “el pueblo actúa en calidad de poder constituido, pues si actuara como poder constituyente no podríia ser objeto de limitaciones jurídicas más allá de las que él mismo pudiera autoimponerse” (cfr. STC 0014-2002-PI, F.J. 116).

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 03919-2010-PC/TC. Caso Juan Peralta Cueva y otros (jueces de Lambayeque). Nivelación de sueldos jueces del Poder Judicial.

19 diciembre, 2012

Estimados amigos:

Una decisión jurisdiccional que creó fricciones inclusive al interior del propio Poder Judicial fue la STC 03919-2010-PC/TC, la cual puede ser leída  en  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03919-2010-AC.html, a propósito del pedido de 53 jueces del Distrito Judicial de Lambayeque a efectos de que se cumpliera el artículo 186 inciso 5, literal b del DS. 017-93-jus (Ley Orgánica del Poder Judicial). norma referida a la nivelación de sueldos de jueces de distintos niveles con respecto a los haberes de los jueces supremos.  

Aún cuando ser parte en el proceso nos impide mayores comentarios pues el proceso aún se encuentra en trámite, creemos que es importante evaluar los argumentos del Tribunal Constitucional en la medida que estima la demanda y señala que procede el pedido de los demandantes en razón de que así lo prevé la norma. Por lo tanto, se trata de solicitar el cumplimiento de una norma y no de crear nuevas obligaciones.

La parte relevante de la decisión señala:  

7.  Si bien es cierto la STC 0168-2005-PC/TC ha establecido como uno de los requisitos de procedencia de las demandas de cumplimiento que el mandato que se pretende ejecutar no se encuentre sujeto a controversia compleja ni interpretaciones dispares, este Tribunal entiende que dicho requisito no debe ser interpretado en el sentido de anular cualquier ejercicio de interpretación que realice el juez al momento de examinar la ejecutoriedad de un mandato que se pretende hacer cumplir a través de este proceso constitucional. Razonar de ese modo podría llevarnos a absurdos como el de considerar que una norma legal o un acto administrativo por más claros y determinantes que sean si son contradichos por normas o resoluciones de rango inferior, ya no podrían hacerse cumplir, dado que dichas normas o actos habrían determinado la aparición de una controversia compleja, en cuanto a la interpretación de la norma o el acto prevalente. Dicha interpretación estricta del requisito dispuesto en la STC 0168-2005-PC/TC haría prácticamente impracticable cualquier razonamiento jurídico elemental, como la aplicación del principio de jerarquía normativa; condenando al demandante a seguir un proceso mucho más lato como el proceso contencioso administrativo, cuando el mandato pudo fácilmente hacerse cumplir a través del proceso de cumplimiento.

En esta línea, por ejemplo, no puede entenderse como controversias complejas o sujetas a interpretaciones dispares la presencia de mandatos contenidos en leyes o actos administrativos que deriven su definición, de un modo claro, a otras normas o actos administrativos que los complementen y que definan de un modo indubitable qué es aquello que se debe cumplir.

8. En el presente caso el mandato que pretenden hacer cumplir los demandantes (artículo 186, inciso 5, literal b) del D.S. Nº 017-93-JUS, Ley Orgánica del Poder Judicial) si bien debe ser completado con lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº 206-2008-P-PJ y contrastado con otras disposiciones normativas alegadas por la parte demandada, que contradecirían lo ordenado en el artículo 186, inciso 5, literal b) del D.S. Nº 017-93-JUS, pues la exigencia de remisión o contraste no supone necesariamente la existencia de una controversia interpretativa compleja, dado que –como se verá en el caso de autos- la remisión y el contraste pueden ser resueltos fácilmente y con la suficiente claridad. Así, el artículo 186º, inciso 5, literal b) del D.S. Nº 017-93-JUS dispone literalmente que “el haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que perciben los Vocales de la Corte Suprema, el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; el de los Jueces de Paz Letrados es del 70%, …”, por lo que resulta meridianamente claro que la homologación está referida al total  de lo que perciben los vocales de la Corte Suprema por cualquier concepto. 

9. El referido total de lo que perciben los vocales de la Corte Suprema incluye, por tanto, el monto de S/. 7617.00 nuevos soles establecida mediante Resolución Administrativa Nº 206-2008-P-PJ. El hecho de la recepción de este monto, considerado bajo el concepto de “bono por alta función jurisdiccional” ha quedado plenamente acreditado mediante las declaraciones juradas anexadas en el expediente (fojas 176-180), donde se aprecia fehacientemente que el monto total de lo que percibe un vocal supremo asciende a S/. 23217.20 nuevos soles, monto al que si se le resta los S/. 15600.00 nuevos soles que ganaban los vocales supremos hasta antes de la mencionada resolución administrativa, queda claro que la asignación por dicho concepto fue de S/. 7617.00 nuevos soles.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 03681-2010-PHC/TC. Caso Ernesto Schutz. Ley de Contumacia y renuencia a comparecer al proceso

18 diciembre, 2012

Estimados amigos:

Una decisión que este año marcó el debate en temas de habeas corpus fue la STC 3681-2010-PHC7TC, caso Ernesto Schutz, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/03681-2010-HC.html, la misma que inicialmente fue declarada fundada y luego revocada ( un hecho inusual pues normalmente se produce la publicación de una sola decisión).

Se verificó, luego de la publicación, que no habían los votos suficientes para formar resolución, y llamado a dirimir el magistrado Calle Hayen, se produjo la desestimación de la demanda.

Lo interesante del caso fue poner de relieve el tema de la literalidad de la Ley 26641, Ley de Contumacia, en tanto si esta figura es declarada al interior de un proceso penal, no se produce la prescripción de la causa.

Si bien esta figura colisiona con el derecho fundamental al plazo razonable, creemos que el Tribunal, antes que optar inicialmente, en su primera decisión, por acoger el tema de falta de motivación , tenía las herramientas objetivas para desestimar la demanda, pues efectivamente ya hay jurisprudencia constitucional consolidada en el sentido de que solo en caso de rehuir a los emplazamientos, comprobadamente,  no se produce el archivamiento del proceso. Bajo esta pauta y solo bajo este razonamiento, la Ley de Contumacia, dada la obstrucción al desarrollo del proceso, sí sería aplicada, con exclusión de otro tipo de situaciones.

Ernesto Schutz alegaba prescripción del proceso y al mismo tiempo, invocaba la nacionalidad suiza desde ese país, elemento este último que representaba un impedimento de procesamiento por parte de la justicia peruana.

Una parte de la sentencia así lo expresa:

5. (…) debe tenerse presente que en las SSTC 04118-2004-HC/TC y 07451-2005-PHC/TC se estableció que “tratándose de reos contumaces, los plazos de prescripción se interrumpen si es que existen evidencias irrefutables que el acusado rehúye del proceso y hasta que el mismo se ponga a derecho”.

6.        En tal escenario, este Tribunal considera que la Resolución de fecha 21 de noviembre de 2006 vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en la medida que su argumentación no es acorde con lo prescrito en el artículo 84º del Código Penal, ya que ordenó –mecánicamente– la suspensión del plazo de prescripción de la acción penal sobre la base de una declaratoria de contumacia, sin tener presente que en la STC 04959-2008-PHC/TC se precisó que “la Ley N.º 26641, que dispone la suspensión de los plazos de prescripción de la acción penal para los reos contumaces, sólo puede ser de aplicación en caso la misma no resulte vulneratoria del derecho al plazo razonable del proceso”. 

Por consiguiente, este extremo de la demanda tiene que ser estimado.

A futuro, deberá evaluar el juez constitucional si existe una actitud de renuencia a comparecer al proceso y solo invocándose este argumento, como causal de justificación, no habrá colisión con otros derechos fundamentales.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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STC 00037-2012-PA/TC. Caso Scotiabank. Aplicación del principio de proporcionalidad, seguridad jurídica y ejecutores coactivos

17 diciembre, 2012

 

Estimados amigos:

Los conflictos entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional suelen ser de dimensiones singulares a propósito de sentencias del supremo intérprete que, en procesos de amparo contra resolución judicial, precisamente dejan sin efecto decisiones jurisdiccionales que representan fallos de cierre de la justicia ordinaria.

Uno de estos caso es la STC 00037-2012-PA/TC, de fecha 25 de enero de 2012, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/00037-2012-AA.html , la cual declara fundada una demanda de amparo interpuesta por Scotiabank contra la Corte Suprema y declara nula una resolución expedida por la Sala Civil Permanente  de la Corte Suprema de Justicia de la República derivada del expediente CAS. N.º 3313-2009.

En tanto que la decisión de la Corte Suprema se había circunscrito a la aplicación del artículo 3ro del Reglamento de la Ley de Ejecución Coactiva, que preveía exigencias de rigor e inscripciones a los ejecutores coactivos, el fallo del Tribunal, vía aplicación del principio de proporcionalidad, llega a la conclusión de que no es exigible la aplicación de la norma en los términos referidos por la Corte Suprema, y que corresponde determinar una regla de proporcionalidad en el sentido de ser exigible la inscripción del ejecutor de acuerdo a la exigencia propia de campo en la cual se desenvuelve la labor de este funcionario. 

La parte relevante de la sentencia señala lo siguiente: 

Examen de necesidad

57. (…)  el Tribunal Constitucional estima que la interpretación adoptada por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República no resulta absolutamente necesaria para la consecución del objetivo que se pretende, vale decir, impedir el abuso del derecho, favorecer la seguridad jurídica y legitimar las actuaciones de los ejecutores coactivos, pues el mismo objetivo pudo haberse logrado mediante una interpretación distinta, igualmente idónea al fin previsto, pero menos restrictiva de la garantía institucional de la autonomía municipal antes aludida, cuál era entender que la acreditación sólo resultaba exigible ante la entidad frente a la cual el Ejecutor Coactivo pretende hacer efectiva su acreencia. (…)

Examen de proporcionalidad en sentido estricto

63. (…)el Tribunal Constitucional observa que la Sala Civil demandada tampoco ha realizado una adecuada ponderación de los bienes y derechos en conflicto, pues otorgó mayor peso, sin mayor fundamento, al valor de la seguridad jurídica en el sistema de acreditación de los Ejecutores Coactivos, en detrimento de la garantía institucional de la autonomía municipal y de la propia eficacia del sistema de ejecución coactiva en su conjunto, más aún cuando ello condujo a la afectación del derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales según lo expuesto supra, al imponer un requisito de imposible cumplimiento a las entidades estatales para hacer efectivas sus acreencias a través del sistema financiero, desconociendo de este modo la innegable importancia que ostenta para el Estado la regularidad y permanencia de dicho sistema, amén de situar a las entidades del sistema financiero –como el banco recurrente– en una situación de incertidumbre respecto de la legitimidad de su accionar y las consecuencias de ello, al no poder prever sus futuras responsabilidades de orden civil y penal. Por esta razón adicional, entonces, la interpretación de la Sala demandada también resulta irrazonable y desproporcionada.

La decisión en comento generó sendos comunicados del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial manifestando su oposición y desacuerdo frente a la situación consumada y sin embargo, deviniendo revisora la función del Tribunal Constitucional respecto de fallos de la Corte Suprema, quedó anotada la necesidad de expedirse nueva resolución en los términos fijados por el Tribunal.

Detalle particular lo constituyen los votos singulares, en desacuerdo, de los magistrados Calle Hayen y Eto Cruz.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 03170-2010-PHC/TC. Caso TA-245141098 del D.L.824. Participación obligada de Procuradores.

2 febrero, 2012

 

Estimados amigos:

Siguiendo la línea de que los procesos de narcotráfico y lavado de activos asumen una naturaleza especial, vía doctrina jurisprudencial el Tribunal Constitucional ha señalado la obligada intervención de Procuradores en este tipo de procesos, de acuerdo a los alcances de la STC 03170-2010-PHC/TC, caso TA-245141098 del D.L.824, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/03170-2010-HC.html

La sentencia citada indica:  

4. Este Colegiado considera que si a los procuradores les corresponde la defensa jurídica del Estado y si existe la obligación constitucional del Estado peruano, prevista en el artículo 8.º de la Constitución, de prevenir y sancionar el delito de tráfico ilícito de drogas, existe una necesaria y obligada participación de los procuradores en todos los procesos penales contra los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, en tanto estos ilícitos ponen en estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado. Por ello y  dado que en los procesos penales por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos  el Estado es considerado como agraviado, no puede permitirse que bajo ningún supuesto se rechace la participación de los procuradores considerándolos como “no parte”, pues este rechazo permitiría o avalaría que los delitos de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos queden impunes.

El decisorio del fallo precisa:

2. Establecer que el fundamento 4 de la presente sentencia constituye doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera inmediata por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en el sentido siguiente: “es obligada la participación de los procuradores en todos los procesos penales contra delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos sin que pueda rechazarse en ningún supuesto su participación con el argumento de que no son parte en el proceso.

Al igual que en el caso antes comentado sobre este mismo tipo de delitos- STC 02748-2010-PHC/TC- nuevamente se opta por una declaración de doctrina jurisprudencial e inclusive el fallo cuenta con la participación del Pleno.

Creemos que reviste importancia la determinación de si un fallo constituye precedente vinculante o doctrina constitucional o jurisprudencial. A este respecto, importa la fundamentación de una u otra opción, en tanto es en los propios argumentos en donde podemos encontrar los elementos de justificación externa que consolidan el fallo y la dispensan fortaleza argumentativa. 

No advirtiendo en la decisión reseñada sino solo la determinación de que el fallo constituye doctrina jurisprudencial, creemos que la cuestión omitida, sin perjuicio de la relevancia del tema, le resta la fuerza idónea que deben revestir los fallos de la jurisdicción constitucional.   

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 2748-2010-PHC/TC. Caso Alexander Mosquera. Excepciones recurso de agravio constitucional contra sentencias estimatorias

31 enero, 2012

Estimados amigos:

Siendo nueva pauta del precedente vinculante 3908-2007-PA/TC, caso PROVIAS (vid. http://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/02/06/stc-3908-2007-patc-caso-provias-deja-sin-efecto-precedente-vinculante-4853-2004-aatc/) modificatorio del precedente 4853-2004-AA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, que solo las sentencias denegatorias suben a conocimiento del Tribunal Constitucional, conforme al artículo 202.2 de la Carta Fundamental, un nuevo caso de excepción- vía doctrina jurisprudencial- se desprende del caso STC 2748-2010-PHC/TC, caso Alexander Mosquera, el cual puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/02748-2010-HC.html

En efecto, el criterio de excepción obedece a que siendo pluriofensivos los delitos  de narcotráfico y lavado de activos, se justifica, en forma excepcional, que en caso de sentencias estimatorias en este tipo de procesos, será viable la interposición de recurso de agravio constitucional.

La sentencia citada indica:  

15.  (…) cabe recordar que los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos, constituyen ilícitos de carácter pluriofensivo, en la medida que ponen en estado de alarma y peligro a las bases sociales y amenazan la propia existencia del Estado. Es por ello, que la obligación constitucional del Estado peruano, prevista en el artículo 8º de la Constitución, de prevenir y sancionar este tipo de ilícitos “no debe agotarse en la mera descripción típica de las conductas delictivas en el Código Penal y en las leyes especiales, criminalizando el delito de tráfico ilícito de drogas [y sus derivaciones], con penas severas proporcionales a los bienes constitucionalmente protegidos que se afligen, sino que además para llegar a tal cometido debe procurarse el establecimiento de procedimientos de investigación eficientes, es decir, que objetivamente demuestren resultados cada vez más eficaces; lo contrario, significaría incurrir en una infracción constitucional por parte de las autoridades competentes para ello” (Exp. N.º 04750-2007-PHC/TC). En ese sentido, a fin de concretizar esta obligación constitucional de prevenir y sancionar eficazmente el tráfico ilícito de drogas y sus derivaciones, y estando a lo dispuesto por el artículo III del Título Preliminar del CPConst., este Tribunal considera que en los  procesos constitucionales en que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos, excepcionalmente, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra habilitada –independientemente del plazo– para la interposición de un recurso de agravio constitucional especial, el mismo que deberá concedido por las instancias judiciales.

Es importante prestar atención a un detalle de la sentencia:

2. Establecer que los fundamentos 5 a 10 y 12 a 15 de la presente sentencia constituyen doctrina jurisprudencial, por lo que debe ser observada, respetada y aplicada de manera inmediata por todos los jueces de la República, conforme al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 

3.      Disponer que de conformidad con lo establecido en los artículo 8º de la Constitución y III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, en los procesos constitucionales relacionados con el delito de tráfico ilícito de drogas y/o lavado de activos en los que se haya dictado sentencia estimatoria de segundo grado, la Procuraduría del Estado correspondiente se encuentra excepcionalmente habilitada –independientemente del plazo– para la interposición del recurso de agravio constitucional, el mismo que debe ser concedido por las instancias judiciales.

La cuestión es: ¿doctrina jurisprudencial o precedente vinculante? Habiendo firmado el pleno, los votos eran suficientes para un precedente vinculante. Y sin embargo, el fallo opta por una declaración de doctrina jurisprudencial. Coincidimos en que pudo advertirse el medio escogido mas queda ausente un fundamento de análisis al respecto.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 1648-2001-PA/TC. Caso Nilser Piñas. ¿ Desnaturalización del CAS?

29 enero, 2012

Estimados amigos:

Desde Piura y nuevamente en tareas docentes, adjuntamos el análisis de un caso que ha llamado nuestra atención.

En nuestra opinión, reviste una lógica procedimental y material que habiendo cesado un trabajador en el régimen de Contratación Administrativa de Servicios CAS, previsto por el Decreto Legislativo 1057, y luego laborado en contrato modal y más aún, que ese contrato modal se hubiere desnaturalizado, que una demanda con estas cuestiones pudiera devenir fundada.

Sin embargo, en la STC 01648-2011-PA/TC caso Nilser Piñas, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01648-2011-AA.html,, la interpretación que realiza el supremo intérprete de la Constitución respecto al régimen de contratación a aplicar- si convergen un régimen CAS y otro régimen posterior- es que existe en propiedad una desnaturalización del CAS.

Entenderíamos, a contrario, que es el contrato modal el que se ha desnaturalizado por una sencilla cuestión de etapas precluidas y no obstante ello, el TC considera que se ha producido una prórroga, desnaturalizada por cierto, del régimen CAS.

La sentencia en comento señala:

6. (…) Corresponde determinar las consecuencias jurídicas del actuar arbitrario del Organismo emplazado. Al respecto, este Tribunal debe precisar que si bien los contratos civiles celebrados entre las partes, así como el hecho de laborar sin contrato inmediatamente después de vencidos los contratos civiles, encubrieron una relación laboral, ello no supone que la relación laboral encubierta se encuentre regulada por el régimen laboral del Decreto Supremo N.° 003-97-TR, pues antes de los contratos civiles el demandante venía trabajando mediante contratos administrativos de servicios.  

Esta cuestión resulta relevante para concluir que los contratos civiles encubrieron un contrato de trabajo sujeto al régimen laboral especial regulado por el Decreto Legislativo N. º 1057, pues en el presente caso existe continuidad en la prestación del trabajo por parte  del demandante, que Cofopri pretendió encubrir mediante contratos civiles.

En nuestra modesta opinión, la interpretación del Tribunal resulta contraria a los principios de razonabilidad, temporalidad y vigencia de la relación laboral e inclusive no tuitiva respecto del derecho al trabajo, pues la idea acotada extiende sin un fundamento real un régimen ya concluido, respecto al  cual si se firma un contrato modal, logra hacer precluir per se el régimen CAS. Entonces ¿por qué extender el CAS? Respetuosamente creemos que en el caso en comento faltó mayor fundamentación.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 03491-2005-PHC/TC. Caso Raúl Laynes. Habeas corpus contra habeas corpus.

27 enero, 2012

Estimados amigos:

Si en nuestro ordenamiento constitucional existe el amparo contra amparo, una cuestión de interés implicaría: ¿puede darse un habeas corpus contra otro habeas corpus? Ésa es la tesis que trabaja el Tribunal Constitucional en la STC 03491-2005-PHC/TC, la cual puede ser leída en  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/03491-2005-HC.html, proceso en el cual desarrolla la posición de viabilidad de un habeas corpus contra otro habeas corpus, desde el argumento de que sí se puede producir una afectación a la libertad individual en el seno de otro proceso sobre habeas corpus.

El fallo alude fácticamente a una demora de 50 días de una Sala Superior Penal en resolver un habeas corpus bajo su conocimiento, hecho a partir del cual es posible también construir una figura de omisión judicial. Dado ese hecho, la demanda es declarada fundada.  

Los términos del fallo son los siguientes:

Sobre la viabilidad del hábeas corpus contra hábeas corpus 

3.      Del recuento de los antecedentes descritos, aparece que la presente demanda de hábeas corpus ha sido promovida contra autoridades judiciales que han venido conociendo de un anterior proceso de hábeas corpus, situación que de alguna forma impone precisar si dicha alternativa procesal, atípica por lo demás en nuestra jurisprudencia, es viable dentro del marco jurídico actualmente vigente, tanto más cuanto que el Código Procesal Constitucional establece, en el artículo 5°, inciso 6), que “No proceden los procesos constitucionales cuando: [...] Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional [...]”. 

4.      Aunque no existe en nuestra jurisprudencia casuística en la que se haya dilucidado sobre la procedencia de procesos de hábeas corpus promovidos contra procesos de hábeas corpus, dicha hipótesis, si bien  difícil de verificarse en la práctica, tampoco resulta imposible de presentarse a la luz de eventuales cuestionamientos frente a determinadas situaciones conflictivas. El presente caso, y las particularidades que lo rodean, así lo patentizan, pues lo que se reclama en la demanda tiene que ver con una presunta afectación a los derechos constitucionales del recurrente, acontecida dentro de la tramitación de un proceso de hábeas corpus. Por otra parte, no se trata de cualquier afectación a cualquier derecho, sino de aquellos atributos que normalmente legitiman la interposición de un hábeas corpus contra resoluciones judiciales emanadas de procesos ordinarios. Lo que se denuncia, en pocas palabras, está relacionado con la vulneración al debido proceso en su manifestación de derecho a un plazo razonable en la administración de justicia, producida al no existir pronunciamiento dentro de un plazo perentorio sobre un recurso de apelación; y vulneración a la libertad individual, a consecuencia de no definirse, oportunamente, un reclamo constitucional en el que se denuncian presuntas agresiones a la libertad individual por parte de autoridades judiciales. 

5.      Como se ha señalado, no existe en nuestra jurisprudencia antecedentes de procesos de hábeas corpus promovidos contra procesos de la misma naturaleza. Sin embargo, lo más cercano a dicha opción es lo que la jurisprudencia ha venido en denominar amparo contra amparo, régimen procesal que, como lo ha precisado recientemente este mismo Colegiado en los expedientes 3846-2004-PA/TC (Caso Municipalidad Provincial de San Pablo) y 2707-2004-AA/TC (Caso Superintendencia Nacional de Administración Tributaria), sigue siendo plenamente legítimo, no obstante lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 6), del Código Procesal Constitucional, habida cuenta de que la citada disposición restrictiva debe entenderse como referida a procesos donde se ha respetado escrupulosamente la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 4° del mismo cuerpo normativo, y tomando en cuenta, adicionalmente, que una interpretación que cierra por completo la posibilidad del amparo contra amparo sería contraria a la Constitución. 

6.      Si bien en el presente caso no se trata de un amparo contra otro amparo, sino, más bien, de un hábeas corpus contra otro hábeas corpus, no por ello deja de ser pertinente enfocar dicha hipótesis dentro del contexto general del Código Procesal Constitucional, cuyo texto se refiere a la improcedencia de un proceso constitucional contra otro proceso constitucional. A este respecto, una interpretación de dicho dispositivo, dentro de criterios similares a los que se han realizado para el caso del amparo, permitiría concluir que, de darse tal hipótesis, aquella necesariamente tendría que estar condicionada a la vulneración por parte de un juez constitucional (en este caso de hábeas corpus) de los derechos a la tutela procesal efectiva y, concurrentemente, a la libertad individual, conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional para el caso de los hábeas corpus contra resoluciones judiciales emanadas de procesos ordinarios. Queda claro, por lo demás, que esa, y no otra, sería la situación en la que podría legitimarse el régimen aquí enunciado, amén de asumirse con  un carácter residual y necesariamente restrictivo.

Hemos de apreciar que la autonomía de los procesos constitucionales permite el desarrollo de esta figuras, criterio al que habría que sumar la defensa irrestricta, imperativa y extraordinaria que le corresponde al proceso de habeas corpus, acción a la cual le corresponden las menores restricciones posibles, tanto en lo formal como lo material, siempre que la pretensión sea viable.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra   

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STC 03569-2010-PA/TC. Caso Agrícola Cerro Prieto. ¿Amparo contra sentencias del Tribunal Constitucional?

25 enero, 2012

 

Estimados amigos:

Una posición que se consideró sólida desde la dación de la STC 4853-2004-AA/TC, caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad, a su vez precedente vinculante, fue la precisión de que los procesos de amparo procedían contra resoluciones del Poder Judicial, en forma lata y siempre que se afectare un derecho fundamental, así como se reguló el amparo contra el amparo, circunscribiéndolo a cuestiones igualmente excepcionales siempre en términos de vulneración grave, ostensible y manifiesta de un derecho reconocido por la Carta Fundamental. Sin embargo, una prohibición fue expresa: no procedían amparos contra decisiones del Tribunal Constitucional.    

La STC 03569-2010-PA/TC, caso Agrícola Cerro Prieto, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03569-2010-AA.html, precisamente desarrolla una tesis contraria y de excepcionalidad al precedente 4853-2004-AA/TC, pues invoca una situación de ausencia de participación de una parte con interés, contrariando así la tesis de afirmación del precedente vinculante.

Los argumentos invocados pueden ser comprensibles, en tanto se afirma que la titularidad de la propiedad de unos terrenos no fue conocida por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se abre una vertiente que para efectos futuros no ha de ser sencilla de controlar, pues la vocación de predictibilidad del precedente, y aún sus cambios, ha de generar, en nuestra modesta opinión, que muchos casos futuros, similares al que ahora se resuelve, invoquen el mismo derecho, con lo cual el precedente pierde arraigo y se abren caminos de excepción para contrarias las tesis de los precedentes.

Las partes relevantes de la decisión señalan lo siguiente:

1.        Dado los términos en los que viene planteada la demanda podría concluirse que la Sociedad demandante pretende cuestionar la sentencia recaída en el Exp. N.° 05614-2007-PA/TC, por lo que tendría que aplicarse la causal de improcedencia prevista en el precedente vinculante de la sentencia recaída en el Exp. N.° 04853-2004-PA/TC, consistente en que en “ningún caso puede ser objeto de una demanda de amparo contra amparo las resoluciones del Tribunal Constitucional”; sin embargo este Tribunal estima que en el presente caso existen circunstancias objetivas que justifican que, por excepción, dicha causal de improcedencia no sea aplicada, por las razones que a continuación se detallan: 

a.    Las partes del proceso de amparo recaído en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC, fueron como demandante Aspillaga Anderson Hermanos S.A. (en adelante, Aspillaga Hermanos) y como demandados el Instituto Nacional de Desarrollo y el Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña, es decir, que Agrícola Cerro Prieto S.A.C. (en adelante, Cerro Prieto) no participó como parte o tercero en el proceso de amparo mencionado, debido a que no fue emplazada con la demanda ni denunciada civilmente por las partes demandadas. 

La no participación de Cerro Prieto era transcendente en el resultado del proceso, pues los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe que le habían sido confiscados a Aspillaga Hermanos ya no eran propiedad del Instituto Nacional de Desarrollo, ni del Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña, sino de Cerro Prieto, por lo que resulta manifiesto su interés en el resultado del mencionado proceso de amparo. 

b.    En el proceso de amparo iniciado por Aspillaga Hermanos no se contó con la participación de Cerro Prieto, debido a que en la demanda de aquel proceso, obrante de fojas 236 a 247, sólo se alegó que los terrenos eriazos referidos habían sido inscritos a favor del Instituto Nacional de Desarrollo, lo cual era un dato incompleto sobre la titularidad de la propiedad de los terrenos eriazos, pues antes de que se interpusiera la demanda los terrenos eriazos mencionados habían sido adquiridos por Cerro Prieto en una subasta pública internacional, es decir, que adquirió los terrenos eriazos de buena fe y a título oneroso.  

Este dato sobre la titularidad de la propiedad de los terrenos eriazos mencionados no fue conocido por este Tribunal al momento de emitir la sentencia recaída en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC, toda vez que en virtud del principio de la buena fe procesal, confió en los alegatos de las partes del proceso de amparo referido, que en ningún escrito manifestaron que el propietario de los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe era Cerro Prieto. Además cabe destacar que la partida registral que adjuntó a su demanda Aspillaga Hermanos no se encontraba completa, pues en ella no se consignaba la transferencia de la propiedad de los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe del Proyecto Especial Jequetepeque–Zaña a favor de Cerro Prieto. 

c.    En la audiencia del presente proceso Aspillaga Hermanos ha sostenido que en el proceso de amparo recaído en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC no tenía porqué demandar a Cerro Prieto ni solicitar su participación, debido a que no había emitido el acto de confiscación de los terrenos eriazos mencionados, razón por la cual no la emplazó con la demanda. 

Dicho argumento denota que Aspillaga Hermanos tenía pleno conocimiento de que Cerro Prieto era propietaria de los terrenos eriazos mencionados, es decir, que en el proceso de amparo recaído en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC no actuó conforme al principio de la buena fe procesal, toda vez que resulta irrazonable sostener que no era necesario el emplazamiento de Cerro Prieto, si resulta evidente que los efectos de la sentencia estimativa del proceso de amparo referido iban a afectar su derecho a la propiedad privada sobre los terrenos eriazos mencionados. 

2.        Por las razones descritas, no corresponde aplicar la causal de improcedencia prevista en el precedente vinculante mencionado. Además tiene que tenerse presente que Cerro Prieto, en su escrito de fecha 24 de noviembre de 2010, ha señalado que la demanda de autos “no tiene por finalidad que se declare la nulidad de la sentencia” recaída en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC, sino que este Tribunal precise los alcances de la sentencia de amparo mencionada, a fin de que se determine cómo queda su derecho a la propiedad privada sobre los terrenos eriazos de las Pampas de Mocupe. 

Como ha quedado precisado, al momento en que se emitió la sentencia recaída en el Exp. N.º 05614-2007-PA/TC este Tribunal no tuvo conocimiento de que la propietaria de los terrenos eriazos mencionados era Cerro Prieto, por lo que corresponde precisar los efectos de la sentencia mencionada teniendo presente este hecho y que en dicha sentencia se estimó la demanda de amparo porque se comprobó que se había vulnerado el derecho a la propiedad privada de Aspillaga Hermanos al haberse confiscado los terrenos eriazos mencionados, pues de no hacerlo la sentencia mencionada estaría privando a Cerro Prieto de su derecho legítimo al uso y goce de aquéllos. 

De otra parte debe destacarse que si bien la demanda fue rechazada liminarmente, el derecho de defensa de las partes emplazadas se encuentra plenamente garantizado, por cuanto fueron notificadas con los actos del proceso, y contra ellos presentaron los alegatos que consideraron pertinentes y legítimos a sus intereses, así como participaron en la audiencia del presente proceso, por lo que corresponde emitir un pronunciamiento de fondo.

En nuestra opinión, se sacrifica el bien seguridad jurídica en favor de una tesis de excepción. Y si bien la realidad suele superar el marco de las normas, pues al fin y al cabo los precedentes son también normas con fisonomía jurisprudencial, habrá de ser relevante que a futuro se evalúe en qué medida es viable establecer tesis de excepción y  si ello se puede generalizar respecto de todos los demás precedentes existente en el ordenamiento constitucional.   

De otro lado, la tesis de modificación del precedente sería atribución solo del Tribunal Constitucional pues el Poder Judicial se le he relegado, en nuestra opinión, sin un argumento realmente razonable, en tanto no está investido de potestades para la inaplicación de un precedente vinculante, bajo responsabilidad, y con previsión de procesos disciplinarios por parte de la Oficina de Control de la Magistratura.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

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