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Reflexiones en la magistratura constitucional

29 julio, 2010

 

Estimados amigos:

Las reflexiones contenidas en los diversos ensayos que conforman este blog apuntan a poner de relieve el contraste marcado que diferencia al juez del siglo XXI de aquel que en su momento perfiló Montesquieu en el siglo XVIII.

Las diferencias resultan notorias y contextualmente marcadas en la medida que el Juez de la entonces novísima Revolución Francesa, estaba impedido de interpretar la ley y debía ceñirse al  rol de aplicador.  Más aún, si el juez de la Revolución apreciaba un conflicto en la mera aplicación de la ley, debía ceñirse al procedimiento denominado “referé legislativo”,  el cual consistía en la necesaria y obligatoria remisión del expediente al legislador a fin de que, planteado el conflicto de aplicación entre normas y hechos, fuera el mismo creador de la norma-regla, esto es el legislador, quien definiera la precisa solución del conflicto jurídico. El juez de entonces se arriesgaba incluso a sufrir pena de prisión si excedía de alguna forma el rol de aplicador. Sin embargo, desde los mismos esbozos de la Revolución y sus escenarios posteriores, ya existía la percepción de que el juez no podía decirlo todo en la solución de las controversias jurídicas.  Cambaceres ya se persuadía de esta realidad y de la imposibilidad de “decirlo todo” y postulaba que había necesidad de aplicar una interpretación más amplia.

En este siglo XXI, en el cual hablamos marcadamente del juez constitucional y del Estado Democrático y Social de Derecho, perfilando entre líneas la existencia de un Estado neoconstitucional, el rol del juez resulta sustantivamente distinto.  Hoy  el Derecho es una ciencia y el juez defiende los derechos fundamentales en la  percepción de que en el Estado neoconstitucional existen más principios que reglas, más ponderación que subsunción, no hay zonas exentas de control constitucional, se postula una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica de la norma y finalmente asumimos un rol prevalente del juez frente al legislador. Hoy decimos, en alguna forma en modo contrario a lo que proclama Eugenio Buligyn, que los jueces crean derecho y  no sólo crean reglas al interior de los procesos.

Es en esta nueva centuria que vía control difuso  el juez puede inaplicar una ley si ésta colisiona con el principio de supremacía normativa de la Constitución. A  su vez, la interpretación del juez constitucional hogaño goza de preferencia frente al mecanismo de interpretación autentica del legislador, convirtiéndose en un extraordinario mecanismo  de defensa de los derechos fundamentales. Apreciamos, entonces, una diferencia de carácter relevante entre ambos tipos de jueces en tanto el juzgador del frío silogismo, como diría García Figueroa, asume un rol marcadamente distinto respecto al decisor que hoy trabaja todo un capítulo en la argumentación constitucional, restando fuerza a aquellas posiciones que postulan las libertades públicas subjetivas como derechos absolutos. Asumimos, en ese orden de ideas, que Zagrebelsky no se equivocaba cuando aseveraba la ductibilidad de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho. O a su vez, debemos visualizar en el nuevo contexto de argumentación hoy, que los derechos fundamentales pueden presentar una gradación a fin de esclarecer en cuál nivel se ven afectados, situación que a su vez no se presentaba con la norma jurídica, cuando ésta representaba sólo un valor absoluto para la teoría del positivismo jurídico.

Resulta válido preguntarnos respecto a lo señalado: ¿cuál es el rol que hoy día les compete a los jueces de la justicia ordinaria frente a este cambio de rol de orden trascendente? La respuesta es taxativa: hoy el juez es creador del derecho, es defensor de los derechos fundamentales y es sujeto de un rol relevante en ese denominado activismo judicial que identifica a esa tarea de dimensión amplia que significa la defensa de los derechos fundamentales en los Estados, así como de los derechos humanos en el plano jurídico supranacional.

En virtud a ello pretendemos poner de relieve el rol distinto que hoy les compete a los jueces en el Estado Constitucional. En tal orden de ideas, creemos que la famosa polémica de los años treinta, entre Hans Kelsen, quien desconfiaba de labor de los jueces, y Karl  Schmitt, quien proponía la existencia de un Estado Jurisdiccional en el cual los jueces gobernaban con su decisiones sin ser gobernantes, se ha inclinado nítidamente a favor de éste último en tanto los jueces son capaces de decirles a otros poderes del Estado que ciertas decisiones suyas pueden contravenir la Carta Magna. La precisión aludida resulta de primer orden en tanto la primigenia tesis de Montesquieu, respecto a la separación de poderes, luego refaccionada con la tesis de Manuel Aragón con el aporte del equilibrio de poderes, hoy deviene en una proclama de intercontrol de poderes, con lo cual a los jueces constitucionales les corresponde un rol muy especial, cual es la tarea de que, en defensa de la Constitución, sus actos de interpretación constitucional, puedan prevalecer, vía interpretación, sobre los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el orden de ideas señalado, es válido interrogarnos hasta dónde hoy el juez representa un sujeto de protagonismo relevante en el Estado de Derecho. Atrás queda el oscurantismo de la Edad Media en el cual la tarea de decisión se traducía en la única voluntad del monarca de impartir justicia conforme a su libre arbitrio. Queda atrás, de manera marcada, también, el rol del juez como escrupuloso aplicador de la norma para quien la ley y sólo la ley era el punto de partida, la consecución y el destino de llegada de las decisiones jurídicas, para trascender a otro escenario en el cual la ley es una de las varias fuentes del derecho. Queda atrás, de la misma forma, el juez positivista kelseniano para el cual la norma, como expresión sustantiva de la Teoría Pura del Derecho, debía expresar un blindaje en la aplicación del derecho. Hoy esos esquemas han quedado definitivamente atrás cuando hogaño referimos, con énfasis, la relevancia de los axiomas como expresión de los principios, valores y directrices que representan las Cartas Fundamentales de los Estados contemporáneos, marcadamente Estados Constitucionales de Derecho.

La aseveración que hacemos respecto a los valores axiológicos representa un cambio de tesis fundamental en la forma de ver el derecho hoy. En efecto, si bien Kant propuso la moral como mecanismo base en el entendimiento del derecho, Kelsen representó una separación estricta entre el derecho y la moral. Sin embargo, si tomamos como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos  Humanos de 1948, advertimos una reconciliación sustantiva entre el derecho y la moral. Expresiones  relevantes de esta idea también se ven reforzadas con la Carta Fundamental de Bonn en los artículos 19 y 20, los cuales enuncian la existencia del Estado Democrático y Social así como la prohibición de regular en contrario al contenido esencial de los derechos fundamentales.

Estas características se ven reforzadas con la Constitución  francesa de 1958, la Constitución de España de 1978, la Constitución colombiana de 1991, y las Cartas Fundamentales de Perú de 1979 y 1993, que en conjunto enuncian una nueva forma de ver el derecho en tanto los jueces se ven provistos de nuevas herramientas para discernir las colisiones entre principios y derechos fundamentales.

Podemos apreciar, en conclusión, que el juez deja de ser un mero aplicador del derecho, que se abandona ese concepto nunca realmente admitido de “simple operador” de la ley y que su rol hoy asume una dimensión sustancialmente diferente. Advertimos, en consecuencia, que los dos modelos enunciados representan  extremos opuestos  y  que las diferencias de roles exigen pues un análisis como el que sumariamente hemos efectuado.

Edwin Figueroa Gutarra

estudiofg@yahoo.com

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VII Seminario Internacional de Derecho Procesal. Proceso y Constitución. Lima, 24 a 27 de abril de 2017

22 abril, 2017

Estimados amigos:

La Pontificia Universidad Católica del Perú a través de su Maestría en Derecho Procesal y la Asociación IUS ET VERITAS, organiza el VII Seminario Internacional de Derecho Procesal denominado “Proceso y Constitución”, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Lima en la sede de la referida Universidad entre los días 24 a 27 de abril de 2017.

Entre los ponentes internacionales figuran Michelle Taruffo (Italia), Jairo Parra Qujiano y Diana Ramírez (Colombia), Eduardo Oteiza (Argentina), además de importantes profesores de otras nacionalidades así como maestros nacionales.

Este Seminario constituye el más importante encuentro nacional en Derecho Procesal y los temas a abordar asumen el enfoque de necesario examen de la evolución de las tendencias doctrinarias en esta materia. Igualmente, el Derecho Procesal, disciplina hoy plenamente autónoma y alejada de la concepción ferroviaria del proceso, representa el pulso del Derecho y constituye su manifestación externa más importante. En esos términos, ésta es una reunión que exige presencia de todos.

Adjuntamos el Programa del evento.

IUS ET VERITAS Programa PUCP Proceso y Constitucion 24abr2017

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Razonamiento lógico y argumentación jurídica. Academia de la Magistratura. XXI Programa de Formación de Aspirantes de la Academia de la Magistratura. Piura, 23 de abril de 2017.

21 abril, 2017

Estimados amigos:

Siguiendo nuestra labor docente en el norte, iniciamos el próximo 23 de abril el curso “Razonamiento lógico y argumentación Jurídica” en el marco del XXI Programa de Formación de Aspirantes de la Academia de la Magistratura.

Dicha actividad será desarrollada en la ciudad de Piura y el objetivo, como es habitual, es trabajar habilidades argumentativas en quienes representan nuestra futura cantera de jueces y fiscales, más aún si partimos de la necesidad de buenas decisiones jurídicas. Argumentar frente a controversias difíciles es una ardua tarea, exige entrenamiento, visión global y formación. De ahí la importancia de este curso.

Nuestro temario de trabajo es el siguiente:

UNIDAD I: PRESUPUESTOS INSTITUCIONALES DE UNA ADECUADA ARGUMENTACIÓN

UNIDAD II: JUSTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN JURÍDICA

UNIDAD III: LOS PRINCIPIOS Y EL TEST DE PROPORCIONALIDAD

Adjuntamos el material autoinstructivo.

2. MANUAL AUTOINSTRUCTIVO ARGUMENTACION 2017

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Redacción Jurídica. Academia de la Magistratura. XXI Programa de Formación de Aspirantes PROFA. Chiclayo, 22 de abril de 2017.

20 abril, 2017

Estimados amigos:

La Academia de la Magistratura nos ha invitado a dictar el taller Redacción Jurídica en el marco de las actividades del XXI Programa de Formación de Aspirantes PROFA.

Dicha actividad  se realizará el próximo 22 de abril del año en curso en la ciudad de Chiclayo y aborda como temática principal el manejo de pautas técnicas para la mejora de la redacción jurídica. De igual forma,  persigue la formación de habilidades para quienes constituyen el grupo de nuestros futuros magistrados en el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Las Unidades a desarrollar son las siguientes:

UNIDAD I: Planificación de la redacción

UNIDAD II: Redacción del documento jurídico (Borrador)

UNIDAD III: Revisión del documento jurídico y producto final

Adjuntamos el Manual Autoinstructivo

2. MANUAL TALLER REDACCION JURIDICA

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Giovani Sartori. Legado de su pensamiento

19 abril, 2017
Estimados amigos:
Ha fallecido hace pocos días el maestro italiano Giovani Sartori, uno de los más importantes filósofos de la democracia contemporánea junto a Norberto Bobbio.
Esta mención es de importancia para nosotros pues la cercanía nuestra a su pensamiento tuvo arraigo en los años 2011 a 2014, período en el cual enseñamos en los cursos de Ascenso de la Academia de la Magistratura el módulo “Teoría constitucional y democracia”, lapso en el cual lecturas sobre su pensamiento constituyeron material de estudio y evaluación. Esta referencia es así entonces como un saludo póstumo de agradecimiento al maestro por sus enseñanzas.
Sus estudios nos acercaron ciertamente a concepciones de arraigo sobre la noción de democracia y marcaron un propósito persistente por definir la democracia. A raíz de sus trabajos, podemos entonces preguntarnos si acaso se puede redefinir la democracia no solo como la prevalencia de la mayoría sobre las minorías, sino si esa mayoria se ve instada a su vez a respetar los derechos de las minorías.
Pero el aporte de Sartori no solo se circunscribió a la democracia sino también al ámbito de la comunicación. Una de sus obras más notables “Homo videns” nos relata, grosso modo, la idea de un hombre que hoy existe pero solo en la medida de lo que ve y de esa forma, el mirar se convierte en una tragedia que bombardea el pensamiento occidental. La televisión nos acerca de ese modo a esa idea. Es así ese hombre de hoy – ese homo videns que solo cree en lo que ve- una evolución del homo sapiens y el riesgo es que se convierta en un homo cretinus. Ello nos hace pensar: ¿qué nos espera como humanidad futura?
Adjuntamos algunos archivos -lecturas de Sartori- cuya atenta lectura recomendamos.
LECTURAS Sartori cap1 Definir la democracia
LECTURAS Sartori Homo_Videns_La_sociedad_teledirigida
Saludos cordiales,
Edwin Figueroa Gutarra
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Prólogo “La Constitucionalización del Derecho en el Perú”. Guido Aguila Grados. EGACAL. 2014.

16 abril, 2017

Estimados amigos:

Revisando algunos de nuestros archivos, verificamos un singular prólogo del libro “La Constitucionalización del Derecho en el Perú”, del profesor Guido Aguila Grados, Editorial San Marcos y EGACAL, Lima, 2014, una de cuyas varias ediciones nos correspondió prologar en el año 2014 por deferencia del propio autor.

Dado que el mensaje del libro es siempre de actualidad, nos permitimos adjuntar nuestras líneas de presentación de dicho trabajo.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

“La Constitucionalización del Derecho en el Perú” 

El desarrollo de obras críticas, analíticas y conceptuosas de la realidad del ordenamiento constitucional, demanda una especial sensibilidad para proyectarse a esa especie de sentimiento constitucional de la cual alguna vez nos hablaba Lucas Verdú. Y reafirmamos esa noción de vinculación sensible pues se hace necesario desarrollar una especial lectura entre líneas de los aportes materiales que se generan día a día desde la lectura de nuestra Constitución, de su conjunto de disposiciones y normas, enunciados lingüísticos y sentidos interpretativos, así como de la frondosa jurisprudencia que desarrolla la magistratura constitucional, para encontrar los mensajes de relevancia que la realidad constitucional trasunta en nuestro diario devenir.  

Guido Águila Grados, joven y brillante profesor de Derecho Constitucional de las generaciones más recientes, me concede el alto y quizá inmerecido honor de desarrollar la presentación de su libro “La Constitucionalización del Derecho en el Perú”. Luego de leerlo, me queda la muy grata satisfacción de encontrar un estudio muy bien encaminado a propósito de los temas en común que implican la vigencia activa del constitucionalismo de portada que empuja incesante este siglo XXI y de los conceptos materiales que integran esta nueva forma de vivir el Derecho de nuestros días.

Muchas de las reflexiones contenidas en el libro que comentamos, orientan su posición a la defensa del arraigo del protagonismo de nuestra Constitución hoy en día, superando el vestigio kelseniano de la existencia de una Carta Fundamental como norma estática en la cúspide del ordenamiento jurídico. Destaca el carácter que Águila Grados marca, a lo largo de todo el libro y en oposición al esquema del maestro de Austria, de la vinculatoriedad de la Norma de Normas, y de la transformación que sus contenidos hoy implican. Ese protagonismo no es gratuito. Tiene lugar después de haber vencido el constitucionalismo de hoy, si es pertinente la expresión, los rezagos de un positivismo jurídico que se mantuvo como lema del razonamiento jurídico por largo tiempo desde sus esbozos en el siglo XVIII, su afianzamiento histórico en el siglo XIX y su reconocimiento como pauta de procedimiento en la primera mitad y un poco más del siglo XX, cambiando entonces, por esta irrupción de la Constitución, nuestro bagaje de discernimiento en temas de derechos fundamentales.

Una Constitución, como refiere Águila Grados, es un documento ligado a la distribución del poder, y como tal se le tiene asignada una tarea prioritaria: eliminar el exceso de poder, distribuir proporcionalmente, en una idea de pesos y contrapesos, ese extraordinario poder de modo equilibrado, como lo defiende Manuel Aragón en diversos estudios. Y he ahí el reto para las sociedades modernas pues no basta una estricta separación de poderes, sino es necesario, indispensable y de suyo impostergable, que entre esos poderes exista un adecuado equilibrio que constituya el punctum dolens del constitucionalismo moderno hoy, equilibrando las relaciones de poder y por tanto, eliminando esas abruptas manifestaciones de desnivel en el devenir de los derechos protegidos por la Constitución.   

Comenta Águila Grados diversas reflexiones del maestro italiano Guastini para referirse en clave negativa, a una “Constitución invasiva, entrometida”. Sin duda éste es un aporte valioso de la obra pues erigimos la Constitución como un mecanismo de equilibrio entre  las relaciones de poder. Y sin embargo, ¿qué sucede cuando ese poder resulta desbocado y se extralimita, a manera de un Ulises desatado, como sugiere Elster? Pues precisamente se produce el descontrol de la Constitución y por lo tanto, se rompe el equilibrio de poderes al tiempo que tiene lugar una exigencia de racionalizar ese poder “desbocado” que represente, por ejemplo, un desbocado hiperactivismo judicial.

Reviste importancia, igualmente y en el esquema de la obra, lo que Águila Grados denomina el “destronamiento del principio de legalidad por el de constitucionalidad”, expresión de suyo valiosa que traduce, con creces, la corriente que hoy pone a los principios, valores y directrices que emanan de la Constitución, como el ángulo de referencia para la dilucidación de aquellos problemas que hoy atañen a los derechos tutelados por la Constitución.

Sin embargo, en ese margen de reflexión, equilibrio y prudencia necesarios, convengamos en que si bien ha sido destronado el principio de legalidad, es necesario respetar sus bases de legitimación. El principio de legalidad seguirá existiendo en cuanto representa el primer ángulo de los problemas que requieren interpretación desde la Constitución.

En efecto, bajo la idea de una justicia excepcional, los principios que hoy informan el ordenamiento jurídico, de algún modo han de ser respetuosos, prima facie, por preferir la aplicación del principio de legalidad en aquellas controversias que no denoten sino un rango de menor complejidad. ¿Y ello por qué? Por cuanto ésa es, a grandes rasgos, la nota de equilibrio que debe demarcar un ordenamiento jurídico prudente: respetar los alcances del principio de legalidad y solo si éste, más que por insuficiencia antes que por deficiencia, no responde a las necesarias respuestas que exige la Constitución, entonces sí tiene lugar la plena aplicación del principio de constitucionalidad, entendido como el concepto ethos y pathos de la justicia constitucional. 

De esa forma, respetamos los espacios del legislador y la presunción, cuando menos inicial, de conformidad con la Constitución que involucra la aplicación del principio de legalidad.

La obra desarrolla con acierto, también, la tesis de que derechos sin garantías, son afirmaciones programáticas desprovistas de valor normativo. La noción que referimos parte de la propuesta de que una Constitución adopta tres tipos de normas: principios, derechos y garantías, mixtura que representa una conjunción de relevancia pues no es posible ejercer la defensa de un derecho fundamental sin que exista una textura material del mismo como principio, recordando a este efecto la marcada tesis de Dworkin respecto a que los derechos fundamentales son el mejor ejemplo de principios. A su vez, tales derechos no pueden ser ejercidos sin que exista un rango mínimo de garantías necesarias para el ejercicio de dichos derechos.     

Y sobre estas mismas ideas, de producirse lo que el autor llama “infidelidad constitucional”, asumida como la situación que acarrea la posibilidad de declarar la invalidez de una norma o acto manifiestamente contrarios a la Carta Fundamental, pues se generan los espacios necesarios para que prevalezca el principio de constitucionalidad en forma plena, así como tiene lugar, igualmente, esa mixtura de principios, derechos y garantías para una vigencia efectiva de los derechos fundamentales, así como para la observancia de la cláusula de supremacía constitucional que desde el histórico fallo del Juez Marshall en 1803, en el leading case Marbury vs Madison, acota que los gobiernos no  están formados por ángeles y de ahí la necesidad de una teoría afianzada de control constitucional. 

Un primer segmento de la obra en comento aborda las aristas propias del tránsito del Estado legal de Derecho al Estado constitucional de Derecho, sugiriendo la idea de un nuevo escenario en el ordenamiento constitucional.

Un segundo segmento de la obra examina la constitucionalización del Derecho y examina los conceptos de Constitución rígida, proyecta el concepto de garantía jurisdiccional de la Constitución, analiza la premisa de fuerza vinculante de la Constitución, pone líneas de énfasis en relación a la denominada “sobreinterpretación” de la Constitución así como orienta criterios sobre la apreciación directa de las normas constitucionales. Aporta, igualmente, alcances adicionales sobre la interpretación conforme a las leyes y discierne sobre la influencia de la Constitución respecto de las relaciones políticas.

Estos temas de la segunda sección constituyen el análisis crucial de la obra de Águila Grados pues es allí donde reside la fuerza argumentativa del libro que aporta a la academia. Con singularidad discierne estos conceptos desde una vertiente fuerte: la importancia del concepto de constitucionalización del Derecho y al modo de la proclama de Gustavo Zagrebelsky respecto al “Derecho dúctil”, reexamina qué ha sido el Derecho desde una vertiente positivista y fundamentalmente, qué es hoy desde la visión de un derecho constitucionalizado que ha cambiado la perspectiva del Derecho de nuestros días.

La tercera parte de la obra dirige sus objetivos a un tema vital en el panorama constitucional y es el referido a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como principal fuente del Derecho Constitucional peruano. Examina conceptos relevantes propios derivados de la jurisprudencia constitucional, entre sentencias interpretativas, normativas o manipulativas, la doctrina constitucional y el precedente constitucional. Consigna, de modo descriptivo y útil, una referencia a materias temáticas respecto a fallos relevantes del Tribunal Constitucional.

En suma, nos encontramos frente a una obra puntillosamente trabajada y que a su vez constituye un importante aporte a la doctrina nacional, tan necesaria ahora que las relaciones de poder se vuelven complejas por el fenómeno de irradiación e impregnación de los derechos fundamentales en los ordenamientos jurídicos, y más aún, cuando la oposición de facultades en los Poderes reconocidos, sufre una importante transformación a partir de la recategorización de la fisonomía de los Poderes propiamente dichos en sus ámbitos funcionales.

En perspectiva, las premisas principales de Águila Grados respecto al fenómeno de la constitucionalización del Derecho, constituyen una importante descripción de en cuál escenario nos encontramos. Y sin embargo, quedan aún muchos temas en el tintero. Queda aún por definir en cuánto más debe cambiar ese escenario para importar una verdadera situación de equilibrio de poderes y en qué medida ese escenario de constitucionalización del Derecho represente una verdadera reafirmación de las relaciones de poder. Y en ese contexto, que no sea una constitucionalización que simplemente termine por convertirse en el positivismo jurídico de nuestros días, o bien, una simple y mecánica tendencia a constitucionalizar el Derecho. Creemos que esos objetivos constituyen un anhelo a materializar para un siguiente trabajo del autor. 

Edwin Figueroa Gutarra    

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Revista virtual IPSO JURE No. 36. Febrero 2017

7 abril, 2017

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Iniciamos un nuevo año 2017 y la coyuntura nacional abarca integralmente los asuntos de corrupción derivados de las investigaciones del caso LAVA JATO, un problema no solo de Brasil sino ya en rigor de la comunidad latinoamericana. Pocas veces la sociedad se ha visto expuesta a una coyuntura que abarca un significativo número de eventos vinculados a la corrupción en muchos niveles, tanto públicos como privados, dejando una estela de sinsabor generalizado por el impacto no solo institucional de estos problemas, sino por la trascendencia social misma de cómo hacer frente a la corrupción, y a través de cuáles medios forzar una respuesta congruente frente a estos delicados problemas.

Para nosotros, jueces en ejercicio, y finalmente juzgadores de muchas de las vicisitudes judiciales a partir de estas controversias, la idea es más objetiva en cuanto al contexto en que estas situaciones han ocurrido: hay necesidad de reforzar los medios de vigilancia desde el Gobierno mismo, desde la implementación misma de las normas de control sobre la función público-privada, y desde la propia sociedad civil.

Creemos que ésta es una tarea primordial que compete a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en tanto es exigible diseñar herramientas que establezcan fórmulas de adecuado control para que estos problemas o bien desaparezcan, o en su caso, se reduzcan a su mínima expresión. Y efectivamente, allí donde no hay un control adecuado de la función pública, o donde el ente privado ejerce función corruptora activa sin una real labor de fiscalización de los entes públicos, pues precisamente se desarrolla sin amenaza la corrupción misma.

En este mismo problema es importante no dejar de lado una dimensión de este problema: los controles deben asegurar reglas de equilibrio material, esto es, ni ser blandas en exceso en su diseño, ni impedir el desarrollo de proyectos de inversión tan necesarios en el país bajo un suerte de controlismo draconiano. Al respecto, la previsión legal de incorporar cláusulas anticorrupción en los contratos que impliquen concesiones del Estado, nos parece una adecuada propuesta a implementar.

Y en ese contexto de propuestas a desarrollar, ¿cuál tarea nos corresponde a los jueces? Más que una función preventiva, nos es propio actuar cuando el problema alcance los ribetes de una acción con contenido penal, y es aquí donde para que sea eficaz la acción de la justicia, los jueces seamos escrupulosos mensajeros del derecho fundamental al debido proceso en todas las fases del juzgamiento.

En efecto, los jueces no pueden juzgar desde y por los medios de expresión, o desde cuál tribuna del Poder Legislativo se propone sancionar con mayor severidad a las personas involucradas en actos de grave corrupción.  Tampoco nos toca determinar si el modelo tecnocrático de desarrollo del país llegó a su fin.

Es imperativo formal para los jueces ser enfáticos en el respeto escrupuloso de las reglas del derecho fundamental al debido proceso, precisamente para que tenga lugar la eficacia necesaria de las sentencias eventualmente condenatorias que se impartan en su oportunidad. Por tanto, el juzgador debe estar imbuido, además de las regulaciones legales y constitucionales de la normativa de nuestro país, también de la perspectiva de los estándares de los derechos humanos vía control de convencionalidad en los procesos a su cargo, y así corresponderá sancionar, con la dureza que la ley permita, los actos probadamente graves de corrupción.

Bajo ese enfoque, procesar desde una perspectiva de juicios paralelos, es decir, cuando la sociedad civil emite una suerte de sentencia popular previa sin haber evaluado críticamente los hechos de relevancia jurídica en estos actos de corrupción, deja abierta una puerta difícil de cerrar, en tanto y en cuanto, precisamente esos flancos débiles que abre un juzgamiento apresurado, insuficiente y no respetuoso de la constitucionalidad exigible, pueden implicar situaciones en las cuales se declare la responsabilidad internacional del Estado, en referencia a infracciones contra la Convención Americana de Derechos Humanos.

De las cuatro características que Sócrates destacó corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente, creemos que la última es de suma relevancia: si hay prueba suficiente que corrobore la responsabilidad del acusado, la sentencia penal a imponer es casi inamovible, aún así sea revisada por las instancias superiores del Poder Judicial.

Esa regla de cuasi inamovilidad de contenidos a que nos referimos, implica la suficiencia de las reglas de legalidad, constitucionalidad y convencionalidad en los casos de corrupción a examinar. El juez no resuelve desde una perspectiva aislada de cuanto expresan los medios de comunicación, o cuánto imputa la sociedad civil. La exigencia clave es determinar que los juzgamientos sean escrupulosos de los derechos fundamentales concernidos en cada uno de estos procesos y que las sanciones a imponer, sean fiel expresión de la vigencia efectiva de un Estado Democrático y Social de Derecho. Hacer lo contrario y desvincularse de las formulaciones y exigencias que demandan estas mega investigaciones y juzgamientos, solo propiciará caos, desorden y desasosiego en la lucha frontal contra la corrupción.

Nuestro país debe volver a la necesaria senda de la institucionalidad, mas ello demanda de los jueces una actitud de consecuencia con los derechos fundamentales a ser debatidos en los procesos a su cargo.

Hasta la próxima edición

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

 

En este número 36 consignamos los siguientes artículos:

 

Reglas y principios: un debate material entre el noble sueño y la pesadilla

Edwin Figueroa Gutarra

 

Interpretación jurídica e imperio de la ley

Manuel Atienza Rodríguez

 

La prohibición de enajenar y gravar: reforma del artículo 882° del Código Civil

Ximena Llontop Guzmán

 

Régimen Mype tributario: no apto para microempresarios

Luis Tezén de la Cruz

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/4d41728040af5987a10aebc8403f88d6/IPSO+JURE+36+VERSION+FINAL.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4d41728040af5987a10aebc8403f88d6

 

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela. 

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 37, mayo 2017, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 01 de mayo de 2017.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

IPSO JURE 36 Nota La Republica 07abr2017

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

 

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Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sentencia límites a la inmunidad parlamentaria

6 abril, 2017

Estimados amigos:

En la misma lógica de nuestro post anterior, resulta de interés revisar, desde una perspectiva argumentativa, cómo se construye la justificación correspondiente al límite, entendemos también retiro por sus efectos prácticos,  de la inmunidad parlamentaria en el vecino país de Venezuela.

La inmunidad parlamentaria es una basamento real del Estado de Derecho y como tal, solo procede su retiro en circunstancias realmente extremas, fundamentalmente asociadas a la consumación de un delito flagrante, mas no en el caso del ejercicio regular de un derecho, como sucede al solicitarse la activación de la Carta Democrática Interamericana.

Estimamos que este tipo de peticiones sigue sus cauces propios, en tanto un pedido constituye el ejercicio del derecho fundamental de petición, mas no de concesión de la pretensión que se persigue.

De todos modos, en democracia es saludable el debate de argumentos y justificación de razones, y aunque no dejamos de poner este fallo en nuestra categoría “Sentencias en observación”, recomendamos su atenta lectura.

Sentencia Venezuela TSJ Límites de la inmunidad parlamentaria

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI