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Reflexiones en la magistratura constitucional

29 julio, 2010

 

Estimados amigos:

Las reflexiones contenidas en los diversos ensayos que conforman este blog apuntan a poner de relieve el contraste marcado que diferencia al juez del siglo XXI de aquel que en su momento perfiló Montesquieu en el siglo XVIII.

Las diferencias resultan notorias y contextualmente marcadas en la medida que el Juez de la entonces novísima Revolución Francesa, estaba impedido de interpretar la ley y debía ceñirse al  rol de aplicador.  Más aún, si el juez de la Revolución apreciaba un conflicto en la mera aplicación de la ley, debía ceñirse al procedimiento denominado “referé legislativo”,  el cual consistía en la necesaria y obligatoria remisión del expediente al legislador a fin de que, planteado el conflicto de aplicación entre normas y hechos, fuera el mismo creador de la norma-regla, esto es el legislador, quien definiera la precisa solución del conflicto jurídico. El juez de entonces se arriesgaba incluso a sufrir pena de prisión si excedía de alguna forma el rol de aplicador. Sin embargo, desde los mismos esbozos de la Revolución y sus escenarios posteriores, ya existía la percepción de que el juez no podía decirlo todo en la solución de las controversias jurídicas.  Cambaceres ya se persuadía de esta realidad y de la imposibilidad de “decirlo todo” y postulaba que había necesidad de aplicar una interpretación más amplia.

En este siglo XXI, en el cual hablamos marcadamente del juez constitucional y del Estado Democrático y Social de Derecho, perfilando entre líneas la existencia de un Estado neoconstitucional, el rol del juez resulta sustantivamente distinto.  Hoy  el Derecho es una ciencia y el juez defiende los derechos fundamentales en la  percepción de que en el Estado neoconstitucional existen más principios que reglas, más ponderación que subsunción, no hay zonas exentas de control constitucional, se postula una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica de la norma y finalmente asumimos un rol prevalente del juez frente al legislador. Hoy decimos, en alguna forma en modo contrario a lo que proclama Eugenio Buligyn, que los jueces crean derecho y  no sólo crean reglas al interior de los procesos.

Es en esta nueva centuria que vía control difuso  el juez puede inaplicar una ley si ésta colisiona con el principio de supremacía normativa de la Constitución. A  su vez, la interpretación del juez constitucional hogaño goza de preferencia frente al mecanismo de interpretación autentica del legislador, convirtiéndose en un extraordinario mecanismo  de defensa de los derechos fundamentales. Apreciamos, entonces, una diferencia de carácter relevante entre ambos tipos de jueces en tanto el juzgador del frío silogismo, como diría García Figueroa, asume un rol marcadamente distinto respecto al decisor que hoy trabaja todo un capítulo en la argumentación constitucional, restando fuerza a aquellas posiciones que postulan las libertades públicas subjetivas como derechos absolutos. Asumimos, en ese orden de ideas, que Zagrebelsky no se equivocaba cuando aseveraba la ductibilidad de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho. O a su vez, debemos visualizar en el nuevo contexto de argumentación hoy, que los derechos fundamentales pueden presentar una gradación a fin de esclarecer en cuál nivel se ven afectados, situación que a su vez no se presentaba con la norma jurídica, cuando ésta representaba sólo un valor absoluto para la teoría del positivismo jurídico.

Resulta válido preguntarnos respecto a lo señalado: ¿cuál es el rol que hoy día les compete a los jueces de la justicia ordinaria frente a este cambio de rol de orden trascendente? La respuesta es taxativa: hoy el juez es creador del derecho, es defensor de los derechos fundamentales y es sujeto de un rol relevante en ese denominado activismo judicial que identifica a esa tarea de dimensión amplia que significa la defensa de los derechos fundamentales en los Estados, así como de los derechos humanos en el plano jurídico supranacional.

En virtud a ello pretendemos poner de relieve el rol distinto que hoy les compete a los jueces en el Estado Constitucional. En tal orden de ideas, creemos que la famosa polémica de los años treinta, entre Hans Kelsen, quien desconfiaba de labor de los jueces, y Karl  Schmitt, quien proponía la existencia de un Estado Jurisdiccional en el cual los jueces gobernaban con su decisiones sin ser gobernantes, se ha inclinado nítidamente a favor de éste último en tanto los jueces son capaces de decirles a otros poderes del Estado que ciertas decisiones suyas pueden contravenir la Carta Magna. La precisión aludida resulta de primer orden en tanto la primigenia tesis de Montesquieu, respecto a la separación de poderes, luego refaccionada con la tesis de Manuel Aragón con el aporte del equilibrio de poderes, hoy deviene en una proclama de intercontrol de poderes, con lo cual a los jueces constitucionales les corresponde un rol muy especial, cual es la tarea de que, en defensa de la Constitución, sus actos de interpretación constitucional, puedan prevalecer, vía interpretación, sobre los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el orden de ideas señalado, es válido interrogarnos hasta dónde hoy el juez representa un sujeto de protagonismo relevante en el Estado de Derecho. Atrás queda el oscurantismo de la Edad Media en el cual la tarea de decisión se traducía en la única voluntad del monarca de impartir justicia conforme a su libre arbitrio. Queda atrás, de manera marcada, también, el rol del juez como escrupuloso aplicador de la norma para quien la ley y sólo la ley era el punto de partida, la consecución y el destino de llegada de las decisiones jurídicas, para trascender a otro escenario en el cual la ley es una de las varias fuentes del derecho. Queda atrás, de la misma forma, el juez positivista kelseniano para el cual la norma, como expresión sustantiva de la Teoría Pura del Derecho, debía expresar un blindaje en la aplicación del derecho. Hoy esos esquemas han quedado definitivamente atrás cuando hogaño referimos, con énfasis, la relevancia de los axiomas como expresión de los principios, valores y directrices que representan las Cartas Fundamentales de los Estados contemporáneos, marcadamente Estados Constitucionales de Derecho.

La aseveración que hacemos respecto a los valores axiológicos representa un cambio de tesis fundamental en la forma de ver el derecho hoy. En efecto, si bien Kant propuso la moral como mecanismo base en el entendimiento del derecho, Kelsen representó una separación estricta entre el derecho y la moral. Sin embargo, si tomamos como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos  Humanos de 1948, advertimos una reconciliación sustantiva entre el derecho y la moral. Expresiones  relevantes de esta idea también se ven reforzadas con la Carta Fundamental de Bonn en los artículos 19 y 20, los cuales enuncian la existencia del Estado Democrático y Social así como la prohibición de regular en contrario al contenido esencial de los derechos fundamentales.

Estas características se ven reforzadas con la Constitución  francesa de 1958, la Constitución de España de 1978, la Constitución colombiana de 1991, y las Cartas Fundamentales de Perú de 1979 y 1993, que en conjunto enuncian una nueva forma de ver el derecho en tanto los jueces se ven provistos de nuevas herramientas para discernir las colisiones entre principios y derechos fundamentales.

Podemos apreciar, en conclusión, que el juez deja de ser un mero aplicador del derecho, que se abandona ese concepto nunca realmente admitido de “simple operador” de la ley y que su rol hoy asume una dimensión sustancialmente diferente. Advertimos, en consecuencia, que los dos modelos enunciados representan  extremos opuestos  y  que las diferencias de roles exigen pues un análisis como el que sumariamente hemos efectuado.

Edwin Figueroa Gutarra

estudiofg@yahoo.com

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Cine forum Marbury vs Madison. PPT

20 agosto, 2019

 

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Estimados amigos:

Cerrando la actividad de cine förum de día pasados del caso Marbury vs Madison, adjuntamos nuestro PPT de trabajo de dicha sesión.

Es pertinente destacar, solo a modo de referencia, algunos archivos de interés cuyos enlaces precisamos, entre ellos un documento del año 1835, “EULOGY ON THE LIFE AND CHARACTER OF JOHN MARSHALL”, de Horace Binney, en el cual diversos jueces de la misma Corte Suprema de EE.UU. expresan algunas semblanzas en relación a la muerte de John Marshall, quien fue ponente del caso Marbury,  y que fallece tras ejercer el cargo de Presidente de Corte por espacio de 34 años.

Igualmente, precisamos otro valioso documento intitulado “Marbury v. Madison and the Doctrine of Judicial Review” ( 1914), de Edward Corwin, en el cual se consignan referencias valiosas respecto a la doctrina del control difuso.

Lo sorprendente, valga reiterarlo, es que a pesar de su antigüedad, dichos estudios siguen resultando de latente actualidad.

CONFERENCIAS Marbury vs Madison 15ago2019

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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Plan Docente del Curso de Formación Judicial Especializada. Barcelona, España 2019

14 agosto, 2019

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Escuela Judicial 

 

Estimados amigos:

Como información complementaria respecto de nuestro curso de Formación Judicial Especializada de la Escuela Judicial de Barcelona grupo 2019,  a desarrollarse entre setiembre y diciembre del año en curso, adjuntamos una sumilla de las materias a desarrollar  así como el Plan Docente de la Escuela.

La docencia se realizará en las materias de Derecho Constitucional y de la Unión Europea, Derecho Penal y Proceso Penal, y Derecho Civil y Procesal Civil.

El desarrollo de estos módulos comprende una perspectiva eminentemente práctica utilizando casos reales que se estudian a través del caso cerrado, del caso secuenciado, y del caso abierto, que en los últimos planes docentes se ha incorporado, permitiendo seguir a tiempo real un procedimiento que se tramita en un juzgado de los que colaboran con la Escuela Judicial.

 

Docencia Ordinaria

Área de Derecho Constitucional y de la Unión Europea

Módulo I: La recepción constitucional del Derecho Internacional de los derechos humanos.

Módulo II: El Derecho universal de los derechos humanos.

Módulo III: La protección regional de los derechos humanos.

Módulo IV: Las técnicas de solución de conflictos entre derechos: proporcionalidad, razonabilidad y ponderación.

Módulo V: Libertad de expresión.

Módulo VI: Prohibición de tratos inhumanos y degradantes.

Módulo VII: Derecho a la vida.

 

2. Área de Derecho Penal y Proceso Penal

Módulo I: Introducción al Derecho Penal y Derecho Procesal de España. Las partes procesales.

Módulo II: Formas de inicio del procedimiento. Medidas cautelares personales (I): la detención. La sentencia (I): valoración de la prueba.

Módulo III: Medidas cautelares personales (II): la prisión provisional. Delitos contra la salud pública. La sentencia (II): los hechos probados.

Módulo IV: Cooperación judicial penal internacional. Medidas de investigación limitativas de derechos (I): Intervención de las comunicaciones. Violencia de género.

Módulo V: Responsabilidad civil y medidas cautelares reales. Delitos contra la seguridad vial. Los juicios rápidos.

Módulo VI: Medidas de investigación limitativas de derechos (II): la entrada y registro domiciliaria. Delitos contra la libertad sexual. El juicio oral.

Módulo VII: Medidas de investigación limitativas de derechos (III): Intervenciones corporales y obtención de ADN. La pena y su individualización. Ejecución penal.

 

Semanas especiales y actividades extraordinarias.

Drogadicción

Violencia de género

Siniestralidad laboral

Causas complejas

Delitos de odio

Estancias en centros penitenciarios

 

Área de Derecho Civil y Procesal Civil

Módulo I: Introducción al Ordenamiento civil y procesal civil español.

Módulo II: Derecho de daños.

Módulo III: Contratación y Defensa de los consumidores.

Módulo IV: La problemática de la vivienda

Módulo V: Persona

Módulo VI: Familia

Jornadas sobre Segunda Oportunidad

Juzgado Virtual

Jornadas en Notarías

Jornada en Registros de la Propiedad.

Jornada con los Letrados de la Administración de Justicia

Declaraciones críticas

Seminario de Bioética

ESCUELA JUDICIAL BARCELONA Plan Docente Curso Formación Judicial Especializada 2019. Promoción 06

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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Curso de Formación Judicial Especializada. Becario. Escuela Judicial de Barcelona. Setiembre – diciembre 2019

13 agosto, 2019

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Escuela Judicial de Barcelona

 

Estimados amigos:

Compartiendo una de las mejores noticias de los últimos años, me es grato hacerles saber que e Consejo General del Poder Judicial de España, nos ha designado becario para el curso de Formación Judicial Especializada 2019, el cual se llevará a cabo en la Escuela Judicial de Barcelona, España, entre setiembre y diciembre del año en curso.

El curso incluye las materias de Derecho Constitucional, Civil y Penal, acompañado cada módulo de sub componentes que amplían una visión amplia del Derecho español, así como de su interrelación con el Derecho europeo. Particularmente importante será para nosotros, de mucho interés, un análisis amplio de las tendencias contemporáneas respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y su influencia en la jurisprudencia de los Estados parte de ese sistema que alberga 47 países en el Consejo de Europa.

Por otro lado, no es grato volver a ser alumnos después de tantos años en la docencia y el cambio habrá de ser significativo. Volver a una carpeta, preparar evaluaciones y sustentar temas son singularidades que tienen un matiz hondamente situacional.

Esperamos colgar algunas actividades en este blog aunque ciertamente las circunstancias nos imponen, por lo que resta del 20’19, todas las perspectivas de un año sabático.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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Cine fórum. El caso Marbury Vs Madison. Orígenes del control de constitucionalidad. Chiclayo, agosto 15 de 2019

12 agosto, 2019

Estimados amigos:

Dentro de las actividades de la Unidad Académica de nuestra Corte, este año 2019 a cargo nuestro, hemos previsto una actividad de cine fórum para el próximo jueves 15 de agosto sobre el caso “Marbury vs Madison”, sentencia emblemática de la Corte Suprema de Estados Unidos que en el año 1803 significó el origen de la figura de la judicial review, o control difuso de constitucionalidad, como se le suele conocer.

Dicho estándar, al hacer prevalecer la Constitución sobre la ley, marcó un hito en el pensamiento jurídico de entonces, pues el Estado legislativo de Derecho, así como la concepción napoleónica totalizante del derecho desde la Revolución francesa, hacían ciertamente poco previsible una suerte de control constitucional, y sin embargo el juez Marshall y sus cinco jueces, contra las tendencias dominantes, adoptaron dicha decisión.  Desde entonces, el control difuso, aún conservando sus formas originarias, hoy puede ser materialmente contrastado con el test de proporcionalidad, propio del Estado constitucional.

La actividad se llevará a cabo en nuestro Auditorio de Corte y en forma complementaria, el suscrito, como comentarista del evento, hará un comentario crítico a partir de las implicancias de este fallo respecto a los orígenes del control de constitucionalidad.

Incluimos el enlace al video de 33.31 minutos (con subtítulos en español).

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

 

 

 

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Sentencias constitucionales. Discrecionalidad en la actividad estatal

9 agosto, 2019

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Estimados amigos:

Adjuntamos la parte pertinente de un fallo reciente de nuestra Sala en relación al tema de la discrecionalidad estatal. Y si bien es cierto que nuestro voto no resulta en mayoría, es propio indicar que es necesario diferenciar los niveles del concepto de discrecionalidad, en tanto ésta no debe resultar una atribución inevitablemente extensa y sin límites de razonabilidad y proporcionalidad por parte de la Administración.

Incluimos el fallo del caso en PDF con los votos en mayoría y minoría.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

 

  1. Corresponde concluyamos señalando, en relación a los argumentos expuestos supra, diversos conceptos de relevancia constitucional a destacar, a partir de la discrecionalidad que rige la actividad estatal. Siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia,[1] dicha actividad admite la existencia de actos reglados, por un lado, y no reglados y discrecionales, por otro.
  1. Los actos no reglados suponen libertad de arbitrio de la Administración, mas en los actos reglados se va reduciendo el ámbito de discrecionalidad según la intensidad de ésta. De esa forma, si la discrecionalidad es mayor, acota el Tribunal Constitucional, existe libertad de optar plenariamente. Sin embargo, si la discrecionalidad es intermedia, en ésta el margen de arbitrio exige satisfacer condiciones de consistencia lógica y coherencia, en tanto que en el ámbito de la discrecionalidad menor, el arbitrio se remite a variables predeterminadas por ley.
  1. Entonces observamos que existe una reducción de la discrecionalidad pues el interés público actúa como concepto jurídico.[2] Y es esa noción de interés público lo que implica un baremo necesario desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los administrados, pues si la discrecionalidad es alta, el interés público es menor; a su vez, si la discrecionalidad es baja, el interés público es mayor. En rigor, cuando la Administración debe adoptar una decisión de discrecionalidad baja, entonces se ve obligada a cumplir determinados requisitos mínimos compatibles con un Estado constitucional.  
  1. En la demanda que nos ocupa, precisamente ese interés público excluye la arbitrariedad y pone a prueba el rango de discrecionalidad de la Administración, en este caso representado por la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. A este respecto, si conforme fluye de la demanda (pp. 173-176), existen a favor del demandante certificados expedidos por la institución, condecoraciones, reconocimientos y felicitaciones, además de estudios universitarios, maestría, idioma extranjero y diplomados, sin perjuicio de haber estado solo tres meses en el grado de Comandante PNP cuando se le pasó a la situación de retiro, es de colegirse, en consecuencia, que era de suyo exigible fundamentar el pase a la situación de retiro del ahora demandante, obligación que consideramos incumplida si apenas la Resolución Ministerial cuestionada contiene apenas dos folios (pp. 35-36), y solo incluye contenidos enunciativos. A su vez, si estos instrumentos a su vez no producían convicción en la Administración, pues era necesario justificar, interna y externamente,[3] bajo las pautas mínimas de un contexto de fundamentación, por qué igualmente el actor debía ser pasado al retiro.   
  1. Es importante concluir, bajo ese orden lógico de conceptos, que los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad excluyen la arbitrariedad,[4] pues esta última incluye calificaciones como decisiones caprichosas o posiciones carentes de legitimidad, las mismas que son incompatible con un principio básico del Estado constitucional – el principio de interdicción de la arbitrariedad- deber del cual la Administración no se puede sustraer. Por lo tanto, la Administración, en el caso materia de análisis, tenía un deber de justificar su elección bajo los cánones de la intensidad del rango de discrecionalidad, obligación que consideramos incumplida.

[1] STC 0090-2004-AA/TC. Caso Callegari Herazo. Fundamento jurídico 8

[2] SAINZ MORENO, Fernando. “Reducción de la discrecionalidad: el interés público como concepto jurídico”. En Revista Española de Derecho Administrativo. Madrid, Civitas Ediciones. No. 08. 1976. pp. 63-94

[3] ATIENZA RODRIGUEZ, Manuel. Las razones del Derecho. Palestra Editores. Lima 2004. p. 61 

[4] STC 0090-2004-AA/TC. Caso Callegari Herazo. Fundamento jurídico 12

 

SALA LAB 07mar2019 235-2017 PNP Discrecionalidad actividad estatal

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Master en Argumentación Jurídica. Universidad de Alicante España. 2019-2020.

8 agosto, 2019

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Universidad de Alicante

 

Estimados amigos:

Como es usual todos los años, la Universidad de Alicante, España, convoca, a través del profesor, maestro y amigo Dr. Manuel Atienza Rodríguez, al Post Grado de Argumentación Jurídica, período 2019- 2020, en esa prestigiada Universidad.

Valga la atingencia, harto conocida por cierto, de que se trata del curso integral más importante en habla hispana en temas de argumentación, y son precisamente los profesores de Alicante quienes significan nuestra más preciada fuente de información para los cursos que sobre la materia dictamos en nuestro país.

Alicante se convierte así en la luz de intelectualidad que ilumina nuestro continente.

Adjuntamos las notas de reseña del correo que hemos recibido.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

 

 

Argumentación <argumentacion@ua.es>

Para:Curso de Postgrado en Argumentación Jurídic a
7 ago. a las 16:00
Estimados/as Señores/as:
Previo un cordial saludo, es grato dirigirme a ustedes para informarles que las inscripciones en el Título Propio Máster en Argumentación Jurídica 2019 – 2020 (10ª edición) de la Universidad de Alicante, estarán abiertas desde el 10 de agosto hasta el 30 de septiembre de 2019 en la siguiente web: https://cvnet.cpd.ua.es/preinsua/estudio.aspx?codest=9192&idioma=es

La información actualizada de nuestro Máster la encontrarán en la web siguiente:  http://web.ua.es/es/argumentacionjuridica/
Si tienen interés, no duden en comunicarse con nosotros que estaremos encantados de darles la información que requieran, por otro lado, les rogamos la difusión de la presente.

De otra parte, les informamos que de acuerdo con lo establecido en el Convenio específico de colaboración interuniversitaria entre la Universidad de Alicante y la Università degli Studi Di Palermo (ratificado el 13 de junio de 2014), obtendrán el doble título de Master (oficial) di II livello in “Argomentazione giuridica” aquellos estudiantes que, cumpliendo con la normativa y requisitos determinados por las autoridades académicas italianas, hayan obtenido el Título Propio de Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. El convenio tiene validez a partir del curso  2013/2014 (IV Edición del Máster en Argumentación Jurídica de la Universidad de Alicante).  http://web.ua.es/es/argumentacionjuridica/convenio-con-la-universita-degli-studi-di-palermo.html

Sin otro particular me despido quedando a vuestra disposición.
Atentamente
Manuel Atienza
Director

————————————————–

Escuela de Negocios
Fundación General Universidad de Alicante
Telf.  00-34- 965909373
Telf.  00-34- 965909448
Fax.  00-34- 965909369
email: argumentacion@ua.es
Alicante – España

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El proceso de habeas corpus. PDF

7 agosto, 2019

El proceso de habeas corpus PDF

 

Sumario

 

Introducción.1. Esbozos históricos del habeas corpus. 2. El habeas corpus como manifestación del Estado democrático y social de derecho. 3. El proceso de habeas corpus. Notas sobre su configuración actual.4.  Características generales del proceso de habeas corpus. 5. Problemas que plantea al actual modelo de habeas corpus. 5.1. Amplia noción del domicilio de la demanda. 5.2. Competencia de jueces especializados en caso de habeas corpus contra resoluciones judiciales. 5.3. Plazo estrictamente necesario de detención. 6. Habeas corpus y jueces constitucionales. 7. Habeas corpus y derechos humanos. Conclusiones.

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