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Reflexiones en la magistratura constitucional

29 julio, 2010

 

Estimados amigos:

Las reflexiones contenidas en los diversos ensayos que conforman este blog apuntan a poner de relieve el contraste marcado que diferencia al juez del siglo XXI de aquel que en su momento perfiló Montesquieu en el siglo XVIII.

Las diferencias resultan notorias y contextualmente marcadas en la medida que el Juez de la entonces novísima Revolución Francesa, estaba impedido de interpretar la ley y debía ceñirse al  rol de aplicador.  Más aún, si el juez de la Revolución apreciaba un conflicto en la mera aplicación de la ley, debía ceñirse al procedimiento denominado “referé legislativo”,  el cual consistía en la necesaria y obligatoria remisión del expediente al legislador a fin de que, planteado el conflicto de aplicación entre normas y hechos, fuera el mismo creador de la norma-regla, esto es el legislador, quien definiera la precisa solución del conflicto jurídico. El juez de entonces se arriesgaba incluso a sufrir pena de prisión si excedía de alguna forma el rol de aplicador. Sin embargo, desde los mismos esbozos de la Revolución y sus escenarios posteriores, ya existía la percepción de que el juez no podía decirlo todo en la solución de las controversias jurídicas.  Cambaceres ya se persuadía de esta realidad y de la imposibilidad de “decirlo todo” y postulaba que había necesidad de aplicar una interpretación más amplia.

En este siglo XXI, en el cual hablamos marcadamente del juez constitucional y del Estado Democrático y Social de Derecho, perfilando entre líneas la existencia de un Estado neoconstitucional, el rol del juez resulta sustantivamente distinto.  Hoy  el Derecho es una ciencia y el juez defiende los derechos fundamentales en la  percepción de que en el Estado neoconstitucional existen más principios que reglas, más ponderación que subsunción, no hay zonas exentas de control constitucional, se postula una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica de la norma y finalmente asumimos un rol prevalente del juez frente al legislador. Hoy decimos, en alguna forma en modo contrario a lo que proclama Eugenio Buligyn, que los jueces crean derecho y  no sólo crean reglas al interior de los procesos.

Es en esta nueva centuria que vía control difuso  el juez puede inaplicar una ley si ésta colisiona con el principio de supremacía normativa de la Constitución. A  su vez, la interpretación del juez constitucional hogaño goza de preferencia frente al mecanismo de interpretación autentica del legislador, convirtiéndose en un extraordinario mecanismo  de defensa de los derechos fundamentales. Apreciamos, entonces, una diferencia de carácter relevante entre ambos tipos de jueces en tanto el juzgador del frío silogismo, como diría García Figueroa, asume un rol marcadamente distinto respecto al decisor que hoy trabaja todo un capítulo en la argumentación constitucional, restando fuerza a aquellas posiciones que postulan las libertades públicas subjetivas como derechos absolutos. Asumimos, en ese orden de ideas, que Zagrebelsky no se equivocaba cuando aseveraba la ductibilidad de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho. O a su vez, debemos visualizar en el nuevo contexto de argumentación hoy, que los derechos fundamentales pueden presentar una gradación a fin de esclarecer en cuál nivel se ven afectados, situación que a su vez no se presentaba con la norma jurídica, cuando ésta representaba sólo un valor absoluto para la teoría del positivismo jurídico.

Resulta válido preguntarnos respecto a lo señalado: ¿cuál es el rol que hoy día les compete a los jueces de la justicia ordinaria frente a este cambio de rol de orden trascendente? La respuesta es taxativa: hoy el juez es creador del derecho, es defensor de los derechos fundamentales y es sujeto de un rol relevante en ese denominado activismo judicial que identifica a esa tarea de dimensión amplia que significa la defensa de los derechos fundamentales en los Estados, así como de los derechos humanos en el plano jurídico supranacional.

En virtud a ello pretendemos poner de relieve el rol distinto que hoy les compete a los jueces en el Estado Constitucional. En tal orden de ideas, creemos que la famosa polémica de los años treinta, entre Hans Kelsen, quien desconfiaba de labor de los jueces, y Karl  Schmitt, quien proponía la existencia de un Estado Jurisdiccional en el cual los jueces gobernaban con su decisiones sin ser gobernantes, se ha inclinado nítidamente a favor de éste último en tanto los jueces son capaces de decirles a otros poderes del Estado que ciertas decisiones suyas pueden contravenir la Carta Magna. La precisión aludida resulta de primer orden en tanto la primigenia tesis de Montesquieu, respecto a la separación de poderes, luego refaccionada con la tesis de Manuel Aragón con el aporte del equilibrio de poderes, hoy deviene en una proclama de intercontrol de poderes, con lo cual a los jueces constitucionales les corresponde un rol muy especial, cual es la tarea de que, en defensa de la Constitución, sus actos de interpretación constitucional, puedan prevalecer, vía interpretación, sobre los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el orden de ideas señalado, es válido interrogarnos hasta dónde hoy el juez representa un sujeto de protagonismo relevante en el Estado de Derecho. Atrás queda el oscurantismo de la Edad Media en el cual la tarea de decisión se traducía en la única voluntad del monarca de impartir justicia conforme a su libre arbitrio. Queda atrás, de manera marcada, también, el rol del juez como escrupuloso aplicador de la norma para quien la ley y sólo la ley era el punto de partida, la consecución y el destino de llegada de las decisiones jurídicas, para trascender a otro escenario en el cual la ley es una de las varias fuentes del derecho. Queda atrás, de la misma forma, el juez positivista kelseniano para el cual la norma, como expresión sustantiva de la Teoría Pura del Derecho, debía expresar un blindaje en la aplicación del derecho. Hoy esos esquemas han quedado definitivamente atrás cuando hogaño referimos, con énfasis, la relevancia de los axiomas como expresión de los principios, valores y directrices que representan las Cartas Fundamentales de los Estados contemporáneos, marcadamente Estados Constitucionales de Derecho.

La aseveración que hacemos respecto a los valores axiológicos representa un cambio de tesis fundamental en la forma de ver el derecho hoy. En efecto, si bien Kant propuso la moral como mecanismo base en el entendimiento del derecho, Kelsen representó una separación estricta entre el derecho y la moral. Sin embargo, si tomamos como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos  Humanos de 1948, advertimos una reconciliación sustantiva entre el derecho y la moral. Expresiones  relevantes de esta idea también se ven reforzadas con la Carta Fundamental de Bonn en los artículos 19 y 20, los cuales enuncian la existencia del Estado Democrático y Social así como la prohibición de regular en contrario al contenido esencial de los derechos fundamentales.

Estas características se ven reforzadas con la Constitución  francesa de 1958, la Constitución de España de 1978, la Constitución colombiana de 1991, y las Cartas Fundamentales de Perú de 1979 y 1993, que en conjunto enuncian una nueva forma de ver el derecho en tanto los jueces se ven provistos de nuevas herramientas para discernir las colisiones entre principios y derechos fundamentales.

Podemos apreciar, en conclusión, que el juez deja de ser un mero aplicador del derecho, que se abandona ese concepto nunca realmente admitido de “simple operador” de la ley y que su rol hoy asume una dimensión sustancialmente diferente. Advertimos, en consecuencia, que los dos modelos enunciados representan  extremos opuestos  y  que las diferencias de roles exigen pues un análisis como el que sumariamente hemos efectuado.

Edwin Figueroa Gutarra

estudiofg@yahoo.com

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Derecho Constitucional Peruano. Maestría Constitucional. Universidad Nacional de Piura. Enero 2017

13 enero, 2017

Estimados amigos:

El día 14 de enero de 2017 iniciamos el curso Derecho Constitucional Peruano en la Maestría Constitucional de la Universidad Nacional de Piura, materia que abarca una visión propia de la materia constitucional desde la visión propia de nuestra experiencia como país.

Hemos de desarrollar un esbozo de cuál ha sido la evolución de Perú en derechos fundamentales y su vigencia efectiva, así como en apreciar la evolución del principio de primacía normativa de la Constitución, en propiedad a través de sentencias, medio de expresión siempre relevante de la justicia constitucional.

Nuestros contenidos son los siguientes:

 

Tema 1

Tendencias en el constitucionalismo peruano. Evolución de los derechos humanos. Clasificación de los derechos humanos. Análisis de los derechos individuales

 

Tema 2

Los derechos sociales. Los derechos económicos. La internacionalización de los derechos
Los derechos políticos.  Las garantías constitucionales

 

Tema 3

La función pública. Derechos de sindicación y huelga. El Estado peruano: ejercicio del poder. La jerarquía normativa. Los Tratados y Derecho Interno. Teorías El régimen económico. Principios generales.

 

Tema 4

El Poder Legislativo. La delegación de facultades legislativas. El Poder Ejecutivo. Los Decretos de Urgencia. Relaciones con el Poder Legislativo

 

Tema 5

El régimen de excepción. Esquema del Poder Judicial.  Principios y derechos de la función jurisdiccional

 

Tema 6

Las Instituciones Públicas. Consejo Nacional de la Magistratura. Ministerio Público. Defensoría del Pueblo. El Sistema Electoral. La Descentralización. La Jurisdicción Internacional. Conflictos con la Constitución. La Reforma de la Constitución.

Adjuntamos la parte inicial de nuestras lecturas.

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Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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Revista virtual IPSO JURE No. 35. Noviembre 2016

12 enero, 2017

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Cerramos un año más de existencia de nuestra revista y a la fecha de composición de estas líneas, el Poder Judicial atraviesa una coyuntura de fuerza mayor en razón de la paralización de servicios de justicia por causa de una huelga nacional de los servidores de esta institución.

Abordar esta problemática siempre nos lleva un escenario de dualidad: de un lado, buscamos un Poder Judicial óptimo, un servicio de justicia eficaz, así como un trabajo de identificación eficiente con los intereses del ciudadano para una mejor atención en cuanto a los procesos que aborda la institución. De otro lado, sin embargo, los jueces no podemos sino asumir una preocupación enorme por la anomia de la institución en tanto los servicios de justicia se detienen y muchos casos que exigen pronta solución, se ven irremediablemente postergados.

A ello se aúna otro tema más complejo: ¿Y qué hacemos los jueces frente a esta compleja realidad, al margen de identificarnos con la preocupación de los servidores judiciales? Pues objetivamente no hay un espacio amplio de debate al respecto, en tanto incluso nuestras declaraciones como jueces a los medios de comunicación, exigen, bajo ciertos parámetros, autorización previa del órgano de control de la institución. Tal requerimiento mediatiza sustantivamente la recurrencia a los medios de información y dicha restricción constituye incluso un asunto que implica cumplimiento de reglas administrativas.

Sin embargo, es pertinente, aún así, llamar la atención de la Administración- léase Poder Ejecutivo y órganos de gobierno- para que a estos problemas corresponda una solución óptima en términos de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto la falta de dialogo o de adopción de soluciones a estos grandes problemas que los servidores de nuestra institución presentan, definitivamente causa mella en los servicios de justicia, así como nos aleja de ese estándar óptimo de solución que implica superar el conflicto dentro de un tiempo prudencial.

Dada esa atingencia, nos queda un llamado a los estamentos de dirección del país para verificar una pronta solución por estas coyunturas complejas, y más aún, a proyectar en el tiempo un diálogo alturado, necesario y sostenido, para que este tipo de situaciones impliquen soluciones en la mesa de diálogo, siempre en forma previa a la adopción de mecanismos de fuerza.

Finalmente, una política de comunicación siempre construye bases materiales y reduce la posibilidad de conflictos en las instituciones, mas ello necesita de muestras palpables de propósito para la búsqueda de soluciones. Esa es nuestra invocación en este año que termina.

Hasta la próxima edición

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

En este número 35 consignamos los siguientes artículos:

 

Jueces constitucionales

Edwin Figueroa Gutarra

 

Ponderación y sentido común jurídico

Manuel Atienza Rodríguez (España)

 

Abogarán mejor ( Narrativismo y litigación)

José Calvo González (España)

 

Desregulación para la regulación – la necesidad de construir el Derecho Laboral en el siglo XXI

Thereza Christina Nahas (Brasil)

 

El enlace web a esta edición es el siguiente: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1d07d4004fa42875b991fb41148c483f/IPSO+JURE+35+noviembre+2016.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=1d07d4004fa42875b991fb41148c483f

 

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela.

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 36, febrero 2017, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 15 de febrero de 2017.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

 

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Derecho Procesal Constitucional 1. Universidad Nacional de Piura. Diciembre 2016- enero 2017.

11 enero, 2017

Estimados amigos:

Concluimos en esta última semana en la ciudad de Piura, norte de Perú, el dictado del curso ” Derecho Procesal Constitucional 1″,  en la Maestría Constitucional de la Universidad Nacional de dicha localidad.

Este curso cuya cátedra conservamos ya varios años, prepara y afianza contenidos base para el análisis de los procesos constitucionales de la libertad y de primacía normativa de la Constitución, y en el mismo incluimos temas de formación fundamental como control constitucional, jurisdicción constitucional, Tribunal Constitucional. Igualmente, principios de interpretación constitucional, principios de razonabilidad y proporcionalidad y relevancia de los precedentes vinculantes.

Incluimos una valiosa lectura incorporada a este curso: un estudio del profesor Luis Sáenz Dávalos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, en relación a los procesos constitucionales.

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Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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Propuesta estado de cosas inconstitucional al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial

5 enero, 2017

Estimados amigos:

Deseándoles un feliz año 2017, es propicia la ocasión para el planteamiento de proyectos en general, en especial aquellos que induzcan a pensar en las posibilidades de un mejor manejo de los estándares de trabajo de las instituciones públicas, entre ellas y de modo muy especial, el Poder Judicial.

Bajo esa pauta, la carga procesal es un aspecto siempre apremiante en el Poder Judicial y como tal, es incluso deber de los jueces, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Perú, dar cuenta a los órganos rectores, como sucede con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial CEPJ, de los vacíos en la legislación nacional, tarea que acogemos con buena predisposición.

Esta afirmación nos conduce a la propuesta al CEPJ, cuyo archivo adjuntamos, de aplicar la figura del estado de cosas inconstitucional- una técnica de la jurisprudencia colombiana de los años noventa- como mecanismo que sí coadyuva a una reducción de la carga procesal, vía la expansión de los efectos de una sentencia a casos muy similares.

Los términos de la propuesta se explican por sí solos y creemos que es vital que quienes estamos en el diario quehacer de manejo de procesos judiciales, podamos contribuir, desde nuestra experiencia y perspectivas, a propuestas conducentes a administrar de modo óptimo la carga procesal.

En esencia, nuestra propuesta se basa en un estudio de campo que fundamentalmente propone la alternativa de establecer esta figura como una política pública, o en su caso, perfeccionarla.  Al respecto, el inicio de este año judicial 2017 marca la existencia de nueve Salas en la Corte Suprema, de las cuales solo tres son Titulares y seis tienen la calidad de Transitorias. ¿Qué hacemos entonces? ¿ seguimos creando órganos jurisdiccionales? ¿O replanteamos las fórmulas de acceso de casos a la Corte Suprema?  Sabemos de la complejidad de la respuesta.

pj-propuesta-cepj-estado-de-cosas-inconstitucional-04ene2017

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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La interpretación literal y los jueces constitucionales. Artículo

30 diciembre, 2016

LA INTERPRETACIÓN LITERAL Y LOS JUECES CONSTITUCIONALES

 

Entre las diversos criterios de interpretación en el Derecho destaca, por su carácter histórico y formal, la interpretación literal, la misma que se legitima por la aplicación de los principios de legalidad y de congruencia procesal. En esa ruta de ideas, conviene puntualizar algunas cuestiones relevantes respecto a la interpretación literal: en caso de existencia del conflicto jurídico ¿vale la configuración del brocardo in claris non fit interpretatio? Asis de Roig[1] se ha  inclinado por lo nocivo de este principio, en vista de que parte de una premisa de que no hay necesidad de interpretar los problemas si la solución, por cierto, es clara. En realidad, todos los problemas necesitan de interpretación, en mayor o menor medida, a efectos de que exista una correcta delimitación del problema.

Asis de Roig[2] asume, respecto al criterio gramatical, que éste exige que la interpretación de las normas se haga atendiendo al sentido propio de las palabras y que se trata de un criterio promovido por la corriente del literalismo.

Este método presupone:

  1. Ningún elemento en el texto legal carece de significado;
  2. A una expresión del texto legal no debe dársele un significado diferente en distintos contextos;
  3. Si la terminología de una ley se aparta del uso ordinario del lenguaje, la terminología especial prima sobre el lenguaje ordinario.

Podemos juzgar, a tenor de lo expuesto, que el criterio gramatical será muy útil sobre todo para conflictos que no revistan mayor dificultad, dada su condición de  asuntos que no exigen mayor actividad interpretativa sino la de una subsunción directa y propia. Podemos decir, en vía de ejemplo, que si el artículo 106 del Código Penal prevé pena privativa de libertad para quien matare a otro (premisa mayor o normativa) y Juan mata a Pedro( premisa factual), entonces Juan será condenado a pena privativa de libertad (conclusión). La construcción, en este aspecto, no resulta compleja.

La interpretación literal necesita una postura pacifica pues parte de un análisis de necesariedad, es decir, la conclusión es necesaria respecto de las premisas pues así fluye del carácter formal de las premisas dadas. Y sin embargo, ¿y si el conflicto ya no es tal sino en la terminología de Alexy, representa una colisión de principios?[3] En dicho caso, tiene lugar la intervención del juez que vinculado a valores constitucionales, individualiza otro nivel de dimensión de la controversia iusfundamental, por cuanto su intervención para resolver la controversia, ya no se puede estimar suficiente para resolver la litis, si solo optamos por una interpretación ceñida a una concepción literal de la Constitución.

En efecto, este tipo de juez analiza que son necesarios otros elementos para resolver la controversia y que debe premunirse de criterios de interpretación que permitan una solución equilibrada, suficiente y racional de los conflictos sometidos a su conocimiento. En esa lógica, tiene lugar la intervención del juez constitucional, que aplica ponderación, principio de proporcionalidad así como principios de interpretación constitucional, orientados a flanquear áreas más complejas de interpretación, sin transgredir la ley ni la Constitución, y superar la interpretación literal que traducen los principios de legalidad y congruencia procesal.

¿Podría advertirse en este tipo de aseveración que saltar la valla del principio de legalidad representa una indirecta materialización de la figura del prevaricato? ¿Es superar el principio de legalidad y en consecuencia, cometer una infracción contra una norma del ordenamiento jurídico,  no resolver conforme a la ley? La respuesta puede asumir un matiz de polémica en tanto no es nuestra afirmación una propuesta por rebasar la ley, minimizarla o no cuantificarla en su debida dimensión, sino que determinados casos habrán de exigir su inaplicación, lo cual en buena cuenta traduce su no aplicación al caso concreto sometido a solución.

De otro lado, en determinados casos será necesario, vía aplicación del principio de proporcionalidad, preferir un derecho fundamental frente a otro. Si así fuere ¿estamos desestimando la aplicación de la norma en contra del ordenamiento jurídico? Sustantivamente la respuesta vuelve a ser negativa pues los principios y la ponderación, aún cuando en determinados casos, van en contra del sentido claro, expreso y literal de una norma- regla, no necesariamente su aplicación implica vulneración de la norma en tanto podemos catalogar, en líneas generales, que el grado de afectación pudo haber sido medio o leve. Si así fuera, tales niveles no dejan sin efecto la norma, únicamente ella es inaplicada al caso en controversia.

Podamos apreciar, entonces, que el juez vinculado a valores constitucionales, a diferencia del juez que solo se ciñe a un texto, aún sea constitucional, da un paso más adelante en la medida que su interpretación es mucho más amplia desde la perspectiva de una interpretación activa, dinámica, inclusive abierta como reseña Peter Häberle,[4] sujeta a un control de legitimidad y de compatibilidad constitucional, a diferencia de la interpretación más bien estática y sujeta a un control de legalidad, sin que por ello podamos inferir que la interpretación sea un arte. Por el contrario, la misma se posiciona en las bases de la ciencia, en la medida que la vieja polémica sobre el derecho, respecto a si es un arte o una ciencia,[5] se ha superado largamente a favor de esta última.

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho

Publicado en JURÍDICA 625, El Peruano, 13 de diciembre de 2016

[1] ASIS DE ROIG. Rafael.  Jueces y Normas. La Decisión Judicial desde el Ordenamiento, Marcial Pons; Madrid, 1995, p. 177

[2] ASIS DE ROIG, Rafael. Op cit. p. 182.

[3] BERNAL PULIDO, Carlos. La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso 2do nivel. p. 87.

[4] Cfr. HABERLE, Peter. La sociedad abierta de los intérpretes constitucionales. Una contribución para la interpretación pluralista y procesal de la Constitución, en Retos actuales del Estado constitucional, Bilbao, IVAP, 1996, Pág. 15-46. Id., El Estado, cit., nota 18, p. 149 y ss

[5] Cfr. RUBIO CORREA, Marcial. La interpretación jurídica en El sistema jurídico. Introducción al Derecho. Módulo de Razonamiento Jurídico. p. 175. Programa de Formación de Aspirantes 1997.

Para Marcial Rubio, “la interpretación jurídica es más un arte que una ciencia”, dado que los criterios de interpretación son elementos generales que pueden aparecer en diversos métodos  y los métodos combinan estos criterios de diversas maneras. Acota, en el mismo planteamiento, que, “en el fondo, nadie ha desarrollado una teoría integral y sistematizada de la interpretación jurídica  (…) y la teoría de la interpretación no constituye un conjunto de reglas generalmente admitidas, con unidad metodológica y con capacidad de predecir un resultado dadas determinadas condiciones. Es decir, la teoría de la interpretación no constituye, propiamente hablando, una ciencia”.

Enlace electrónico: file:///C:/Users/usuario/Downloads/juridica_625%20(2).pdf

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Call for Papers: Constitutional Adjudication, between Pluralism and Unity

28 diciembre, 2016

Blog of the IACL, AIDC

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Call for Papers: Constitutional Adjudication, between Pluralism and Unity

(IACL Roundtable on ‘Constitutional Adjudication: Traditions and Horizons’)

LUISS University, Rome, 5-6 May 2017

Conference Subject-Matter

Constitutional adjudication has expanded almost throughout the globe and taken a transnational dimension and yet it has come into increased scrutiny and attacks. There have been some traditional boundaries controversies, involving the relationship between the constitution and politics, that have become more acute due to several challenges, including populism and illiberal ideologies. In addition, social movements have always interacted with the perception of constitutional norms and their adjudication. In the United States, for example, culture wars started in the 1970’s and 1980’s intensified popular focus on key constitutional decisions. With globalization the same culture wars have become virtually world-wide and the judicial fora where they are litigated have also expanded on a transnational scale. In the face of such challenges, constitutional adjudication nearly worldwide has…

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Analysis: Judicial Control of Decree-Laws in Emergency Regimes — A Self-Destruction Attempt by the Turkish Constitutional Court?

27 diciembre, 2016

Blog of the IACL, AIDC

SelinEsen

By Professor Selin Esen, Professor of Constitutional Law in the Faculty of Law at Ankara University, Turkey. Professor Esen is a member of the IACL executive committee.

Due to a coup d’etat attempt on 15 July 2016, in accordance with Article 120 of the 1982 Constitution, the Council of Ministers presided over by the President of the Republic declared a state of emergency on July 21st for three months. On October 11th it was prolonged for a further three months. The declaration of the state of emergency and its prolongation was approved by the Grand National Assembly of Turkey. Since the state of emergency was declared the Government issued eleven emergency decree-laws to date.

These decree-laws invite criticism because they contain fundamental and permanent changes to some of the state instutions, such as closing military schools and overhauling military health institutions. Yet the decrees contain several other aspects that raise very serious questions of…

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Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI