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Reflexiones en la magistratura constitucional

29 julio, 2010

 

Estimados amigos:

Las reflexiones contenidas en los diversos ensayos que conforman este blog apuntan a poner de relieve el contraste marcado que diferencia al juez del siglo XXI de aquel que en su momento perfiló Montesquieu en el siglo XVIII.

Las diferencias resultan notorias y contextualmente marcadas en la medida que el Juez de la entonces novísima Revolución Francesa, estaba impedido de interpretar la ley y debía ceñirse al  rol de aplicador.  Más aún, si el juez de la Revolución apreciaba un conflicto en la mera aplicación de la ley, debía ceñirse al procedimiento denominado “referé legislativo”,  el cual consistía en la necesaria y obligatoria remisión del expediente al legislador a fin de que, planteado el conflicto de aplicación entre normas y hechos, fuera el mismo creador de la norma-regla, esto es el legislador, quien definiera la precisa solución del conflicto jurídico. El juez de entonces se arriesgaba incluso a sufrir pena de prisión si excedía de alguna forma el rol de aplicador. Sin embargo, desde los mismos esbozos de la Revolución y sus escenarios posteriores, ya existía la percepción de que el juez no podía decirlo todo en la solución de las controversias jurídicas.  Cambaceres ya se persuadía de esta realidad y de la imposibilidad de “decirlo todo” y postulaba que había necesidad de aplicar una interpretación más amplia.

En este siglo XXI, en el cual hablamos marcadamente del juez constitucional y del Estado Democrático y Social de Derecho, perfilando entre líneas la existencia de un Estado neoconstitucional, el rol del juez resulta sustantivamente distinto.  Hoy  el Derecho es una ciencia y el juez defiende los derechos fundamentales en la  percepción de que en el Estado neoconstitucional existen más principios que reglas, más ponderación que subsunción, no hay zonas exentas de control constitucional, se postula una constelación plural de valores en lugar de homogeneidad ideológica de la norma y finalmente asumimos un rol prevalente del juez frente al legislador. Hoy decimos, en alguna forma en modo contrario a lo que proclama Eugenio Buligyn, que los jueces crean derecho y  no sólo crean reglas al interior de los procesos.

Es en esta nueva centuria que vía control difuso  el juez puede inaplicar una ley si ésta colisiona con el principio de supremacía normativa de la Constitución. A  su vez, la interpretación del juez constitucional hogaño goza de preferencia frente al mecanismo de interpretación autentica del legislador, convirtiéndose en un extraordinario mecanismo  de defensa de los derechos fundamentales. Apreciamos, entonces, una diferencia de carácter relevante entre ambos tipos de jueces en tanto el juzgador del frío silogismo, como diría García Figueroa, asume un rol marcadamente distinto respecto al decisor que hoy trabaja todo un capítulo en la argumentación constitucional, restando fuerza a aquellas posiciones que postulan las libertades públicas subjetivas como derechos absolutos. Asumimos, en ese orden de ideas, que Zagrebelsky no se equivocaba cuando aseveraba la ductibilidad de los derechos fundamentales en el Estado Constitucional de Derecho. O a su vez, debemos visualizar en el nuevo contexto de argumentación hoy, que los derechos fundamentales pueden presentar una gradación a fin de esclarecer en cuál nivel se ven afectados, situación que a su vez no se presentaba con la norma jurídica, cuando ésta representaba sólo un valor absoluto para la teoría del positivismo jurídico.

Resulta válido preguntarnos respecto a lo señalado: ¿cuál es el rol que hoy día les compete a los jueces de la justicia ordinaria frente a este cambio de rol de orden trascendente? La respuesta es taxativa: hoy el juez es creador del derecho, es defensor de los derechos fundamentales y es sujeto de un rol relevante en ese denominado activismo judicial que identifica a esa tarea de dimensión amplia que significa la defensa de los derechos fundamentales en los Estados, así como de los derechos humanos en el plano jurídico supranacional.

En virtud a ello pretendemos poner de relieve el rol distinto que hoy les compete a los jueces en el Estado Constitucional. En tal orden de ideas, creemos que la famosa polémica de los años treinta, entre Hans Kelsen, quien desconfiaba de labor de los jueces, y Karl  Schmitt, quien proponía la existencia de un Estado Jurisdiccional en el cual los jueces gobernaban con su decisiones sin ser gobernantes, se ha inclinado nítidamente a favor de éste último en tanto los jueces son capaces de decirles a otros poderes del Estado que ciertas decisiones suyas pueden contravenir la Carta Magna. La precisión aludida resulta de primer orden en tanto la primigenia tesis de Montesquieu, respecto a la separación de poderes, luego refaccionada con la tesis de Manuel Aragón con el aporte del equilibrio de poderes, hoy deviene en una proclama de intercontrol de poderes, con lo cual a los jueces constitucionales les corresponde un rol muy especial, cual es la tarea de que, en defensa de la Constitución, sus actos de interpretación constitucional, puedan prevalecer, vía interpretación, sobre los actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En el orden de ideas señalado, es válido interrogarnos hasta dónde hoy el juez representa un sujeto de protagonismo relevante en el Estado de Derecho. Atrás queda el oscurantismo de la Edad Media en el cual la tarea de decisión se traducía en la única voluntad del monarca de impartir justicia conforme a su libre arbitrio. Queda atrás, de manera marcada, también, el rol del juez como escrupuloso aplicador de la norma para quien la ley y sólo la ley era el punto de partida, la consecución y el destino de llegada de las decisiones jurídicas, para trascender a otro escenario en el cual la ley es una de las varias fuentes del derecho. Queda atrás, de la misma forma, el juez positivista kelseniano para el cual la norma, como expresión sustantiva de la Teoría Pura del Derecho, debía expresar un blindaje en la aplicación del derecho. Hoy esos esquemas han quedado definitivamente atrás cuando hogaño referimos, con énfasis, la relevancia de los axiomas como expresión de los principios, valores y directrices que representan las Cartas Fundamentales de los Estados contemporáneos, marcadamente Estados Constitucionales de Derecho.

La aseveración que hacemos respecto a los valores axiológicos representa un cambio de tesis fundamental en la forma de ver el derecho hoy. En efecto, si bien Kant propuso la moral como mecanismo base en el entendimiento del derecho, Kelsen representó una separación estricta entre el derecho y la moral. Sin embargo, si tomamos como punto de partida la Declaración Universal de los Derechos  Humanos de 1948, advertimos una reconciliación sustantiva entre el derecho y la moral. Expresiones  relevantes de esta idea también se ven reforzadas con la Carta Fundamental de Bonn en los artículos 19 y 20, los cuales enuncian la existencia del Estado Democrático y Social así como la prohibición de regular en contrario al contenido esencial de los derechos fundamentales.

Estas características se ven reforzadas con la Constitución  francesa de 1958, la Constitución de España de 1978, la Constitución colombiana de 1991, y las Cartas Fundamentales de Perú de 1979 y 1993, que en conjunto enuncian una nueva forma de ver el derecho en tanto los jueces se ven provistos de nuevas herramientas para discernir las colisiones entre principios y derechos fundamentales.

Podemos apreciar, en conclusión, que el juez deja de ser un mero aplicador del derecho, que se abandona ese concepto nunca realmente admitido de “simple operador” de la ley y que su rol hoy asume una dimensión sustancialmente diferente. Advertimos, en consecuencia, que los dos modelos enunciados representan  extremos opuestos  y  que las diferencias de roles exigen pues un análisis como el que sumariamente hemos efectuado.

Edwin Figueroa Gutarra

estudiofg@yahoo.com

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Does the President Have the Power to Call a Constitutional Referendum in Peru?. ICONNECT

17 septiembre, 2018

— Maria Bertel, Elise-Richter-Fellow (FWF), University of Innsbruck; Postdoctoral Research Fellow, Central European University[*]

On July 28, Peru celebrated 197 years of independence. On the occasion of this national holiday, the President of Perú, Martin Vizcarra, delivered the President’s Annual Address to the Nation. This was the first time the former Vice-President has given this address since he took power from the elected president Pedro Pablo Kuczynski (PPK), who stepped aside because of his involvement in the “Odebrecht case,”[1] a corruption scandal hitting the whole continent.

President Vizcarra proposed reforms of the judicial and legislative branches. His speech came after several marches of protest against the biggest corruption scandal in Peru in 18 years, which has already led to the resignation of the President of the Supreme Court as well as other officials.[2] President Vizcarra pointed out the crucial role of the citizens in these reforms and announced that they would be submitted to a referendum. The announced referendum would not only encompass the reform of the judiciary (Articles 155 and 156 of the Peruvian Constitution), but also the question whether a one term limit should be placed on members of Congress, whether a second parliamentary chamber should be introduced, and how private financing of parties should be regulated.[3] The reforms of the judiciary consist mainly in a new appointment procedure of the National Council of Judges and new criteria for the members of the National Council of Judges. In the future, a so-called Special Commission, consisting of the President of the Supreme Court, the Attorney General, the President of the Constitutional Court, the National Ombudsman and the Comptroller General shall be responsible for the appointment of the Members of the National Council of Judges. This appointment procedure shall be preceded by a merit-based competition.[4] The new criteria for the members of the Council are amongst others more than 30 years of work experience as a lawyer and not having a criminal or judicial record.[5] The emphasis of all proposed reforms is put on combatting corruption: Rules for the private financing of parties aim at more transparency and are more restrictive[6], the (re-)introduction of the second chamber is meant to help improve the quality of laws,[7] and the one term limit for members of Congress to impede cronyism[8]. (…)

 

Fuente: Maria Bertel, Does the President have the Power to Call a Constitutional Referendum in Peru, Int’l J. Const. L. Blog, Sept. 6, 2018, at: http://www.iconnectblog.com/2018/09/does-the-president-have-the-power-to-call-a-constitutional-referendum-in-peru

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“Derecho Procesal Constitucional”. Trujillo, 15 de setiembre de 2018. Maestría en Derecho Constitucional. Universidad Nacional de Trujillo

14 septiembre, 2018

 

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Estimados amigos:

La Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Trujillo nos invita a dictar el curso “Derecho Procesal Constitucional”, el cual desarrollaremos entre los meses de setiembre y octubre de 2018 en fechas intercaladas.

Nos servirá esta ocasión para desarrollar temas clásicos de nuestra materia- Código Procesal Constitucional, esquemas procesales, ponderación y proporcionalidad. etc-, y por cierto y como nuevo contenido, abordaremos los ejes de diversas propuestas que en su momento desarrolló la Comisión de Propuestas de Reformas al Código Procesal Constitucional, grupo que integramos hace algunos meses en la perspectiva de implementar nuevos estándares en esta materia especializada.

Incluimos algunos archivos de interés como el proyecto presentado y un video siempre de utilidad como es el caso Marbury vs. Madison, asunto emblemático que desarrolla la figura del control difuso.

REFORMA PROC CONST Proyecto presentado al Congreso 23nov2017

 

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Pleno Jurisdiccional Nacional en materia laboral y procesal laboral. Chiclayo, 13 y 14 de setiembre de 2018.

14 septiembre, 2018

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Estimados amigos:

Los días 13 y 14 de setiembre del año en curso venimos desarrollando los jueces del Poder Judicial en la ciudad de Chiclayo un Pleno Jurisdiccional Nacional en materia laboral y procesal laboral, el mismo que abarca diversas materias de interés en Derecho del Trabajo, a fin de conciliar criterios jurisprudenciales y lograr una mejor predictibilidad de las decisiones judiciales.

Los temas abordados en esta oportunidad son, entre otros, la imprescriptibilidad de los alcances de la obligación de dar suma de dinero por aportes previsionales a las AFP, la indemnización por lucro cesante y daño moral en los despidos incausados y fraudulentos, la actuación de los medios de prueba en segunda instancia, y la actuación de la prueba de oficio en segunda instancia.

El Pleno Jurisdiccional representa un importante ejercicio de aproximar posiciones entre los jueces, dado que aunque el Derecho no es uno solo, al brindarse por parte de los juzgadores posibles diferentes respuestas jurisdiccionales a un mismo problema, la discrepancia de criterios es en sí mismo un reto importante para la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en materia de trabajo.

Desde esta perspectiva, las discusiones a realizar representan un esfuerzo relevante por buscar la mejor respuesta posible dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas. De suyo, habrán muchas aristas constitucionales que abordar en las reuniones de trabajo.

Adjuntamos nuestro glosario de trabajo.

Programa oficial Pleno Jurisdiccional Laboral Chiclayo 13set2018

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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Teoría general del proceso civil. Academia de la Magistratura PCA . Lecturas de trabajo

10 septiembre, 2018

 

 

Estimados amigos:

En relación a nuestro curso “Teoría general del proceso civil”, iniciado este sábado 08 de setiembre en el curso de Ascenso de la Academia de la Magistratura, adjuntamos algunas de nuestras lecturas de trabajo, entre ellas una referida a principios procesales de Juan Monroy Gálvez, en propiedad un enfoque muy actual sobre la doctrina subyacente a los principios contenidos en el Título Preliminar del Código Procesal Civil.

De igual forma, adjuntamos un debate trascendente entre cuatro reconocidos profesores de Derecho Procesal Civil, a propósito de los alcances de la tutela judicial efectiva: Reynaldo Bustamante, Francisco Chamorro,  Luiz Marinoni y Giovanni Priori. Por último, incluimos un enfoque sobre la prueba de los hechos a cargo del profesor William Twining de la University College London.

LECTURA Principios procesales Monroy Galvez

LECTURA Tutela judicial efectiva Debate Bustamante, Chamorro, Marinoni, Priori

LECTURA De nuevo los hechos en serio. Twining

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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“Teoría general del proceso civil”. Academia de la Magistratura. Chiclayo, 08 de setiembre de 2018

8 septiembre, 2018

Estimados amigos:

La Academia de la Magistratura nos ha delegado desde hoy y por 2 sesiones el dictado del curso “Teoría general del proceso civil”, materia que parte de incidir en los fundamentos materiales del proceso propiamente dicho, su estructura y asuntos de relevancia como la prueba y la impugnación.

Es cierto que todas estas categorías se han constitucionalizado en gran medida y habremos de realizar un enfoque desde el avance que han significado los derechos fundamentales en relación a estas materias, dilucidando entre las nociones de tutela jurisdiccional y debido proceso desde el enfoque de la Carta Fundamental.

Igualmente, es importante revisar los principios procesales de la Teoría general del proceso desde la jurisprudencia constitucional,, así como indagar hasta dónde puede alcanzar la actividad probatoria, dada la complejidad de la prueba de oficio como poder o deber. Finalmente, es propio cuestionarnos si acaso es válida la propuesta del proceso con instancia única a fin de impulsar mayor celeridad procesal. Son cuestiones que, en rigor, merecen un hondo debate.

Las materias a abordar son:

TEMA I: EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA: NUEVAS TENDENCIAS

TEMA II: LOS PRINCIPIOS PROCESALES COMO HERRAMIENTA DE INTERPRETACIÓN AL CODIGO PROCESAL CIVIL

TEMA III: PRUEBA

TEMA IV: TEORIA GENERAL DE LA IMPUGNACION

Adjuntamos nuestro PPT de la sesión de hoy.

Teoría general del proceso civil PCA Chiclayo sesión 1 2018

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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Revista virtual IPSO JURE No. 42. Día del Juez. Agosto 2018

5 septiembre, 2018

 

 

PALABRAS DEL DIRECTOR

 

Estimados amigos:

Las celebraciones por el Día del Juez, programadas para el 04 de agosto de cada año, han sido r canceladas para este año 2018, en razón de la coyuntura política que vive el país, a raíz de la difusión de diversos audios que se vinculan a temas de corrupción a nivel de diversas entidades del sistema de justicia.

La medida es extrema pero necesaria y cuanto hemos de poner de relieve al respecto es que es comprensible la indignación ciudadana a propósito de los temas ocurridos, y sin embargo, es importante atender, en ese mismo contexto de problemas, al necesario rescate de la confianza ciudadana en sus autoridades, situación que se expresa en la sanción a quienes infringieron los códigos de ética de la función pública. Esta condición es imprescindible y al mismo tiempo, es fundamental atender a la observancia y respeto por el debido proceso, en salvaguarda de las condiciones materiales que exige todo Estado de derecho. De esa forma, es importante prever cuáles medidas se han de adoptar, cuáles instituciones reestructurar y de qué forma se van a realizar los procedimientos de emergencia, reconfiguración y reorganización del sistema de justicia.

La perspectiva de observancia necesaria de estos requerimientos, reiteramos, representa un elemento angular en todo Estado democrático y social de derecho, y si precisamente nos preciamos de vivir en un Estado constitucional, pues resulta necesario subrayar las líneas de defensa de los derechos fundamentales sin distingos de ninguna naturaleza. De esa forma, si el Poder Judicial es declarado en emergencia y se dispone la reorganización de los estamentos judiciales, pues será necesario no solo atender a que las medidas a disponer sean adoptadas escuchándose al corpus iuris judicial, sino que será cuestión insoslayable sean respetados los principios de autonomía e independencia de los jueces, a fin de que no ocurran los escenarios de arbitrariedad que caracterizaron las reformas judiciales de los años 90.

En esa misma lógica, si se optara por reestructuraciones de los equipos de trabajo- auxiliares jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial- es condición exigible observar los lineamientos de un debido procedimiento administrativo, pues fue justamente la arbitrariedad de las Comisiones de Reforma el elemento que en los mismos años 90 del siglo pasado, durante el régimen de facto instaurado en esos lustros, ocasionó temas de responsabilidad no solo a nivel legal y constitucional del propio Estado, sino incluso a nivel suprnacional, aspectos que no deben ocurrir otra vez.

El ex Presidente del Poder Judicial, Dr. Duberli Rodríguez, ha afirmado que hemos bajado la guardia contra la corrupción, en relación a los problemas ocurridos. La afirmación resulta ser muy ponderada y efectivamente, la corrupción es un problema muy complejo, con aristas muchas veces muy difíciles de detectar. Sin embargo, ello ha de implicar esta vez un reforzamiento de las atribuciones de los órganos de control, premisa con la cual convenimos y que en rigor, prevemos ha de ser una consecuencia necesaria respecto de los hechos ocurridos y ya verificados ampliamente en los medios de comunicación.

Sin perjuicio de lo expresado, corresponde no perder de vista que existe un bolsón importante de jueces honestos y que día a día luchan por una mejor impartición de justicia. A pesar del complejo escenario acotado, nuestra revista pone de relieve la importancia de esta fecha y sale a la luz incluso en estas adversas circunstancias que vive la democracia en nuestro país.

Hasta la próxima edición.

Edwin Figueroa Gutarra

Director

 

En este número 42 consignamos los siguientes artículos:

 

El proceso de transversalización del Derecho constitucional. acuerdos y desacuerdos

Edwin Figueroa Gutarra

 

La Constitución mexicana de 1917 y su presencia en el Perú

Domingo García Belaunde

 

El juez perfecto

Manuel Atienza Rodríguez (España)

 

Justicia y Política en el Perú

César Landa

 

La clasificación de los derechos fundamentales: la persona y sus categorizaciones jurídicas

Víctor García Toma

 

La autopercepción del control de convencionalidad por la propia corte interamericana: breves apostillas críticas

Gerardo Eto Cruz

 

Jurisprudencia vinculante ceja: una opción necesaria para la justicia civil

Nelson Ramírez Jiménez

 

El Tribunal Constitucional de Austria

José F. Palomino Manchego

 

Derecho al trabajo y la adecuada protección contra el despido arbitrario

Luis Castillo Córdova

 

La constitucionalización del arbitraje en el Perú: algunas consideraciones en torno a la relación del arbitraje con la Constitución, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho Reynaldo Bustamante Alarcón

 

Apuntes sobre la reforma constitucional en el Perú

David Dumet Delfín

 

La elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en Iberoamérica

Dante Martin Paiva Goyburu

 

El enlace web a esta edición es el siguiente: 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/edbdcb0046cb97fe9f56df5d3cd1c288/IPSO+JURE+42.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=edbdcb0046cb97fe9f56df5d3cd1c288 

Nuestra revista, gracias a la vía rápida de comunicación que permite la Red Latinoamericana de Jueces REDLAJ, llega, además de Perú, a otros 18 países de Iberoamérica, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana,  Uruguay y  Venezuela.

En adición a lo indicado, es grato para nosotros de igual forma invitarlos a escribir un artículo para nuestra edición IPSO JURE 43, edición virtual noviembre 2018, y fijamos como plazo de cierre de recepción de artículos el próximo 10 de octubre de 2018.

La invitación es extensiva a jueces, fiscales, abogados y académicos del Derecho. La extensión de los artículos es de hasta 20 páginas, arial narrow 11, espacio sencillo. Se enviará el artículo y una foto digital tamaño carnet a la dirección de correo electrónico estudiofg@yahoo.com, incluyendo nombres completos, teléfono y correo electrónico para fines de verificación. La dirección de la revista emitirá un correo de confirmación de recepción del trabajo.

Agradecemos su gentil atención.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Director revista IPSO JURE

Juez Superior

D.J. Lambayeque

Perú

 

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Realidad social y argumentación. Artículo

29 agosto, 2018

 

Realidad social y argumentación

 

El derecho riguroso es una especie de injusticia

Cicerón

 

El criterio de la realidad social o sociológico, en la clásica definición de von Savigny[1], exige que la interpretación se haga atendiendo a las circunstancias sociales y económicas del momento. Conforme decía Ortega y Gasset, el Derecho queda reducido a un mero hecho social.

El criterio de la realidad social merece una especial atención y bajo esta pauta, asume relevancia que el juez pueda ver más allá de su decisión, que pueda contextualizar cuál es el panorama que subyace a la dación de la decisión y cuáles implicancias genera en el contexto social su decisión. A esto le denominamos la trascendencia social de la decisión del juez.

El juez válidamente puede sustentar su posición, frente a un problema específico,  en el criterio de literalidad, asumiendo la dimensión normativa del caso como una disposición, para referirnos a términos de Guastini,[2] y encontraríamos una justificación suficiente en sentido formal para la viabilidad de la medida dispuesta.

Sin embargo, si observamos acuciosamente el criterio de la realidad social, entonces nos percatamos de las posibles consecuencias adversas de una decisión en consideración a que específicos perjuicios directos puedan extenderse a toda la colectividad. De esa forma, si el juez no observa las consecuencias sociales de su decisión al dejar de lado bienes jurídicos que conciernen directamente al problema, entonces por cierto se lesionan otros bienes jurídicos igualmente relevantes.

Desde esa dimensión del problema, el escenario social sí puede  constituir una variable a tener en cuenta y el conflicto producido, bien puede  implicar una solución distinta a la producida en su momento. En el propio sentido asignado por Guastini, si el juez opta por la aplicación de la norma, es decir, busca un sentido interpretativo distinto pero acorde con los principios, valores y directrices de la Constitución, entonces asumirá una posición distinta al criterio de literalidad, bajo reglas de razonabilidad y proporcionalidad.

Este enfoque de la realidad social no se agota solamente en la realidad misma, mas sí representa un punto de partida relevante. Los factores a dilucidar son múltiples, coadyuvantes respecto a la realidad social, y uno de ellos bien puede válidamente partir del enfoque cualitativo que impulsa el análisis económico del Derecho, elemento que puede servir de base sustantiva para encaminar una relación de coincidencia entre Derecho y Economía.

Sin perjuicio de lo expuesto, ¿debe  el juez siempre observar la realidad social en la decisión de los conflictos? No lo creemos así pues la antípoda o conclusión por cierto apagógica o contradictoria respecto de lo enunciado, se expresa en el escenario en el cual existen factores de presión externa y el juez, atendiendo a ese solo factor, resuelve con afectación de su independencia. Igualmente es otro escenario no deseable aquel que ocurre con la prensa cuando ésta efectúa lo que la doctrina denomina juicios paralelos, es decir, cuando la propia prensa resuelve una cuestión, fuera del escenario judicial, en el sentido que puedan asignar a priori los medios de comunicación a los hechos de un conflicto. Esto por supuesto desnaturaliza el juicio argumentativo. De ese modo, anticipa una condena en concreto sin que antes se hubiese oído al responsable, y sin que hubiera tenido lugar cuando menos una actividad probatoria que justifique las bases materiales mínimas contempladas por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a garantías judiciales.

Y he aquí un grave problema para todo juez, a nivel nacional, cual es la enorme presión que suelen ejercer, en algunas ocasiones, distintos medios de comunicación respecto de procesos judiciales concretos. El juez, frente a tales vicisitudes, debe mantenerse independiente, rechazando las presiones que se pudieran ejercer en su contra. En modo alguno involucra un criterio sociológico de resolución de conflictos que el decisor racional pueda tener en cuenta que si falla de un modo determinado, la prensa pueda desatar una campaña de desprestigio o manifiesta oposición.

A mérito de lo expresado podemos inferir que existe una estrecha relación entre realidad social y argumentación, en tanto esta última representa el sustento de aquellas decisiones que eventualmente pudieran advertir el peso del denominado principio de previsión de consecuencias, elemento de análisis que bien puede involucrar que, de advertirse consecuencias contrarias mayores a aquellas que exprese el fallo, el juez deba modular los efectos de su decisión, racional y razonablemente, sin excesos, ajustando su decisión a la Constitución y la ley.

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho

Publicado en JURÍDICA 684, El Peruano, 17 de abril de 201

[1] Desde el siglo XIX, Savigny, como propulsor de la Escuela Histórica del Derecho, cuyo logro más acentuado fue su grandiosa sistematización del derecho romano, planteó cuatro criterios orientativos para la solución de los conflictos: gramatical, lógico, histórico y sistemático.

[2]  Cfr. GUASTINI, Riccardo. Disposición vs Norma. Lima- Perú.- Palestra Editores, 2011. p. 136.

 

Enlace web: file:///C:/Users/usuario/Downloads/juridica_703%20(1).pdf

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