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b. Los grados de vulneración de los derechos fundamentales. Teoría y práctica

 

 

LOS GRADOS DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, TEORÍA Y PRÁCTICA

 

Edwin Figueroa Gutarra[1]

 

Ideas previas. I. Extensión de la afectación de un derecho fundamental. II. La propuesta de Alexy sobre los grados de vulneración. III. Consideraciones procedimentales respecto a los grados de vulneración. IV. La carga probatoria y los grados de vulneración. V. Práctica jurisprudencial. VI. Acreditación de los niveles de vulneración. A modo de conclusión  

 

 

Ideas previas

La justicia constitucional resulta fascinante en términos de la estrecha vinculación entre los diversos valores que concurren: la Constitución como norma suprema y Norma Normarum, las leyes en su rango de reglas jurídicas y las cuestiones fácticas que representan los hechos que deben ser analizados por el intérprete constitucional. En ese devenir de conceptos trascendentes, es válido interrogarnos: ¿tiene importancia la identificación del nivel de vulneración de un derecho fundamental para sobre esa base discernir la estimación de la pretensión constitucional? ¿Qué importancia reviste que el juzgador constitucional pueda ponderar que se produjo una vulneración grave y en qué medida ello decide la concesión de tutela de urgencia? Y por último ¿en base a cuáles criterios podemos decidir la existencia de una vulneración grave, elevada o substancial? Sobre estas interrogantes pretendemos explayarnos en este estudio.

 

I. Extensión de la afectación de un derecho fundamental

La afectación es un término de identificación de la forma del grado de vulneración o violación de un derecho fundamental. En función a los grados de afectación, es posible determinar la viabilidad de estimación de la pretensión constitucional.

El contexto procedimental de defensa de los derechos fundamentales exige como elementos centrales, desde una perspectiva procesal, las condiciones de acción, jurisdicción y proceso. En base a ellos tiene lugar el proceso constitucional y así ha sido prefigurado el ordenamiento constitucional adjetivo en la previsión de que la afectación a un derecho fundamental se discierna o bien desde el ángulo base de los procesos de tutela de derechos fundamentales[2] o a través de los procesos de control normativo[3].

Usualmente es pauta procedimental atender a las condiciones formales y materiales de los procesos constitucionales y el legislador de suyo predetermina el marco normativo en el cual ha de desarrollarse la controversia jurídica. La interpretación, a su turno, es por excelencia uno de los pilares que sustenta un aspecto material de la resolución de controversias, en cuanto concierne a una exigencia de fondo de la acción, cual es la resolución del conflicto a través de los criterios de interpretación.

Constituye, en la línea de ideas expuestas, interés del presente trabajo, aludir a los elementos de juicio que coadyuvan a la interpretación de los conflictos constitucionales, en tanto resulta necesario exigir, en aplicación de los principios de interpretación constitucional, determinar el grado de vulneración de los derechos fundamentales. La relación es de causa a efecto, desde una perspectiva consecuencialista, pues a través de la interpretación jurídica, tanto en su ámbito normativo como fáctico, determinamos el contexto de fondo de la acción y más aún, si se trata de un proceso constitucional, examinando en qué grado ha sido vulnerado un derecho fundamental.

La exigencia aludida resulta de capital importancia para los jueces constitucionales y los defensores en las pretensiones de tutela urgente, en razón de que la lógica interpretativa de los procesos constitucionales es distinta a la que se prevé en los conflictos de la justicia ordinaria. En ésta, el examen de la litis se circunscribe en torno al concepto de seguridad que prevé la fórmula kelseniana respecto de la norma jurídica. La valoración de la causa tiene lugar en el escenario de concurrencia de las reglas que implican los dispositivos legales, hoy en día bajo estándares por cierto superiores al positivismo jurídico de Kelsen, en tanto concurren criterios más sofisticados de interpretación que la mera interpretación literal o el principio de congruencia que informa el principio de legalidad respecto de los derechos de configuración legal.  

Sin perjuicio de lo expuesto, la discusión material en un proceso constitucional excede las condiciones sustantivas de la norma jurídica en tanto el juez constitucional tiene como tarea discernir en qué forma, de corresponder, se ha vulnerado un derecho fundamental. Esta exigencia resulta de orden primordial pues es nuestra propuesta que si se produce una vulneración en relación al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, se produce una afectación de carácter constitucional y por tanto, corresponde estimar la pretensión.

Sin embargo, si seguimos la lógica de Medina Guerrero[4], y se produce una violación de un derecho constitucional no en cuanto a su contenido constitucionalmente protegido, o su núcleo duro, por cierto inatacable para el legislador, sino en su contenido no esencial o adicional, entonces no hay afectación constitucional de relevancia que atender.

Invocar un contenido no esencial o adicional puede parecer un desfase cuando hoy la doctrina constitucional en su mayoría se inclina por entender solo un contenido constitucionalmente protegido que defender. Sin embargo, la referencia al contenido esencial, no esencial y adicional, nos sirve referencialmente como idea introductoria, de modo gráfico, para postular que la vulneración de los derechos fundamentales, produce efectos en atención al grado propio de vulneración de un derecho fundamental. Siguiendo a Robert Alexy[5], tendencia igualmente recogida por nuestro Tribunal Constitucional[6], proponemos que debemos atender a si respecto de una pretensión constitucional, se produce una afectación elevada, media o débil de un derecho fundamental.

Es en ese norte de ideas que postulamos, dentro de la necesaria exigencia de interpretación que todo proceso constitucional exige, siguiendo los cánones de la lógica y la argumentación, que la vulneración de un derecho fundamental insta al juzgador a asumir, con rigor material, que solo las afectaciones graves, de grado elevado, o sustancialmente graves e importantes, son las que merecen tutela en una sede de urgencia, residualidad y sumariedad como es la vía célere de los procesos constitucionales. ¿Qué logramos con ello? Sentar líneas jurisprudenciales para una necesaria racionalización de los procesos, pues como decía en su momento Cambaceres[7], al aludir a que el legislador no podía decirlo todo, sucede lo mismo con el juez, quien racionalmente no puede resolver todas las causas que son sometidas a su conocimiento, a favor de la pretensión incoada, o para ser más rigurosos aún, no puede conceder tutela de urgencia en todos los casos que exigen discernimiento sobre el nivel de protección de los derechos fundamentales.  

 

II. La propuesta de Alexy sobre los grados de vulneración

Robert Alexy, profesor de la Universidad de Kiel, Alemania, constituye uno de los referentes que más ha trabajado los temas de ponderación de intereses y los grados de vulneración de un derecho fundamental.

La tesis de la ponderación es puntual cuando desarrolla la prevalencia de un derecho fundamental sobre otro, pero no en el plano de establecer una jerarquización propiamente dicha, ni de contrariar la teoría de los derechos fundamentales en la proyección de que un derecho fundamental sea más importante que otro. Nada más lejano de ello. La ponderación, por el contrario, asume una previsión de jerarquía móvil, esto es, la preferencia condicionada y subordinada a condiciones “x, y, z” que en un determinado caso, bajo circunstancias específicas, rompen, en forma excepcional, el supuesto de la teoría de que todos los derechos fundamentales se encuentran en un mismo plano y tienen el mismo valor. Mas esa “rotura temporal” se produce solo en condiciones excepcionales pues si las circunstancias fácticas alegadas varían, la previsión de jerarquía móvil nos inclinaría por variar la ponderación previa efectuada[8].

Esto nos indica, en respuesta a las numerosas críticas que ha recibido la ponderación[9], que no propone esta técnica de interpretación la prevalencia en estricto de un derecho fundamental sobre otro, o que se produzca la minusvaloración de un derecho fundamental en la concurrencia colisiva con otro derecho fundamental, sino una situación plenamente condicionada, sujeta a condiciones particulares que arrojan un juicio conclusivo cuya naturaleza siempre va a referir una prevalencia móvil.

En ese examen de ponderación juega un rol fundamental en qué medida se produce la vulneración de un derecho fundamental. El aporte de Alexy resulta en este aspecto fundamental, pues en la concurrencia de los exámenes de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, al optarse por la técnica interpretativa de la ponderación de intereses respecto de dos derechos fundamentales en conflicto, el juicio valorativo de proporcionalidad, expresado en el valor de “ Cuanto mayor es el grado de afectación de un derecho, tanto mayor debe ser el grado de satisfacción del derecho opuesto”, se evidencia por cierto la necesidad de definir en cuánto ha resultado afectado un derecho fundamental para discernir el criterio de fondo del juez constitucional, en el sentido de si corresponde o no otorgar tutela restitutoria respecto a la pretensión formulada.

En el ejemplo clásico de la doctrina constitucional, respecto al niño que sufre un grave accidente de tránsito y cuya vida corre peligro en caso de no producirse una transfusión de sangre[10], esta última denegada por los padres del menor en tanto su convicción religiosa no les permite aceptar este medio urgente, reside un  caso propio que grafica los grados de vulneración de un derecho fundamental.

Nos explicamos. De un lado concurre la exigencia de tutela de un bien jurídico fundamental como lo es el derecho a la vida. El caso es concreto: si no se produce la urgente transfusión de sangre, el riesgo de que el menor pierda la vida es más que inminente. De otro lado, existe el derecho a la convicción religiosa por parte de los padres y corresponde respetarse este derecho a expresar una fe sin mayores restricciones que aquellas que la ley señala en cuanto a incompatibilidades manifiestas con la ley y la Constitución.

La ponderación que a juicio nuestro pudiera resultar prevalente, en el sentido de proponer que debe salvaguardarse el bien jurídico vida, involucra conferir al médico tratante del caso de urgencia, plena facultad para asumir la decisión de salvar la vida del menor. En tal sentido, en nuestro ejemplo, persuadidos de que la falta de atención al menor de suyo implicaría una vulneración manifiesta y grave en caso no se produzca la transfusión requerida, exige aplicar la necesaria transfusión de sangre.

Si nos situamos en la propuesta metodológica de Alexy, estaríamos en condiciones de afirmar, si nuestra propuesta es que debe prevalecer el derecho a la vida por sobre el derecho a la convicción religiosa, que la vulneración al bien jurídico vida pudiera eventualmente resulta grave si se produjera la muerte del menor. 

¿Y qué sucede con el derecho a la convicción religiosa de los padres del menor afectado? En dicho caso, también se produce una intervención en la esfera de este derecho fundamental a expresar libremente una convicción religiosa. Sin embargo, el nivel de afectación que se produce no es grave, sino medio o leve, según podamos estimar el nivel de vulneración del derecho fundamental preterido. Nótese la fórmula valorativa de asignar grados a los niveles de vulneración del derecho. En el caso del bien jurídico vida, estimamos que de no producirse la transfusión, la vulneración es ciertamente elevada. En el caso del derecho a una plena convicción religiosa, la afectación que ponderamos se ha producido, es de orden medio o leve, y si estos grados son inferiores a la afectación grave al derecho a la vida que implicaría no efectuar la transfusión, entonces queda validada la decisión del médico de aplicar la transfusión de sangre.

¿Y cuándo se produciría, en el ejemplo propuesto, un nivel de vulneración medio al bien jurídico vida? En nuestra opinión, concurren dos situaciones: de un lado, sería ciertamente muy complejo estimar una afectación media, dado que las circunstancias fácticas ya han sido proporcionadas en los términos previamente referidos. De otro lado, la vulneración de grado medio se produciría siempre que sea más bien nuestra posición defender el derecho a la convicción religiosa de modo prevalerte y no aceptar la transfusión de sangre. Como apreciamos, nuestro ejemplo dista, dada nuestra concepción de proteger el bien jurídico vida como premisa tuitiva, de la jerarquización de un nivel medio de afectación.

Por excepción, sí podríamos seguir la percepción de una vulneración media si se produce un cambio de circunstancias. Si supusiéramos que ya no se produce un riesgo de muerte para el menor accidentado, sino la recomendación y ya no exigencia urgente de una transfusión, o que bien se pudiera producir un tratamiento extenso y en el cual sea posible una recuperación a mediano plazo, entonces ya no concurre la condición de inminencia de riesgo de muerte, que sí se presentaba en la forma primera en que perfilábamos el problema.

En consecuencia, resulta importante advertir que nuestra posición interpretativa va a exigir la determinación previa de los niveles de afectación del derecho fundamental, y que los mismos sean debidamente argumentados de cara a la resolución del conflicto. Aquí juega un rol fundamental el ejercicio de motivación del intérprete, por cuanto es a través de razones sólidas, suficientes y válidas que se produce la legitimación del juicio de derecho. La motivación, entonces, evita la anomia de la decisión judicial y excluye una valoración ahistórica y atemporal del juicio ponderativo, pues las condiciones fácticas, en sus ámbitos de espacio, plazos y niveles de determinación, coadyuvan a la estimación o denegatoria de la pretensión.

En la crítica que se realiza a la ponderación, corre el argumento, antes referido[11], de que cuanto se produce es un mayor nivel de indeterminación en el derecho, pues los principios no gozan de una estructura predeterminada como sí ocurre con las normas, las cuales denotan una premisa normativa, un supuesto de hecho y una conclusión. Por otro lado, se argumenta que en la ponderación lo que se produce es una carga valorativa de quien interpreta y que en buena cuenta, se produce un margen de subjetividad del intérprete en tanto éste cataloga un derecho más importante que otro.

El mismo Alexy reconoce que la ponderación no resulta una solución definitiva en la interpretación de los derechos fundamentales en cuanto aquella advierte que pueden producirse las cargas argumentativas[12], esto es, un mismo nivel de afectación respecto a dos derechos fundamentales en colisión. En dicho caso, las cargas argumentativas han de implicar que el intérprete fundamente las razones por las cuales estima que el derecho prevalente ha de imponerse al derecho que cede.

Una respuesta de mayor rigor parece producirse cuando Alexy, en el epílogo de los derechos fundamentales, parece invocar que al margen de las cargas argumentativas, también podemos estimar dentro del grado de vulneración elevado, que se puedan producir igualmente niveles de vulneración elevados, medios y leves. De la misma forma, que en el nivel de afectación media, puedan darse estos tres extremos de gradación, y lo mismo respecto al nivel de vulneración leve, con lo cual podríamos alegar hasta nueve niveles de vulneración. Sin embargo, esto podría llevarnos a un grado de confusión por cierto no razonable.   

 

III. Consideraciones procedimentales respecto a los grados de vulneración

Las sentencias pueden resultar estimatorias o desestimatorias en un proceso constitucional. Solo las sentencias estimatorias implican un juicio conclusivo en segunda instancia y solo en caso de sentencias denegatorias, tiene lugar el recurso de agravio constitucional[13].

Detalle de importancia lo constituye, lo podemos enunciar a partir de las reflexiones que anteceden, en qué medida podemos asociar los pronunciamientos judiciales de los intérpretes con los grados de vulneración de los derechos fundamentales. La comparación a proponer reviste importancia pues metodológicamente nos ubica en la posición de discernir cómo podemos diferenciar las decisiones que conceden tutela de aquellas que deniegan la pretensión.

Si el pronunciamiento del juez constitucional es estimatorio, es decir, concede tutela de urgencia, podemos inferir que se produjo una afectación sustancial del derecho fundamental concernido. En tal sentido, se produce el juicio de fondo que se pronuncia por valorar normativa y axiológicamente que se produjo una vulneración en el contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental. Sin embargo, ¿qué sucede cuando existen elementos de juicio para un pronunciamiento por el fondo de la acción y sin embargo, tales precisiones valorativas no satisfacen los estándares del caso para la suficiencia de una decisión estimatoria? Notemos un detalle: no procedemos a una denegatoria para resolver el conflicto con relación al fondo de la decisión, sino estimamos que no existen suficientes elementos de fondo para conceder tutela de urgencia. En dicho caso, la demanda es declarada infundada y solo como valor referencial, consideramos que se produjo la vulneración de un derecho fundamental mas solo en su contenido no esencial.

Por último, el aspecto vinculado al contenido adicional de un derecho fundamental puede manifestar cierta pugna e incompatibilidad con la naturaleza de un derecho fundamental, pues parece decirnos Medina Guerrero, conforme hemos señalado antes[14], que existen contenidos extramuros respecto de un derecho fundamental. En nuestra opinión, si bien la tesis de Medina Guerrero es discutible, sí es razonable el aporte metodológico que resulta para ceñirnos a un esquema de definiciones procedimentales.

Siguiendo las ideas previas, en el caso en que se produce una afectación constitucional más allá de los contenidos protegidos por la Carta Magna y no resulta afectado el núcleo inderogable de un derecho fundamental, entonces existen suficientes elementos de juicio a efectos de que el intérprete declare la improcedencia de la acción. Es decir, se produce un juicio inhibitorio pues las condiciones formales y materiales planteadas respecto al caso propuesto, nos dicen con objetividad que el caso amerita una decisión inhibitoria y que por tanto, corresponde o bien a otra vía procedimental emitir juicio valorativo de fondo sobre la controversia en discusión, o bien que no se han satisfecho los presupuestos procesales necesarios para emitir un juicio de fondo. Por tanto, esa improcedencia, al importar un criterio inhibitorio, en modo alguno acarrea cosa juzgada y por el contrario, resulta suficientemente indicativa de que la pretensión debe intentar su tránsito por otra vía procedimental, si correspondiera.       

En suma, podemos establecer, a modo de pauta metodológica, que el pronunciamiento sobre el fondo, en caso de tutela, puede vincularse al contenido constitucionalmente protegido de un derecho fundamental, o en la terminología de Medina Guerrero, al contenido esencial de un derecho fundamental. A su vez, la decisión sobre el fondo que no conceda tutela, precisamente porque no se satisface la carga probatoria de rigor, ha de vincularse al contenido no esencial de un derecho fundamental, en tanto que la afectación del contenido adicional, en tanto decisión inhibitoria, corresponderá a decisiones que establecen, la mayor de las veces, que no se satisfacen los estándares procedimentales de la vía constitucional y que ésta no es apropiada para el conocimiento de la pretensión.

 

IV. La carga probatoria y los grados de vulneración

La vinculación entre la carga de la prueba y los niveles de vulneración de un derecho fundamental es de interrelación trascendente. Atendiendo a que en los procesos constitucionales de urgencia, dada su sumariedad y residualidad, no existe etapa probatoria[15], pues solo se admiten aquellos medios de prueba de inmediata actuación, el juez constitucional deberá evaluar in toto los medios de prueba adjuntos a la demanda, así como, cuando correspondiere, la carga probatoria que aporte la absolución de la pretensión.

La razón de no actuar medios de prueba obedece a que existe una pretensión urgente por resolver y de ordenarse la actuación de pruebas, como testimoniales o exhibiciones, el proceso constitucional pierde su sentido de eficacia inmediata y respuesta célere que emblematizan este tipo de pretensiones.

En atención a la razón expuesta, la carga probatoria adquiere eficacia directa en el proceso constitucional, en tanto la decisión del juez constitucional ha de basarse en las pruebas directamente aportadas, las cuales deben crear convicción a fin de estimar la pretensión. La convicción, en este caso, debe ser entendida como un juicio mínimo de suficiencia probatoria a efectos de persuadir al juzgador de que existen bases normativas y fácticas para conceder tutela de urgencia.

Las bases normativas se asocian en forma directa a la existencia de la vulneración de un derecho fundamental glosado por el ordenamiento jurídico, en tanto derecho explícito o implícito. Este requerimiento procedimental es de relevancia en la medida que suele ocurrir, en ciertas ocasiones, que las pretensiones no son lo suficientemente cautelosas, en definir en qué forma ha sido vulnerado el derecho fundamental cuya afectación se denuncia, resultando insuficiente que se impute la simple violación de un derecho.

En efecto, no se trata de satisfacer el requerimiento formal de enunciar simplemente un derecho vulnerado, sino de satisfacer la exigencia material de describir en qué forma se produjo la afectación de ese derecho para que, sobre esa base descriptiva, el juez constitucional pueda determinar, bajo estándares constitucionales, si existe una vulneración manifiesta o si la violación del derecho constitucional no es de entidad grave sino mediana o leve. 

Los estándares fácticos, a su vez, exigen la adecuada descripción de los hechos que han configurado, según la pretensión, la vulneración del derecho fundamental afectado. No debemos dejar de lado que en la teoría del acto reclamado, la exigencia de constatación parte de la acreditación de una condición vulneratoria de un derecho constitucional, en la modalidad de comisión u omisión, a fin de que se aplique en modo reparador o preventivo, la tutela de urgencia que es materia de demanda.

El acto reclamado denota, entonces, una vinculación estrecha a las circunstancias fácticas del problema a resolver y la exigencia de acreditación de la vulneración, constituye un requerimiento que no puede escapar a la acreditación probatoria. Los hechos del caso determinan, en ese orden de ideas, si la afectación producida es grave, media o leve, y en función a estos niveles el juez constitucional decide el destino de la demanda.                

 

V. Práctica jurisprudencial 

Los grados de vulneración pueden servir de referencia, guía y pautas procedimentales para casos en los cuales se debe discernir en cuánto se afecta un derecho fundamental y la práctica jurisprudencial reciente ha resultado enriquecedora para apuntar la propuesta de niveles de afectación de los derechos fundamentales.

Un caso emblemático y útil para nuestro tema, a modo de ejemplo, es la STC 05792-2008-PA/TC Caso Becerra Leyva, en la cual se discute, en términos de ponderación, la aplicabilidad de la Ley de Protección Patrimonial.

En el proceso referido, Becerra Leyva interpone demanda de amparo y solicita que se lleve adelante la ejecución de una obligación de dar suma de dinero por el importe de poco más de un millón de nuevos soles. Alega que si bien el juzgado resolvió iniciar la ejecución forzada ordenando el embargo solicitado, éste suspendió dicha medida, sustentando tal decisión en que la empresa demandada se encontraba inmersa en el Marco de Protección Patrimonial dispuesta en la Ley 28027.

La decisión del juez fue confirmada por la instancia superior, habiéndose producido, según el demandante, la violación de su derecho a la tutela procesal efectiva, toda vez que la suspensión ordenada, retarda gravemente la ejecución de la sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada. El afectado considera que se viola su derecho a la cosa juzgada pues la referida ley, no incluye la suspensión de medidas de ejecución de sentencias firmes, sino únicamente se refiere a la suspensión de ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y similares.

El Tribunal Constitucional resuelve la pretensión vía aplicación del test de proporcionalidad y los subprincipios de idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, efectuando una valoración del grado de lesión de los derechos fundamentales en pugna: de un lado, el derecho a la protección del patrimonio por parte de las empresas azucareras, en difícil situación económica por las deudas a que se ven enfrentadas; y de otro lado, los derechos a la efectividad de las resoluciones judiciales y la cosa juzgada, respecto de la parte demandante, vinculándose la afectación que sufre la parte demandante, también, a una vulneración a la tutela procesal efectiva.  

En cuanto al análisis  de idoneidad, considera el Tribunal[16] que “el establecimiento de un régimen de protección patrimonial en beneficio de las empresas azucareras constituye un medio  adecuado para lograr el objetivo. La suspensión temporal de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y similares sobre los activos de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria constituye, en efecto, una medida para la reactivación económica de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria, las mismas que como ya señaláramos atraviesan por una crisis económica, pues, tal medida evita que los acreedores de las mismas se hagan cobro de sus acreencias con los escasos recursos con que cuentan las referidas empresas, dejando en grave riesgo a los trabajadores respecto de su puesto de trabajo y la propia población del lugar, pues es claro que dichas poblaciones dependen en esencia de la actividad agroindustrial y de los comercios y actividades colaterales que se desarrollan en torno a ella.”

El examen de idoneidad exige nos formemos un precepto de cuestionamiento o interrogante en el sentido de si la medida legislativa, la acción o conducta materia de valoración, es adecuada para alcanzar el fin constitucional al cual se proyectó. En el caso de autos, bien podemos formularnos como disyuntiva a signar. ¿es idóneo que se establezca una ley de protección patrimonial para ordenar las relaciones comerciales en el sector azucarero en crisis? Es decir, ¿es valedero que el legislador se ocupe de legislar esta materia en circunstancias de crisis de las instituciones comerciales deudoras? Prima facie, siempre se emite un juicio positivo a este respecto. En tal sentido, la ponderación propiamente dicha puede continuar.  

¿ Cómo se vincula el examen de ponderación con la afectación sustancial de un derecho fundamental? A juicio nuestro, bajo un criterio de exclusión, es decir, una respuesta afirmativa al examen de idoneidad, de plano implica que no hay vulneración grave, sino media o leve, respecto de un derecho constitucional. Por el contrario, si nuestra respuesta fuere que no es idónea la medida dispuesta, o no resulta adecuada para el fin constitucional estimado, entonces no prosigue el examen de ponderación, dado el grado elevado de afectación, y “cae” la respectiva medida o acción, con lo cual se opta por declarar la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la medida materia de valoración.    

En cuanto al análisis de necesidad, señala el supremo intérprete[17]: “Dado que se trata de una sentencia en proceso de ejecución, es fácil comprobar que no existe medida más efectiva que la propuesta por el legislador. La suspensión de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales, así como de la suspensión de ejecución de sentencias resulta ser un medio necesario (indispensable) para alcanzar el objetivo, dado que además de los otros mecanismos descritos en la Ley 28207, no existen medidas alternativas igualmente eficaces o que sean menos gravosas que se dirijan a obtener el mismo fin.”

Acota respecto al mismo examen: “ Si bien podrían alegarse como medidas para lograr el objetivo, entre otras, la condonación de las deudas de tales empresas agrarias azucareras, no obstante ello, dichas medidas no gozan de la misma eficacia para lograr el desarrollo de la actividad azucarera, pues aunque tales medidas impedirían que las empresas disminuyan sus activos fijos, sin embargo, se perjudicaría sin lugar a dudas, los derechos de los acreedores quienes se verían imposibilitados a cobrar sus créditos para siempre. “

El examen de necesidad resulta de suma trascendencia en la ponderación de intereses, en tanto exige la existencia de situaciones, medidas o alternativas de acciones menos gravosas para que “caiga” el examen de ponderación.

Si existen medidas alternativas menos gravosas que no han sido consideradas por el legislador o a su vez, en el caso concreto no se ha advertido una menor onerosidad fáctica en relación a la situación gravosa producida, entonces sí es elevada la vulneración del derecho fundamental materia de examen y por lo tanto, corresponde estimarse la pretensión.

En el caso que nos ocupa, no existían medidas menos gravosas respecto de una ley de intervención patrimonial y por tanto, la norma materia de examen se constituía en la única alternativa frente a los acreedores que exigían el pago de su acreencia.

¿Y si existía una alternativa menos extrema que la ley de protección patrimonial? En dicho caso, con certeza podemos establecer una vulneración grave por parte de la medida sometida a examen, y por tanto, deviene estimable la pretensión en sede constitucional.

Finalmente, al producirse el análisis de ponderación o proporcionalidad en sentido estricto, se establece[18]: “El tercer paso del test de proporcionalidad consiste en establecer el peso o importancia de los principios jurídicos en conflicto. Dicha operación debe hacerse aquí siguiendo la ley de la ponderación conforme a la cual, “Cuanto mayor sea la afectación en el ámbito del derecho a la ejecución de las sentencias, mayor debe ser el grado de satisfacción o cumplimiento de los objetivos constitucionales propuestos con la ley a favor de la industria azucarera”. 

Al aplicar el Tribunal este tercer paso en el examen de ponderación, inferimos un correlato directo de nuestro planteamiento inicial, es decir, el grado de elevada satisfacción de un derecho constitucional, significa finalmente que prevalece el juicio de ponderación respecto a la jerarquía de un derecho sobre otro. En ese orden de ideas, no existe un grado de vulneración sustancial de derecho fundamental alguno y la medida o acción adoptadas, serán convalidadas en el examen de constitucionalidad que efectúe el juez respecto de la vulneración materia de denuncia.

Desde la otra orilla, un grado de satisfacción menor del derecho constitucional preterido, es decir, que se haya identificado una afectación media o leve, nos quiere decir, en cuanto a nuestra propuesta de trabajo, que no existiendo un grado de vulneración sustancial del derecho que temporalmente cede, entonces ya no es estimable la pretensión.     

En decisión desestimatoria, con 5 votos, el Tribunal declara infundada la demanda de amparo. Sin embargo, merece unas líneas el voto en discordia de César Landa[19], el cual señala: Considero que en el presente caso se vulnera el derecho fundamental a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes, porque se vacía de contenido la  esfera de eficacia y protección que tal derecho garantiza. “

Acota de la misma forma[20]: “Este Colegiado (…) no debe afectar las situaciones jurídicas que gocen de la protección de la cosa juzgada. Por ende, no puede impedir el derecho de ejecución de las sentencias firmes, la intangibilidad de lo ya resuelto y la inalterabilidad de lo ejecutado jurisdiccionalmente” (…) no puede impedir el derecho de ejecución de las sentencias firmes ni la intangibilidad de lo ya resuelto”.

El debate que se plantea resulta de sumo interés, en tanto se producen circunstancias en principio atendibles de ambas partes. No existe duda respecto a la importancia de que las empresas azucareras no quiebren en un corto plazo y ello constituye una razón prevalente para su protección. De otro lado, es de igual interés que las obligaciones dinerarias sean honradas tras la conclusión de un proceso judicial, pues en caso de incumplimiento, se produce una falta de ejecutividad de la obligación y deviene ineficaz la prosecución del juicio.

El tema trascendente en relación  a los dos derechos concernidos es: ¿bajo cuáles pautas definimos que un derecho sea prevalente frente al otro y concluimos que la protección patrimonial deba prevalecer frente a la efectividad de una resolución judicial? A juicio nuestro, la ponderación de intereses resulta sumamente útil para graficar la final preponderancia de la protección patrimonial a favor de las empresas emplazadas en sendas demandas judiciales.

Sin perjuicio de lo señalado, la ponderación precisamente para ser configurada como tal, exige tengamos en cuenta los grados de vulneración de los derechos fundamentales concernidos. Y es así que la prevalencia de la protección patrimonial quedaría configurada, conforme hemos sustentado supra, a partir de conferir un grado de satisfacción mayor respecto a que las empresas azucareras no quiebren frente a las acreencias judiciales por cancelar. De otro lado, reconocemos un grado de afectación en la circunstancia material de imposibilidad temporal de ejecución de deudas vencidas, inclusive con mandato judicial favorable. Sin embargo, el grado de intervención respecto de este último derecho ya no es grave como sucede respecto al derecho a la protección del patrimonio, sino medio o leve, según consideremos la intervención producida.

 

VI. Acreditación de los niveles de vulneración

Fijamos como una de nuestras interrogantes iniciales la referida a en base a cuáles criterios podemos decidir la existencia de una vulneración grave, elevada o substancial, ello de cara a la importancia que reviste la demostración de una afectación sustancial para la estimación de una pretensión constitucional.

El planteamiento es de suyo complejo pues aquí juegan ejercicios de lógica jurídica, uso de argumentos que expliquen la base constitucional de la pretensión, alcances de una interpretación constitucional de las normas que constituyen la base jurídica de la pretensión así como de los hechos que representan, a juicio de los proponentes, una afectación. Todo ello se conjuga en un ejercicio racional y razonable de motivación, en tanto es a través de la decisión del juez constitucional que se materializa la acreditación de la afectación.

Corresponde, en consecuencia, a quien invoca la lesión de un derecho fundamental, aportar la prueba fáctica suficiente y crear, a través de la persuasión, convicción en el juzgador respecto a que se produjo una grave afectación constitucional del derecho vulnerado.

A mérito de lo expuesto, no podemos establecer un conjunto de reglas procedimentales para inferir la acreditación de una vulneración grave. Y he aquí una aparente falencia así como una sólida fortaleza de la ciencia del Derecho.

La falencia virtual reside en que no existen, como en las matemáticas o en la física, reglas procedimentales taxativas para demostrar la existencia de un fenómeno, y de ahí que en mucho se pretendan sustentar las teorías que afirman que el Derecho no es una ciencia[21], por carecer de leyes inmutables, invariables a través del tiempo, sino en un arte, por la proposición de reglas casi encaminadas a lograr un resultado tangible. A juicio nuestro, nada más alejado de la realidad.

Por el contrario, la fortaleza del Derecho reside en que los juicios de discrecionalidad cada vez son menores a través del ejercicio de motivación en un Estado Constitucional. No hay mayor exigencia para el decisor jurisdiccional sobre derechos fundamentales que construir, paso a paso, su decisión, en armonía singular entre la norma jurídica como tal y las cuestiones fácticas que subyacen vigorosas para su demostración. Bajo esta pauta, desaparece el libre arbitrio sin fin, transmuta el juicio abierto de discrecionalidad sin límites, y aborta el decisionismo judicial. Y por el contrario, la decisión es expresada a través de la fortaleza argumentativa que exige una adecuada, racional y razonable motivación.     

En suma, podemos ceñirnos a que la acreditación de la vulneración exige un cuidadoso ejercicio argumentativo y desde esta perspectiva constitucional, sí es viable la construcción del ejercicio de demostración de los niveles de vulneración.           

 

A modo de conclusión  

Discernir conflictos exige muchas obligaciones constitucionales, fundamentalmente en cuanto a una adecuada motivación de la decisión. Los elementos racionales de la decisión judicial deben verse expresados en cuanto al sustento jurídico de las normas que constituyen el soporte de la decisión. No obstante ello, los elementos de razonabilidad, a juicio nuestro también de aceptabilidad, que de ordinario son sustentados en los principios, en tanto no constituyen taxativamente normas sino mandatos de optimización, también concurren de modo necesario en la sustentación de la decisión.

En ese orden de ideas, la descripción de los grados de vulneración configura un soporte de amplia eficacia en tanto precisamente, conforme reconoce el mismo Alexy, contribuye a que los márgenes de discrecionalidad del juzgador sean cuando menos prima facie graficados. Y ello es de suma relevancia para la decisión del juez constitucional, en tanto el control dinámico de las resoluciones exige no solo una verificación de la vigencia de la norma, sino su necesaria compatibilidad con los principios, valores y directrices que emanan de la Carta Fundamental como soporte axiológico.

Identificar los grados de vulneración constituye, de esa forma, un criterio procedimental que coadyuva de forma amplia para un mejor ejercicio de motivación. Finalmente, es la motivación el elemento trascendente que legitima la función del juez, más aún si en el ordenamiento jurídico en que actuamos, estamos imbuidos, insertos y comprometidos con los fundamentos de un Estado Constitucional.  

Ensayo publicado en GACETA CONSTITUCIONAL No. 25. Enero 2010. Págs. 313-324.


[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Titular Lambayeque. Profesor Asociado Academia de la Magistratura.  Docente Area Constitucional Universidad San Martín de Porres, Filial Chiclayo.

[2] Procesos de amparo, habeas corpus, habeas data y cumplimiento.

[3] Procesos de inconstitucionalidad y competencial. El caso del proceso de acción popular es una situación sui generis de control normativo, en tanto solo el Poder Judicial es competente para su resolución. Un sector de la doctrina constitucional, entre ellos César Landa Arroyo, propone que estos procesos, en última instancia, puedan ser conocidos por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en la experiencia comparada es el Poder Judicial el órgano que conoce en exclusiva los procesos de acción  popular.       

[4] Cfr. MEDINA GUERRERO, Manuel. La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996. Pág. 41

[5] Vid. ALEXY. Robert. Epílogo a la Teoría de los derechos fundamentales, Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, Madrid, 2004. Pág. 60.

[6] STC 007-2006-PI/TC Caso Calle de las Pizzas. F.J. 43

[7] Vid. RECASENS SICHES, Luis. Concepción mecánica de la función jurisdiccional, especialmente en Francia y otros países latinos durante el siglo XIX, extraído de Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho. México. Ed. Porrúa S.A. 1980. Pág. 196.

[8] En el caso Chinchorros, STC 4405-2005-PA/TC, F.J. 20, prevaleció la inaplicabilidad de una Ordenanza Municipal restrictiva. En cambio, en el caso Calle de las Pizzas, STC 007-2006-PI/TC, tuvo lugar la validación de una Ordenanza Municipal.  

[9] Los detractores de la ponderación son muchos: Comanducci señala que los principios no disminuyen sino que incrementan la indeterminación en el Derecho; Habermas y Raz defienden la tesis de la unidad de la solución correcta, en franca crítica a la ponderación de intereses; Forsthoff  estima que la proporcionalidad equivale a la “degradación de la legislación; Castillo Córdova en Perú reafirma la línea de que no puede establecerse una jerarquía entre los derechos fundamentales si ellos son iguales. Ello nos lleva a cuestionarnos: ¿Es la ponderación una fórmula hueca? ¿Significa hacer prevalecer un principio en desmedro de otro? Consideramos que no, en la medida que la ponderación está sujeta a límites de racionalidad y razonabilidad así como a que permite que la discrecionalidad y prudente arbitrio del juez constitucional, cuando menos prima facie, se vean graficadas en el análisis de ponderación de intereses.

[10] Vid. BERNAL PULIDO, Carlos. Estructura y límites de la ponderación. Doxa 26. 2003. Pág. 226. Señala el autor colombiano que el ejemplo es de la sentencia T-411 de 1994 de la Corte Constitucional Colombiana.

[11] Vid supra 9.

[12] Es decir, cuando se produce un valor de empate entre los grados de vulneración de los derechos fundamentales. Verbigracia, que en nuestro ejemplo se produzca una afectación de grado medio respecto al derecho a la vida, así como una vulneración igualmente de nivel medio en cuanto al derecho a la convicción religiosa. En dicho caso, Alexy es más riguroso aún pues propone la estimación de conceptos y categorías más específicas, inclusive matizadas por valores numerológicos, a las cuales se les concede un valor predeterminado. Vid. BERNAL PULIDO, Carlos, La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales. En Módulo Derecho Constitucional. Academia de la Magistratura. Abril 2008. Págs. 94 a 95. 

[13] Constitución 1993. Artículo 202.

Corresponde al Tribunal Constitucional: (…)

2. Conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, y acción de cumplimiento.( El subrayado es nuestro)

[14] Vid supra 4.

[15] Ley 28237. Código Procesal Constitucional.

Artículo 9.- Ausencia de etapa probatoria

                En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso no se requerirá notificación previa.

[16] STC 579-2008-PA/TC F.J. 26

[17] STC 579-2008-PA/TC F.J. 27

[18] STC 579-2008-PA/TC F.J. 30

[19] STC 005792-2008-PA/TC Voto en discordia César Landa. F.J. 12.

[20] F.J. 19

[21] Cfr. RUBIO CORREA, Marcial. La interpretación jurídica en El sistema jurídico. Introducción al Derecho. Módulo de Razonamiento Jurídico. Pág. 175. Programa de Formación de Aspirantes 1997. 

Para Marcial Rubio, “la interpretación jurídica es más un arte que una ciencia”, dado que los criterios de interpretación son elementos generales que pueden aparecer en diversos métodos  y los métodos combinan estos criterios de diversas maneras. Acota, en el mismo planteamiento, que, “en el fondo, nadie ha desarrollado una teoría integral y sistematizada de la interpretación jurídica  (…) y la teoría de la interpretación no constituye un conjunto de reglas generalmente admitidas, con unidad metodológica y con capacidad de predecir un resultado dadas determinadas condiciones. Es decir, la teoría de la interpretación no constituye, propiamente hablando, una ciencia”.

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