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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento

6 agosto, 2010

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 2006-6768

DEMANDANTE: MARITZA UGAZ PONCE

DEMANDADO: ESSALUD

MATERIA:CUMPLIMIENTO

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo,  a los 12 días del mes de mayo de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recursos de apelación interpuestos por ESSALUD LAMBAYEQUE y la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2008, que DECLARA FUNDADA la demanda de cumplimiento de autos.

 

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de agosto de 2006, la recurrente Maritza Isabel Ugaz Ponce interpone proceso de cumplimiento solicitando su reincorporación inmediata en el puesto de trabajo que venía desempeñando como Auxiliar de Servicios Generales en el Hospital Nacional Almanzor Aguinada Asenjo, cargo del que fue irregularmente cesada durante el Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori. Ello en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 27803, modificada por Ley 28299 y el artículo 9 del D.S. N° 014-2002-TR, así como en las demás normas legales modificatorias y complementarias.

La entidad demandada por escrito de folios 87 a 119, absuelve el traslado de la demanda, solicitando sea declarada improcedente en mérito a que la pretensión planteada versa sobre asuntos de naturaleza administrativa, la cual debe ventilarse en el proceso contencioso administrativo, en el cual se pueden actuar medios probatorios susceptibles de cuestionamiento. Por su parte, el Procurador Público Ad Hoc del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Seguro Social de Salud – Essalud hacen lo propio en sus escritos de folios 134 a 137 y 170 182, respectivamente.

El Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, de folios 287 a 294, declara fundada la demanda, por considerar que la norma acotada es un supuesto de acto administrativo, cuyos alcances ya han sido establecidos oportunamente, conteniendo un mandato lo suficientemente claro, expreso e inobjetable, cuyo cumplimiento debe formularse en forma directa.

La Red Asistencial de Lambayeque – Essalud  la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo interponen recurso de apelación contra lo resuelto por el A-quo (según es de verse de los escritos de folios 311 y 318, respectivamente).

 

FUNDAMENTOS

 

§ Fundamentos del proceso de cumplimiento

1. Desde la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional CPC, se establece la aplicación procesal orgánica de distintos procesos constitucionales, los cuales, antes de la herramienta procesal que implica el nuevo Código adjetivo, eran regulados por leyes dispersas. Uno de los nuevos procesos incursos en nuestro sistema procesal constitucional, es precisamente el proceso de cumplimiento. La institución que más se le asemeja es el Writh of Mandamus, remedio jurídico que se interponía contra el abuso del poder estatal que se negaba a ejecutar o hacer algo de su competencia. Hoy en día, la Corte Suprema de EE.UU. se encuentra facultada para dictar mandatos contra cualquier autoridad o funcionario estatal, siendo el antecedente latinoamericano más cercano de esta institución la Constitución Colombiana de mil novecientos noventa y uno, la cual refiere en su artículo ochenta y siete que la acción de cumplimiento procede para hacer efectivo una ley o un acto administrativo.

2. A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en la sentencia del proceso de cumplimiento derivada del expediente número 168-2005-PC/TC publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 07 de de octubre de 2005, ha precisado que, para que el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto administrativo sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

a) ser un mandato vigente;

b) ser un mandato cierto y claro,

c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares,

d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento,

e) ser incondicional,

 f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante.

 

§ Sobre las reincorporaciones ordenadas por la Ley 27803

3. Según el artículo once de la Ley 27803, cuyo cumplimiento se exige, se ordena la reincorporación de aquellos trabajadores que fueron cesados irregularmente a sus puestos de trabajo o su reubicación en cualquier otra entidad del Sector Público y de los Gobiernos Locales estableciendo como únicas condiciones para tal efecto:

(a) se trate de ex-trabajadores de las entidades del Estado comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada ley, cesados irregularmente u obligados a renunciar compulsivamente, según lo determinado por la Comisión Ejecutiva creada en virtud de su  artículo 5; y,

(b) la existencia de plazas presupuestadas vacantes de carácter permanente generadas a partir del dos mil dos hasta la conclusión efectiva del programa extraordinario de acceso a beneficios.

4. Asimismo, el  artículo noveno del Decreto Supremo N° 014-2002-TR,  señala que una vez registrados los ex – trabajadores en el Registro Nacional de  Trabajadores Cesados Irregularmente, las entidades con recursos propios podrán ejecutar el Programa (de beneficios entre los cuales se encuentra la reincorporación) de manera inmediata con cargo al reembolso que hará el Ministerio de Trabajo y  Promoción del Empleo con los fondos transferidos del FEDADOI. Añade el citado dispositivo que para el efecto acotado, el representante de la entidad involucrada deberá solicitar al Registro la relación de los Ex – trabajadores afectados de su respectiva entidad, precisando que ejecutarán la medida directamente y que una vez  remitida la relación por dicha dependencia, los ex – trabajadores involucrados quedarán automáticamente excluidos del Programa a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; en tanto que,  de acuerdo con su artículo once es requisito  fundamental para la ejecución del Programa de acceso a los beneficios, entre otros, de reincorporación, la inscripción de los  ex – trabajadores cesados irregularmente inmersos en el  ámbito de la ley  en el Registro Nacional de Cesados Irregularmente.

5. Debemos tener presente, de la misma forma, que la Ley N° 29059 expedida por el Parlamento Nacional para auspiciar una Cuarta Lista o relación de Extrabajadores Cesados Irregularmente, establece de manera expresa, clara y contundente que: “El acceso y goce a los beneficios del Programa Extraordinario no podrán ser restringidos ni limitados por el cumplimiento de requisitos o supuestos similares, incluyendo la realización de procesos de selección, evaluación o actos análogos, siendo únicamente indispensable encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores cesados irregularmente..”.

 

§ Análisis del caso concreto

6. En el presente caso, conforme con la Resolución Suprema N° 059-2003-TR, del 26 de marzo de 2003, la demandante ha acreditado encontrarse en la lista de  trabajadores cesados irregularmente, ubicada en el número 7304, conforme aparece a folios cuatro y cinco, así como haberse acogido al beneficio de la reincorporación y reubicación laboral (folios seis a siete).

7. Siendo esto así, al concurrir las condiciones impuestas para la materialización de la norma legal cuyo cumplimiento se exige, la renuencia mostrada por la referida justiciable -ESSALUD- a dar cumplimiento a la norma legal invocada  carece de la más mínima justificación, por lo que, la pretensión planteada deviene atendible.

8. En consecuencia, al no solo encontrarse la actora inscrita en el Registro Nacional de Ex – Trabajadores Cesados Irregularmente, se determina la renuencia de la emplazada de no acatar la norma legal acotada, más aún si conforme indicamos en el considerando cinco de esta decisión, ya no cabe formular objeción respecto a la disponibilidad de las plazas presupuestales o que no existan plazas suficientes.

9. Bajo esta pauta, las apelaciones de las impugnantes, de folios 311 a 326, no desestiman el argumento de rigor de la Ley 29059, que en suma, implementa los aspectos procedimentales de ejecución de las reincorporaciones de trabajadores cesados irregularmente sin fijar exigencias previas o requisitos a satisfacer.

 

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia de autos, que DECLARA FUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas data

6 agosto, 2010

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 2008-4045

DEMANDANTE: JOSÉ MENDOZA ESQUIVES

DEMANDADO: LUIS MELENDEZ LEON

MATERIA: HABEAS DATA

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 09 días del mes de diciembre de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Luis Meléndez León contra la sentencia de fecha 19 de agosto de 2009, que DECLARA FUNDADA la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

Mediante escrito de fecha 17 de junio de 2009, don José Edilberto Mendoza Esquives interpone demanda de hábeas data contra el Alcalde de la Municipalidad de Reque, a fin de que se le proporcione información consistente en el acta de negociación colectiva de 28 de diciembre de 2008, celebrada entre el Sindicato de Obreros Municipales y la Municipalidad Distrital de Reque, la Resolución N° 207-2008-MDR/A, de fecha 30 de diciembre del mismo año, planillas de pago de los trabajadores municipales en general de los meses de enero, febrero y marzo de dos mil nueve y el acta de sesión ordinaria de Concejo Municipal realizada el 30 de marzo último.

A folios 68 a 75 el emplazado se apersona a la instancia y contesta la demanda solicitando se declare infundada por cuanto en su condición de Alcalde, siempre ha autorizado que los funcionarios de la Municipalidad otorguen la información correspondiente a los regidores; que la demanda planteada contiene un tinte político que trata de entorpecer su labor.

El juez de la causa declara fundada la demanda por considerar que al no haberse proporcionado la información pública solicitada por el demandante, se ha afectado su derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad en el plazo legal.

La apelación de folios 99 a 101 sostiene que prueba de que se ha dispuesto la entrega de los documentos solicitados está en los diez acuerdos de Concejo, indicando además que se está haciendo llegar copia fedateada de tales documentos por intermedio del Juez de Paz.

 

FUNDAMENTOS

 

§ Sobre el proceso de habeas data

1. Desde sus inicios en el modelo norteamericano con el Freedom of Infomation Act de 1966 y la Privacy Act de 1974, pasando por el modelo europeo y llegando al modelo latinoamericano, el habeas data ha ido buscando su propio espacio y posicionándose con carácter autónomo en muchas legislaciones , entre ellas, la peruana.

2. De otro lado, el derecho de acceso a la información puede ser entendido como  aquella facultad que tiene toda persona de conocer la información considerada disponible, dentro del contexto de lo que se entiende por información pública y fuera de las excepciones razonablemente establecidas (intimidad personal, seguridad nacional, materias sometidas a reserva legal). Su trascendencia radica en que toda persona puede tener acceso a información  que se encuentra en cualquier entidad estatal y de este modo, intervenir en los asuntos públicos, formarse una opinión y participación informada en la actividad estatal, fiscalizar la gestión pública e incluso participar en la toma de decisiones, eliminando de alguna forma, los elementos generadores de corrupción a la par que fomentando el conocimiento en el adecuado manejo de los recursos públicos y la transparencia de la gestión pública.[1]

3. El derecho a la autodeterminación informativa se traduce, por otra parte, en aquella facultad que tiene toda persona  para poder preservar y disponer de todo dato concerniente a ella, en resguardo de sus demás derechos constitucionales. Su importancia en lo esencial reside  en que a través del mismo no sólo  se garantiza que todo individuo sea capaz de controlar el tipo de datos que sobre él se hayan registrados, sino que se impide que bajo determinadas circunstancias no se vean afectados otros derechos constitucionales. En este sentido, podría hablarse del habeas data informativo, como aquella variante que tendría por objeto proporcionar la información requerida por el demandante  y que en un inicio le fuera denegada, es decir, serviría para la finalidad del inciso 1) del Código Procesal Constitucional.

4. Debe advertirse, igualmente, que el despacho positivo de la tutela de información conlleva a su vez el cumplimiento de los requisitos procedimentales respectivos, pues en caso contrario, el traslado de los costos respectivos se traslada al Estado, desnaturalizándose en ese sentido el fin del habeas data, pues se tutelaría un derecho a costa de afectar otro, cuales son las arcas fiscales y el patrimonio dinerario de los contribuyentes del Estado.

 

§ Análisis del caso concreto

5. Efectuado el examen de autos y la razonabilidad de los argumentos del A-quo así como de la parte apelante, fluye que la decisión materia de apelación guarda todos los caracteres de legalidad, racionalidad y razonabilidad necesarios, resultando manifiestamente infundada la apelación de autos, pues la petición es muy concreta al requerirse copia de un conjunto de documentos cuya entrega constituye un derecho del solicitante.

6. En ese contexto, resulta falto de argumento, viabilidad y consistencia que la emplazada invoque que ya dispuso la entrega respectiva a través de los acuerdos de Concejo de folios 86 a 98(los cuales por cierto no tienen relación directa con la pretensión incoada), sino que es necesario efectivizar la entrega de información en los términos solicitados. En abstracto bastaría, siguiendo la lógica de la demandada, que se disponga la entrega de determinada información, con lo cual prima facie se habría cumplido el mandato. Sin embargo, es importante materializar el mandato pertinente, verificándose la entrega correspondiente pues en caso adverso, se hace ilusorio el derecho de acceso a la información pública, como componente esencial del proceso de habeas data. Bajo esta premisa, corresponde confirmar en todos sus extremos la decisión del A-quo.

 

DECISIÓN:

Por estos fundamentos y de conformidad con las normas citadas, la Sala Especializada en Derecho Constitucional, CONFIRMA la sentencia contenida en la resolución número tres, de diecinueve de agosto de dos mil nueve, de folios ochenta a ochenta y dos, que declara Fundada la demanda de hábeas data interpuesta por José Edilberto Mendoza Esquives contra el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Reque, en consecuencia se dispone que éste cumpla con entregar al demandante las copias autenticadas de los documentos solicitados; con lo demás que contiene; consentida o ejecutoriada que sea la presente, dispusieron su publicación en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley, y los devolvieron.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENODZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] PALMA ENCALADA, Leny. El proceso de habeas data en el diseño del Código Procesal Constitucional. Código Procesal Constitucional comentado. Normas Legales Enero 2005.

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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus

6 agosto, 2010

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 2009-01939

AGRAVIADO: RICARDO LUPUCHE BARRANTES

DENUNCIADO: DIVANDRO

MATERIA: HABEAS CORPUS

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 18 días del mes de mayo de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Giomar Zalón Villacrés, Carlos Bances Benites y Julio Marín Ríos, contra la sentencia de fecha uno de mayo de 2009, que declara fundada la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 Con fecha 30 de abril de 2009 don Pavel Vladimir Bonilla Cáceres, en su calidad de letrado, formula petición verbal de habeas corpus contra la señora Fiscal de la Policía de la Fiscalía Antidrogas de Chiclayo, a favor de su patrocinado Ismael Ricardo Lupuche Barrantes. Indica que el día 29 de ese mes y año, el favorecido fue detenido sin que exista flagrancia o detención judicial, implicándolo en el delito de tráfico ilícito de drogas y que ha sido recluido en los calabozos de la DIRANDRO. A su turno, el Juez de Investigación Preparatoria comprende como coprocesados a los ahora apelantes.

A folios 33 la Dra. María Ana Ley Tokumori, Fiscal de la Fiscalía Antidrogas de Chiclayo, se apersona al proceso y alega que no ha existido acto de detención arbitraria por cuanto el favorecido fue detenido en flagrante delito.

La apelada declara fundada la demanda y centra su razonamiento esencialmente en que: a) No existe documento que demuestre fehacientemente que se puso en conocimiento de manera inmediata a la Fiscalía Antidrogas, tampoco al Juzgado de Garantías de Chiclayo, respecto a la intervención policial contra el favorecido; b) Que existe discrepancia entre el acta de intervención policial, solo suscrita por el instructor con lo descrito en el acta de intervención y registro personal, así como tampoco con el acta de recojo y comiso de droga; c) Que se ha afectado el principio de proporcionalidad y de necesidad al intervenir a una persona  cuya acta de registro personal arrojó negativo para drogas, por lo cual no resulta razonable se prive de su libertad al favorecido; d) Que ha existido un exceso de celo policial que conllevó a afectar el derecho fundamental a la libertad del favorecido; e) Que no existe responsabilidad de la Fiscal Antidrogas por tratarse de una actuación eminentemente policial. 

La apelación de folios 94 a 101 centra sus fundamentos, sustancialmente, en que: a) El juez no señala con claridad en qué consisten las incoherencias entre los documentos reseñados; b) Que por acciones de inteligencia operativa policial se tuvo conocimiento que dos personas estarían dedicándose a la microcomercialización de drogas en Pomalca, y constituida la Policía en dicho lugar, uno de las  personas ubicadas- quien resultó ser el favorecido- se dio a la fuga al notar la presencia policial,  arrojando las especies que portaba en distintas direcciones; c) Que sí se dio cuenta a la Fiscal Antidrogas telefónicamente  respecto a la intervención producida; d) Que la intervención de la Policía se ha producido en forma regular al existir un caso de flagrancia delictiva.

 

FUNDAMENTOS

 

§ Pasos para una evaluación procedimental de los procesos de habeas corpus

1. El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 06218-2007-PHC/TC caso Víctor Esteban Camarena, en relación a los pasos de evaluación conjunta del proceso de habeas corpus, lo siguiente:

“ F.J. 3.  (…) Este Tribunal considera que la aplicación de la causal de improcedencia (…) debe ser examinada en tres pasos de evaluación conjunta:

a. E primer lugar, el juez constitucional debe identificar el derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados. En esta actividad el juez, conforme a la obligación constitucional de protección de los derechos fundamentales, debe dejar de lado aquellas interpretaciones formalistas y literales sobre los derechos presuntamente afectados para dar paso a la búsqueda e identificación de aquellos otros derechos fundamentales, que si bien no hubiesen sido mencionados expresamente en la demanda, son plenamente identificables desde una lectura atenta de los hechos contenidos en la demanda.

b. En segundo lugar, el juez constitucional debe identificar la verdadera pretensión del demandante. Para ello debe tenerse presente no solo el petitorio sino también todos los hechos alegados en la demanda, es decir, que la demanda debe ser examinada en su conjunto.

c. En tercer lugar, el juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión del demandante forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos fundamentales que son objeto de tutela del proceso de hábeas corpus. Si la pretensión no busca proteger tal contenido, la demanda debe ser declarada improcedente.”

 

§ Restricciones constitucionales respecto a la libertad personal  

2. El Tribunal Constitucional ha señalado en la STC 02141-2007-HC/TC caso Franz García, lo siguiente:

“F.J. 3. El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; el artículo 2º, inciso 24), ordinales “a” y “b”, establece que está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. A tal efecto, los límites que puede imponérsele son intrínsecos y extrínsecos; los primeros se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mientras que los segundos provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. 

4. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva, ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado y, legalmente, se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado. En tal sentido, tanto la resolución que decreta el mandato de detención como su confirmatoria deben cumplir con la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales. 

5. En este orden de ideas, resulta imprescindible destacar, como se hizo anteriormente en la sentencia recaída en el expediente N.° 1291-2000-AA/TC, fundamento 2, que “[l]a Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.

6. El artículo 135º del Código Procesal Penal establece que para el dictado de la medida cautelar de detención es necesaria la concurrencia simultánea de tres presupuestos: a) que existan suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito doloso que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo (…); b) que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de libertad (dispositivo legal vigente al momento de haberse dictado la medida coercitiva cuestionada en los autos), y c) que existan suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria. 

7. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el expediente N.° 1091-2002-HC/TC, caso Vicente Ignacio Silva Checa, que la justicia constitucional no es la competente para determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea que compete a la justicia penal ordinaria; sin embargo, sí es su atribución verificar si estos presupuestos concurren de manera simultánea y que su imposición sea acorde a los fines y el carácter subsidiario y proporcional de dicha institución, lo que debe estar motivado en las resoluciones que se cuestiona.” 

 

§ Sobre la relevancia de la prueba en materia penal 

3. A juicio de este Colegiado, la prueba penal no debe cumplir solo una función de persuasión, sino un enfoque fundamentalmente dialógico, es decir, que permita verificar los criterios de racionalidad que la misma involucra. En tal sentido, las premisas fácticas de un contexto penal exigen no solo la configuración de la prueba como tal, sino que no existan problemas de calificación de la misma. Habilitada la premisa fáctica, la proposición normativa podrá cumplir eficazmente su papel en el rango de una validez formal, es decir, si la regla es aplicable al caso de autos, o bien en el rango de la concurrencia de principios, salvando los necesarios problemas de colisión que usualmente el conflicto jurídico complejo genera.

4. Lo antes expuesto nos conduce, en el plano judicial de resolución de conflictos penales, a que la prueba deba resultar convincente, que su examen no debe resultar aislado y que las razones que sustentan la resolución, sean sólidas. Dicho exigible ejercicio de coherencia no solo deviene imputable al juzgador, sino también a las partes que postulan las pretensiones. Bajo esta reflexión, si la parte que postula la pretensión no aporta elementos de juicio convincentes, indefectiblemente se deberá declarar infundada la pretensión. 

 

§ La ponderación de intereses

5. La ponderación, como método de resolución de controversias en sede constitucional, presupone un conflicto o una colisión entre derechos fundamentales. Al respecto debemos precisar, conforme señala Carlos Bernal Pulido[1]: “Que los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para quien la única manera de aplicar el derecho era la subsunción (…) A partir de las investigaciones de Dworkin en el mundo anglosajón y de Alexy en el germánico, se suman los principios y la ponderación. La ponderación es la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario.

6. Prosigue el mismo autor: “Dworkin  señala que los principios están dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Al ponderarse, se establece cuál principio pesa más en el caso concreto. El principio que tenga un mayor peso será el que triunfe en la ponderación y aquel que determine la solución par el caso concreto. (…) La ponderación es entonces la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas. La  estructura de la ponderación queda así integrada por la ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación. “(Énfasis agregado).

7. Por la ley de la ponderación, asumimos que: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. A su vez, con la fórmula del peso, Robert Alexy refiere que a los principios se les puede atribuir un valor en la escala triádica: leve, medio, intenso. Ejemplo: en un caso de transfusión urgente de sangre, el peso del derecho a la vida es mayor que la convicción religiosa de no recibir una transfusión.

8. Finalmente, las cargas de argumentación operan cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso. En relación a los límites de la ponderación, debemos señalar que no existe un criterio objetivo para determinar los valores determinantes del peso que tienen los principios en la ley de ponderación y que conforman la fórmula del peso. El peso abstracto es una variable muy singular, que remite siempre a consideraciones ideológicas y hace necesaria una toma de postura por parte del intérprete.

9. La propuesta doctrinal entonces involucra objetivamente que el intérprete constitucional aprecie una colisión de  derechos y que uno de ellos prevalezca sobre el otro.

 

 

§ Desarrollo jurisprudencial del principio de proporcionalidad

10.  Señala el Tribunal Constitucional en la STC 0579-2008-PA/TC caso Becerra Leyva lo siguiente:

Aplicación del test de proporcionalidad

F.J. 25. Tal como lo ha establecido este Colegiado, el test de proporcionalidad incluye, a su vez, tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos establecido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar; en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone, como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro.” 

11. Resulta importante advertir entonces que en tanto la ponderación concierne a la dilucidación de derechos fundamentales en perspectiva general, la técnica del test de proporcionalidad, asumiendo características similares, alude necesariamente a involucrar a un órgano público en tanto supuesto de desproporción respecto de las facultades del poder público frente a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

 

§ Análisis del caso concreto

12. Resulta importante, en el análisis del caso específico sometido a nuestro conocimiento, delimitar el contexto del fallo a emitir en la medida que la decisión del juez constitucional tiene por objeto, en cualesquiera condiciones de supuesta afectación de la libertad personal, específicamente en los procesos de habeas corpus, determinar la incidencia de la imputada afectación a la libertad personal desde el ámbito del Derecho Constitucional y no del Derecho Penal, y éste es propiamente el baremo de acción para decidir la presente controversia. En tal sentido, no puede el juez constitucional pronunciarse sobre los elementos de determinación probatoria a aplicarse propiamente en el ámbito penal, sino circunscribirse a los elementos interpretativos que brinda el Derecho Constitucional en todo su ámbito interpretativo de valoración de los derechos fundamentales de las personas, más aún en el caso de la libertad personal y a este efecto tendremos en cuenta los supuestos de la sentencia 06218-2007-PHC/TC, reseñada en el acápite 1 de esta decisión.

13. En el caso sub judice, resulta un elemento de valoración trascendente determinar si la acción de la Policía Antidrogas en la detención del favorecido se ha producido dentro de un contexto regular y respetuoso de los derechos fundamentales. Y si así no fuere, entonces podríamos interpretar que ha habido afectación de la libertad personal y correspondería confirmar la apelada, más aún si el accionar de la Policía se inscribiera dentro de una arbitrariedad manifiesta y sin observancia del derecho a la libertad personal.

14. En esa línea de razonamiento ¿puede calificarse que la inobservancia de ciertos requisitos en la detención policial, implique calificar una detención como arbitraria? A juicio de nosotros, no. En el devenir incesante de la doctrina constitucional de los derechos fundamentales y propiamente en cuanto se refiere a la necesaria ponderación de derechos, el estudio interpretativo impugnado por Robert Alexy, según referencia anterior, así como la doctrina establecida por el supremo intérprete de Karlsruhe, ha permitido discernir los grados de afectación de los principios involucrados  en un examen constitucional de la ponderación de intereses, o bien del test de proporcionalidad en la medida que se valore el grado de intervención de un ente representativo del poder estatal.

15. Nos explicamos. A juicio de este Colegiado, la libertad personal del favorecido constituye un bien jurídico cuya tutela no podemos excluir a la luz de cualquier intensidad de intervención de su manifestación subjetiva y objetiva. De otro lado, el principio de autoridad y en especial, la potestad de intervención de la Policía Antidrogas, constituye una expresión de la potestas del Estado para reprimir las conductas de contenido penal contrarias al ordenamiento jurídico.

16. En consecuencia, deviene necesaria la ponderación de estos principios pues en pugna se encuentran, a juicio nuestro, situaciones que involucran la afectación de principios y no reglas. Si el presente asunto se circunscribiera a una formulación normativa de tipo positivista o a un esquema de validez formal, que implicara la subsunción del problema en una o varias reglas o normas, con certeza la solución del problema sería inmediata, sin mayor connotación de caso difícil, conforme define Dworkin[2].

17. De cara a un caso difícil, entonces, tiene lugar un análisis ponderativo que es necesario enunciar en términos de valoración de la conducta del cuerpo policial que intervino en la conducta que ahora se juzga, bajo los subexámenes de idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto.

18. Examen de idoneidad: En el análisis sub litis debemos determinar, como hemos señalado, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar. Así debemos cuestionar: ¿Era idónea una intervención policial frente a un posible accionar de microcomercialización de drogas? A juicio de este Ad-quem sí era idónea la intervención de la autoridad policial, o restricción en el derecho de libertad del favorecido, pues se busca tutelar el bien jurídico seguridad pública. Más aún, la conducta de la Policía se adecúa a la lucha contra la delincuencia en todas sus formas.  

19. Examen de necesidad: Corresponde aquí verificar si existen medios alternativos al adoptado en la conducta sometida a control, es decir, ¿era necesaria una medida menos lesiva que la detención del favorecido en un contexto en el cual previsiblemente pudiera éste, asumiendo como cierto su intento de fuga como tal, que lanzara la droga que fue objeto de intervención? La única medida menos lesiva pudo haber consistido en una medida menos coercitiva que la detención. Sin embargo, dada la concurrencia de ciertas agravantes- intento de fuga, desapoderamiento de la droga antes de la intervención y antecedentes policiales- estimamos que la disposición aplicada  por la Policía se ciñó a las circunstancias ocurridas. Entonces, el accionar policial sometido a control supera el examen de necesidad.

20. Examen de ponderación en sentido estricto. Corresponde aquí medir los grados de afectación de los derechos en pugna, exigiéndose que la afectación del derecho a ponderar mejor, sea mayor que el derecho con menor ponderación. Aquí resulta conveniente precisar, a juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, que sí existe afectación de la libertad personal del favorecido pero no en grado elevado sino medio, pues concurre de un lado, un conjunto de circunstancias que en apariencia denotan una aclaración de su presunta responsabilidad. Pero a su vez, tanto mayor sería la afectación al principio de la potestad de intervención de la Policía frente a conductas eventualmente sancionables, si amparamos la demanda, más aún cuando podemos presumir a priori que la autoridad cumple sus responsabilidades con seriedad y responsabilidad.

21. Convenimos con el A-quo con relación a que efectivamente pueda no  existir documento que demuestre fehacientemente que se puso en conocimiento de manera inmediata a la Fiscalía Antidrogas, tampoco al Juzgado de Garantías de Chiclayo, ( argumento materia de contradicción por los emplazados), respecto a la intervención policial contra el favorecido, o bien que existan discrepancias entre el acta de intervención policial, solo suscrita por el instructor con lo descrito en el acta de intervención y registro personal, así como con el acta de recojo y comiso de droga. Sin embargo, ¿no son estos elementos de valoración penal los que deberán definirse al interior del proceso penal y que en su oportunidad acarrearán, de verificarse así, la improcedencia de la demanda o que la misma resulte infundada? ¿Debe acaso el juez constitucional entrar a analizar elementos de valoración contextual definitivamente de orden penal? Estimamos que no en la medida que el tema de relevancia de la prueba penal generada en este caso, bajo la perspectiva de los derechos fundamentales, no involucra un problema de relevancia sino que razonablemente conduce a estimar que la coerción de libertad personal se ha aplicado en un contexto de represión penal, quedando el favorecido en la opción de ejercitar los recursos penales contradictorios a que hubiera lugar.  

22. De otro lado, reviste cierta razonabilidad que el A-quo observe que se ha afectado el principio de proporcionalidad y de necesidad al intervenir a una persona cuya acta de registro personal arrojó negativo para drogas, o bien en su criterio mejor argumentado, que ha existido un exceso de celo policial. No obstante lo acotado y conforme a las interrogantes anteriores así como las circunstancias concurrentes de responsabilidad en la intervención del favorecido, ¿no son igualmente estos criterios de valoración definibles y estimables en la sede penal donde con propiedad se desarrollarán los exámenes de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad? Este Colegiado estima que sí en tanto la restricción de libertad del favorecido observa de modo mínimo pero suficiente los lineamientos de la sentencia STC 02141-2007-HC/TC antes acotada respecto a las intervenciones de control que no resultan sustancialmente violatorias de la libertad personal.  

23. Son nuestras conclusiones, entonces, que los argumentos de valoración desarrollados por el A-quo revisten un margen de razonabilidad pero con propiedad, ellos han de determinarse más propiamente en el ámbito penal propiamente dicho y no en la vía constitucional del habeas corpus. Hacerlo en esta vía, a juicio nuestro, implica una afectación de mayor grado al principio de autoridad que en conjunto proyecta su radio de acción a favor de toda la colectividad. Es nuestra posición que las conductas contrarias al ordenamiento penal deben ser objeto de sanción con observancia del principio de legalidad pero a su vez también de otros principios y derechos fundamentales que razonablemente exigen protección.

24. En la línea de lo expuesto, corresponde desestimar la demanda y no porque convengamos en que pudiera eventualmente acogerse un accionar policial arbitrario, lo que sin duda debe ser objeto de represión. Sin embargo, en el caso de autos, no se forma suficientemente una afectación evidente, manifiesta y sustancial de la libertad personal del favorecido, por lo cual no cabe emitir decisión de tutela urgente.   

 

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia que declara fundada la demanda de autos; REFORMÁNDOLA, DECLARA INFUNDADA  la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] BERNAL PULIDO, Carlos. “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales”. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso 2do nivel. Pág. 87.

[2] DWORKIN, Ronald. “Los derechos en serio”. Editorial Ariel S.A. Pág. 146.

h1

Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Medida cautelar

6 agosto, 2010

 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 2009-590

DEMANDANTE: VICTOR SALAZAR CUSTODIO

DEMANDADO: SUNAT

MATERIA: AMPARO- MEDIDA CAUTELAR

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo,  a los 06 días del mes de julio de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por la SUNAT contra el auto de fecha 06 de marzo de 2009, que DECLARA FUNDADA la solicitud cautelar de autos.

 

ANTECEDENTES

Con fecha 03 de marzo de 2009, el accionante Víctor Wilfredo Salazar Custodio, solicita medida cautelar a fin de ser reincorporado a sus labores habituales, alegando que ha sido despedido fraudulentamente, al haberse desnaturalizado los contratos de trabajo para servicio específico celebrados con la demandada.

El Noveno Juzgado Civil de Chiclayo, a folios 47, declara fundada la solicitud cautelar, alegando que las labores del demandante, calificadas como servicio especifico, han correspondido a actividades cotidianas e imprescindibles para la entidad, calificándolas como permanentes.

La apelación de folios 60 a 62 sustenta, principalmente, que desde la suscripción del contrato, el actor sabía que dicho instrumento se extinguiría. Por otro lado, conceptúa que hay una flagrante violación del principio de congruencia  y que el juez no se ha atenido el límite de irreversibilidad de la medida concedida.

 

FUNDAMENTOS

 

§ Consideraciones sobre la medida cautelar

1. Toda medida cautelar exige como requisito base de su concesión la acreditación taxativa y fehaciente de  la inminencia de un perjuicio irreparable. En ese sentido, verificada la condición del peligro que amenaza, puede dictarse sólo medidas extraordinarias destinadas a reponer un estado de hecho o de derecho, cuya alteración vaya a  ser o es el sustento de la demanda. Reviste importancia, adicionalmente, que la concesión de esta medida sólo se conceda cuando no resulte aplicable otra prevista por la ley.

2. Una medida cautelar, igualmente, importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable; bajo ese supuesto, de acuerdo con Juan Monroy Palacios, la instrumentalidad representa una ligazón o vocación de servicio entre el pronunciamiento cautelar y el proceso que está destinado a proteger, en la medida en que el resultado positivo y oportuno garantiza la posibilidad de la decisión final emitida en el segundo pueda desplegar plenamente sus efectos materiales y jurídicos y con ello asegurar la eficacia de la tutela procesal; la provisionalidad significa que mantiene su firmeza en tanto no varía la situación que se intente proteger, si la situación cambia, entonces esta medida podría cambiar ya sea por intermedio de una nueva medida cautelar o la revocatoria de la anterior…;  es variable …la variabilidad está referida al contenido de la medida cautelar a su relación con el objeto del proceso principal que intenta proteger. Es decir, a diferencia del carácter provisional que es propio de toda medida cautelar, la variabilidad es un evento que puede darse en dos supuestos, a.- cuando exista una alteración de las circunstancias en la relación material tornándose injusta la medida cautelar y b.- cuando exista una alteración de las circunstancias en la relación procesal, es decir, cuando del desarrollo de la discusión procesal desaparezcan o se alteren los presupuestos procesales que dieron lugar a la medida antes dictada…[1] No satisfechos dichos requisitos, el Ad quo deberá determina la improcedencia de la medida cautelar.

3. El despacho de la tutela preventiva exige, de otro lado, que el derecho cuya protección anticipada se pretende, sea verosímil, es decir, esté liminar y suficientemente previsto de idónea apariencia y no sea una mera expectativa sujeta a un procedimiento previo de valoración, análisis e interpretación. La verosimilitud resulta un requisito entonces predeterminante en el sentido de que el actor se ve obligado a demostrar cuál ha de ser de modo determinado el perjuicio que le va a causar la no concesión de la medida.

4. Conforme al artículo quince del Código Procesal Constitucional, se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en el proceso de amparo, exigiéndose para su concesión apariencia del derecho, peligro en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado para garantizar la eficacia de la pretensión.

 

§ Sobre la carga de la prueba

5. En relación a la carga de probar, el Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a este proceso constitucional, señala:

“Artículo  196.- Carga de la prueba.-

Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

Artículo  197.- Valoración de la prueba.-

Todos los medios probatorios son valorados por el Juez en forma conjunta, utilizando su apreciación razonada. Sin embargo, en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su decisión.”

 

§ Análisis del caso concreto

6. Este Colegiado estima pertinente señalar que los caracteres de provisoria, instrumental y variable de una decisión cautelar precisamente implican un juicio valorativo sobre la fundabilidad de la pretensión, el cual puede modificarse por la decisión de fondo o porque desaparecen los caracteres que le confieren la propia verosimilitud del derecho a la medida.

7. Ahora bien, concierne al análisis de fondo objetivamente determinar si ha existido una desnaturalización de los contratos de servicio específico del actor, más aún cuando efectivamente es exigible determinar la naturaleza del cargo de fiscalizador que alega el actor y qué exigencias laborales implicaba el mismo. Por ende, de modo liminar este primer requisito del fumus bonus iuris es cumplido.

8. Esta Tribunal estima, de igual forma, que los requisitos de peligro en la demora y la pertinencia de la medida cautelar se hayan suficientemente garantizados en la medida que se trata de una plaza laboral de la cual depende el actor en cuanto a su subsistencia así como podemos observar que la medida dispuesta se adecúa a los fines de tutela del derecho cuya violación se alega. Bajo esta pauta, hay una carga mínima probatoria suficientemente aportada.

9. Por consiguiente, hay congruencia entre la pretensión propuesta y el derecho concedido. De otro lado, la propia naturaleza variable de la medida, garantiza que pueda revertirse la medida cautelar de reposición a las labores, esto es, de no ampararse la pretensión de fondo, procede la extinción plena de la actividad laboral del actor.  

 

DECISIÓN:

Por estas consideraciones y de conformidad con las normas citadas, la Sala Especializada de Derecho Constitucional: CONFIRMA la resolución número uno, de 06 de marzo de 2009, de folios 47 A 49, que admite a trámite la solicitud cautelar presentada por Víctor Wilfredo Salazar Custodio, en consecuencia ordena la reposición provisional del actor en su puesto de trabajo, en el mismo cargo y con la misma remuneración; con lo demás que contiene; y los devolvieron.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Juan Monroy Palacios. Bases para la formación de una Teoría Cautelar, pág. 151 y siguientes. Editorial Comunidad. Lima- Perú 2002.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo

6 agosto, 2010

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 2009-398

DEMANDANTE: ESTEBAN LORENZO CORONADO

DEMANDADO: EPSEL

MATERIA: AMPARO

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 18 días del mes de junio de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por EPSEL S.A. contra la sentencia de fecha 08 de abril de 2009, que DECLARA FUNDADA la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

Con fecha 19 de enero de 2009, Esteban Lorenzo Coronado interpone proceso de amparo contra su empleadora EPSEL S.A., a fin de que se deje sin efecto su despido laboral y se ordene su reincorporación a sus labores habituales como operador guardián de la cámara de bombeo de desagüe en Santa Rosa por haberse producido afectación de su derecho constitucional al trabajo.  

La emplazada se apersona al proceso a folios 116 y contesta la demanda alegando que ésta debe ser declarada improcedente y que la contratación en locación de servicios no genera ningún tipo de vínculo laboral. Acota que solo se han suscrito contratos de naturaleza civil, típicos y nominados.

El Noveno Juzgado Civil de Chiclayo expide sentencia de folios 128 a 131, invocando a este efecto, que las labores desarrolladas por el actor eran imprescindibles para el funcionamiento de la emplazada y que por consiguiente se ha producido una desnaturalización de la contratación civil.

La apelación de folios 136 a 153 señala, fundamentalmente, que los servicios del actor no forman parte de las actividades que cotidiana y objetivamente realiza la empresa, que el actor no ha estado sujeto a subordinación,  y que en suma se han producido hechos controvertidos que dan lugar a la improcedencia de la demanda. Acota que no era necesario la justa causa de despido pues la contratación del caso era de naturaleza civil así como que nunca existió relación laboral.

 

FUNDAMENTOS

 

§ Sobre la previsión de contratación laboral  

1. Una de las principales preocupaciones del empleador al determinar la contratación del trabajador, en respuesta a un requerimiento de contratación, debe consistir en establecer la forma que debe adquirir el concurso de mano de obra en la organización empresarial. Por tanto, requiere prioridad determinar las características de la relación contractual: si la misma se va a distinguir por una prestación de labores mínimas de 4 horas diarias, va a existir subordinación del contratado ante el empleador y la labor a ejecutar será personal. En dicho caso, corresponde una contratación de orden laboral y la forma más usual en este sentido, a efectos de no generar plazo indeterminado, es la de una contratación a plazo fijo cuya característica esencial es la temporalidad. Otro carácter esencial es la potestad del empleador, al término de la contratación, de renovar o no el contrato hasta un plazo máximo de 5 años (modalidad temporal de necesidades de mercado). Corresponde aquí considerar la obligatoriedad de otorgar los beneficios sociales de ley: Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), vacaciones, gratificaciones, aportes sociales, entre otros. Sin embargo, si la contratación presentara variantes con respecto a las premisas de relación contractual laboral, entonces el empleador deberá distinguir entre otras opciones de vinculación.

 

§ Sobre la locación de servicios y los contratos no personales 

2. Esencialmente para labores de orden técnico y especialización se prevé la locación de servicios y los contratos no personales, pues ellos no suponen ningún tipo de sujeción del locador, quien por naturaleza inclusive presta su concurso especializado fuera de las instalaciones de la empresa o si lo hace en ella, existe una característica de alta especialización, no siendo aplicable para labores per se laborales.

3. En estas modalidades no hay sujeción a un horario, pues existe autonomía de quien presta el servicio y también la alternativa de no ser exigible prestar personalmente el servicio, es decir, delegar la prestación en terceros. Adicionalmente, no se generan obligaciones sociales de ningún tipo.

4. En cuanto se refiere a la locación de servicios, esta modalidad de contratación se rige por los artículos 1764 al 1770 del Código civil, los cuales establecen las funciones contractuales de una comitente, locataria o empresa, es decir, quien solicita un servicio, y un locador, o servidor independiente, quien presta el servicio.

 

§ Distorsión de la locación de servicios

5. La distorsión en relación con esta figura se presenta cuando el empleador pretende introducir, con el objetivo de reducir costos laborales, la aplicación de una contratación extralaboral para puestos que reúnen las características de una relación laboral. De esta forma, las labores administrativas y sujetas a subordinación reciben el tratamiento de una contratación vía locación de servicios o de servicios no personales y generan, muchas veces por falta de previsión legal de los propios empleadores, y en los casos de comprobaciones objetivas en los procedimientos de inspección de trabajo, que la Autoridad Administrativa de Trabajo disponga, con los elementos de análisis del principio de primacía de la realidad, la inclusión de los servidores afectados en el Libro de Planillas de la empresa. Evidentemente estamos, pues, frente a criterios defectuosos en la correcta contratación del personal. 

6. No obstante ello, ¿podemos solo calificar de defectuosos dichos criterios disímiles en una locación de servicios? A juicio nuestro, no, pues no obstante el impedimento formal de no contratar en locación de servicios y servicios no personales a servidores que se saben van a desempeñar tareas propiamente laborales, muchos empleadores optan, a sabiendas, por aplicar esta modalidad en el supuesto no sólido de que se mantenga un statu quo en el cual se prevea que el servidor no va a reclamar.

 7. Y es cuando se produce la reclamación, con elementos de prueba veraces, que son aplicables los efectos de las disposiciones constitucionales protectoras de la relación de trabajo[1]. Debemos advertir, en estos casos, que los procesos de amparo precisamente actúan como mecanismos restitutorios de los derechos constitucionales afectados y la posición del juzgador, en caso de existir el aporte de prueba suficiente, será de efectivamente conceder tutela de urgencia pues ésa es la naturaleza de los procesos de amparo laborales que denuncian la afectación de derechos fundamentales en materia laboral.

 8. En ese sentido, la labor del juzgador será la valoración razonada, suficiente y motivada de la prueba, para determinar, cuando corresponda, que se han producido supuestos materiales de desnaturalización de una locación de servicios, sea porque se estableció un horario de trabajo, sea porque existen instrumentos inequívocos que dan cuenta de la intención del empleador de contratar bajo los alcances de una relación de trabajo, o sea porque la Autoridad Administrativa de Trabajo constatar que efectivamente existe una relación laboral donde se pretende sustentar un contrato de servicios no personales( sic), entre otros supuestos.        

9. No se debe descartar, en relación a lo enunciado el eufemismo técnico –legal que a su vez implica un contrato de servicios no personales pues la naturaleza de la prestación de dicha opción contractual, supone que el locador no preste el servicio en forma directa y que lo pueda hacer a través de terceros. No obstante ello, es lugar común que siempre exija el empleador, sea en contratos de locación de servicios o en servicios no personales, en los hechos, que se exija la prestación personal del servicio.

 

§ Análisis del caso concreto

10. Apreciada la carga probatoria adjunta a la demanda, tenemos que conforme a los instrumentos de folios 6 a 7, el servicio del actor no solo consistía en tareas de guardianía, sino también en servicios de limpieza y mantenimiento de pozo. Esto puede merecer interés con relación al fondo de la causa en tanto las tareas de guardianía por sí solas constituyen un régimen de naturaleza especial mas en conjunción con tareas de limpieza y mantenimiento, asumen de plano otro perfil.   

11. En adición a esta particularidad, verificamos de la misma forma que de folios 49 a 51 obran diversas comunicaciones a manuscrito, e inclusive la de folios 50 parte inferior, dirigida al actor, indica que el no apersonamiento a una tarea(o servicio), sería sancionada con suspensión. Estos documentos no han sido objeto de planteamiento alguno de disconformidad por la demandada, por lo cual su mérito probatorio puede ser objeto de estimación. En ese sentido, una amenaza de suspensión en definitiva no se condice con un régimen de locación de servicios, máxime si éste, conforme al artículo 1764 del Código Civil, involucra una previsión de contratación en la cual no pueden confluir elementos típicos de una contratación laboral, como en el caso de autos.

12. Debemos tener en cuenta, en el orden de ideas señalado, que la conducción de la relación entre el actor y la emplazada, a través de los documentos antes referidos, resulta de plano incongruente con la previsión de una contratación en locación de servicios, produciendo su desnaturalización, fundamentalmente porque no se niega el derecho de la emplazada a establecer el régimen legal que considere conveniente según sus necesidades, sino resulta desestimable aplicar erróneamente un régimen de contratación que no corresponde a tenor de la prueba aportada. Bajo este razonamiento, ¿puede fijarse una amenaza de suspensión a un servidor en locación de servicios? ¿Podríamos juzgar acaso que el actor prestó servicios de guardianía y mantenimiento por horas y en forma esporádica? ¿O podría argüirse que el actor desempeñaba una labor altamente especializada y no sujeta a una relación laboral al prestar servicios de mantenimiento de pozo? Este Colegiado estima que no. 

13. Los agravios expresados por la apelante, en su conjunto, resultan de plano insuficientes para formar convicción en este Colegiado respecto a que se produjo una contratación de locación de servicios conforme a los estándares del artículo 1764 del Código Civil, supuesto, insistimos, que resultaría legítimo, si no se hubiera producido expresiones típicas en relación de subordinación, conforme a la carga probatoria aportada. Sin embargo, es de observar que la demandada ha contratado al actor en un régimen civil cuya distorsión ha sido acreditada en este proceso conforme a la prueba antes verificada.  

14. La distorsión acotada no solo es incompatible con el artículo 27 de la Constitución, sino con el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos[2], cuyas líneas de tutela precisamente buscan evitar que se produzcan graves afectaciones a los derechos fundamentales de las personas en el ámbito de la prestación de trabajo, imponiendo al empleador obligaciones mínimas de protección para un empleo decente. En tal sentido, corresponde confirmar la tutela de urgencia dispuesta por el A-quo. 

 

DECISIÓN

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia de autos; con lo demás que contiene

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Constitución 1993

Artículo 22°. El trabajo es un deber y un derecho.  Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona.

Artículo 23°. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan.

(…) Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.(…)

Artículo 25°. La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales, como máximo. (…) 

Artículo 26°. En la relación laboral se respetan los siguientes principios:

1.       Igualdad de oportunidades sin discriminación.

2.       Carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley.

3.       Interpretación favorable al trabajador en caso de duda insalvable sobre el sentido de una norma.  

Artículo 27°. La ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario.

[2] Artículo 7 del Protocolo Adicional  a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al trabajo (…), supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y  satisfactorias, para lo cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de manera  particular: (…)

d. la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y con las causas de justa separación. En casos de despido injustificado, el trabajador tendrá derecho a una indemnización o a la readmisión en el empleo o a cualesquiera otra prestación prevista por la legislación nacional; (…) 

h1

Sentencia constitucionales. Proceso de amparo contra resoluciones judiciales

6 agosto, 2010

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 55-09  

DEMANDANTE: POMALCA S.A.A.    

DEMANDADO: VOCALES DE LA SALA LABORAL

MATERIA: PROCESO DE AMPARO

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 24 días del mes de marzo de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Chávez Martos, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Demanda de amparo contra resolución judicial interpuesta por Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. contra los señores Jueces Superiores de la Sala Laboral de Lambayeque, doctores Lucía Esther Deza Sánchez y Juan de la Cruz Ríos, por afectación del derecho al debido proceso sustantivo y adjetivo.  

ANTECEDENTES

En el presente caso, la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A. interpone proceso de amparo contra los Señores Jueces Superiores de la Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Doctores Lucía Esther Deza Sánchez y Juan De la Cruz Ríos, contra don Magno Enrique Ríos Rivera y el Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, con el objeto de que se declare inaplicable a ella la decisión judicial contenida en la resolución número veintinueve, de fecha 24 de abril último.

Dicha resolución revoca la resolución número 25  de 23 de enero de 2009, que rechaza la solicitud de embargo formulado por el demandante, y  reformándola, declara procedente el pedido de medida cautelar del embargo,  formulada por el actor en el Expediente N° 2006-220-JLO3/SL que sobre pago de remuneraciones siguiera contra la hoy demandada.

Según refiere, con ella se habría afectado su derecho al debido proceso en sus dimensiones de debido proceso sustantivo y adjetivo; a fin de que reponiéndose la causa al estado anterior,  se ordene que el órgano jurisdiccional emplazado emita nueva resolución con arreglo a derecho.

Agrega que su representada en su condición de Empresa Agroindustrial azucarera, que aún no ha logrado transferir al sector privado más del cincuenta por ciento de sus acciones, con presencia accionaria del Estado, se encuentra acogida al marco de protección patrimonial dispuesto por el Estado; sin embargo, los jueces emplazados desacatando la Ley N° 28027, que establece un régimen de protección de su patrimonio, y cuyo período de vigencia fuera sucesivamente ampliado hasta el 31 de diciembre de 2010, han atendido el pedido planteado por el justiciable Enrique Ríos Rivera, ordenando la traba de medida cautelar de embargo sobre su patrimonio.

El emplazado Magno Enrique Ríos Rivera contradice la pretensión argumentando que los jueces demandados han expedido las resoluciones judiciales objeto de cuestionamiento con arreglo a la ley y la Constitución del Estado; que la ley invocada por la actora contraviene derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, por lo que se debe prevalencia al pago de sus acreencias por derivar del pago de remuneraciones, contestación ésta que se tiene por aceptada mediante resolución 3,  de folios 78.

Por su parte, por escrito de folios 83 a 89, el Procurador Público a cargo de los asuntos judicial del Poder Judicial, contradice la incoada señalando que la resolución objeto de amparo ha sido expedida dentro del marco de la Ley de Protección Patrimonial emitida por el Gobierno Central; por ello, no vulnera derecho constitucional alguno relacionado con el debido proceso como indica el demandante, razones por las que la demanda deberá ser desestimada por infundada.

Mediante resolución número 6, se dispone pasen los autos a Despacho para sentenciar, siendo ese el estado del proceso.

 

FUNDAMENTOS

§ La tutela jurisdiccional efectiva y la efectividad de las sentencias judiciales

1. La doctrina del Estado de Derecho postula un Derecho autónomo, es decir, un ordenamiento legal que brinda a sus ciudadanos la posibilidad de prever la conducta de sus semejantes y del Estado mismo, y autorizar esta previsión para que cada uno planifique su conducta futura con vistas a la optimización de su interés. De esta forma, sólo es posible si el Derecho no expresa a cada instante intereses coyunturales y si sus normas se formulan  de manera uniforme (igual para todos, irretroactiva), cierta (clara, coherente, realista) y accesible (de dominio público y estable).

2. La efectividad de las sentencias, de otro lado, constituye un principio del Estado Democrático y Social de Derecho, pues la misma constituye que la decisión y mandato del Juzgador, agotadas las instancias respectivas, se plasme en un resultado tangible de consecución del derecho pretendido. En ese sentido, el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales que han pasado en autoridad de cosa juzgada, es una manifestación del derecho a la tutela jurisdiccional, partiendo de la misma base  constitucional que contempla el inciso dos de la Constitución de mil novecientos noventa y tres, al prever que” ninguna autoridad puede (…) dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada (…) ni retardar su ejecución.”

3. En adición a ello, como lo ha sostenido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el arret  “Hornsby c/ Grecia”, sentencia del trece de marzo de mil novecientos noventa y siete, el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales “forma parte de las garantías judiciales”, pues “sería ilusorio” que “el ordenamiento jurídico interno de un Estado contratante permitiese que una decisión judicial, definitiva, y vinculante quedase inoperante, causando daño a una de las partes (…)”. Resulta pues así difícil que puede hablarse de la existencia de un Estado de Derecho cuando las sentencias y las resoluciones judiciales firmes no se cumplen.

 

§ El cumplimiento de sentencias

4. Sin perjuicio de lo señalado: ¿deben cumplirse todas las sentencias? ¿O contempla el ordenamiento jurídico excepciones? Debemos advertir que, sin perjuicio del principio de efectividad de las decisiones judiciales, el ordenamiento sí admite excepciones y ello ocurre siempre que se configure una incompatibilidad por vía de excepción o una antinomia de rango similar al de una concurrencia de normas que exige una solución del decisor.  

5. Lo antes acotado tiene relación directa con la concepción de que los derechos fundamentales no pueden ser considerar absolutos. A este respecto, anota Zagrebelsky[1]:

“El Estado constitucional (…) no admite la ciega aplicación de un solo principio o valor constitucional. La imposición de una sola norma constitucional sin tener en consideración los demás principios constitucionales es una aplicación que rompe el sentido propio del Estado constitucional. Es más, la sola invocación de la primacía de la Constitución como criterio y justificación para determinada decisión resulta vacía de contenido. El Estado constitucional exige que la justificación de las decisiones encuentre sentido en función de los valores que, en su conjunto, sostienen el Estado constitucional. La sola invocación del criterio formal sin alusión alguna al criterio material que supone el Estado constitucional, no es más que una arbitraria consecuencia del enunciado de una alegada supremacía normativa sin atender a los valores y principios  que inspiran el sistema. La aplicación de un determinado criterio invocando la sola primacía de la Constitución desatendiendo los valores constitucionales, se presenta frente a la sociedad pluralista como la implacable y arbitraria decisión obligatoria del monarca representativo del Estado absolutista o la ciega aplicación de la ley propia del juez positivista que la aplica por su solo valor formal, sin discernir sobre su contenido ni sobre la razonabilidad de su aplicación”.     

6. Es posible afirmar, bajo esta premisa, que aún la sentencia que reconociera una prestación determinada, pudiera relativizar su mandato de ejecución si identificamos un grado de vulneración ostensible a un derecho fundamental, con lo cual un mandato perdería efectividad. 

 

§ Las antinomias en el ordenamiento jurídico

7. Una antinomia puede definirse en uno u otro de los modos siguientes: a) En un sistema jurídico existe una antinomia  siempre que un determinado comportamiento esté deónticamente calificado de dos modos incompatibles en dos diversas normas pertenecientes al sistema, o b) En un sistema jurídico siempre que para un determinado supuesto de hecho estén previstas dos consecuencias jurídicas incompatibles por dos normas diversas pertenecientes al sistema.

8. El conflicto aparente de normas debe ser dilucidado bajo las reglas de antinomias y en ese sentido, definir la aplicación taxativa del dispositivo que siga con más propiedad las reglas de interpretación legal. En ese orden de ideas, el método lex specialis derogat generalis tiene por objeto hacer prevalecer la norma especial sobre la general, inclusive frente al caso de rangos o de jerarquía de leyes, involucrando ello inclusive la aplicación por sobre el principio lex superior derogat inferior.

 

§ La cosa juzgada

9. La autoridad de cosa juzgada reside en la sentencia y sus caracteres son la inmutabilidad y la coercibilidad, es decir, que proyecta sus efectos hacia el pasado y hacia el futuro, y las partes se encuentran obligadas a cumplir y hacer cumplir el pronunciamiento judicial sobre el caso juzgado. Sin perjuicio de ello, la ejecución de un mandato judicial puede verse impedida temporalmente por ley autoritativa expresa para tal fin, sin implicar ello una afectación del principio de la cosa juzgada.  

 

§ Contexto del amparo contra resoluciones judiciales

10. En el contexto de una interpretación extensiva del artículo treinta y siete del Código Procesal Constitucional, el proceso de amparo constituye un mecanismo procesal de tutela de urgencia y satisfactiva, proceso de condena cuyos caracteres para su procedencia son dejar sin efecto el hecho, omisión o amenaza, inminente y directa contra el ejercicio de un derecho constitucional; esto es, siempre que se trate de lograr la reposición del derecho constitucional transgredido o amenazado de manera fáctica, evidente y sin duda alguna, pues éste no es declarativo de derechos, sino que, a través de él, se pueden resarcir aquellos derechos que, estando plena e indubitablemente acreditados, son objeto de trasgresión.

11. En relación a lo señalado, debe determinarse que las acciones de garantía no proceden contra resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular, constituyendo supuesto de excepción que exista una objetiva afectación de la tutela procesal efectiva, supuesto legitimador que sí se configura de presentarse los supuestos establecidos por el artículo cuatro del Código Procesal Constitucional, constituyendo premisa esencial en esta verificación de afectación de derechos constitucionales si se han afectado los derechos invocados por un afectado y si se ha producido una sustancial afectación al debido proceso en su dimensión sustantiva y adjetiva. 

 

§ La Ley de Protección Patrimonial en el Perú

12. Conforme al artículo cuatro punto uno de la Ley 28027, Ley de la Actividad Empresarial de la Industria Azucarera, a partir de la vigencia de referida Ley y por el lapso de doce (12) meses, quedan suspendidas la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y similares sobre los activos de las empresas agrarias azucareras en las que el Estado tiene participación accionaria y que, a la fecha de entrada en vigencia de la referida Ley, no hayan transferido más del cincuenta por ciento (50%) del capital social ya sea mediante venta de acciones o emisión de nuevas acciones. Los embargos preventivos o definitivos en forma de inscripción sobre los bienes inmuebles o muebles registrables, así como las garantías reales continuarán inscritas pero no podrán ser materia de ejecución. Durante el referido período, los acreedores no podrán iniciar contra las empresas agrarias azucareras ninguno de los procedimientos concursales establecidos en la Ley Nº veintisiete mil ochocientos nueve. En adición a ello y de conformidad con el artículo primero de la Ley N° 28885, publicada el 23 de setiembre de 2006, se amplia hasta el 31 de diciembre de 2008, el plazo establecido en la norma referida.  Asimismo, se establece que las empresas azucareras procederán a presentar ante el Ministerio de Agricultura un Programa de Reflotamiento Empresarial que incluirá un Plan de Inversiones, asimismo un Programa de Reconocimiento y Cronograma de Pagos, según las obligaciones que tienen contraídas con el Estado y con terceros. Por último, quedan suspendidos en el estado en que se encuentren los procesos concursales iniciados después de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 058-98.

13. El plazo de vigencia del régimen de protección patrimonial aludido ha sido prorrogado en varias oportunidades (Leyes N° 28288, 28448, 28662 y 28885) hasta que finalmente mediante el artículo 1º de la Ley N° 28885, dicho plazo es ampliado hasta el 31 de diciembre de 2008, plazo este último que a su vez ha sido de nueva prórroga hasta el año 2010.

 

§ La técnica de la ponderación de los derechos fundamentales

14. La ponderación, como método de resolución de controversias en sede constitucional, presupone un conflicto o una colisión entre derechos fundamentales. Al respecto debemos precisar, conforme señala Carlos Bernal Pulido[2]: “Que los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para quien la única manera de aplicar el derecho era la subsunción (…) A partir de las investigaciones de Dworkin en el mundo anglosajón y de Alexy en el germánico, se suman los principios y la ponderación. Los principios son normas, pero no normas dotadas de una estructura condicional hipotética con un supuesto de hecho y una sanción determinados. Los principios son mandatos de optimización (…)/ (A su vez) los derechos fundamentales son el ejemplo más claro de principios que tenemos en el ordenamiento jurídico. La ponderación es la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario.”

15. Prosigue el mismo autor: “Dworkin  señala que los principios están dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Al ponderarse, se  establece cuál principio pesa más en el caso concreto. El principio que tenga un mayor peso será el que triunfe en la ponderación y aquel que determine la solución par el caso concreto. (…) La ponderación es entonces la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas. La  estructura de la ponderación queda así integrada por la ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación. “

16. Por la ley de la ponderación, según Bernal Pulido[3], asumimos que: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. A su vez, con la fórmula del peso, Robert Alexy refiere que a los principios se les puede atribuir un valor en la escala triádica: leve, medio, intenso. Ejemplo: en un  caso de transfusión urgente de sangre, el peso del derecho a la vida es mayor que la convicción religiosa de no recibir una transfusión. Finalmente, las cargas de argumentación operan cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso.  

17. En relación a los límites de la ponderación, debemos señalar que no existe un criterio objetivo para determinar los valores determinantes del peso que tienen los principios en la ley de ponderación y que conforman la fórmula del peso. El peso abstracto es una variable muy singular, que remite siempre a consideraciones ideológicas y hace necesaria una toma de postura por parte del intérprete.

18. El Tribunal Constitucional peruano ha desarrollado en varias de sus sentencias la técnica de la ponderación. Una sentencia emblemática al respecto es la referida al caso Magaly Medina[4], proceso de habeas corpus en el cual se construye propiamente cómo trabaja la ponderación. Resultaba necesario, en tal caso, determinar el peso de derechos fundamentales, uno de ellos referido a la vida privada de una persona y el otro derecho fundamental, referido a la libertad de información. ¿Cómo determinar la prevalencia de uno sobre otro derecho en ese caso concreto? El Tribunal Constitucional refiere:  

“§4. La ponderación entre la información y la vida privada

40.  Si bien la relación existente entre los derechos a la vida privada y a la información es una de las más clásicas en el Derecho, en muchos casos se ha dado una respuesta poco idónea a la teoría de los derechos fundamentales. Así, se ha propuesto la primacía de la información en virtud de la aplicación equívoca de la teoría valorativa de las preferred freedoms al sistema constitucional, postura doctrinal que propendería a una jerarquía entre los derechos fundamentales. Pero, de otro lado, también se manifiesta y se presencia una prevalencia de la información, basándose en el efecto irradiante que posee respecto al resto de derechos. Pero no hay que olvidar que los derechos fundamentales (todos, sin excluir ninguno) están en igualdad de condiciones dentro de la Constitución.

Por eso, lo que corresponde realizar es una determinación de los contenidos de cada uno de los derechos involucrados. Sólo así se llegará a la delimitación adecuada de sus contornos. Para ello, será necesario optar por el método de la ponderación, con una utilización mixta de los criterios de razonabilidad (propios de cualquier relación entre derechos fundamentales) y de desarrollo colectivo (exclusivo de los derechos de respeto de la persona y los comunicativos).( Énfasis agregado)

4. a. La razonabilidad de la medida

41.  La razonabilidad es un estándar de control (…) Incluye, dentro de sí, tres juicios claramente establecidos: la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad, en cada uno de los cuales se debe dejar sentado si los argumentos de los recurrentes tienen, o no, sentido.

4. a.i. El juicio de adecuación

42.  A través de la adecuación, la conclusión a la cual se arribe debe ser lo más ajustada posible a la finalidad de la Constitución, explícita o implícitamente reconocida. En tal sentido, la acción que realice la persona debe ser conveniente, jurídicamente hablando (la norma habrá de ser accesible y previsible) y contar con un fin legítimo (…)

4. a.ii. El juicio de necesidad

 44.  El criterio de necesidad importa la ausencia de una solución más efectiva y adecuada de la que se esté tomando. Lo que se busca realizar a través de este juicio es elegir, entre las medidas posibles, la mejor que exista.

Asumiendo este argumento, se ha señalado que la vida privada

 (…) es un derecho fundamental, razón por la cual las leyes que pretendan limitarlo han de contar con una muy sólida justificación. Deben ser necesarias para satisfacer un imperioso interés estatal.[5]

Es relevante, por tanto, para evitar afectar la vida privada de una persona, que el ejercicio del derecho fundamental a la información se realice sin excesos. Y de otro lado, en pos de la optimización de cada derecho en juego, buscar que la medida utilizada permita el mejor desarrollo posible del derecho a la vida privada, tal como ha debido suceder en el presente caso. 

4. a.iii. El juicio de proporcionalidad

50.  A través de la proporcionalidad se procura que cada solución a la cual se arribe responda a una conveniencia constitucional o finalidad de la determinación de contenidos de cada uno de los derechos que están en juego. Es decir, busca que el resultado del acto interpretativo responda al objeto perseguido por la ponderación realizada. (…)” 

19. Apreciada y valorada la fundamentación que antecede, respecto de la cual hemos tenido que hacer un necesario ejercicio de sumilla, podemos concluir que efectivamente el esquema de ponderación propuesto por Carlos Bernal Pulido, sobre la idea base de Robert Alexy, es en gran medida asumido por el Tribunal Constitucional peruano, para el cual el ejercicio de ponderación implica la prevalencia de un derecho sobre otro bajo una óptica de jerarquía móvil, es decir, un derecho prevalecerá sobre otro solo en el caso concreto de las circunstancias x.y,z específicamente predeterminadas. Esto es sumamente relevante en la medida que no afirmamos que un derecho sea superior en jerarquía sobre otro sino que solo estimamos la necesaria determinación de prevalencia móvil de uno respecto a otro. Y a su vez, en la interpretación del Tribunal Constitucional peruano, la ponderación exige juicios de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad a través de los cuales podamos determinar cuál es el criterio valorativo concurrente, a fin de hacer prevalecer temporalmente un derecho sobre otro.

20. Resulta relevante afirmar que Luis Castillo Córdova[6] resulta ser crítico de la fórmula de la ponderación, la cual resulta poco oportuna, según su análisis, para el examen de derechos fundamentales. Indica que no pueden prevalecer unos derechos sobre otros, brindándonos ello la idea de que un derecho pueda resultar ser menor a otro. Acota que ello no es así, dada la condición de nivel de igualdad de todos los derechos fundamentales. Por el contrario, Castillo Córdova alega que debe existir un método de armonización de los derechos fundamentales, partiendo de la premisa de que si todos los derechos fundamentales son iguales, no puede contextualizarse la minusvaloración de unos derechos frente a otros en la ponderación, como lo define el Tribunal.

21. Consideramos, con prudencia, que el ejercicio de ponderación que desarrolla el Tribunal Constitucional resulta ser adecuado en la medida que no se produce una infravaloración de un derecho fundamental respecto de otro. No creemos que ello suceda. Sí nos parece que se produce un juicio de valoración del juez constitucional, a efectos de que uno de los derechos fundamentales, sin perder su esencia, contenido y vigencia, deba ceder temporalmente, en una figura de jerarquía móvil, ante el resultado de la ponderación que efectúe el intérprete constitucional. La ponderación genera que, efectivamente, se conceda mayor peso a un derecho fundamental respecto de otro, pero no resulta en modo alguno limitativa de la vigencia del derecho fundamental con menor peso ponderativo, ni resulta tampoco conculcado. 

 

§ Análisis del caso concreto

22.  Resulta relevante en el caso de autos, examinado el petitorio de folios cuarenta y siete, y los actuados a lo largo del proceso, si corresponde declarar la violación de los derechos constitucionales de la parte demandante al debido proceso sustantivo y adjetivo por parte de los señores Vocales Lucía Deza Sánchez y Juan de la Cruz Ríos, a raíz del proceso 2006-220, sobre pago de remuneraciones, seguido por Magno Enrique Ríos Rivera contra Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A., proceso en el cual mediante resolución número veintinueve, de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, se resuelve revocar la resolución número veinticinco, de fecha veintitrés de enero  de dos mil nueve, que rechaza la solicitud de embargo formulada por el demandante. En esa idea, reformando la resolución apelada, despachan ejecución. 

23. En relación a lo expuesto, la actora, afectada con el embargo de los emplazados,  invoca que se ha infringido su derecho constitucional al debido proceso sustantivo y adjetivo al disponer el Ad-quem la revocatoria impugnada, no obstante el marco de protección patrimonial dispuesto por las normas invocadas.  

24. En su apersonamiento de folios 83, el Procurador Público Dr. José Manuel Espinoza Hidalgo, pide que la demanda sea declarada improcedente, en vista de que no ha existido afectación alguna al debido proceso.

25. Importa para el caso de autos determinar la implicancia procesal de la resolución materia de cuestionamiento- obrante de folios nueve a diez- resolución del Ad-quem que dispone la procedencia de la medida de embargo solicitada por el actor. Del examen preliminar de dicha resolución, se advierte que si bien es cierto que la misma se ha expedido en forma regular y que el derecho de defensa ha sido respetado a lo largo del proceso, de otro lado debe valorarse la  decisión propia de los Vocales de preterir la aplicación de una norma especial sobre una norma general.

26. Las normas constitucionales, es pertinente señalarlo, observan diversas gradaciones en su efectividad, es decir, no pueden aplicarse tal cual en todos los casos; en concreto, las mismas no resultan absolutas. En el caso sub judice, este Ad-quem estima que sí ha existido una afectación sustancial del derecho de la actora en los términos expuestos en la demanda, en la medida que ha sido preterida una norma especial, cuyo mandato de protección patrimonial resultaba específico, frente a una norma general, sin un nivel de eficacia normativa vinculante, únicamente vinculada a la efectividad de una resolución.   

27. En términos de ponderación, debe pues estimarse que mayor es el peso de una norma especial de protección patrimonial frente a una disposición general de efectividad de resolución judicial, precisamente por la concurrencia de un mandato específico de protección patrimonial. En la sistemática antes aludida de Robert Alexy[7], debe pues establecerse que ambos derechos- a la propiedad (que es lo que en concreto pretende la emplazante) y a la efectividad de las resoluciones judiciales, sufren un nivel de intervención; sin embargo, cuanto mayor es el nivel de afectación o lesión del derecho a la efectividad de una decisión judicial, tanto mayor es el grado de satisfacción del derecho a la propiedad.

28. En ese orden de ideas, el nivel de lesión al derecho a la efectividad de una resolución judicial es mediano, en tanto que el nivel de afectación del derecho a la propiedad resulta intenso y de allí la necesidad de que resulte protegido el patrimonio de las empresas azucareras, evidentemente en forma temporal, hasta el vencimiento del término de vigencia de protección de las normas antes aludidas. Extinguido dicho término, estima este Ad-quem que resulta necesario efectivizar el mandato de ejecución respectivo.

29. Interpreta este órgano jurisdiccional, por tanto, que no es de mayor prevalencia la norma constitucional frente a la norma de rango legal en el caso sub litis, y que la ley veintiocho mil veintisiete comprende un régimen de protección  que debe ser observado. La naturaleza de la incompatibilidad no concluye en el aforismo de la jerarquía de leyes, pues existe ley autoritativa especial, como en el presente caso, que sin afectar la cosa juzgada, involucra un juicio de valor especial que debe prevalecer frente a un contexto general, interpretación que adopta este Colegiado dada la naturaleza de la ley autoritativa especial que suspende las ejecuciones de medidas cautelares respecto al patrimonio de las empresas de la industria azucarera hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez.

30. En ese orden de ideas, corresponde estimar la demanda, concediendo tutela a la pretensión principal solicitada en el sentido de estimar inaplicable la decisión de la Sala Laboral. A su vez, estando a que el órgano judicial emplazado ya emitió decisión, corresponde desestimar la pretensión accesoria de que se emita nueva resolución, pues la condición de resolución judicial inaplicable surte sus efectos en forma inmediata, consentida o ejecutoriada que resulte esta decisión.  

31. En adición a lo señalado, y en la vía de precisión que comprende el principio iura novit curia, del cual está investido este órgano constitucional, la afectación del derecho al debido proceso que alega la parte actora, debe entenderse como afectación al derecho a la propiedad.

32. Corrobora el criterio expuesto en esta decisión la posición asumida por el Tribunal Constitucional, en fallo que constituye doctrina jurisprudencial, en el exp. 579-2008-PA/TC, caso César Augusto Becerra Leiva, cuyos fundamentos jurídicos 33 y 34, al desarrollar el análisis de ponderación en sentido estricto  de la Ley de Protección Patrimonial, señalan lo siguiente:

“33. (…) tenemos que el grado de realización o satisfacción del objetivo propuesto por el legislador que en este caso, es lograr el desarrollo, reactivación y saneamiento económico y financiero de las empresas agrarias azucareras, así como la promoción del empleo y la disminución de la pobreza, disponiendo para ello la suspensión temporal de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y ejecución de sentencias resulta ser elevado, en la medida que sin dicha medida el objetivo constitucional no sería posible de realizar, en la medida que una empresa cuyos bienes se encuentran próximos a ser ejecutados difícilmente podría conseguir las alianzas económicas necesarias para su reactivación. Esto muestra que con una leve intervención en el ámbito del derecho a la ejecución de las sentencias, se logra por otro lado un grado de satisfacción elevado a favor de los derechos y fines constitucionales a los que busca proteger la medida de protección legal de la industria azucarera en el norte del país.

34. Cuando es posible establecer de manera racional que una medida de restricción de baja o leve intensidad logra niveles de satisfacción altos o elevados, la conclusión que resulta es que el medio empleado (ley) ha pasado el test de proporcionalidad y debe considerarse que estamos ante una restricción legítima desde la perspectiva constitucional”.

33. En atención a lo expresado y sin perjuicio del criterio de independencia que implica el derecho de los emplazados a expresar un juicio de valor en forma distinta al del suscrito, muy respetuosamente estima este Ad quem que se ha producido una afectación constitucional al derecho de propiedad de la emplazada. Por tanto, corresponde estimarse la pretensión formulada.  

 

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, de conformidad con los artículos 139 inciso 3 de la Constitución Política del Estado, II del Título Preliminar y 4 del Código Procesal Constitucional, la Sala Especializada en Derecho Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, administrando Justicia a nombre de la Nación, FALLA DECLARANDO FUNDADA EN PARTE la acción de amparo interpuesta por la EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A. contra los JUECES SUPERIORES DE LA SALA LABORAL DE CHICLAYO, DOCTORES LUCÍA ESTHER DEZA SÁNCHEZ Y JUAN DE LA CRUZ RÍOS, contra el PROCURADOR PÚBLICO A CARGO DE LOS ASUNTOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL y contra MAGNO ENRIQUE RÍOS RIVERA, en consecuencia INAPLICABLE la resolución a la demandante la resolución número veintinueve de fecha veinticuatro de abril de dos mil nueve, emitida en el Proceso 2006-220, sobre Pago de Remuneraciones, seguido por Magno Enrique Ríos Rivera contra la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A.; DECLARA IMPROCEDENTE la petición de que se ordene a los Magistrados demandados, emitan nueva resolución; consentida o ejecutoriada que sea la presente, publíquese en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley.   

Sres.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

 

 

 

 

 

VOTO SINGULAR DEL SEÑOR HUANGAL NAVEDA, es como sigue:

Por los fundamentos del voto del Señor Ponente, y considerando además:  

1. El caso materia de pronunciamiento propone que existe una norma constitucional como la contenida en el artículo 24 de la Constitución que establece como derecho del trabajador “El pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tienen prioridad sobre cualquier obligación del trabajador”. Esta norma debe prevalecer frente a la normatividad protectora de las empresas agrarias azucareras que se viene prologando durante varios años y que también ha sido extendida hasta el 31 de de diciembre de 2010.   

2. El Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 579-2008-PA/TC ha advertido y mostrado su preocupación sobre las afectaciones que se vienen produciendo con las sucesivas e indeterminadas prórrogas de la Ley de Protección Patrimonial, como lo expone en sus fundamentos 28 y 29, cuyo texto se glosa:

 

“El Tribunal destaca en este punto la temporalidad de la medida de suspensión de ejecución, pues si bien ésta se ha venido postergando en más de una ocasión, el artículo 1° de la Ley 28885, ha cerrado el plazo hasta el 31 de diciembre de 2008 (…). El Tribunal considera en este sentido que una nueva prórroga burlaría el examen que realiza este Tribunal en este punto, pues resultaría probado que las medidas de prórroga no son medidas eficaces para lograr la finalidad que pretende el legislador, esto es, el reflotamiento y reactivación de referidas empresas agroindustriales. En otros términos, una nueva prórroga en los mismos términos y  respecto de los mismos supuestos que acompañan a este caso, resultaría nulo ab initio por ser entonces una medida absolutamente innecesaria por inútil y significaría una intolerable postergación de los efectos de una sentencia que ya no tendría justificación alguna para no ser cumplida”, y agrega, que “Ello supone desde luego, que dada la problemática social que está detrás del presente caso, al cumplirse el plazo ya improrrogable de suspensión del cobro de acreencias de las referidas empresas, sin que éstas hayan reflotado y estén en condiciones de afrontar sus deudas, el legislador puede intervenir, esta vez, para garantizar un adecuado orden de pago de dichos créditos, exigiendo para el efecto que sean las propias empresas quienes alcancen un cronograma razonable de cumplimiento de obligaciones, sin dejar en suspenso los mandatos judiciales, los que deben cumplirse en sus propios términos y en base al cronograma que debe respetar las prelaciones que ordena la propia Constitución en su artículo 24 a efectos de no dejar impago bajo ninguna circunstancia, los créditos laborales o previsionales”.

3. El artículo tercero de la Ley 29299, que concede la última prórroga considera la obligación empresarial de presentar un cronograma que priorice los pagos de remuneraciones y beneficios sociales, de conformidad con el artículo 24 de la Constitución del Estado.   

Por las razones expuestas, me adhiero al voto que declara Fundada la demanda de amparo propuesta. 

Sr.

Huangal Naveda

 

VOTO SINGULAR DEL SEÑOR CARRILLO MENDOZA, es como sigue:

Me permito exponer lo siguiente:

1. Conforme con lo dispuesto por el artículo 200, inciso segundo de la Constitución Política del Estado, la garantía constitucional de amparo, procede contra el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos constitucionales distintos a los que obtienen protección a través del hábeas corpus y amparo. Por su parte, el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que la desarrolla señala que la finalidad del precitado proceso constitucional es resguardar tales derechos reponiendo las cosas al estado anterior a su violación o amenaza de violación.

2. Del análisis de los argumentos esgrimidos por el actor en el contexto de las normas legales invocadas fluye que el Estado, con el propósito de permitir la reactivación y saneamiento económico de las empresas agrarias que realizan actividades agrícolas y/o agroindustriales, promulgó el Decreto Legislativo N° 802, iniciando así un sostenido programa destinado a la materialización de mecanismos legales y financieros para el logro de ese objetivo. Contexto en el cual a través de diversas normas legales (Leyes y Decretos de Urgencia) que se han sucedido en el tiempo, tales como, la Ley de la Actividad Empresarial de la industria azucarera N° 28027 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 127-2003-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2005-EF, Leyes N° 28288, 28662, 28885 y finalmente la N° 29299, ha implementado un régimen de protección patrimonial para aquellas empresas agrarias azucareras en las “que el Estado tiene participación accionaria y que, … no hayan transferido más del cincuenta por ciento del capital social ya sea mediante venta de acciones o emisión de nuevas acciones”  (artículo 4 de la Ley 28027).

3. Estando a los argumentos esgrimidos por la parte demandante, el Colegiado está en el imperativo de establecer si la empresa actora cumple las condiciones impuestas por la norma invocada, que permita deducir su se encuentra o no en el supuesto del citado régimen patrimonial que impida adoptar medidas cautelares o ejecutivas afectando su patrimonio.

4. Al respecto, con la Carta N° 001-2009/OSR-INDECOPI, de fecha 19 de enero de 2009, mediante la cual el encargado de la Oficina de Supervisión del Régimen de Protección Patrimonial – Ley N° 29299, de folios 14, comunica a la emplazada que el Estado aún es titular del 32.88% de las acciones del Capital Social de la empresa y, la Carta N° 004-07-D-JAGM-POM, de 18 de enero de 2007, de folios 8, por la cual la empresa demandada hace entrega del Programa de Reflotamiento Empresarial de su representada a la Oficina de Planificación del Ministerio de Agricultura, se acredita que la empresa demandante se encuentra en el supuesto previsto por el artículo 4° de la Ley 28027. En consecuencia, no proceden contra ella los embargos preventivos o definitivos en forma de inscripción sobre sus inmuebles o muebles registrables. Aún cuando las garantías reales, continuarán inscritas, pero no podrán ser materia de ejecución, menos aún de acción administrativa (concurso) que tienda a la afectación de su patrimonio. Razones atendibles que conducen a estimar la pretensión propuesta por la empresa accionante.

5. Del análisis de los fundamentos que sustentan la demanda, las respectivas contestaciones de la misma y las normas involucradas en el asunto se aprecia que en el caso sub judice está de por medio el conflicto de dos bienes de naturaleza constitucional; por un lado, se encuentra el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales como manifestación del derecho a la tutela procesal efectiva del que pretende se ejecute la sentencia obtenida en el proceso laboral; y de otro, el interés público que resguarda la Ley N° 28027, que limita la materialización de la resolución judicial acotada; por lo que, es del caso ponderar los derechos y bienes constitucionales en conflicto.

6. Al respecto, el artículo 4° del Código Procesal Constitucional entiende como tutela procesal efectiva a aquélla situación jurídica de una persona en la que se respeten, de modo enunciativo sus derechos a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales. En ese sentido, el Tribunal Constitucional sobre el derecho a la ejecución de resoluciones señala: “El derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiera lugar a ello, por el daño sufrido” (Expediente N° 0015-2001-AI, 0016-2001-AI y 004-2002-AI. Fundamento Jurídico N° 11). En ese sentido ha sostenido que “tutela jurisdiccional que no es efectiva no es tutela”, y  reiterando la íntima vinculación entre tutela y ejecución precisa que, “el derecho al cumplimiento efectivo y, en sus propios términos, de aquella que ha sido decidido en el proceso, forma parte inescindible del derecho a la tutela jurisdiccional a que se refiere el artículo 139.3 de la Constitución” (STC 4119-2005-AA/TC FJ. 64).

En ese orden de ideas, el accionante del proceso laboral tiene un derecho de rango constitucional a que la sentencia que reconoce el pago de sus remuneraciones que ha obtenido en un proceso regular se materialice.

7. Sin embargo, también es cierto que el Estado, en el marco del programa de reflotamiento de las empresas agrarias azucareras, ha implementado mecanismos legales con el objeto de proteger el patrimonio de tales empresas con el propósito de lograr su recuperación económica y financiera mediante las cuales limita, entre otras, la ejecución de las sentencias con la autoridad de cosa juzgada que implique atentar contra la intangibilidad del patrimonio de estas empresas.

La limitación al derecho anotado del demandante de esos autos del fuero laboral se sustenta en la protección de un bien de rango constitucional como es el interés laboral.

El bien jurídico interés social comprometido y que es objeto de protección se sustenta, según el artículo primero del Decreto de Urgencia N° 802, en la necesidad del Estado de “propiciar el desarrollo de la industria azucarera nacional independientemente de la modalidad de la organización empresarial y composición accionaria promoviendo la inversión de esta actividad a fin de generar empleo, disminuya la pobreza, participe activamente en el desarrollo regional, la generación de ingresos tributarios, seguridad alimentaria, ahorro e incremento de divisas y el desarrollo de actividades agroindustriales”. Es decir, como señala el Tribunal Constitucional “los objetivos del legislador al promover la Ley 28027 que se proyectan al desarrollo de la industria agraria azucarera, la promoción del empleo y la disminución de pobreza, constituyen fines constitucionalmente legítimos y que por tanto constituyen razones atendibles que autorizan su actuación” (Expediente N° 579-2008-PA/TC FJ N° 24).

8. El máximo órgano de control de la constitucionalidad, en el expediente acotado precedentemente, ha interpretado que la Ley 28027, que establece la intervención en el ámbito de la cosa juzgada que ordena el pago de obligaciones dinerarias a favor de los acreedores de las empresas agrarias azucareras, al pasar el test de proporcionalidad, se encuentra justificada desde la perspectiva constitucional; en consecuencia, la actuación de los órganos judiciales emplazados, al no ajustarse a los lineamientos establecidos por dicho órgano constitucional, no garantizan la vigencia de los derechos fundamentales a lo que aspira el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional como fines de los procesos constitucionales.

9. Siendo esto así, al ampararse la presente demanda no se afecta el derecho que tiene el demandado “a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales”.

Razones atendibles que conducen a adherirme al Voto del Señor Ponente.

Sr.

Carrillo Mendoza


[1] ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil. Trotta, Madrid, 1995. Pág. 14.

[2] BERNAL PULIDO, Carlos. “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales”. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso. 2do nivel. Pág. 87.

[3] BERNAL PULIDO, Carlos. Op. cit. Pág. 87.

[4] STC N.° 6712-2005-HC/TC. Lima. Caso Magaly Jesús Medina Vela y  Ney Guerrero Orellana.

[5]     Schneider (State Interest Analysis in Fourteenth Amendment ‘Privacy’ Law), Cit. Por Pablo Lucas Murillo de la Cueva. El Derecho a la Intimidad. En: “Revista Jurídica del Perú”. Trujillo, Año XLVIII, N. º14 (Ene. – mar. 1998). Pág. 92.

[6]   CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional. Palestra. Segunda edición 2006. Pág. 246.

[7] ALEXY ROBERT. Teoría de los Derechos Fundamentales., cit, nota 7, pp. 90 y ss.

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Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI