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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento

6 agosto, 2010

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 2006-6768

DEMANDANTE: MARITZA UGAZ PONCE

DEMANDADO: ESSALUD

MATERIA:CUMPLIMIENTO

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo,  a los 12 días del mes de mayo de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recursos de apelación interpuestos por ESSALUD LAMBAYEQUE y la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, contra la sentencia de fecha 17 de octubre de 2008, que DECLARA FUNDADA la demanda de cumplimiento de autos.

 

ANTECEDENTES

Con fecha 11 de agosto de 2006, la recurrente Maritza Isabel Ugaz Ponce interpone proceso de cumplimiento solicitando su reincorporación inmediata en el puesto de trabajo que venía desempeñando como Auxiliar de Servicios Generales en el Hospital Nacional Almanzor Aguinada Asenjo, cargo del que fue irregularmente cesada durante el Gobierno de Alberto Fujimori Fujimori. Ello en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 27803, modificada por Ley 28299 y el artículo 9 del D.S. N° 014-2002-TR, así como en las demás normas legales modificatorias y complementarias.

La entidad demandada por escrito de folios 87 a 119, absuelve el traslado de la demanda, solicitando sea declarada improcedente en mérito a que la pretensión planteada versa sobre asuntos de naturaleza administrativa, la cual debe ventilarse en el proceso contencioso administrativo, en el cual se pueden actuar medios probatorios susceptibles de cuestionamiento. Por su parte, el Procurador Público Ad Hoc del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Seguro Social de Salud – Essalud hacen lo propio en sus escritos de folios 134 a 137 y 170 182, respectivamente.

El Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, de folios 287 a 294, declara fundada la demanda, por considerar que la norma acotada es un supuesto de acto administrativo, cuyos alcances ya han sido establecidos oportunamente, conteniendo un mandato lo suficientemente claro, expreso e inobjetable, cuyo cumplimiento debe formularse en forma directa.

La Red Asistencial de Lambayeque – Essalud  la Procuraduría Pública del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo interponen recurso de apelación contra lo resuelto por el A-quo (según es de verse de los escritos de folios 311 y 318, respectivamente).

 

FUNDAMENTOS

 

§ Fundamentos del proceso de cumplimiento

1. Desde la entrada en vigencia del Código Procesal Constitucional CPC, se establece la aplicación procesal orgánica de distintos procesos constitucionales, los cuales, antes de la herramienta procesal que implica el nuevo Código adjetivo, eran regulados por leyes dispersas. Uno de los nuevos procesos incursos en nuestro sistema procesal constitucional, es precisamente el proceso de cumplimiento. La institución que más se le asemeja es el Writh of Mandamus, remedio jurídico que se interponía contra el abuso del poder estatal que se negaba a ejecutar o hacer algo de su competencia. Hoy en día, la Corte Suprema de EE.UU. se encuentra facultada para dictar mandatos contra cualquier autoridad o funcionario estatal, siendo el antecedente latinoamericano más cercano de esta institución la Constitución Colombiana de mil novecientos noventa y uno, la cual refiere en su artículo ochenta y siete que la acción de cumplimiento procede para hacer efectivo una ley o un acto administrativo.

2. A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional en la sentencia del proceso de cumplimiento derivada del expediente número 168-2005-PC/TC publicada en el diario oficial “El Peruano” el día 07 de de octubre de 2005, ha precisado que, para que el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto administrativo sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

a) ser un mandato vigente;

b) ser un mandato cierto y claro,

c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares,

d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento,

e) ser incondicional,

 f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante.

 

§ Sobre las reincorporaciones ordenadas por la Ley 27803

3. Según el artículo once de la Ley 27803, cuyo cumplimiento se exige, se ordena la reincorporación de aquellos trabajadores que fueron cesados irregularmente a sus puestos de trabajo o su reubicación en cualquier otra entidad del Sector Público y de los Gobiernos Locales estableciendo como únicas condiciones para tal efecto:

(a) se trate de ex-trabajadores de las entidades del Estado comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada ley, cesados irregularmente u obligados a renunciar compulsivamente, según lo determinado por la Comisión Ejecutiva creada en virtud de su  artículo 5; y,

(b) la existencia de plazas presupuestadas vacantes de carácter permanente generadas a partir del dos mil dos hasta la conclusión efectiva del programa extraordinario de acceso a beneficios.

4. Asimismo, el  artículo noveno del Decreto Supremo N° 014-2002-TR,  señala que una vez registrados los ex – trabajadores en el Registro Nacional de  Trabajadores Cesados Irregularmente, las entidades con recursos propios podrán ejecutar el Programa (de beneficios entre los cuales se encuentra la reincorporación) de manera inmediata con cargo al reembolso que hará el Ministerio de Trabajo y  Promoción del Empleo con los fondos transferidos del FEDADOI. Añade el citado dispositivo que para el efecto acotado, el representante de la entidad involucrada deberá solicitar al Registro la relación de los Ex – trabajadores afectados de su respectiva entidad, precisando que ejecutarán la medida directamente y que una vez  remitida la relación por dicha dependencia, los ex – trabajadores involucrados quedarán automáticamente excluidos del Programa a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo; en tanto que,  de acuerdo con su artículo once es requisito  fundamental para la ejecución del Programa de acceso a los beneficios, entre otros, de reincorporación, la inscripción de los  ex – trabajadores cesados irregularmente inmersos en el  ámbito de la ley  en el Registro Nacional de Cesados Irregularmente.

5. Debemos tener presente, de la misma forma, que la Ley N° 29059 expedida por el Parlamento Nacional para auspiciar una Cuarta Lista o relación de Extrabajadores Cesados Irregularmente, establece de manera expresa, clara y contundente que: “El acceso y goce a los beneficios del Programa Extraordinario no podrán ser restringidos ni limitados por el cumplimiento de requisitos o supuestos similares, incluyendo la realización de procesos de selección, evaluación o actos análogos, siendo únicamente indispensable encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores cesados irregularmente..”.

 

§ Análisis del caso concreto

6. En el presente caso, conforme con la Resolución Suprema N° 059-2003-TR, del 26 de marzo de 2003, la demandante ha acreditado encontrarse en la lista de  trabajadores cesados irregularmente, ubicada en el número 7304, conforme aparece a folios cuatro y cinco, así como haberse acogido al beneficio de la reincorporación y reubicación laboral (folios seis a siete).

7. Siendo esto así, al concurrir las condiciones impuestas para la materialización de la norma legal cuyo cumplimiento se exige, la renuencia mostrada por la referida justiciable -ESSALUD- a dar cumplimiento a la norma legal invocada  carece de la más mínima justificación, por lo que, la pretensión planteada deviene atendible.

8. En consecuencia, al no solo encontrarse la actora inscrita en el Registro Nacional de Ex – Trabajadores Cesados Irregularmente, se determina la renuencia de la emplazada de no acatar la norma legal acotada, más aún si conforme indicamos en el considerando cinco de esta decisión, ya no cabe formular objeción respecto a la disponibilidad de las plazas presupuestales o que no existan plazas suficientes.

9. Bajo esta pauta, las apelaciones de las impugnantes, de folios 311 a 326, no desestiman el argumento de rigor de la Ley 29059, que en suma, implementa los aspectos procedimentales de ejecución de las reincorporaciones de trabajadores cesados irregularmente sin fijar exigencias previas o requisitos a satisfacer.

 

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia de autos, que DECLARA FUNDADA la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

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