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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus

6 agosto, 2010

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 2009-01939

AGRAVIADO: RICARDO LUPUCHE BARRANTES

DENUNCIADO: DIVANDRO

MATERIA: HABEAS CORPUS

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 18 días del mes de mayo de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Giomar Zalón Villacrés, Carlos Bances Benites y Julio Marín Ríos, contra la sentencia de fecha uno de mayo de 2009, que declara fundada la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

 Con fecha 30 de abril de 2009 don Pavel Vladimir Bonilla Cáceres, en su calidad de letrado, formula petición verbal de habeas corpus contra la señora Fiscal de la Policía de la Fiscalía Antidrogas de Chiclayo, a favor de su patrocinado Ismael Ricardo Lupuche Barrantes. Indica que el día 29 de ese mes y año, el favorecido fue detenido sin que exista flagrancia o detención judicial, implicándolo en el delito de tráfico ilícito de drogas y que ha sido recluido en los calabozos de la DIRANDRO. A su turno, el Juez de Investigación Preparatoria comprende como coprocesados a los ahora apelantes.

A folios 33 la Dra. María Ana Ley Tokumori, Fiscal de la Fiscalía Antidrogas de Chiclayo, se apersona al proceso y alega que no ha existido acto de detención arbitraria por cuanto el favorecido fue detenido en flagrante delito.

La apelada declara fundada la demanda y centra su razonamiento esencialmente en que: a) No existe documento que demuestre fehacientemente que se puso en conocimiento de manera inmediata a la Fiscalía Antidrogas, tampoco al Juzgado de Garantías de Chiclayo, respecto a la intervención policial contra el favorecido; b) Que existe discrepancia entre el acta de intervención policial, solo suscrita por el instructor con lo descrito en el acta de intervención y registro personal, así como tampoco con el acta de recojo y comiso de droga; c) Que se ha afectado el principio de proporcionalidad y de necesidad al intervenir a una persona  cuya acta de registro personal arrojó negativo para drogas, por lo cual no resulta razonable se prive de su libertad al favorecido; d) Que ha existido un exceso de celo policial que conllevó a afectar el derecho fundamental a la libertad del favorecido; e) Que no existe responsabilidad de la Fiscal Antidrogas por tratarse de una actuación eminentemente policial. 

La apelación de folios 94 a 101 centra sus fundamentos, sustancialmente, en que: a) El juez no señala con claridad en qué consisten las incoherencias entre los documentos reseñados; b) Que por acciones de inteligencia operativa policial se tuvo conocimiento que dos personas estarían dedicándose a la microcomercialización de drogas en Pomalca, y constituida la Policía en dicho lugar, uno de las  personas ubicadas- quien resultó ser el favorecido- se dio a la fuga al notar la presencia policial,  arrojando las especies que portaba en distintas direcciones; c) Que sí se dio cuenta a la Fiscal Antidrogas telefónicamente  respecto a la intervención producida; d) Que la intervención de la Policía se ha producido en forma regular al existir un caso de flagrancia delictiva.

 

FUNDAMENTOS

 

§ Pasos para una evaluación procedimental de los procesos de habeas corpus

1. El Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia 06218-2007-PHC/TC caso Víctor Esteban Camarena, en relación a los pasos de evaluación conjunta del proceso de habeas corpus, lo siguiente:

“ F.J. 3.  (…) Este Tribunal considera que la aplicación de la causal de improcedencia (…) debe ser examinada en tres pasos de evaluación conjunta:

a. E primer lugar, el juez constitucional debe identificar el derecho o derechos que expresa o implícitamente podrían verse afectados por los actos arbitrarios que son demandados. En esta actividad el juez, conforme a la obligación constitucional de protección de los derechos fundamentales, debe dejar de lado aquellas interpretaciones formalistas y literales sobre los derechos presuntamente afectados para dar paso a la búsqueda e identificación de aquellos otros derechos fundamentales, que si bien no hubiesen sido mencionados expresamente en la demanda, son plenamente identificables desde una lectura atenta de los hechos contenidos en la demanda.

b. En segundo lugar, el juez constitucional debe identificar la verdadera pretensión del demandante. Para ello debe tenerse presente no solo el petitorio sino también todos los hechos alegados en la demanda, es decir, que la demanda debe ser examinada en su conjunto.

c. En tercer lugar, el juez constitucional deberá analizar si la verdadera pretensión del demandante forma parte del contenido constitucionalmente protegido de algunos de los derechos fundamentales que son objeto de tutela del proceso de hábeas corpus. Si la pretensión no busca proteger tal contenido, la demanda debe ser declarada improcedente.”

 

§ Restricciones constitucionales respecto a la libertad personal  

2. El Tribunal Constitucional ha señalado en la STC 02141-2007-HC/TC caso Franz García, lo siguiente:

“F.J. 3. El derecho a la libertad personal, como todo derecho fundamental, no es absoluto; el artículo 2º, inciso 24), ordinales “a” y “b”, establece que está sujeto a regulación, de modo que puede ser restringido o limitado mediante ley. A tal efecto, los límites que puede imponérsele son intrínsecos y extrínsecos; los primeros se deducen de la naturaleza y configuración del derecho en cuestión, mientras que los segundos provienen del ordenamiento jurídico, cuyo fundamento se encuentra en la necesidad de proteger o preservar otros bienes, valores o derechos constitucionales. 

4. Al respecto, este Tribunal ha sostenido en reiterada jurisprudencia que la detención judicial preventiva es una medida provisional que limita la libertad física, pero no por ello es, per se, inconstitucional, en tanto no comporta una medida punitiva, ni afecta la presunción de inocencia que asiste a todo procesado y, legalmente, se justifica siempre y cuando existan motivos razonables y proporcionales para su dictado. En tal sentido, tanto la resolución que decreta el mandato de detención como su confirmatoria deben cumplir con la exigencia de la motivación de las resoluciones judiciales. 

5. En este orden de ideas, resulta imprescindible destacar, como se hizo anteriormente en la sentencia recaída en el expediente N.° 1291-2000-AA/TC, fundamento 2, que “[l]a Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión”.

6. El artículo 135º del Código Procesal Penal establece que para el dictado de la medida cautelar de detención es necesaria la concurrencia simultánea de tres presupuestos: a) que existan suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito doloso que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo (…); b) que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de libertad (dispositivo legal vigente al momento de haberse dictado la medida coercitiva cuestionada en los autos), y c) que existan suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria. 

7. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado en la sentencia recaída en el expediente N.° 1091-2002-HC/TC, caso Vicente Ignacio Silva Checa, que la justicia constitucional no es la competente para determinar la configuración de cada presupuesto legal que legitima la adopción de la detención judicial preventiva, lo cual es tarea que compete a la justicia penal ordinaria; sin embargo, sí es su atribución verificar si estos presupuestos concurren de manera simultánea y que su imposición sea acorde a los fines y el carácter subsidiario y proporcional de dicha institución, lo que debe estar motivado en las resoluciones que se cuestiona.” 

 

§ Sobre la relevancia de la prueba en materia penal 

3. A juicio de este Colegiado, la prueba penal no debe cumplir solo una función de persuasión, sino un enfoque fundamentalmente dialógico, es decir, que permita verificar los criterios de racionalidad que la misma involucra. En tal sentido, las premisas fácticas de un contexto penal exigen no solo la configuración de la prueba como tal, sino que no existan problemas de calificación de la misma. Habilitada la premisa fáctica, la proposición normativa podrá cumplir eficazmente su papel en el rango de una validez formal, es decir, si la regla es aplicable al caso de autos, o bien en el rango de la concurrencia de principios, salvando los necesarios problemas de colisión que usualmente el conflicto jurídico complejo genera.

4. Lo antes expuesto nos conduce, en el plano judicial de resolución de conflictos penales, a que la prueba deba resultar convincente, que su examen no debe resultar aislado y que las razones que sustentan la resolución, sean sólidas. Dicho exigible ejercicio de coherencia no solo deviene imputable al juzgador, sino también a las partes que postulan las pretensiones. Bajo esta reflexión, si la parte que postula la pretensión no aporta elementos de juicio convincentes, indefectiblemente se deberá declarar infundada la pretensión. 

 

§ La ponderación de intereses

5. La ponderación, como método de resolución de controversias en sede constitucional, presupone un conflicto o una colisión entre derechos fundamentales. Al respecto debemos precisar, conforme señala Carlos Bernal Pulido[1]: “Que los ordenamientos jurídicos no están compuestos exclusivamente por reglas, como señalaba Kelsen, para quien la única manera de aplicar el derecho era la subsunción (…) A partir de las investigaciones de Dworkin en el mundo anglosajón y de Alexy en el germánico, se suman los principios y la ponderación. La ponderación es la manera de aplicar los principios y de resolver las colisiones que pueden presentarse entre ellos y los principios o razones que jueguen en sentido contrario.

6. Prosigue el mismo autor: “Dworkin  señala que los principios están dotados de una propiedad que las reglas no conocen: el peso. Al ponderarse, se establece cuál principio pesa más en el caso concreto. El principio que tenga un mayor peso será el que triunfe en la ponderación y aquel que determine la solución par el caso concreto. (…) La ponderación es entonces la actividad consistente en sopesar dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas. La  estructura de la ponderación queda así integrada por la ley de ponderación, la fórmula del peso y las cargas de argumentación. “(Énfasis agregado).

7. Por la ley de la ponderación, asumimos que: “Cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”. A su vez, con la fórmula del peso, Robert Alexy refiere que a los principios se les puede atribuir un valor en la escala triádica: leve, medio, intenso. Ejemplo: en un caso de transfusión urgente de sangre, el peso del derecho a la vida es mayor que la convicción religiosa de no recibir una transfusión.

8. Finalmente, las cargas de argumentación operan cuando existe un empate entre los valores que resultan de la aplicación de la fórmula del peso. En relación a los límites de la ponderación, debemos señalar que no existe un criterio objetivo para determinar los valores determinantes del peso que tienen los principios en la ley de ponderación y que conforman la fórmula del peso. El peso abstracto es una variable muy singular, que remite siempre a consideraciones ideológicas y hace necesaria una toma de postura por parte del intérprete.

9. La propuesta doctrinal entonces involucra objetivamente que el intérprete constitucional aprecie una colisión de  derechos y que uno de ellos prevalezca sobre el otro.

 

 

§ Desarrollo jurisprudencial del principio de proporcionalidad

10.  Señala el Tribunal Constitucional en la STC 0579-2008-PA/TC caso Becerra Leyva lo siguiente:

Aplicación del test de proporcionalidad

F.J. 25. Tal como lo ha establecido este Colegiado, el test de proporcionalidad incluye, a su vez, tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos establecido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar; en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone, como hemos señalado, verificar si existen medios alternativos al adoptado por el legislador. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro.” 

11. Resulta importante advertir entonces que en tanto la ponderación concierne a la dilucidación de derechos fundamentales en perspectiva general, la técnica del test de proporcionalidad, asumiendo características similares, alude necesariamente a involucrar a un órgano público en tanto supuesto de desproporción respecto de las facultades del poder público frente a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

 

 

§ Análisis del caso concreto

12. Resulta importante, en el análisis del caso específico sometido a nuestro conocimiento, delimitar el contexto del fallo a emitir en la medida que la decisión del juez constitucional tiene por objeto, en cualesquiera condiciones de supuesta afectación de la libertad personal, específicamente en los procesos de habeas corpus, determinar la incidencia de la imputada afectación a la libertad personal desde el ámbito del Derecho Constitucional y no del Derecho Penal, y éste es propiamente el baremo de acción para decidir la presente controversia. En tal sentido, no puede el juez constitucional pronunciarse sobre los elementos de determinación probatoria a aplicarse propiamente en el ámbito penal, sino circunscribirse a los elementos interpretativos que brinda el Derecho Constitucional en todo su ámbito interpretativo de valoración de los derechos fundamentales de las personas, más aún en el caso de la libertad personal y a este efecto tendremos en cuenta los supuestos de la sentencia 06218-2007-PHC/TC, reseñada en el acápite 1 de esta decisión.

13. En el caso sub judice, resulta un elemento de valoración trascendente determinar si la acción de la Policía Antidrogas en la detención del favorecido se ha producido dentro de un contexto regular y respetuoso de los derechos fundamentales. Y si así no fuere, entonces podríamos interpretar que ha habido afectación de la libertad personal y correspondería confirmar la apelada, más aún si el accionar de la Policía se inscribiera dentro de una arbitrariedad manifiesta y sin observancia del derecho a la libertad personal.

14. En esa línea de razonamiento ¿puede calificarse que la inobservancia de ciertos requisitos en la detención policial, implique calificar una detención como arbitraria? A juicio de nosotros, no. En el devenir incesante de la doctrina constitucional de los derechos fundamentales y propiamente en cuanto se refiere a la necesaria ponderación de derechos, el estudio interpretativo impugnado por Robert Alexy, según referencia anterior, así como la doctrina establecida por el supremo intérprete de Karlsruhe, ha permitido discernir los grados de afectación de los principios involucrados  en un examen constitucional de la ponderación de intereses, o bien del test de proporcionalidad en la medida que se valore el grado de intervención de un ente representativo del poder estatal.

15. Nos explicamos. A juicio de este Colegiado, la libertad personal del favorecido constituye un bien jurídico cuya tutela no podemos excluir a la luz de cualquier intensidad de intervención de su manifestación subjetiva y objetiva. De otro lado, el principio de autoridad y en especial, la potestad de intervención de la Policía Antidrogas, constituye una expresión de la potestas del Estado para reprimir las conductas de contenido penal contrarias al ordenamiento jurídico.

16. En consecuencia, deviene necesaria la ponderación de estos principios pues en pugna se encuentran, a juicio nuestro, situaciones que involucran la afectación de principios y no reglas. Si el presente asunto se circunscribiera a una formulación normativa de tipo positivista o a un esquema de validez formal, que implicara la subsunción del problema en una o varias reglas o normas, con certeza la solución del problema sería inmediata, sin mayor connotación de caso difícil, conforme define Dworkin[2].

17. De cara a un caso difícil, entonces, tiene lugar un análisis ponderativo que es necesario enunciar en términos de valoración de la conducta del cuerpo policial que intervino en la conducta que ahora se juzga, bajo los subexámenes de idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto.

18. Examen de idoneidad: En el análisis sub litis debemos determinar, como hemos señalado, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada a la finalidad que se busca tutelar. Así debemos cuestionar: ¿Era idónea una intervención policial frente a un posible accionar de microcomercialización de drogas? A juicio de este Ad-quem sí era idónea la intervención de la autoridad policial, o restricción en el derecho de libertad del favorecido, pues se busca tutelar el bien jurídico seguridad pública. Más aún, la conducta de la Policía se adecúa a la lucha contra la delincuencia en todas sus formas.  

19. Examen de necesidad: Corresponde aquí verificar si existen medios alternativos al adoptado en la conducta sometida a control, es decir, ¿era necesaria una medida menos lesiva que la detención del favorecido en un contexto en el cual previsiblemente pudiera éste, asumiendo como cierto su intento de fuga como tal, que lanzara la droga que fue objeto de intervención? La única medida menos lesiva pudo haber consistido en una medida menos coercitiva que la detención. Sin embargo, dada la concurrencia de ciertas agravantes- intento de fuga, desapoderamiento de la droga antes de la intervención y antecedentes policiales- estimamos que la disposición aplicada  por la Policía se ciñó a las circunstancias ocurridas. Entonces, el accionar policial sometido a control supera el examen de necesidad.

20. Examen de ponderación en sentido estricto. Corresponde aquí medir los grados de afectación de los derechos en pugna, exigiéndose que la afectación del derecho a ponderar mejor, sea mayor que el derecho con menor ponderación. Aquí resulta conveniente precisar, a juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, que sí existe afectación de la libertad personal del favorecido pero no en grado elevado sino medio, pues concurre de un lado, un conjunto de circunstancias que en apariencia denotan una aclaración de su presunta responsabilidad. Pero a su vez, tanto mayor sería la afectación al principio de la potestad de intervención de la Policía frente a conductas eventualmente sancionables, si amparamos la demanda, más aún cuando podemos presumir a priori que la autoridad cumple sus responsabilidades con seriedad y responsabilidad.

21. Convenimos con el A-quo con relación a que efectivamente pueda no  existir documento que demuestre fehacientemente que se puso en conocimiento de manera inmediata a la Fiscalía Antidrogas, tampoco al Juzgado de Garantías de Chiclayo, ( argumento materia de contradicción por los emplazados), respecto a la intervención policial contra el favorecido, o bien que existan discrepancias entre el acta de intervención policial, solo suscrita por el instructor con lo descrito en el acta de intervención y registro personal, así como con el acta de recojo y comiso de droga. Sin embargo, ¿no son estos elementos de valoración penal los que deberán definirse al interior del proceso penal y que en su oportunidad acarrearán, de verificarse así, la improcedencia de la demanda o que la misma resulte infundada? ¿Debe acaso el juez constitucional entrar a analizar elementos de valoración contextual definitivamente de orden penal? Estimamos que no en la medida que el tema de relevancia de la prueba penal generada en este caso, bajo la perspectiva de los derechos fundamentales, no involucra un problema de relevancia sino que razonablemente conduce a estimar que la coerción de libertad personal se ha aplicado en un contexto de represión penal, quedando el favorecido en la opción de ejercitar los recursos penales contradictorios a que hubiera lugar.  

22. De otro lado, reviste cierta razonabilidad que el A-quo observe que se ha afectado el principio de proporcionalidad y de necesidad al intervenir a una persona cuya acta de registro personal arrojó negativo para drogas, o bien en su criterio mejor argumentado, que ha existido un exceso de celo policial. No obstante lo acotado y conforme a las interrogantes anteriores así como las circunstancias concurrentes de responsabilidad en la intervención del favorecido, ¿no son igualmente estos criterios de valoración definibles y estimables en la sede penal donde con propiedad se desarrollarán los exámenes de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad? Este Colegiado estima que sí en tanto la restricción de libertad del favorecido observa de modo mínimo pero suficiente los lineamientos de la sentencia STC 02141-2007-HC/TC antes acotada respecto a las intervenciones de control que no resultan sustancialmente violatorias de la libertad personal.  

23. Son nuestras conclusiones, entonces, que los argumentos de valoración desarrollados por el A-quo revisten un margen de razonabilidad pero con propiedad, ellos han de determinarse más propiamente en el ámbito penal propiamente dicho y no en la vía constitucional del habeas corpus. Hacerlo en esta vía, a juicio nuestro, implica una afectación de mayor grado al principio de autoridad que en conjunto proyecta su radio de acción a favor de toda la colectividad. Es nuestra posición que las conductas contrarias al ordenamiento penal deben ser objeto de sanción con observancia del principio de legalidad pero a su vez también de otros principios y derechos fundamentales que razonablemente exigen protección.

24. En la línea de lo expuesto, corresponde desestimar la demanda y no porque convengamos en que pudiera eventualmente acogerse un accionar policial arbitrario, lo que sin duda debe ser objeto de represión. Sin embargo, en el caso de autos, no se forma suficientemente una afectación evidente, manifiesta y sustancial de la libertad personal del favorecido, por lo cual no cabe emitir decisión de tutela urgente.   

 

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA la sentencia que declara fundada la demanda de autos; REFORMÁNDOLA, DECLARA INFUNDADA  la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] BERNAL PULIDO, Carlos. “La ponderación como procedimiento para interpretar los derechos fundamentales”. Materiales de enseñanza Derecho Constitucional de la Academia de la Magistratura. X Curso de Capacitación para el Ascenso 2do nivel. Pág. 87.

[2] DWORKIN, Ronald. “Los derechos en serio”. Editorial Ariel S.A. Pág. 146.

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