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Sentencias constitucionales penales. Prevaricato

11 agosto, 2010

 NOTA PREVIA: En las sentencias penales en este blog omitiremos nombres por una cuestión de consideración de la reserva del proceso penal 

 

PRIMERA SALA PENAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 02-2008     

PROCESADO: ………………………………………

AGRAVIADO: EL ESTADO

DELITO: PREVARICATO Y ENCUBRIMIENTO PERSONAL

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 15 del mes de marzo de 2010, la Primera Sala Penal de Lambayeque, integrada por los Magistrados García Ruiz, Figueroa Gutarra y Ravines Zapatel, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por ……………………………… contra la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2009, que CONDENA al acusado como autor de los delitos de prevaricato y encubrimiento personal agravado, en agravio del Estado, y le impone 06 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, más inhabilitación y multa; y fija en cinco mil nuevos soles la reparación civil a favor de la parte agraviada; con lo demás que contiene.

 

ANTECEDENTES

A folios 840 a 842  el señor Fiscal Provincial formula acusación contra el imputado de autos, en atención a haber tramitado dolosamente el proceso constitucional de habeas corpus, promovido por ………………… a favor de los procesados señores ……………………………………., encausados por tráfico ilícito de drogas.

La imputación consiste en que se declaró fundada la demanda y se ordenó la excarcelación de los inculpados, no obstante que existía un recurso de nulidad en el proceso 024-2001 tramitado ante la Primera Sala Penal de Lima, en el cual se había emitido sentencia condenatoria contra los favorecidos.

El A-quo ahora sentenciado dispone la realización de nuevo juicio oral, configurándose el tipo de encubrimiento personal al sustraer a los sentenciados de la persecución penal. En adición a ello, firma un oficio de excarcelación respecto de los favorecidos, con fecha 07 de febrero de 2007, cuando ya se encontraba de vacaciones.

En su decisión impugnada, el A-quo coincide en la existencia de la acción típica, antijurídica y culpable del acusado y estima que la imputación se ha acreditado con grado de certeza positiva. De igual forma, estima que el procesado conocía bien que la sentencia contra la cual declara fundado el habeas corpus, no tenía la calidad de firme, puesto que los condenados habían interpuesto recurso de nulidad, y que omitió declarar la improcedencia liminar de la demanda constitucional.

Señala, adicionalmente, que el acusado asumió competencia indebidamente de la juez vacacional a efectos de firmar el respectivo oficio de excarcelación, con la finalidad de materializar la liberación de los condenados por tráfico ilícito de drogas. Bajo estos argumentos, le impone la sanción  materia de apelación.

La impugnación de folios 924 a 937 señala como agravios que en la apelada hay ausencia de motivación y que no se ha tenido en cuenta que el sentenciado se ha limitado a  su ejercicio jurisdiccional de nivel constitucional. Adicionalmente, señala que ha desarrollado en su momento una motivación de afectación a los derechos de los favorecidos y que no puede calificarse su conducta con intención dolosa.

Acepta, de otro lado, que sí constituyó un exceso haber firmado el oficio del caso encontrándose de vacaciones pero que no existe la gravedad que se le imputa. Precisa, de igual modo, que ha habido en su caso abuso de dominio jurisdiccional y que en forma injusta ha perdido la condición de comparecencia restringida y que por ende, es inconstitucional la sentencia carcelaria.

De folios 961 a 973 corre un alegato complementario que en síntesis sustenta la gravosidad de la sentencia y reitera que se ha enviado a la cárcel a un inocente y que no ha dictado resolución alguna en contrario al texto expreso de la ley.

A folios 980 el sentenciado promueve la excepción de naturaleza de juicio y sustenta que se le ha dado tramitación distinta al proceso penal sub litis y que su caso debía ser conocido por una Sala Colegiada Penal.  

Finalmente, de folios 995 a 990 corre la opinión del señor Fiscal Superior en el sentido de que debe confirmarse la resolución impugnada.

 

§ FUNDAMENTOS

 

§ La motivación como exigencia constitucional

1. La exigencia constitucional de motivar se mantiene vigente en todo el proceso de construcción de una decisión judicial: el juez deberá aplicar la sindéresis de la lógica, evitando contradicciones en su razonamiento y he aquí que per se, subsiste una particularidad del deber de motivar en el sentido de no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma y de las premisas fácticas. De igual forma, al perfilar los argumentos que han de servir de sustento a la decisión, el deber constitucional alude, en este caso, a ceñirse a la verdad de las premisas. En ese mismo íter, constitucionalmente la interpretación deberá ceñirse,  cuando menos suficientemente, a los principios de interpretación que contempla como valores axiológicos la Constitución.

2. La motivación de la decisión judicial constituye el paso final en las tareas del decisor racional. Sin embargo, debemos atender a un aspecto importante: es una tarea final en los pasos esenciales que sigue el Razonamiento Jurídico, mas no en el esquema procedimental concerniente a la comunicación de la decisión judicial. En efecto, a la etapa de motivación, le debemos sumar la necesidad de comunicar la decisión a las partes a fin de que éstas ejerzan su derecho respecto a la decisión final.

3. Pero, ¿qué implica la motivación como tal?  Ignacio Colomer al referirse a los requisitos respecto del juicio de derecho[1], señala hasta tres requisitos, los cuales pasamos a detallar:

– La justificación de la decisión debe ser consecuencia de una aplicación racional del sistema de fuentes del ordenamiento;

– La motivación debe respetar derechos fundamentales;

– Exigencia de una adecuada conexión entre los hechos y las normas que justifican la decisión. Así, una motivación válida es aquella que pone en contacto la cuestión fáctica con la cuestión juris.

 4. La justificación de la decisión, prosigue Colomer, debe cumplir con las operaciones que integran una aspiración racional del sistema de fuentes, entre las cuales encontramos las siguientes:

– La selección de la norma a aplicar. Es decir, el juez no goza de libertad absoluta sino que se encuentra contenido por diversos límites: a) que la norma seleccionada sea vigente y válida. Bajo esta pauta, el juez debe comprobar que el precepto no haya sido derogado o abrogado del ordenamiento (validez formal) y verificar su constitucionalidad y legalidad (validez material); b) Que la norma seleccionada sea adecuada a las circunstancias del caso. El límite esencial es el respeto de la congruencia exigida a toda resolución jurisdiccional.

– Correcta aplicación de la norma. Los jueces deben realizar un control de legitimidad respecto a la aplicación en contra de la norma. La finalidad de este control es verificar que la aplicación de las normas al caso concreto es correcta y conforme a derecho. El control de legalidad, acota Colomer, es estático, en cuanto se encarga de analizar la norma al margen de su posible aplicación. Este control verifica la vigencia de la norma y que su contenido no contradiga la norma constitucional. El control de legitimidad es dinámico, persigue verificar que la aplicación de las normas de respaldo de la decisión  se realice conforme a derecho, garantizando el uso de una norma convincente y válida.

– Válida interpretación de la norma. La interpretación viene a ser el mecanismo utilizado por el juez para dar significado a la norma previamente seleccionada.

5. El esquema graficado por Colomer con relación a la motivación, nos resulta muy práctico en el desarrollo de la decisión final. Si en su momento analizamos las implicancias lógicas del problema y si luego delimitamos las variables argumentativas respectivas, así como cumplimos con desarrollar la interpretación de la norma y hechos aplicables al caso concreto, por la motivación estamos en condición de expresar nuestra decisión a través de un armazón organizativo-racional de las razones que nos inclinan a estimar o desestimar una pretensión.

6. Diez Picasso[2] nos refiere el concepto de “operación total”, a través del cual no se puede decidir primero cuál es la norma que se va a aplicar y después someterla a una interpretación puesto que también para decidir que una norma no se aplica, es preciso interpretarla previamente, pues existe una íntima interrelación entre la interpretación y aplicación de las normas.

7. En consecuencia, la motivación cumple un fin esencial: materializa el principio de interdicción de la arbitrariedad. No podríamos concebir un juez que decida sin razones o que concluya un proceso en base a corazonadas, a las cuales el realismo inglés denomina hunches. La motivación va mucho más allá: legitima el proceso en su fase de conclusión, refuerza el ejercicio democrático de la función jurisdiccional y por ende, consolida las bases de un Estado Constitucional 

 

§ La configuración del delito en sede penal

8. La operación de subsunción exige, en sede penal, que el Juzgador identifique si las acciones imputadas al agente satisfacen los requisitos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad.  

9. En cuanto a la culpabilidad, el proceso de subsunción ha de exigir identificar la culpabilidad, la misma que se presenta cuando el sujeto activo, que estuvo en la calidad y cualidad de haberse motivado por la norma, puede ser considerado culpable, pasando por los tres requisitos exigidos para este aspecto: imputabilidad, conocimiento de la antijuricidad y no exigibilidad de una conducta distinta.

10. En referencia a la culpabilidad, debe entender el Juzgador como tal la capacidad que tiene el sujeto activo para comprender la realización de una conducta, resultando no culpable la acción, si concurren causales de grave alteración de la conciencia o la percepción, minoría de edad, o anomalías psíquicas.

11. En el conocimiento de la antijuricidad, se implica el concepto  por parte del agente de la ilicitud de su hacer, resultando en causales que eliminan la antjuricidad tanto el error de prohibición como el error de comprensión culturalmente condicionado.

12. Finalmente, por la no exigibilidad de otra conducta, aprehende el Juzgador que no puede exigirse al imputado más allá de la norma, pues sólo se puede exigir si la norma impone un deber, siendo relevante concluir que a nadie se le puede exigir situaciones imposibles, como morir para salvar a otro.

13. Como se podrá observar, la tarea del Juzgador resulta referencialmente compleja en la acción de subsunción, pues las circunstancias propias de la imputación de las acciones, deberán ser asimiladas dentro del tipo penal, siendo exigible se configuren los categorías de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, resultando que si falta una de ellas, resulta tarea del Juzgador declarar la absolución  del imputado.

14. En ese orden interpretativo, una conducta podrá resultar típica y antijurídica, pero si no concurre el requisito de culpabilidad, corresponderá declarar la absolución del imputado. Por consiguiente, la imputación fiscal deberá considerar en su estructura los componentes que permitan la tipificación de la acción, individualizando en forma idónea a través de cuáles elementos se configura la acción reprochable. 

 

§ Análisis del caso concreto

15. El caso que nos ocupa en autos merece una valoración especial pues se trata de un juez que sentencia a otro juez, por decisiones en ejercicio de sus funciones, debiendo a su vez examinarse la motivación que desarrolla el juez constitucional ahora sentenciado así como el juez penal que a su vez ahora sanciona con pena privativa de libertad efectiva al juez constitucional ahora apelante.

16. Es menester puntualizar, como punto de partida, que existe un enfoque de suma importancia que no ha sido suficientemente desarrollado en autos y ello corresponde a las carencias de motivación del ahora apelante, pues debemos partir del concepto matriz de que no se juzga al sentenciado por el ejercicio de sus funciones como juez constitucional, sino por el exceso en la función encomendada por el Estado, al emitir una decisión de tutela.

17. A juicio de este Ad-quem, el sentenciado no alude a un tema relevante respecto de los actuados y es la necesaria exigencia de correspondencia entre las decisiones materia de tutela y las consecuencias generadas como efecto de dichas decisiones. Bajo esta pauta, en nuestra posición, sí ha existido una exceso manifiesto del sentenciado en la emisión de la decisión de tutela del habeas corpus interpuesto por los condenados ……………………………………….., en la medida que existía una decisión de condena, frente a la cual no podía emitirse un mandato de excarcelación y consecuente libertad como la que dispuso el juez sentenciado.

18. Es cierto que el Tribunal Constitucional ya se ha manifestado por la doctrina de la impugnabilidad del auto apertorio de instrucción[3] y sin embargo, tal posición no resulta de textura abierta para que determinada omisión en un proceso de la justicia ordinaria, implique una necesaria decisión de tutela en el ámbito constitucional, sin recurrir a los análisis de razonabilidad, suficiencia y coherencia que exige la doctrina constitucional[4] respecto de las decisiones judiciales.

19. El juez sentenciado no ha desarrollado dichos estándares o cuando menos, no ha justificado su decisión desde la posición de la previsión de consecuencias de una decisión de la justicia penal ordinaria. A este efecto, la justicia penal no puede constituir un supra poder ni puede asumir las funciones de corrección de los criterios de la justicia penal ordinaria[5], pues resultaría incompatible con los fines de la Constitución, que el juez constitucional pretendiera sustituirse en el rol del juez penal, a quien en estricto le compete examinar la legalidad de la sanción a imponer y a su turno, formular la tipificación de la conducta materia de imputación.

20. En nuestra posición, el juez sentenciado desarrolla una valoración de los actos constitutivos de lesión al derecho a la libertad personal y en base a ello, estima fundado el proceso de habeas corpus sub judice. Sin embargo, del análisis minucioso de la resolución acotada, el juez ahora apelante no hace referencia alguna a la vigencia de la sentencia condenatoria impuesta por la Sala Penal emplazada ni a la condición jurídica de condenados de los favorecidos y sin que ello constituya un necesario criterio de diferenciación, al delito mismo de tráfico ilícito de drogas y las implicancias del mismo frente a otros bienes jurídicos como lo son la salud y el bienestar de la población.

21. En consecuencia, el juicio jurídico del juez constitucional, no obstante su extensa sentencia tuitiva, adolece de una motivación insuficiente y omite un necesario ejercicio de desvirtuar por qué debería prevalecer una decisión favorable  de habeas corpus, frente a una sentencia condenatoria en materia de narcotráfico. Por tanto, no puede apreciarse un ejercicio diligente de la función jurisdiccional encomendada por el Estado, en razón de que no se motiva la prevalencia de un bien jurídico sobre otro. Y es en la falta de observancia de esa motivación en donde apreciamos nosotros una clara trasgresión a sus deberes de juez constitucional, pues el marco tuitivo de la decisión colisiona, en exceso, con la integridad de otros bienes jurídicos cuya protección también exige la sociedad. En ese orden de ideas, el ejercicio jurisdiccional no puede incurrir en manifiestas trasgresiones a la vigencia de los valores constitucionales que consagra el Estado Constitucional, y cuando una sentencia como la que es materia de imputación, es emitida bajo el ángulo de favorecimiento irregular, no obstante la existencia de otros procesos opuestos en su naturaleza de fondo, corresponde a la sociedad, en ejercicio regular de su derecho, imponer una sanción, la cual en autos guarda congruencia, a juicio de este Ad-quem con la gravedad de la falta cometida.  

22.  En mérito a lo expuesto, corresponde desvirtuar los agravios referidos a que no se ha tenido en cuenta que el sentenciado se ha limitado a  su ejercicio jurisdiccional de nivel constitucional. De la misma forma, no puede excluirse el alcance de que su conducta pueda calificarse con intención dolosa. El dolo reside, a juicio nuestro, en la posición activa de favorecimiento de los sentenciados antes beneficiados por su decisión de habeas corpus, y más aún, el mismo admite que sí constituyó un exceso haber firmado el oficio del caso encontrándose de vacaciones, y  en tal sentido, sí hay gravedad respecto de la conducta imputada.

23. A este efecto, consideramos tipificado el delito de encubrimiento personal en tanto se desarrolla una conducta prevalente respecto al favorecimiento de los sentenciados, no obstante los impedimentos formales y materiales que emanan de una sentencia condenatoria a nivel de juicio oral. De otro lado, la antijuricidad de dicha conducta reside en la desaprobación de encubrimiento frente a un delito que ya era motivo de condena. Y finalmente, el juicio de culpabilidad resulta suficiente en tanto el sentenciado era consciente de la decisión que adoptaba y que a su vez infringía ostensiblemente otros bienes jurídicos de igual y mayor entidad.  

24. En adición a lo señalado, no estimamos que en su caso haya existido abuso de dominio jurisdiccional y que en forma injusta hubiera perdido la condición de comparecencia restringida y que por ende, pudiera resultar inconstitucional la sentencia con pena de cárcel. El juicio penal a que hace referencia se ha desarrollado con todas las garantías correspondientes: se ha respetado el derecho a ser oído, así  como a contradecir, y es precisamente el principio de pluralidad de instancias el que se respeta cuando ahora esta Sala Penal se avoca al conocimiento del presente caso.  Lo antes expuesto no puede implicar, por tanto, gravosidad de la sentencia o que se hubiera enviado a la cárcel a un inocente.

25. El apelante, de igual forma, ha señalado que no ha cometido delito de prevaricato y que no ha dictado resolución alguna en contrario al texto expreso de la ley. A juicio nuestro, igualmente se configura este delito en tanto la conducta del sentenciado ha rebasado objetivamente sus facultades del juez. En este sentido, la acción queda tipificada en cuanto ordena un nuevo juicio oral y dispone la inmediata excarcelación de los encausados, no obstante un mandato penal condenatorio. Se infringe, de este modo, el texto claro y expreso de la ley en cuanto a las competencias de los jueces penales que a su turno sentenciaron a los condenados favorecidos con el habeas corpus de autos.

26. Finalmente, es necesario desestimar la excepción de naturaleza de juicio promovida, en tanto no se ha producido en autos una tramitación distinta a la que corresponde al proceso penal sub litis. Así fluye de la denuncia que es declarada fundada a folios 743 a 744, emitida por la Fiscalía de la Nación, que declara fundada la denuncia contra el sentenciado, así como de la denuncia de folios 759 a 772, dirigida al Vocal Sustanciador de la Sala Penal de turno, por lo que correspondía en efecto la tramitación dada a este proceso, dada la naturaleza de magistrado del sentenciado.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala Penal del Distrito Judicial de Lambayeque, impartiendo justicia a nombre de la Nación, CONFIRMA la sentencia de autos.

Publíquese y notifíquese.

Ss.

GARCIA RUIZ

FIGUEROA GUTARRA

RAVINES ZAPATEL


[1] COLOMER, Ignacio. «  La Motivación de las sentencias. Sus exigencias constitucionales y legales.” Tirant Lo Blanch, Valencia. 2003. Pág. 241.

[2] DIEZ PICASSO, Luis. “Experiencias jurídicas y Teoría del Derecho”. 3ra edición. Barcelona, 1993, pág. 241.

[3] STC 8125-2005-HC/TC F.J. 17 y 18. Caso Jeffrey Himmelt

17.  En este sentido, cuando el órgano judicial superior jerárquico ordena abrir instrucción, ello no exonera al a quo de fundamentar lo ordenado, de conformidad con los requisitos previstos en el artículo 77° del Código de Procedimientos Penales. En consecuencia, al haber omitido el Juez penal la formalización de cargos concretos, debidamente especificados, contra todos y cada uno de los beneficiarios, lo que denota una ausencia de individualización del presunto responsable, en los términos anteriormente expuestos, ha infringido el deber constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, lesionando el derecho de defensa de los justiciables, al no tener éstos la posibilidad de rebatir los elementos fácticos que configurarían la supuesta actuación delictiva que se les atribuye, en función del artículo 139°, inciso 5 de la Constitución Política del Perú. 

18.  Por lo anteriormente expuesto,  la presente demanda debe ser estimada al haberse acreditado que el auto de apertura de instrucción, de fecha 2 de agosto de 2005, dictado por el demandado Juez penal del Vigésimo Quinto Juzgado Penal de Lima ha vulnerado los derechos constitucionales de los beneficiarios de esta demanda, referidos a la motivación de las resoluciones judiciales y de defensa, resultando de aplicación el artículo 2° del Código Procesal Constitucional (Ley N° 28237).

[4] STC   3179-2004-AA/TC F.J. 23 .Caso Apolonia Ccollcca

Dicho canon interpretativo que le permite al Tribunal Constitucional realizar, legítimamente, el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias, está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.

(a)    Examen de razonabilidad.– Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.

(b)   Examen de coherencia.– El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.

(c)    Examen de suficiencia.– Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.

 [5] STC 1091-2002-HC/TC F.J. 3 Caso Silva Checa  

a. (…) El Tribunal Constitucional ni los órganos judiciales que conocieron el hábeas corpus tienen competencia para resolver cuestiones de orden penal, pero sí para evaluar si se ha lesionado o no el derecho a la libertad personal u otros derechos conexos. Mediante el hábeas corpus, en efecto, el juez constitucional no puede ingresar a conocer una materia que es de competencia de la jurisdicción ordinaria, sino, únicamente, determinar si, en ese proceso ordinario, se afectó o no un derecho constitucional.

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