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¿ Debe delimitarse las funciones del Tribunal Constitucional?

12 octubre, 2010

 ¿DEBE DELIMITARSE LAS FUNCIONES DEL TC?

 

La pregunta que formulamos resulta de suma actualidad en la medida que el término control constitucional resulta una referencia controversial y hasta de aparente incompatibilidad con el principio de separación de poderes. Sin embargo, su vigencia y validez resultan apropiadas en un Estado Constitucional en el cual no pueden existir zonas exentas de control constitucional y en ese sentido, el control es una característica común de la jurisdicción constitucional, más aún cuando la argumentación en sede de derechos fundamentales, debe referirse, en forma usual,  a principios, valores y conceptos jurídicos indeterminados. 

El Derecho Constitucional desde sus inicios ha sido concebido como un medio de control. Manuel Aragón[1], magistrado del Tribunal Constitucional español, señala que:

“Hablar de Constitución tiene sentido cuando se la concibe como un elemento de limitación y control del poder. Efectivamente, el control es un elemento inseparable del concepto de Constitución si se quiere dotar de operatividad al mismo, es decir, si se pretende que la Constitución se “realice”, en expresión, bien conocida, de Hesse, o dicho en otras palabras, si la Constitución es norma y no pura entelequia o desnuda vaciedad”. 

El contexto histórico referido por el autor resulta muy ilustrativo en razón de que partimos de la premisa de que la Constitución sirve para regular la conducta de todos los ciudadanos y en especial de los poderes del Estado. Los jueces ordinarios cuando decidimos causas, ejercemos una verificación de control de los actos de los poderes y en tal sentido, determinamos si sus decisiones se ajustan a derecho o no.

El concepto de control, hemos señalado supra, tiene relación con la teoría de separación de poderes. Si bien hemos partido siempre de que la teoría de separación de poderes implicó una distribución propiamente dicha a fin de que cada poder del Estado ejerciera sus atribuciones, la tesis que plantea Montesquieu debe ser hoy releída bajo una propuesta de equilibrio de poderes, en la cual la interrelación entre poderes resulta muy estrecha. Entonces resulta inapropiado referirnos a separación y sí a equilibrio. Así señala Aragón[2]: “Montesquieu no predica, en su división de poderes, una radical separación entre ellos que diese lugar a una pluralidad de actividades estatales dislocadas, sin conexión alguna y sin capacidad de frenarse mutuamente; por el contrario, la conexión es parte inescindible de su teoría de la división, pues de otra forma el poder no frenaría al poder”.

Consecuentemente, las decisiones constitucionales de carácter jurisdiccional desarrollan uno de los fines primordiales de toda Constitución, cual es limitar los excesos del poder. Y si bien es cierto que ningún poder acepta de plano una función de control, las reglas de convivencia en un Estado hoy constitucional, o neoconstitucional en términos de Prieto Sanchís[3], exigen que en la perspectiva de un equilibrio razonado de poderes, éstos recíprocamente se interrelacionen y se frenen entre sí. Entonces, no es propio referirnos a una estricta separación de poderes que involucre autarquía de cada uno de ellos respecto del otro, sino un equilibrio ponderado como división interconectada de poderes.

Por ende, si una decisión jurisdiccional afecta derechos fundamentales, consideremos la previsión de que el órgano constitucional tanto protector de los derechos de la libertad como contralor de la constitucionalidad, emitirá una decisión de control, buscando encontrar el equilibrio que la afectación constitucional supone. En esa forma, desestimará el acto violatorio de la afectación de un derecho fundamental y en su caso, ordenará la reparación del daño causado. De igual forma, en términos de control normativo, expulsará del ordenamiento jurídico, en la fraseología kelseniana, toda norma viciada de inconstitucionalidad.

¿Y pueden acaso existir excesos en la tarea de control? Por supuesto que no. Sin embargo, existen medios de control formales, a través de las acusaciones constitucionales ante el Parlamento contra los magistrados del Tribunal Constitucional, sin perjuicio de los múltiples medios de control de los jueces del Poder Judicial; y a su vez, existen medios de control materiales en tanto el principio self- restraint, o de autolimitación, exige imperativamente a los jueces constitucionales, resoluciones debidamente fundadas en los principios, valores y directrices que emanan de la Carta Magna. De igual forma, este principio exige a todo juez constitucional autolimitarse a efectos de no incurrir en excesos. Desde esta perspectiva, no resulta compatible con un ordenamiento jurídico constitucional, una norma de delimitación de funciones del Tribunal Constitucional, en la medida que los límites ya existen a nivel formal y material.             

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho 

Publicado en JURIDICA 302, El Peruano, 11 de mayo de 2010


[1] ARAGON, Manuel. “El control como elemento inseparable del concepto de Constitución”. Revista española de Derecho Constitucional. Año 7. Número 19. Enero- abril 1987. 

[2] ARAGON, Manuel. Op. cit. Pág. 22.

[3] PRIETO SANCHIS, Luis. “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial”. Publicado en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. 5,2001. Pág. 1

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