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Los criterios interpretativos

5 octubre, 2010

 

LOS CRITERIOS INTERPRETATIVOS

 

 La interpretación exige en su fase aplicativa el uso de determinados criterios cuyas características son fundamentalmente de definiciones esquemáticas. Como cuestión previa debemos determinar: ¿se trata de métodos o criterios? Nos inclinamos, de acuerdo con  la definición que esboza Rafael Asis de Roig[1], por saber que se trata de criterios, los cuales constituyen pautas orientativas sobre las cuales no hay un sentido de prevalencia total de uno sobre otro. En efecto, los criterios podrían concurrir juntos o bien de modo único, esa definición será ejercitada por el intérprete.

Asis de Roig[2] señala que el criterio general es la perspectiva principal que se adopta a la hora de interpretar un enunciado normativo, tanto al inicio de esta tarea como en su resultado. A su vez, los metacriterios son opciones, puntos de partida o perspectivas de utilización del criterio general. Algunos metacriterios son presupuestos del criterio general.

En caso de existencia del conflicto jurídico ¿vale la configuración del brocardo in claris non fit interpretatio? Asis de Roig[3] se ha  inclinado por lo nocivo de este principio, en vista de que parte de una premisa de que no hay necesidad de interpretar los problemas si la solución, por cierto, es clara. En realidad, todos los problemas necesitan de interpretación, en mayor o menor medida, a efectos de que exista una correcta delimitación del problema.

Otra cuestión relevante es la concerniente a las relevancias específicas que condicionan el valor de la interpretación. Asis de Roig señala los siguientes enunciados:

ELEMENTOS CONDICIONANTES DE LA INTERPRETACIÓN

Lenguaje jurídico: No solo hay un tipo de lenguaje especializado sino también se utilizan  términos ambiguos, vagos y emotivos que rehuyen la interpretación.

Los problemas que se presentan son: sintácticos: se refieren a la conexión de las palabras en la estructura del enunciado normativo; lógicos: concernientes a las relaciones de una expresión con otras expresiones dentro de un mismo contexto; y semánticos: derivan del significado de las palabras o de los enunciados.

Carácter de la interpretación: La interpretación siempre deberá ser problemática y dialéctica. Es decir, el juez, al resolver un conflicto, no está usualmente frente a una situación de compatibilidades y afinidades. Por el contrario, el juez usualmente enfrenta incoherencias del ordenamiento jurídico, las cuales debe resolver.

Marco de desenvolvimiento: En la interpretación existe una serie de reglas y presunciones que no tienen por qué estar presentes en otros ámbitos. Se debe respetar una serie de reglas. Debemos ceñirnos, en este aspecto, a que la subsunción siga siendo suficiente para la solución del problema. Si sucede que la premisa factual puede ser incorporada dentro de la premisa normativa, entonces el problema se soluciona sin mayor complejidad, dado que es propio del esquema de la subsunción, encontrar una solución al conflicto a través de los criterios de solución en el ordenamiento jurídico.

Aspecto valorativo: A la hora de interpretar aparecen también  las valoraciones del intérprete, quien tiene que elegir entre posibles significados. Tiene lugar la característica polisémica del lenguaje dado que una palabra puede tener varios significados a la vez y si nos remitimos a la situación en especial de una norma, es posible encontrar que la misma, en apariencia clara y no sujeta a contradicciones, pueda encontrar distintos significados por parte de varios intérpretes.

En este aspecto valorativo concurren: de un lado, una indeterminación lingüística del derecho. Ya Ángeles Rodenas[4] refería que la indeterminación supone que puede haber casos en los cuales no es posible identificar qué es lo que el derecho requiere debido a problemas de lenguaje mediante el que éste se expresa; de otro lado, concurren problemas de ambigüedad, los cuales igualmente pueden ser delimitados en los siguientes términos: a) ambigüedad semántica: afecta los términos( por ejemplo, juez latinoamericano, es decir, ¿ a un juez de qué nacionalidad se refiere?); b) ambigüedad sintáctica, la cual afecta a la estructura lógica de los enunciados, es decir, al modo en que las palabras están conectadas entre sí; c) ambigüedad pragmática, la cual se produce cuando un enunciado puede cumplir diferentes usos o funciones del lenguaje, sin que del contexto sea posible esclarecer de qué uso se trata; y , d) finalmente, concurrirán problemas de vaguedad, en la medida que no se afecta a los términos sino a los conceptos.

 

CONCLUSIÓN

La utilidad de los criterios reside en el soporte que representa para la actividad interpretativa, legitimando la acción de “decir” el derecho y los hechos, en la percepción amplia que hoy se tiene de la interpretación. Sin criterios orientativos, solo resta consagrar la arbitrariedad y caos en la tarea del intérprete. Ello se debe evitar.

 

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho

Juez Superior Lambayeque

Profesor USMP filial Chiclayo

Profesor Asociado Academia de la Magistratura

Publicado en JURIDICA 292, El Peruano, 02 de marzo de 2010

 


[1] ASIS DE ROIG, Rafael. Jueces y Normas. La Decisión Judicial desde el Ordenamiento, Marcial Pons; Madrid, 1995, Pág. 177.

[2] ASIS DE ROIG. Rafael. Op. cit. Pág. 204.

[3] ASIS DE ROIG. Rafael. Op. cit. Pág. 177

[4] RODENAS ANGELES. En la penumbra: Indeterminación, derrotabilidad y aplicación judicial de las normas.  En Módulo Razonamiento Jurídico 2005 VI Curso PROFA. Pág. 63.

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Proceso de amparo: precedentes vinculantes

3 octubre, 2010

 

SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE 

 

EXPEDIENTE: 2009-1915

DEMANDANTE: TANNY ZUÑIGA JIMENEZ

DEMANDADO: DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

MATERIA: AMPARO

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo,  a los 12 días del mes de mayo de 2009, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Es materia de grado el auto de fecha 25 de marzo de 2009, expedido por el Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, el cual DECLARA IMPROCEDENTE liminarmente la demanda de amparo interpuesta por Tanny Malena Zúñiga Jiménez, contra la Dirección Regional de Educación y otros.

 

ANTECEDENTES

Con fecha 20 de marzo de 2009 la recurrente interpone proceso de amparo solicitando se disponga la expedición de su contrato de trabajo  en calidad de auxiliar de educación de la institución educativa “Maravillas de Jesús”, del distrito de la Victoria- Chiclayo.

El Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo declara improcedente la demanda a folios 51 a 52, alegando que conforme al precedente vinculante establecido en la STC 206-2005-PA/TC Caso César Baylón, es exigible que la actora recurra al proceso contencioso administrativo para la dilucidación de su pretensión.

La apelación de folios 54 a 59 señala que respecto del caso de autos concurren dos derechos fundamentales afectados – el debido procedimiento administrativo y la irreparabilidad del daño a causar- en razón de que no obstante haber ganado en concurso público su acceso a una plaza, sin embargo, en forma unilateral se deja sin efecto su nombramiento, sin habérsele notificado, y existe la amenaza de quedarse sin plaza, a pesar de haber vencido en concurso.   

 

FUNDAMENTOS

 

§ Cuestiones procedimentales   

1. De acuerdo a la doctrina de la sustanciación, una vez presentada la demanda constitucional, el Juez debe verificar las condiciones mínimas que exige la norma procesal para que la pretensión intentada pueda transitar por la vía procedimental propuesta, sin que ello implique pronunciamiento anticipado sobre el fondo porque sería enervar el principio “pro actione” o de favorabilidad previsto en la cuarta parte del artículo tercero del Titulo Preliminar del Código Procesal Constitucional.

 

§ ¿Excepciones a los precedentes vinculantes?    

2. ¿Puede el juez constitucional inobservar un precedente vinculante? En perspectiva, el juez constitucional está impedido de apartarse de un precedente vinculante y esa es la orientación normativa del artículo VII[1] del Código Procesal Constitucional. Más aún, el debate institucional se mantiene abierto en razón de que las posiciones de la OCMA y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mantienen posiciones encontradas[2] y ello representa un obstáculo para definir de mejor forma la afectación de derechos fundamentales. 

3. A nuestro juicio, consideramos que el precedente vinculante es de aplicación obligatoria en la medida que las circunstancias fijadas por la ejecutoria a observar y el caso a examinar, sean idénticas. Y de no concurrir estos requisitos de similitud manifiesta, el juez constitucional válidamente podrá apartarse del criterio de sujeción que manifiesta el precedente.    

 

§ Vigencia del distinguishing  

4. En la jurisprudencia inglesa, el precedente judicial adquiere carácter vinculante (Binding Precedent) cuando los tribunales superiores le confieren tal calidad, siendo ésta una de las formas de crear Derecho. Como excepción, el Distinguishing (mecanismo de diferenciación), permite a un juez apartarse de un precedente vinculante, siendo exigible para ello sustentar las particulares diferencias entre un caso y otro.

5. Será válido entonces que el juez constitucional pueda distinguir cuándo un caso no es similar a los supuestos del precedente y se justifica que pueda emitirse criterio sobre un caso cuyas similitudes con el precedente vinculante son más aparentes que objetivas. Sobre esta pauta, el juez verificará si realmente hubo lesión o no respecto de los derechos cuya vulneración se denuncia. 

 

§ Análisis del caso concreto

6. En el caso sub judice, existe un aspecto que no ha sido objeto de suficiente delimitación en la demanda y consiste en el hecho objetivo de que no obstante que la recurrente ha resultado ganadora del concurso, sin embargo se produce aparentemente su descalificación y consiguiente probable exclusión.

7. Y aún cuando es posición reiterada de esta Sala de Derechos Fundamentales que todas estas incidencias respecto a servidores públicos, deban acudir al proceso contencioso- administrativo por cuanto en dicha vía también se pueden conceder medidas inclusive cautelares, el caso de autos reviste una particular denuncia de afectación del debido procedimiento administrativo, lo cual hace necesario que la emplazada pueda sustentar lo que concierna s su derecho y se establezca si se ha producido una afectación manifiesta, grave y sustancial del debido procedimiento administrativo, o si por el contrario es cierto que la emplazada actuó dentro de sus atribuciones.

8. De otro lado, lo alegado respecto a irreparabilidad del derecho de la actora requiere una ponderación de fondo pues entendemos que podría configurar un perjuicio si efectivamente se produce una supresión de su plaza sin argumento alguno. Sin embargo, estos juicios preliminares, no definitivos, exigen un examen constitucional que implique el emplazamiento formal a la parte contraria para que exponga sus razones de no existencia de afectaciones constitucionales.

9. Lo expresado supra no constituye en modo alguno un cambio de criterio de esta Sala sino circunscribe las circunstancias de los actuados a perseguir que los procesos ante esta Sala de Derechos Fundamentales, puedan ser debidamente ponderados en su real dimensión.

10. No nos apartamos así del precedente vinculante 206-2005-PA/TC sino estimaos que dada la concurrencia en el caso de autos, de la aparente violación de los derechos al debido procedimiento administrativo y una probable irreparabilidad del derecho, que deviene atendible, razonable y aceptable que el A-quo puede emitir una valoración constitucional de fondo.

DECISIÓN:

 

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA el auto que DECLARA IMPROCEDENTE liminarmente; REFORMÁNDOLO, DECLARA PROCEDENTE la demanda. Y los devolvieron.

Publíquese y notifíquese.

S.S.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Artículo VII.- Precedente

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.

[2] ABANTO TORRES, Jaime David. De la interferencia de la OCMA en asuntos evidentemente jurisdiccionales y de la violación de la independencia judicial. Revista Derecho y Cambio Social  15.

Señala el autor al respecto:  

“ Por Resolución de Jefatura Nº 021-2006-J-OCMA de  fecha 13 de marzo de 2006, publicada el 4 de abril del mismo año en el Diario Oficial El Peruano, se dispuso que todos los órganos jurisdiccionales, bajo responsabilidad funcional, debían dar cabal cumplimiento a los precedentes vinculantes señalados por el Tribunal Constitucional en sus sentencias dictadas en los Expedientes Nº 0206-2005-PA/TC y Nº 4227-2005-PA/TC publicadas los días 22 de diciembre de 2005 y 15 de febrero de 2006, respectivamente, así como en otras materias que tienen el mismo efecto normativo, ya fijados o por fijarse. 

Al día siguiente, esto es, el 5 de abril de 2006, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial publicó un comunicado  dirigido a los magistrados del Poder Judicial, señalando que conforme a los artículos 138 y 139, inciso 1, de la Constitución y 1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la potestad de administrar justicia se ejerce a exclusividad por el Poder Judicial a través de los órganos  jerárquicos conforme a la Constitución y las leyes, y que los magistrados judiciales solo están sometidos a la Constitución y a la ley, y el Estado les garantiza su independencia jurisdiccional, consagrada en los artículos 146, inciso 1, de la Constitución y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial” 

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La actividad interpretativa

1 octubre, 2010

LA ACTIVIDAD INTERPRETATIVA

 

Martínez y Fernández[1] alegan que existe una necesidad de la interpretación por las siguientes razones:

1)       Muchos conceptos jurídicos no están definidos en la ley;

2)       Las leyes solo contienen principios y líneas generales de regulación;

3)       El lenguaje de las normas no puede ser sometido a una lógica matematizante que conduzca a resultados indiscutibles;

4)       El principio “ in claris non fit interpretatio” hoy es rechazado tanto en el ámbito doctrinal como en el judicial;

5)       Si el texto contradice la finalidad de la institución, será preciso interpretarlo.

Con estas pautas los autores mencionados pretenden significar una problemática de la interpretación por dos razones sustanciales. De un lado, nunca existe una interpretación correcta, definitiva y válida para todos los casos y en cualquier momento; y bajo otra perspectiva, ese carácter problemático justifica la existencia de la figura del juez.

La tarea de interpretación tiene lugar una vez que hemos recurrido a un examen de la lógica concurrente al caso, y tan pronto como hemos desarrollado las premisas básicas de una debida argumentación. A través de ésta, hemos seleccionado las ideas base para la solución del problema. Una vez que se produce esta acumulación de insumos necesarios, corresponde asumir la compleja labor interpretativa que nos va a significar, fundamentalmente, determinar el nivel de implicancia de la norma concurrente al caso con el fin determinar si ocurre, de modo real, evidente y palpable, que esa norma es la que corresponde como mecanismo de solución al problema que nos compete resolver. Si la norma es aplicable, por consiguiente el esquema de subsunción nos resultará sumamente beneficioso, en atención a que los hechos expresados en la premisa factual podrán ser subsumidos, vale decir insertados, en la norma, si recurrimos a una expresión gráfica de la norma que se pone a nuestra consideración.

¿Y si no fuera posible la tarea de subsunción? En tal caso, será necesario recurrir a los métodos de autointegración o heterointegración del derecho, en la medida que habrá que recurrir a la aplicación de los principios generales de derecho o a la doctrina nacional o extranjera. La labor interpretativa resulta sumamente importante dado que nos remite también a la confrontación de la quaestio juris y la quaestio facti.  Respecto a la primera cuestión- o cuestión de derecho- tendremos como formulada la misma, cuando el juzgador debe analizar la extensión de la concurrencia de la norma aplicable al caso. Usualmente los fallos judiciales han optado por conferir importancia al tema de la quaestio juris, dada la naturaleza de trascendencia de la norma aplicable al caso en aras de resolver un conflicto. Sin embargo, el examen de la quaestio facti– o la cuestión de los hechos – ha cobrado una relevancia extraordinaria a partir de las investigaciones de Marina Gascón[2] en la medida que se deduce, a partir de lo expresado en este mismo estudio, la necesidad inevitable, a efectos de una decisión cabalmente íntegra de la cuestión legal y fáctica, de analizar la dimensión de los hechos concurrentes en el problema.

Marina Gascón nos recuerda que el juzgador, al destacar solo la interpretación de la norma, ha abandonado el examen de la quaestio facti, y que ha contribuido a abrir una zona de “discrecionalidad en cuanto a los hechos, o soberanía virtualmente incontrolada e incontrolable que ha sido pasada por alto por la mayoría de los juristas. “ Esta cita resulta sumamente precisa, entonces, en el examen que abordamos, en atención a que hace explícito que el examen de los juristas ha sido usualmente insuficiente respecto del análisis de la cuestión fáctica o quaestio facti.

En ese orden de ideas, solo a partir de una interpretación integral, es decir, de la norma jurídica aplicable y de los hechos probados, vale decir de las pruebas contextualmente relevantes, podremos decir que el fallo reúne y goza de las características mismas que implican una correcta motivación.

 

A MODO DE CONCLUSIÓN

En base a lo sustentado ¿basta interpretar o ello también es una tarea de suyo compleja? La interpretación, objetivamente se ve enfrentada a una serie de problemas aplicativos: indeterminación, vaguedad, ambigüedad, etc., es decir, variantes del análisis que nos pueden conducir a significados profusos, muy vagos y hasta confusos. Ángeles Rodenas[3] señala, en relación a los riesgos que amenazan la interpretación, que “no es posible llegar a una comprensión completa de la indeterminación del derecho sin una comprensión adecuada del problema, de la derrotabilidad de las normas jurídicas.” A esto debemos sumar que no solo el problema de derrotabilidad asalta la debida coherencia de una buena interpretación, sino también problemas de ambigüedad semántica, sintáctica y pragmática, conforme señala Guastini[4].

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho

Juez Superior Lambayeque

Profesor USMP filial Chiclayo

Profesor Asociado Academia de la Magistratura

Publicado en JURIDICA 284, El Peruano, 05 de enero de 2010


[1] MARTÍNEZ ROLDÁN, Luis y FERNANDEZ SUÁREZ, Jesús. Curso de Teoría del Derecho y  Metodología Jurídica. En La Interpretación Jurídica. Módulo de Razonamiento Jurídico AMAG 1999. Compilación de Ricardo León Pastor. Pág. 55 

[2] GASCÓN ABELLÁN, Marina. La Motivación de los Hechos. En Los Hechos en el Derecho. Marcial Pons Ediciones Jurídicas. Madrid, Barcelona 1999 Pág. 189. 

[3] RODENAS, Ángeles. En la penumbra: Indeterminación, derrotabilidad y aplicación judicial de las normas.  En Módulo Razonamiento Jurídico 2005 VI Curso PROFA. Pág. 63.

[4] GUASTINI, Riccardo. Problemas de interpretación.  Programa de Formación de Aspirantes. VI Curso PROFA. Razonamiento Jurídico. Lima, 2005. Pág. 123

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