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Razonabilidad y justicia

30 noviembre, 2010

 

RAZONABILIDAD Y JUSTICIA

 

La vinculación entre razonabilidad y justicia asume una estrecha dimensión en el Derecho Constitucional, dado que la primera constituye un instrumento de mensura aplicativa de la segunda, además de constituir valores conjuntos.

La razonabilidad goza de un margen normativo, en tanto no se aplica por simple oposición a la ausencia de la norma, pues de ésta asume un carácter de proposición de fuerza a fin de convertirse finalmente, al ser adoptada la decisión, en un mandato vinculante para las partes en conflicto. Resultaría claro a este respecto, por cierto, que sin fuerza de mandato en una sentencia, la razonabilidad solo constituiría la expresión de un simple deseo o juicio de valor no coercitivo. Por otro lado, la razonabilidad adelanta en su dimensión axiológica, también, la identificación del principio de dignidad de la persona humana como componente valorativo de todo juicio constitucional. Se trata, en suma, de esquemas propositivos y de aceptabilidad, fundados en el juicio axiológico de un derecho fundamental, el cual exige una diferenciación sustantiva con relación al postulado racional de la norma jurídica.

Una cuestión frontal a dilucidar respecto a la razonabilidad es: ¿qué es lo propositivamente razonable? ¿Cómo medir un juicio de razonabilidad en un proceso constitucional? Luis Recasens Siches[1] elaboró una doctrina jurídica sobre la lógica de lo razonable, proponiendo la solución más justa para resolver un conflicto. Acota el maestro Recasens que “si sentimos que hay razones, entonces estamos en el campo del logos”, y que el único método válido y lógico es la aplicación del “logos de lo razonable”. De otro lado,  Perelman[2] juzga que “lo racional gira en torno a lo idea de lo absoluto y divino (…) y que lo razonable se constituye como lo socialmente aceptable, y es definido, por tanto, en razón de eficacia””.

De lo señalado podemos destacar la inferencia de Recasens en el sentido de identificar razonabilidad con justicia, y en rigor, ello implica un juicio de equidad cuyo sustento viene a ser distinto a aquel que expresa el juicio aplicativo de la norma jurídica. Sin embargo,  ¿Es la razonabilidad solo equidad? A juicio nuestro, no, por cuanto la equidad y la aceptabilidad solo constituyen un referencial punto de partida del juicio de razonabilidad. En sede constitucional, resulta exigible la construcción de la decisión, en los casos que corresponda, desde los estándares que informan los juicios de ponderación y proporcionalidad[3], los cuales van a conferir un criterio de sistematicidad científica a la decisión. Desde otro ángulo, habrá casos en los cuales la aplicación del test de razonabilidad tendrá lugar desde la posición de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional. 

Resulta importante, entonces, establecer una primera conclusión: no podemos definir con márgenes de taxatividad, cuál es el criterio de rigor material de la razonabilidad. Difícilmente podríamos decir, en vía de ejemplo, en un caso concreto sometido a la jurisdicción constitucional, que cinco años es un plazo razonable si de suyo concurren numerosas circunstancias fácticas que inducen a tratar con márgenes de complejidad una controversia; o bien, que un año puede resultar a su vez irrazonable en calidad de plazo si no concurre criterio coadyuvante alguno de complejidad. Para ello, necesitamos guiarnos de los criterios marco que aporta la jurisprudencia constitucional, en especial de la interpretación que hace el supremo intérprete de la Constitución. Sin embargo, ¿qué sucede cuándo dichos criterios marco no son coherentes entre sí? He aquí una dificultad difícil de salvar, resultando que el intérprete construya su decisión en base al nivel argumentativo, interpretativo y de motivación que cada caso pueda aportar. Y aún así, la existencia de criterios disímiles o en estricto, la dificultad de identificación de una línea jurisprudencial uniforme, genera que el intérprete solo opte por adherir su criterio a aquella decisión jurisprudencial que más se acerque al conflicto en examen, en la cual las características de hecho sean más similares al juicio fáctico en examen. No obstante ello, notemos que importa un escenario distinto, la existencia de una sólida línea interpretativa que a su vez sea predecible. En este orden de ideas, predictibilidad y jurisprudencia uniforme, constituyen caracteres indesligables de una óptima impartición de justicia constitucional.    

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho 

Publicado en JURIDICA 326, El Peruano, 26 de octubre de 2010

 


[1] RECASENS SICHES, Luis. Filosofía del Derecho. Editorial Porrúa. S.A. México. 1954. 1ra edición. p. 644.

[2] PERELMAN, Chaim. Le raissonnable et le deraissonable en Droit. Librairie Genérale de Droit et de Jurisprudence. París. 1984. p. 11

[3] Exámenes de idoneidad, necesidad y ponderación en sentido estricto. Vid. STC 0045-2004-PI/TC caso PROFA y STC 007-2006-PI/TC caso Calle de las Pizzas

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