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La comunicación jurídica y su optimización

6 diciembre, 2010

 

LA COMUNICACIÓN JURÍDICA Y SU OPTIMIZACIÓN 

 

La concepción de una comunicación jurídica eficaz exige la adopción de estándares idóneos de expresión a nivel de la magistratura así como de todas aquellas personas involucradas en el quehacer de la transmisión del conocimiento jurídico.

En La Academia de la Magistratura la implementación de los módulos de Redacción Jurídica ha dirigido su atención prioritaria a que los magistrados adopten nuevos esquemas de comunicación de sus decisiones. Una idea prioritaria está representada por el abandono progresivo de los modelos “sábana”, es decir, aquellos que implican, bajo el discutible concepto de seguridad, la redacción de resoluciones sin dejar un solo espacio, una idea o varias de ellas unas a continuación de las otras, y que en lugar de estos parámetros, sea de aplicación un esquema más amigable de comunicación, en el cual prime el planteamiento de una idea por párrafo y de un párrafo por idea, la separación de los argumentos en párrafos así como el subtitulado de las ideas principales, entre otras sugerencias que en conjunto pretenden hacer más fácil y comprensible el mensaje a transmitir.

Sin perjuicio de estos planteamientos, necesarios por cierto para que los jueces mejoren su redacción, y en adición a éstos, también lo hagan los abogados, es exigible proponer el abandono de aquellas expresiones que no sean conducentes en el lenguaje jurídico. En esa línea, el término “operador jurídico” parece denotar la idea de alguien que opera en el mundo del Derecho. Dicho término suele ser usado con mucha frecuencia en forma indistinta por jueces, abogados, académicos y personas vinculadas al quehacer jurídico en el propósito de transmitir que laboramos aplicando normas. Y por cierto su uso es amplio desde muy antaño.

En oposición a este concepto, es nuestra opinión la necesaria erradicación de este término pues no resulta apropiado para quienes asumimos la delicada responsabilidad de expresar ideas suficientes, coherentes y consistentes en el mensaje jurídico. El concepto “operador jurídico” propiamente no es negativo mas admitamos que no cumple la función adecuada de transmitir el concepto de quienes analizan la norma, la proponen y la aplican, más aún si hoy asumimos una nueva dimensión de la argumentación jurídica como un discurso racional de los jueces para un auditorio jurídico universal.

La referencia a una condición de “operador” asume más una dimensión  mecánica, la cual en sí tampoco es negativa, mas no es propia del mundo de un lenguaje jurídico que aspira a ser eficaz, coherente y suficiente. No somos en rigor “operadores” del Derecho sino intérpretes de la real dimensión de los conceptos jurídicos y de la contrastación de su contenido con aquel que proporcionan e informan los derechos fundamentales en el Estado Constitucional, y de ahí la necesidad de hacer a un lado esta pseudo definición respecto de aquel que participa en cualquiera de las tareas vinculadas a la interpretación del derecho. Más aún, constituye un deber moral y por ende, un imperativo categórico nos expresemos con propiedad respecto de la tarea que exige interpretar idóneamente las normas y la Constitución.  

Optemos pues una mejora sustantiva de nuestro vocabulario judicial y adoptemos la posición de denominar a las cosas por su nombre correcto. Ahora bien ¿se trata solo de una corrección de estilo, de reemplazar una costumbre inveterada a partir de un mejor enfoque de los conceptos jurídicos? En nuestra opinión no, pues el discurso jurídico, además de las reglas de racionalidad que revisten las modernas exigencias de la argumentación, no resulta idóneo si expresiones inadecuadas, como la de “operador”, subyacen en su base de transmisión de conceptos. Esto es, difícilmente podemos mejorar el estándar argumentativo de los jueces y abogados, de reforzar los estándares de los contextos de descubrimiento y justificación, así como de las exigencias de justificación interna y externa, si de la misma forma no acompañamos estos nuevos barómetros de la argumentación de un discurso claro, sencillo y coherente que igualmente se ciña a expresar de mejor forma la tarea de quienes hacemos interpretación.  

En conclusión, jueces y abogados no son “operadores” del Derecho sino amplios intérpretes del mismo. No “operamos” con la Carta Magna y las normas del ordenamiento jurídico sino interpretamos, argumentamos y motivamos. No hay pues “operador” del Derecho como tal sino intérprete de él. No “operamos” en el Derecho sino argumentamos sobre hechos y normas- reglas y normas-principios. Y no estamos ante tareas “operativas” en el quehacer jurídico, sino motivamos las pretensiones y las decisiones judiciales. De allí la justificación de evitar el uso de esta incorrecta denominación y de ese modo, optimizamos el adecuado uso de términos en el Derecho.    

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho 

Publicado en JURIDICA 328, El Peruano, 09 de noviembre de 2010

 

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