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STC 00655-2010-PHC/TC. Caso Alberto Quimper. Prueba prohibida y libertad de expresión

9 diciembre, 2010

 

La colisión entre los derechos de interdicción de la prueba prohibida y la libertad de expresión, contenidos en la STC 00655-2010-PHC/TC caso Alberto Quimper http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00655-2010-HC.html, asume un ángulo de discusión particularmente interesante desde la perspectiva del Derecho Constitucional Comparado mas de alguna forma, no suficiente en cuanto a otros estándares respecto a la libertad de expresión.

En efecto, la demanda de habeas corpus interpuesta por la esposa del favorecido Alberto Quimper, parte de la base del cuestionamiento del auto de apertura de instrucción en el proceso 107-2008, Tercer Juzgado Penal Especial de Lima, sobre patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, así como por negociación incompatible.

La demanda se funda en que el auto de apertura de instrucción viola el debido proceso del beneficiario en tanto la calificación de los ilícitos penales que se le atribuyen se fundamenta en pruebas obtenidas con afectación de su derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones. Refiere que un programa de televisión difundió 4 audios y días después, un diario presentó 9 audios, referidos a conversaciones interceptadas.

El debate ha sido definido por el supremo intérprete de la Constitución con una decisión inhibitoria, esto es, de improcedencia de la acción y el argumento central reside en que como el proceso penal de la referencia no ha concluido, la demanda ha sido presentada en forma prematura. Para sustentar esta premisa, el Tribunal argumenta el criterio de análisis global para evaluar la relación entre prueba prohibida y debido proceso penal, el cual es utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Schenk v. Suiza, sentencia de fecha de 12 de julio de 1988,   http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=schenk%20%7C%20v%20%7C%20switzerland&sessionid=63323888&skin=hudoc-en ( en inglés).

Refuerza adicionalmente su posición, respecto a la prohibición de las prácticas de públicas difusiones de conversaciones interceptadas, con los fundamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vertidos en el caso Escher v. Brasil, sentencia de fecha 06 de julio de 2009,  http://www.corteidh.or.cr/pais.cfm?id_Pais=7 , para sostener[1] que los medios de comunicación se encuentran prohibidos de divulgar grabaciones de conversaciones telefónicas,  salvo que exista autorización de los interlocutores grabados o un mandamiento judicial motivado.

En nuestra opinión, al determinar una improcedencia de la demanda, el Tribunal deja incontestadas las pretensiones principales pues en definitiva alude a que la demanda ha sido presentada en forma prematura, en la medida que solo después de concluido el proceso, el juez penal podrá determinar si las pruebas fueron obtenidas con vulneración o no del derecho fundamental al debido proceso. Es decir, solo después del análisis valorativo de la sentencia respecto a la prueba prohibida, el Tribunal estaría en condiciones de admitir un análisis de fondo. La cuestión es: ¿era estrictamente necesaria una decisión de improcedencia? O como ya se ha pronunciado en otros casos respecto al auto apertorio de instrucción[2], ¿pudo en un análisis de fondo, concluir por declarar infundada la demanda?

Sin embargo, estimamos que cuanto queda incontestado en mayor grado es lo referido al derecho fundamental a la libertad de expresión, fundamentalmente en cuanto se refiere al criterio de responsabilidad ulterior asumido por la Corte IDH a través de numerosos fallos( VID en este mismo blog   https://edwinfigueroag.wordpress.com/2010/07/30/pluralismo-tolerancia-y-apertura-como-valores-base-en-la-libertad-de-expresion/) en tanto las restricciones a la libertad de expresión deben ser puntuales, concretas y manifiestas[3], y bajo las reglas de  pluralismo, tolerancia y apertura, todo otra manifestación que pudiera eventualmente vulnerar el derecho al honor o a la intimidad de los afectados, deberá sujetarse al sistema de responsabilidad ulterior, a través del cual tendrán lugar las demandas indemnizatorias de resarcimiento por los daños generados a bienes jurídicos de entidad personal. Lo contrario a estos estándares de la libertad de expresión, significa una forma de censura previa, situación plenamente contraria a los principios que identifican un Estado Constitucional. En estos lineamientos, si un medio periodístico ejerciera en forma irresponsable su derecho a difundir determinada situación, es principio del sistema inteamericano que en el contexto de responsabilidad ulterior, los medios de comunicación afronten las demandas indemnizatorias respectivas. En tanto, debemos asumir una dimensión tuitiva de la libertad de expresión, principio- emblema de los Estados respetuosos de los valores matrices de los ordenamientos jurídicos contemporáneos.   

Más aún, resulta un detalle muy particular en la sentencia sujeta a comento que 4 de los magistrados del Tribunal[4] (con lo cual ya no hay mayoría en este extremo), se apartan del argumento de restricción de información en cuanto a los medios de comunicación, contenido en el fundamento jurídico 23 de la decisión, precisamente por cuanto la regla impuesta a la prensa se refiere a la prohibición de divulgar las conversaciones interceptadas.

Sin perjuicio de ello ¿y si los contenidos de dichas conversaciones aluden a posibles actos de corrupción, se seguiría justificando su impedimento con el soporte jurídico del caso Escher v. Brasil? Resulta complejo responder esta interrogante mas en nuestra opinión, dos herramientas interpretativas constitucionales resultan contextualmente útiles: la ponderación de intereses entre el interés público que revisten los actos de corrupción y el derecho al honor, o como se argumenta en el caso en comento, el derecho al debido proceso y la interdicción de la prueba prohibida, y de otro lado, el criterio común ya asumido por la Corte IDH respecto al estándar de responsabilidad ulterior.

En suma, resulta necesario ir fortaleciendo los estándares de decisión de casos, más aún si ellos aluden a cuestiones tan delicadas como el interés público, los actos de corrupción y su interrelación con la interdicción de la prueba prohibida y el debido proceso. La construcción de dichos estándares es de suyo compleja, laboriosa y progresiva.  


[1] F.J. 23

[2] STC 08125-2005-HC/TC Caso Jeffrey Himmelt

[3] El artículo 13 de la Convención Americana de DD.HH. fija como exclusiones no compatibles respecto de la libertad de expresión, los contenidos referidos a la protección moral de la niñez y la adolescencia, la propaganda a favor de la guerra y la apología del odio. En tales casos, sí hay exclusión de la tutela del sistema interamericano respecto a la libertad de expresión.  

[4] Beaumont Callirgos, Vergara Gotelli, Urviola Hani y Calle Hayen.

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Sentencias constitucionales laborales. Vínculo laboral de servidores públicos y vía jurisdiccional

9 diciembre, 2010

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO  : 2008-1955

DEMANDANTE: ELY OLIVOS ORTIZ

DEMANDADO: MUNICIPALIDAD DE CATACHE

MATERIA: AMPARO

VOCAL PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN NÚMERO : CATORCE

En Chiclayo, a los cuatro días del mes de mayo de dos mil nueve, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Figueroa Gutarra y Bulnes Tello, quien interviene por licencia concedida al Señor Carrillo Mendoza, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por Ely Olivos Ortiz contra la sentencia de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, que DECLARA IMPROCEDENTE la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

Con fecha siete de marzo de dos mil ocho, el recurrente Ely Olivos Ortiz interpone proceso de amparo contra la Municipalidad Distrital de Catache, a fin de que se deje sin efecto su despido laboral y sea reincorporado a sus labores de jefe de almacén. Invoca que ha adquirido la protección contra el despido arbitrario que confiere la Ley 24041. 

La emplazada, con fecha nueve de diciembre de dos mil ocho, se apersona al proceso y contesta la demanda alegando que corresponde dirimir la presente causa en la vía del proceso contencioso- administrativo.

El Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo expide sentencia declarando improcedente la demanda. Alega que estando a que el actor invoca que el régimen laboral al cual se encontraba ligado el actor era el laboral público, corresponde dirimir su pretensión en la vía contencioso administrativa.

La apelación de folios ciento veintitrés a ciento veinticuatro sostiene, principalmente, que el A-quo no ha recogido la protección que brinda la Ley 24041 y que respecto de su persona se ha afectado su derecho al debido proceso. Acota que su persona ha sido sometida a trato diferente.

FUNDAMENTOS

§ Vínculo laboral de servidores públicos y vía jurisdiccional

1. El Tribunal Constitucional ha establecido en la sentencia 206-2005-PA/TC lo siguiente: 

“21.  Con relación a los trabajadores sujetos al régimen laboral público, se debe considerar que el Estado es el único empleador en las diversas entidades de la Administración Pública. Por ello, el artículo 4. º Literal 6) de la Ley N. º 27584, que regula el proceso contencioso administrativo, dispone que las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública son impugnables a través del proceso contencioso administrativo. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional estima que la vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso administrativo, dado que permite la reposición del trabajador despedido y prevé la concesión de medidas cautelares.

22.  En efecto, si en virtud de la legislación laboral pública (Decreto Legislativo N.º 276, Ley N.º 24041 y regímenes especiales de servidores públicos sujetos a la carrera administrativa) y del proceso contencioso administrativo es posible la reposición, entonces las consecuencias que se deriven de los despidos de los servidores públicos o del personal que sin tener tal condición labora para el sector público (Ley N.º 24041), deberán dilucidarse en la vía contenciosa administrativa por ser la idónea, adecuada e igualmente satisfactoria, en relación al proceso de amparo, para resolver las controversias laborales públicas.

23. Lo mismo sucederá con las pretensiones por conflictos jurídicos individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública y que se derivan de derechos reconocidos por la ley, tales como nombramientos, impugnación de adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación por tiempo de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración con motivo de la Ley N.º 27803, entre otros.”

 

§ Análisis del caso concreto

2. La controversia fundamental en el presente caso se circunscribe a determinar si el accionante tenía la calidad de servidor público, pues de ser así, no funcionarían los criterios inhibitorios de improcedencia preestablecidos por el A-quo.

3. Apreciada la carga probatoria, observa este Ad-quem que el actor, según fluye  a folios dos y tres, ha sido contratado por locación de servicios y que el mismo tuvo la responsabilidad de “jefe de abastecimientos”. En consecuencia, es pertinente concluir que no era un servidor público contratado al cual le pueda ser aplicable la Ley 24041[1]. Por el contrario, las condiciones laborales que él mismo acota y que fluirían de la prueba aportada, indican que se trata de un servidor al cual no se le puede conferir la calidad de servidor público debidamente nombrado.

4. A su vez, si él mismo invoca su condición de servidor público, deviene necesario que su reconocimiento se efectúe en la vía previa que significa el proceso contencioso administrativo, atendiendo a la naturaleza de tutela propia de dicho proceso, el cual prevé, en caso se reconozca la condición de servidor público, la concesión de medidas cautelares, de un modo similar a lo que dispone el proceso de amparo con relación a la tutela contra el despido arbitrario en otros regímenes. Más aún, prima facie la carga probatoria del actor evidenciaría que reviste razonabilidad que su pretensión pudiera ser acogida, previo cumplimento de los requisitos de rigor del proceso contencioso administrativo, dado que al mismo se le habría conferido un trato laboral propiamente dicho.

5. No obstante ello ¿está habilitado el juez constitucional para conferir una tutela de urgencia a un servidor público cuando los derechos de éste son infringidos? Esta Sala de derechos fundamentales estima que sí, si la afectación fuere gravísima. En el caso de autos, la existencia de una vía previa, con medidas cautelares aplicables, resta un nivel de suma gravedad al problema sub litis al existir una vía igualmente satisfactoria.   

6. Una cuestión gravitante a ponderar sería: ¿Por qué los jueces constitucionales sí admiten procesos de amparo de servidores de la actividad privada y aún más, de obreros de entidades de los gobiernos locales que tiene la calidad de obreros, y no aquellas pretensiones de quienes alegan ser servidores públicos? Precisamente por cuanto la tutela respecto de los servidores de la actividad privada, no goza de las mismas características de la tutela previa que ofrece el proceso contencioso- administrativo, al facultar una medida cautelar. En el caso de los servidores de la actividad privada, si la tutela es denegada en la vía constitucional, solo resta solicitar la tutela resarcitoria (léase indemnizatoria) de la justicia laboral ordinaria, la cual no prevé medidas cautelares sino la reincorporación propiamente dicha solo en los casos de despido incausado, fraudulento y nulo.

7 Ergo, de allí la importancia que reviste que el servidor que alega extinción incausada de su vínculo laboral, no siendo obrero de un gobierno local sino alegando la condición de servidor público, debe previamente recurrir a la vía contenciosos- administrativa, dada la naturaleza sumaria de la vía constitucional.

8. En la línea de lo expuesto, no puede configurarse, a juicio de este órgano superior intérprete de la Constitución, una revisión de la presente litis en la vía del amparo en la medida que el proceso contencioso administrativo prevé una tutela previa.

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia contenida en la resolución número nueve, del treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, de folios ciento dieciocho a ciento veinte, que declara Improcedente la demanda de amparo interpuesta por don Ely Olivos Ortiz contra la Municipalidad Distrital de Catache; con lo demás que contiene; consentida o ejecutoriada que sea la presente, devuélvase los autos al juzgado de origen para su cumplimiento.  

SS.

HUANGAL NAVEDA

FIGUEROA GUTARRA

BULNES TELLO


[1] LEY 24041

“Artículo 1.- Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo Nº 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley.

Artículo 2.- No están comprendidos en los beneficios de la presente ley los servidores públicos contratados para desempeñar:

                1.- Trabajos para obra determinada.

                2.- Labores en proyectos de inversión, proyectos especiales, en programas y actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de duración determinada.

                3.- Labores eventuales o accidentales de corta duración.

                4.- Funciones políticas o de confianza.”

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