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La improcedencia de procesos constitucionales. Artículo

13 diciembre, 2010

 

LA IMPROCEDENCIA DE PROCESOS CONSTITUCIONALES

 

Como Derecho Constitucional concretizado, en términos de Peter Háberle[1], el Derecho Procesal Constitucional aborda figuras denegatorias respecto a la tutela de derechos fundamentales.

La improcedencia de una pretensión constitucional constituye una lectura en negativo del concepto de tutela que caracteriza a los derechos fundamentales. En rigor, una valoración de estos derechos preferenciales deviene en desarrollar líneas de tutela urgente de tales derechos personalísimos, en la misma posición de las normas- principio. Sin embargo, la improcedencia precisamente involucra un conjunto de escenarios que denotan una denegatoria de tutela urgente.

Podemos hablar, en términos generales, de una improcedencia liminar, es decir, aquella que es expresada de inicio al ser incoada una pretensión constitucional,  lo que identifica una improcedencia formal. De otro lado, nos encontramos ante una improcedencia material cuando a la controversia constitucional le corresponde una decisión inhibitoria del juzgador, en sentencia que decide la controversia. En este último caso, el juzgador ha evaluado la controversia constitucional después de haber materializado el contradictorio, el derecho a ser oído y el derecho de defensa de las partes, y no obstante haberse observado estos derechos fundamentales, no existe la fuerza de forma suficiente para declarar fundada la demanda.

¿Y cuáles son los estándares para determinar la improcedencia de un proceso constitucional?  En un primer plano, concurren las condiciones formales de improcedencia, las cuales se expresan en las cláusulas tipo que informa el Código Procesal Constitucional para los procesos de la libertad (artículo 5), las condiciones específicas de improcedencia del proceso de incumplimiento (artículo 70), los supuestos de improcedencia del proceso de inconstitucionalidad (artículo  104) y la construcción jurisprudencial trazada para la improcedencia de los procesos de habeas corpus[2]. A través de estos ítems formales, el juez constitucional emite decisiones de improcedencia de forma.

Sin embargo, el trabajo complejo reside en cuáles estándares materiales debe adoptar el juzgador para emitir una decisión de improcedencia sustancialmente material y a este respecto, es importante advertir la necesidad de fijar la construcción jurisprudencial del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, cuya forma primigenia metodológica está representada por el contenido esencial, no esencial y adicional de un derecho fundamental, pautas directrices abordadas por Medina Guerrero[3].  En esencia, una pretensión es improcedente si simplemente incidiera sobre el contenido adicional de un derecho fundamental, pues las pretensiones que incidieran en el núcleo duro del derecho o en su contenido esencial, sí acarrearían una demanda fundada. Y por último, un conjunto de hechos que afecten el contenido no esencial, devendrían en una sentencia infundada, pues no advertiríamos, en este caso, que se afecte el contenido esencial del derecho fundamental examinado. 

Por otro lado, reviste suma importancia advertir que los derechos fundamentales presentan una faceta de juricidad y otra de moralidad, en términos de Peces Barba[4]. Esta connotación es importante pues si un derecho fundamental no denota un contenido axiológico, prima facie no es un derecho fundamental sino un derecho infraconstitucional cuyo ámbito de norma- regla obedece a otro contexto de solución del caso. A su vez, si hay ausencia del contenido de juricidad, en estricto solo estamos ante una valoración axiológica subjetiva.

En resumen, la improcedencia nos presenta un conjunto de claves en negativo que representan para el juez constitucional la enorme responsabilidad de asumir una faz de tutela opuesta a la tutela sustancialmente positiva que expresa el concepto de  tutela urgente. Saber cuándo denegar una pretensión es en rigor un asunto complejo pero es tarea de los jueces constitucionales, y el ordenamiento jurídico los ubica en la posición, por cierto a veces dura, de constituir un muro infranqueable frente a pedidos que no gozan de asidero iusfundamental, los cuales la balanza de la justicia rechaza por no existir vulneraciones de entidad a un derecho fundamental.

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho 

Publicado en JURIDICA 330, El Peruano, 23 de noviembre de 2010


[1] HÄBERLE, Peter. El Derecho procesal constitucional como Derecho constitucional concretizado frente a la judicatura del Tribunal Constitucional. En su obra Nueve ensayos constitucionales y una lección jubilar. Lima. Palestra Editores, 2004. p. 27

[2]  Vid STC 6218-2007 caso Víctor Esteban Camarena.

[3] MEDINA GUERRERO, Manuel. La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996, p. 41.

[4] PECES BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 1999, pág. 37.

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