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Aclaración de oficio. STC 00655-2010-PHC/TC.Caso Alberto Quimper. Prueba prohibida y libertad de expresión

14 diciembre, 2010

 

El Tribunal Constitucional ha publicado una resolución aclaratoria de oficio http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00655-2010-HC%20Aclaracion.html, a través de la cual brinda alcances relevantes respecto a la resolución inicial del caso Quimper,  STC 00655-2010-PHC/TC http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/00655-2010-HC.html, cuyo fundamento jurídico 23 había resultado bastante controversial desde la premisa de una prohibición expresa a los medios de comunicación respecto a la difusión en general de interceptaciones telefónicas y la consiguiente coerción de naturaleza penal.

El fundamento jurídico 7 de la resolución aclaratoria señala lo siguiente: “quien realiza la interceptación, incluso si es periodista, comete delito; quien fomenta dichas interceptaciones, incluso si es periodista, también comete delito. Asimismo, quien tiene acceso a tal información y pretende su difusión, sea porque es periodista, editor o dueño de un medio de comunicación, debe evaluar si con ello se afecta la intimidad personal o familiar o la vida privada de los interceptados, familiares o terceros. Es en este último caso que el control es posterior, en la medida que la constitución garantiza que no hay censura previa. “

La división del ámbito de responsabilidades resulta más explícita en relación al criterio adicional de la sentencia primigenia respecto a penalizar todo tipo de divulgación.  Según la aclaración, no existe censura previa en la medida que el control de las conductas de difusión es de orden posterior. Este fundamento se inscribe con más propiedad dentro de la doctrina de “responsabilidad ulterior” que consagra el sistema interamericano de derechos humanos, defendido en los casos Herrera Ulloa v Costa Rica, sentencia de 02 de julio de 2004. Serie C. No. 107; Ricardo Canese v Paraguay, sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C. No. 111; Palamara Iribarne v. Chile (caso La última tentación de Cristo), sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C. No. 135; y Eduardo Kimel v. Argentina, sentencia de 02 de mayo de 2008. Serie C. No. 177. Estos pronunciamientos, en conjunto, desestiman la censura previa respecto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y definen que corresponde la aplicación del sistema de responsabilidad ulterior. En tanto, la libertad de expresión como garantía sustantiva del ordenamiento interamericano, debe ser privilegiada.

Sustantivamente, a juicio nuestro, no se trata de asumir extremos respecto al derecho a la libertad de expresión. No es viable la proposición de una libertad de prensa que signifique abuso del derecho a expresarse. Sin embargo, el mecanismo de control de aquellos excesos, debe guiarse por un sistema ulterior, de acciones indemnizatorias, de ser el caso, que a su vez determinen la responsabilidad de los medios de comunicación si existen actos de abuso respecto al ejercicio de este derecho ancla de todos los Estados contemporáneos. ¿Y cuándo la libertad de expresión, en caso de ejercicio irresponsable de esa facultad, debe ser restringida? Solo en el supuesto de “real malicia”. Según la doctrina del barómetro de la “real malicia”, es necesario demostrar la mala fe de quien informa irresponsablemente y solo en ese caso, existe ostensible conflicto con la libertad de expresión, correspondiendo declarar la responsabilidad del ejercicio negligente de ese derecho. Si no existe demostración suficiente de la real malicia del sujeto activo informante, no deben aplicarse ni supuestos de restricción a la libertad de expresión ni corresponde declarar responsabilidad ulterior. 

En adición a lo señalado, otros controles taxativos de limitación a la libertad de expresión ya están delimitados por el artículo 13[1] de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual fija como exclusiones respecto a la protección que exige la libertad de expresión, la protección moral de la niñez y la adolescencia, la propaganda a favor de la guerra y la apología del odio, entre otros ítems relevantes de restricción.

Ahora bien, en cuanto a la difusión respecto a si existe interés público y si esta conducta debe ser despenalizada, precisamente el control posterior será determinante para establecer si existen indicios de responsabilidad, mas éstos no deben ser de orden penal, pues ésto apunta más a una forma de coerción cuyo desandamiaje el sistema interamericano va consolidando, esto es, cada vez menos países optan por figuras penales respecto a la libertad de expresión o en su caso, van derogando esta legislación contraria a los derechos humanos y reservan solo al ámbito civil, probables situaciones de responsabilidad ulterior. En nuestra opinión, es el juez civil quien debe determinar si existe daño moral en la acción de una publicación vulneratoria del derecho al honor. En tanto, como hemos manifestado supra, el derecho a la libertad de expresión debe merecer el más amplio ejercicio y aval de toda democracia.

La posición aclaratoria del Tribunal Constitucional resulta oportuna frente a la polémica producida respecto a si la libertad de expresión se vio amenazada por la decisión del supremo intérprete de la Constitución en su sentencia primigenia. En nuestra opinión, la proposición de responsabilidad de los medios de comunicación perdió fuerza decisoria desde el momento en que 4 votos- 2 de ellos publicados con retardo- expresaron su disconformidad con el argumento referido. En ese sentido, el voto en mayoría, contrario a las iniciales restricciones al derecho a la libertad de expresión, aclara el extremo de cuestionamientos y deja sin efecto la proposición inicial de coerción de acciones legales contra quienes difundan interceptaciones telefónicas.

Finalmente, el fundamento de voto del magistrado Álvarez Miranda, en respaldo de los argumentos de la mayoría, resulta ciertamente documentado al referir la sentencia del Tribunal Constitucional alemán- el caso BVerfGE 35, 202, del 05 de junio de 1973- relativa al asesinato de soldados en Lebach[2]. La referencia alude a un conflicto en el cual el Tribunal llega a otorgar tutela preventiva frente a un caso de exceso. Sin embargo, la reflexión alude en perspectiva a la idea de una necesaria autorregulación de los propios medios de comunicación respecto a los contenidos a difundir, argumento que nos parece más relevante en el contexto del caso aclarado. La autorregulación o autocontrol de los medios de comunicación apunta, es nuestro parecer, a un ejercicio responsable del derecho a la libertad de expresión y ello resulta positivo en el contexto de un Estado Constitucional, en el cual los derechos fundamentales resultan facultades prevalentes para los ciudadanos.  

La resolución aclaratoria, en suma, restringe los excesos de la decisión inicial y resulta ostensiblemente favorable que los nuevos argumentos vertidos recojan varias tendencias de progresividad del sistema interamericano de derechos humanos en la premisa de vinculatoriedad que identifica a éstos respecto de los ordenamientos jurídicos nacionales que conforman el sistema.    


[1] Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.

[2] Refiere el voto de Álvarez Miranda: “(…) Se había atentado contra cuatro soldados para robarle armas. Una de las personas condenadas por este delito estaba a punto de salir de la cárcel y consideró que la difusión de tal film afectaría sus derechos, al mencionarse su nombre y aparecer su foto. Realizando la ponderación que el caso ameritaba, el Tribunal Constitucional alemán decidió finalmente, sobre los argumentos expuestos una solución iusfundamental, a favor de los peticionantes, pues consideró que una información televisiva repetida que no responde a un interés actual de información sobre un hecho delictivo grave y que pone en peligro la resocialización del actor no debe estar permitida.”

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