Archive for 21 febrero 2011

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Sentencia PJ 01890-2009-0-1001. Tercer Juzgado Civil del Cusco. Caso Edwin Béjar. Derecho a la igualdad

21 febrero, 2011

Estimados amigos:

El caso Béjar- Sentencia PJ 01890-2009-0-1001. Tercer Juzgado Civil del Cusco. Caso Edwin Béjar Rojas. Derecho a la igualdad– adopta el mismo sentido del caso Mariana Abad en cuanto a la protección del derecho a la igualdad.

El abogado Béjar fue excluido del concurso de jueces y fiscales ante el Consejo Nacional de la Magistratura CNM por la causal de ceguera como impedimento físico definitivo.

Sometido el conflicto a control del juez constitucional, la juez Nelly Yábar García, del Tercer Juzgado Civil del Cusco, emite una decisión ceñida a la Constitución y declara fundado el proceso de amparo por el abogado Béjar, por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y a no ser discriminado laboralmente por ser una persona con discapacidad, entre otros derechos.

El conflicto que el caso plantea resulta de sumo interés: ¿puede un fiscal cabalmente cumplir sus funciones si sufre discapacidad visual? El CNM adoptó una posición radical y se basó en sus facultades de exclusión  para postulantes que no reunieran las condiciones físicas mínimas reglamentarias. Inclusive denegó el pedido de Béjar de otorgársele facilidades para rendir el examen e inclusive no se le permitió al demandante el ingreso al aula respectiva el día de la evaluación.

La juez Nelly Yábar García ciñe su decisión a una manifiesta vulneración al derecho a la igualdad, en la medida que la ceguera no es causal de rigor para negar el acceso a la magistratura y en definitiva, el empleador, en esta caso la Fiscalía, estaría obligada a que, de acceder el postulante Béjar a la magistratura, se le otorguen las facilidades para el desarrollo de sus labores. En rigor, ser ciego no es una causal taxativa de exclusión y la sola invocación de este motivo para impedir el rendimiento de un examen para un acceso profesional, constituye un acto de discriminación.

El fallo de la jueza Yábar fue confirmado por la Sala Superior Civil del Cusco y aunque Béjar no logró el ingreso final a la plaza de fiscal en las etapas posteriores del concurso, luego que la decisión le fuera favorable a efectos de rendir el examen, sí logró posteriormente el acceso a la judicatura como juez supernumerario en el primer lugar a nivel nacional.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencia PJ 007-01656-0-2001. Primera Sala Civil de Piura. Caso Mariana Abad Calderón. Derecho a la igualdad

20 febrero, 2011

Estimados amigos:

El caso Mariana Abad-  Sentencia PJ 007-1656-0-2001. Primera Sala Civil de Piura. Caso Mariana Abad . Derecho a la igualdad – es un interesante referente de controversia sobre derecho a la igualdad, a partir del enfoque de la prevalencia de una norma-principio sobre el rigor regulatorio de una norma-regla, vinculada esta última a mecanismos de exclusión de cadetes de la Policía Nacional por causal de embarazo.

La sentencia referida generó un marcado debate respecto a las disposiciones reglamentarias de exclusiones de las mujeres cadetes de la Policía Nacional, las cuales en caso de resultar embarazadas, debían invariablemente abandonar su formación policial.

La Sala hace un enfoque tutelar del derecho a la igualdad a partir de la contrastación fáctica de las situaciones de las mujeres en casos de exclusión de la Policía Nacional, por causal de maternidad, según el caso.

En el caso concreto, Mariana Abad es cesada por una Resolución Directoral, la cual es objeto de examen constitucional por la Sala Civil, desestimando este órgano jurisdiccional el cese de la demandante, en el contexto constitucional, por tratarse de un caso concreto de discriminación.

La Sala señala que bien puede la reclamante reintegrarse a su institución después de su embarazo, pues éste no puede resultar discriminatorio y excluyente respecto del derecho de la demandante a educarse. En estricto, el embarazo no puede resultar causal de exclusión de una institución policial y las disposiciones reglamentarias a este respecto, resultan inaplicables al caso concreto de la demandante.

Cierto es que hay un reglamento que dispone la exclusión por la causal referida, y de seguro que hay una exigencia de rigor en la etapa policial formativa. Sin embargo, a la luz del examen efectuado, la norma reglamentaria deviene discriminatoria. 

Importante es hacer notar el efecto de inaplicabilidad en tanto asumiríamos que la norma administrativa si bien es cierto sigue vigente, en el caso concreto deviene inaplicable.

La sentencia de la Sala fue confirmatoria del fallo igualmente favorable de primera instancia, razón por la cual el proceso concluyó a nivel del Poder Judicial.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencia PJ 16 de junio de 1995. 16 Juzgado Penal de Lima. Caso Barrios Altos. Aplicación control difuso

19 febrero, 2011

Estimados amigos:

El fallo de la jueza Antonia Saquicuray, a propósito de la Ley de Amnistía 26479- Sentencia Poder Judicial. 16 Juzgado Penal de Lima. Caso Ley Amnistía., resulta una decisión de notoria relevancia por cuanto significó una resolución autónoma frente a la norma que en el año 1995, disponía el cierre de los juicios vinculados a violación de derechos humanos.

Al margen de la diagramación del texto del referido fallo (en la Academia de la Magistratura en los Cursos de Redacción Jurídica trabajamos una denominada “composición amigable”, al referirnos a una división ordenada de ideas y párrafos), el contenido es de un amplio significado constitucional al preferirse la aplicación de la Carta Fundamental antes que una Ley contraria a la Constitución.  

Corresponde hacer justicia también en cuanto a este fallo al dictamen previo del Ministerio Público, el cual opina por la inaplicación de la norma.

La parte relevante del juicio jurídico de la sentencia es la siguiente:

toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, su integridad moral, psíquica y física y a su desarrollo y bienestar (…)nuestro texto constitucional garantiza (…)el reconocimiento, entre otros, a los principios y al sitial que le corresponde dentro de la estructura del Estado; es en consecuencia fin y no medio; en tal sentido, el Estado está en la obligación de asegurarle jurídicamente el pleno y libre ejercicio de los derechos que le asisten por su propia naturaleza y que la misma Constitución le reconoce; tanto más que al respecto ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos (…) y (…)se interpretan de conformidad con la citada Declaración Universal de Derechos Humanos (…); Que, atendiendo a la aplicación de la Ley veintiséis mil cuatrocientos setentinueve (…) ésta resulta incompatible con las Normas Constitucionales y Tratados Internacionales ya citados, toda vez que conforme al artículo primero punto uno de la Convención Americana se establece que los Estados parte, – entre ellos el Perú – tiene la obligación de investigar las violaciones de los Derechos Humanos y de castigar a los responsables; principios y normas de las cuales el Estado Peruano no se encuentra aislado y que se contravienen con el citado dispositivo legal, al desconocer derechos que el propio texto constitucional consagra como el citado, la Persona Humana, es además violatorio del inciso tercero del artículo ciento treintainueve de nuestra Carta Política, que consagra como garantía de la Función Jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, garantía que protege a todos los sujetos de la relación procesal, Garantía Constitucional que se encuentra plasmada en los artículos octavo, inciso primero, y artículo veinticinco inciso primero de la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra la garantía judicial y la protección judicial de que goza toda persona; en consecuencia, el dispositivo legal mencionado al suprimir la protección jurídica de estos Derechos Fundamentales viola las normas constitucionales ya glosadas; Que, en tal sentido, estando a que la función Jurisdiccional se ejerce con arreglo a la Constitución y a las leyes como reza el artículo ciento treintiocho de la Constitución que en caso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los Jueces preferirán la primera, se anota en el segundo párrafo de dicho numeral, encontrándose en su función solo sujeta a la Constitución y a la Ley como contempla el artículo ciento cuarentiséis inciso primero del mismo cuerpo de leyes(…)

La referencia a los instrumentos internacionales es una constante en este fallo y tal argumentación legitima el efecto de vinculatoriedad de los principios del sistema supranacional de derechos humanos.

La jueza Saquicuray fue objeto de un proceso disciplinario por su decisión pero eso es solo un dato anecdótico. La historia demostró que la defensa irrestricta de los derechos fundamentales no puede admitir obstáculos. 

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencias constitucionales emblemáticas del Poder Judicial

19 febrero, 2011

Estimados amigos:

Junto a las reseñas de sentencias relevantes del Tribunal Constitucional, hemos considerado un grupo de sentencias emblemáticas del Poder Judicial del Perú, en diversos temas de alcance jurídico nacional, con marcada incidencia en temas de derechos fundamentales.

Una cuestión importante a reafirmar es la existencia de fallos de los jueces del Poder Judicial del Perú, de alcance constitucional, que en el ámbito de la relevancia de sus decisiones han significado, en su momento, marcadas controversias sobre la legitimidad de los alcances establecidos y sin embargo, el tiempo, el análisis más profundo y la crítica constructiva, propios de un Estado de Derecho, han significado la consolidación de las decisiones inicialmente adoptadas.

En ese orden de ideas, nos parece relevante destacar fallos de incidencia constitucional en distintas facetas del ordenamiento jurídico nacional y reseñar los argumentos de mayor relevancia de los mismos.

Obviamente no han de estar todas pero habrá de aceptarse que se trata de una recopilación progresiva. Al respecto, aún tenemos algunas dificultades para una agrupación virtual de las mismas, a diferencia del Tribunal Constitucional, cuya sistematización tecnológica es realmente buena. En efecto, existen más de 1,800 órganos jurisdiccionales a nivel nacional en tanto el Tribunal Constitucional es un solo órgano, aunque dividido en 2 Salas de 3 miembros cada una para ciertos casos a no ser vistos por el Pleno. A pesar de ello, asumimos que más en el mediano que en el largo plazo, el Poder Judicial habrá de sistematizar la totalidad de sus resoluciones. Es un reto pendiente de transparencia, de legitimidad y de real inmediación.  

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 006-2006-CC/TC. Caso Poder Judicial. Cosa juzgada constitucional

18 febrero, 2011

Estimados amigos:

Una sentencia de suyo conflictiva que evidencia el “choque de trenes” del cual habla al maestro español Pablo Pérez Tremps, es la STC 006-2006-PC/TC, caso Poder Judicial, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2007/00006-2006-CC.html.

Entre otras objeciones que formula el Poder Judicial, al haberse dejado sin efecto resoluciones con autoridad de cosa juzgada respecto a procesos concluidos (lo cual podía resultar discutible pues respecto a los mismos ya había precluído el término de interposición de procesos de amparo-  30 días- contra resoluciones judiciales) es la novedad de la cosa juzgada constitucional, la cual el supremo intérprete identifica en los siguientes términos:

§8. Sobre la cosa juzgada constitucional

68. (…) Para que una sentencia, dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional, adquiera la calidad de cosa juzgada, no basta con que estén presentes sus elementos formal y material; tampoco es suficiente que exista un pronunciamiento sobre el fondo, tal como prevé el artículo 6º del Código Procesal Constitucional. Al efecto conviene recordar que el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución (artículo 201º), y que, en determinados procesos constitucionales -hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento-, es instancia final de fallo (artículo 202º, inciso 2 de la Constitución) de las resoluciones del Poder Judicial; en otros –proceso de inconstitucionalidad y proceso competencial– es instancia única (artículo 202º inciso 1); de ahí que sea el supremo intérprete de la Constitución (artículo 1º de la LOTC).

69. Por eso mismo, porque su interpretación es suprema, el Código Procesal Constitucional ha reconocido la potestad jurisdiccional de este Tribunal para establecer doctrina jurisprudencial (artículo VI del Título Preliminar) y para fijar precedentes vinculantes con efectos normativos (artículo VII del Título Preliminar); los que, en tanto se integran en el sistema de fuentes de nuestro sistema jurídico, constituyen parámetros de validez y legitimidad constitucionales de las sentencias y resoluciones que dicten los demás órganos jurisdiccionales. Por ello es que una sentencia dictada dentro de un proceso judicial ordinario o un proceso constitucional, aun cuando se pronuncie sobre el fondo, pero desconociendo la interpretación del Tribunal Constitucional o sus precedentes vinculantes, no puede generar, constitucionalmente, cosa juzgada. 

70. Ello es así porque lo que la Constitución garantiza, a través de su artículo 139º, inciso 2, es la cosa juzgada constitucional, la que se configura con aquella sentencia que se pronuncia sobre el fondo de la controversia jurídica, de conformidad con el orden objetivo de valores, con los principios constitucionales y con los derechos fundamentales, y de acuerdo con la interpretación que haya realizado el Tribunal Constitucional de las leyes, o de toda norma con rango de ley, o de los reglamentos y de sus precedentes vinculantes, como lo prescriben los artículos VI y VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, respectivamente. Sólo de esa manera un ordenamiento constitucional puede garantizar a la ciudadanía la certeza jurídica y la predictibilidad de las decisiones jurisdiccionales. 

71. Bajo estas consideraciones, es evidente que en el presente caso las resoluciones judiciales que se dictaron contraviniendo la interpretación jurídica de este Colegiado y los efectos normativos de la sentencia 009-2001-AI/TC y del precedente vinculante sentado a través de la sentencia 4227-2005-AA/TC, nunca adquirieron la calidad de cosa juzgada constitucional y, por ende, no puede afirmarse que su nulidad constituya una afectación de la garantía de la cosa juzgada y del derecho fundamental al debido proceso, ambos principios reconocidos en el artículo 138º, incisos 2 y 3 de la Constitución, respectivamente. Y es que de la relación que existe entre la Constitución y el proceso se deriva que éste no puede ser concebido como un instrumento de resolución de conflictos aséptico y neutral de cara la realización de determinados valores constitucionales, pues esta es una práctica propia del positivismo y relativismo procesalista; antes bien, debe entenderse como un instrumento jurídico comprometido con la realización de valores democráticos y con el respeto pleno de la Constitución y de los derechos fundamentales.   

Los argumentos planteados sugieren un debate muy amplio en tanto surge la duda objetiva de cuál es el verdadero alcance de la cosa juzgada como institución propia de los jueces del Poder Judicial. Desestimar las decisiones de los jueces a través de un proceso competencial franquea muchas controversias, en tanto genera falta de certeza respecto a poner de lado los mecanismos que las propias normas infraconstitucionales prefijan para cuestionar decisiones judiciales con la autoridad de cosa juzgada.

La pregunta central es: ¿no se crea inseguridad jurídica al disponer otros mecanismos extraordinarios para cuestionar la cosa juzgada? ¿Basta la infracción de un precedente constitucional para que se habilite una nueva opción de dejar sin efecto  procesos judiciales concluidos? Y por último ¿se logra la defensa de la primacía de la Constitución y la defensa de los derechos fundamentales con la institución de la cosa juzgada constitucional?

Reconocemos el valor siempre actual de la jurisprudencia constitucional y de su carácter dinámica, mas nos revela dudas ciertamente sustantivas, dejar sin efecto resoluciones judiciales contra las cuales se habilitan mecanismos no convencionales para dejarlas sin efecto, cuando contra ellas no se ejerció oportunamente mecanismos que las normas legales habilitan.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 2663-2003-HC/TC. Caso Mabel Aponte. Tipos de habeas corpus

17 febrero, 2011

Estimados amigos:

La clasificación de los tipos de habeas corpus es un tema que la doctrina constitucional ha contemplado en nuestro país a través de la sentencia – HC/TC, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02663-2003-HC.html.

Su importancia es notoria pues desarrolla las modalidades del habeas corpus, los cuales son sumillados en la siguiente forma:

6.      Tal como expone Néstor Pedro Sagües -Derecho Procesal Constitucional-  Hábeas Corpus. Buenos Aires: Astrea, 1988 pág. 143-  “en su origen histórico surge como remedio contra una detención.  Sin arresto, el hábeas corpus parecería no tener razón de ser, ya que es un remedio, precisamente, contra aprehensiones ilegales. Su meta natural, por los demás estriba en disponer una libertad. 

Sin embargo, el desarrollo posterior del instituto [] lo ha hecho proyectarse hacia situaciones y circunstancias que si bien son próximas a un arresto, no se identifican necesariamente con él”. 

De ahí que se reconozca que “algunas figuras del hábeas corpus […] abandonan los límites precisos de la libertad física para tutelar derechos -constitucionales  también – aunque de índole distinta” 

Al respecto, en la Opinión Consultiva OC-9/87 N.° 29, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se justificó y convalidó la ampliación de los contornos del hábeas corpus al manifestarse que “es esencial la función que cumple el hábeas corpus como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.

En función a este ensanchamiento del carácter y contenido del hábeas corpus, la doctrina ha elaborado una tipología, de la cual resumidamente damos cuenta: 

a)  El hábeas corpus reparador 

Dicha modalidad se utiliza cuando se produce la privación arbitraria o ilegal de la libertad física como consecuencia de una orden policial; de un mandato judicial en sentido lato -juez penal, civil, militar-; de una decisión de un particular sobre el internamiento de un tercero en un centro psiquiátrico sin el previo proceso formal de interdicción civil; de una negligencia penitenciaria cuando un condenado continúe en reclusión pese a haberse cumplido la pena; por sanciones disciplinarias privativas de la libertad; etc. 

En puridad, el hábeas corpus reparador representa la modalidad clásica o inicial destinada a promover la reposición de la libertad de una persona indebidamente detenida.  

b)  El hábeas corpus restringido 

Se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que, en los hechos, configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Es decir, que, en tales casos, pese a no privarse de la libertad al sujeto, “se le limita en menor grado”. 

Entre otros supuestos, cabe mencionar la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares; los seguimientos perturbatorios carentes de fundamento legal y/o provenientes de órdenes dictadas por autoridades incompetentes; las reiteradas e injustificadas citaciones policiales; las continuas retenciones por control migratorio o la vigilancia domiciliaria arbitraria o injustificada, etc.

c)   El hábeas corpus correctivo 

Dicha modalidad, a su vez, es usada cuando se producen actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de la libertad. Por ende, su fin es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad, cuando se ha determinado cumplir un mandato de detención o de pena. 

En efecto, en el caso Alejandro Rodríguez Medrano  vs.  la Presidencia del Instituto Nacional Penitenciario y otro (Exp. N.° 726-2002-HC/TC), el Tribunal Constitucional señaló que: 

“Mediante este medio procesal puede efectuarse el control constitucional de las condiciones en las que se desarrolla la restricción del ejercicio de la libertad individual, en todos aquellos casos en que éste se haya decretado judicialmente”

Así, procede ante la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física y psicológica, o del derecho a la salud de los reclusos o personas que se encuentran bajo una especial relación de sujeción internados en establecimientos de tratamiento públicos o privados (tal el caso de personas internadas en centros de rehabilitación y de  menores, en internados estudiantiles, etc.). Igualmente, es idóneo en los casos en que, por acción u omisión, importen violación o amenaza del derecho al trato digno o se produzcan tratos inhumanos o degradantes. 

Es también admisible la presentación de esta modalidad en los casos de arbitraria restricción del derecho de visita familiar a los reclusos; de ilegitimidad del traslado de un recluso de un establecimiento penitenciario a otro; y por la determinación penitenciaria de cohabitación en un mismo ambiente de reos en cárcel de procesados y condenados. 

d)   El hábeas corpus preventivo

Éste podrá ser utilizado en los casos en que, no habiéndose concretado la privación de la libertad, existe empero la amenaza cierta e inminente de que ello ocurra, con vulneración de la Constitución o la ley de la materia.. 

Al respecto, es  requisito sine qua non de esta modalidad que los actos destinados a la privación de la libertad se encuentran en proceso de ejecución; por ende, la amenaza no debe ser conjetural ni presunta.   

En efecto, en el caso Patricia Garrido Arcentales y otro contra el capitán PNP Henry Huertas (Exp. N.° 399-96-HC/TC), el Tribunal Constitucional precisó: 

“Que, en cuanto a las llamadas telefónicas a través de las cuales se amenazaría con detener a los recurrentes, según afirman, este Tribunal considera que no se han dado los supuestos para que se configure una situación que constituya amenaza a la libertad personal que haga procedente la acción de Hábeas Corpus, es decir,  tal y como lo consagra el artículo 4° de la Ley N.° 25398, se necesita que ésta sea cierta y de inminente realización; se requiere que la amenaza sea conocida como verdadera, segura e indubitable, que se manifieste con actos o palabras que no dejen duda alguna de su ejecución y propósito e inminente y posible, esto es, que no deje duda sobre su ejecución en un plazo inmediato y previsible”.  

e)   El hábeas corpus traslativo

Es empleado para denunciar mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva; es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido.   

César Landa Arroyo, Teoría del Derecho Procesal Constitucional, Editorial Palestra, Lima 2003, pág. 116, refiere que en este caso “se busca proteger la libertad o la condición  jurídica del status de la libertad de los procesados, afectados por las burocracias judiciales []”. 

En efecto, en el caso Ernesto Fuentes Cano vs. Vigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima (Exp. N.° 110-99-HC/TC), el Tribunal Constitucional textualmente señaló lo siguiente: 

“Que, el tercer párrafo del artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante Decreto Ley N.° 22128, dispone que toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad  y, en el caso de autos, se inicia el proceso en marzo de 1993, y en diciembre de 1997 se encontraba en el estado de instrucción, por haber sido ampliada ésta; y el hecho de no haberse completado la instrucción no justifica que se mantenga privada de su libertad a una persona que ya lo había estado por más de veinte meses, no dándole cumplimiento así al artículo 137° del Código Procesal Penal, en caso de efectivizarse esta nueva orden de captura”. 

f)   El hábeas corpus instructivo 

Esta modalidad podrá ser utilizada  cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición es no sólo garantizar la libertad y la integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición. 

En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ernesto Castillo Páez vs. República del Perú, (párrafo 84 de la sentencia del 3 de noviembre de 1997), estableció lo siguiente: 

“Habiendo quedado demostrado como antes se dijo (supra, párrafo 71), que la detención del señor Castillo Páez fue realizada por miembros de la Policía del Perú y que, por tanto, se encontraba bajo la custodia de éste, la cual lo ocultó para que no fuera localizado, la Corte concluye que la ineficacia del recurso de hábeas corpus es imputable al Estado, configurando con ello una violación del artículo 25° de la Convención en relación con el artículo 1.1.”. 

g)   El hábeas corpus innovativo

Procede cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se repitan  en el futuro, en el particular caso del accionante. 

Al respecto, Domingo García Beláunde [Constitución y Política, Eddili, Lima 1991, pág.148], expresa que dicha acción de garantía  “debe interponerse contra la amenaza y la violación de este derecho, aun cuando éste ya hubiera sido consumado”. Asimismo, César Landa Arroyo [Tribunal Constitucional, Estado Democrático, Editorial Palestra, Lima 2003, pág. 193], acota que “… a pesar de haber cesado la violación de la libertad individual,  sería legítimo que se plantee un hábeas corpus innovativo, siempre que el afectado no vea restringida a futuro su libertad y derechos conexos”.  

h)   El hábeas corpus conexo 

Cabe utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores. Tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor  libremente  elegido desde que una persona es citada o detenida; o de ser obligado a prestar juramento; o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, o contra el o la cónyuge, etc. 

Es decir, si bien no hace referencia a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la  locomoción, guarda, empero, un grado razonable de vínculo y enlace con éste. Adicionalmente, permite que los derechos innominados –previstos en el artículo 3° de la Constitución– entroncados con la libertad física o de locomoción, puedan ser resguardados.     

Esta Tipología ha sido elaborada de modo casuístico, en atención a la continua evolución que ha experimentado este proceso constitucional, por lo que no puede ser tomada como un numerus clausus.

No obstante lo extenso de la cita, nos remitimos a la parte final de la precisión que hace el Tribunal Constitucional, en cuanto la presente clasificación del habeas corpus no es cerrada. No solo la legitimidad activa del habeas corpus es sumamente abierta sino su mismo ámbito de acción es amplio: no olvidemos que el habeas corpus puede ser interpuesto sin firma de abogado, verbalmente o por fax, entre otras amplias opciones, en tanto la protección del derecho fundamental a la libertad personal no debe ser objeto de restricción alguna.

Líneas puntuales de interés merece el habeas corpus innovativo, el cual permite se declare fundada una demanda, no obstante la sustracción de la materia que implicaría un cese tangible de la amenaza. El objetivo parece apuntar a que puedan determinarse responsabilidades posteriores, inclusive patrimoniales, en casos de afectaciones comprobadas, las cuales, en caso de cese de la amenaza, bien podrían quedar sin respuesta de tutela constitucional.    

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Y superamos las 20,000 visitas

16 febrero, 2011

Estimados amigos:

Hacer un alto en el camino puede resultar sumamente positivo para visualizar cuántos pasos hemos dado, cuántas veces pudimos habernos tropezado y cuáles son las correcciones a enmendar en lo que resta de la jornada. De otro lado, ese respiro en el tráfago de la vida diaria es bueno en cuanto nos insta a otear el horizonte y distinguir el camino aún por recorrer, cuál es el trecho faltante y de cómo estamos premunidos para continuar la brega.

Nuestro blog representa mucho de este raciocinio en este día, 16 de febrero de 2011, en el que de pronto vemos lo caminado hasta hoy y apreciamos que más de 20,ooo visitas, desde hace pocos meses, no es realmente poco.

Comenzamos con la ambición de darle forma a una herramienta virtual en temas constitucionales y a disponer de algunas referencias de interés respecto al Derecho Constitucional. Esa idea inicial ha sido superada ampliamente.

Hoy tenemos, sin que esto signifique que sea éste el mejor referente, varias estructuras de temas insertos, cuando menos inicialmente organizados, y aún así, somos conscientes de que hay aún mucho camino por andar.

Sucede que la realidad nos desafía día a día, a dar lo mejor de nosotros mismos. Esto llega a convertirse en un acto que exige mucha disciplina frente al enorme mar de retos que hoy implica hacer un estudio serio de nuestra disciplina y a proveer, de modo continuo, herramientas para el análisis continuo de reflexiones constitucionales.

El número de visitas a nuestro blog, en generoso número, nos dice que hemos construido cierto material de interés y objetivamente, que nuestro esfuerzo ha sido positivo en la medida que es un aporte, aunque inicial, al estudio continuo del Derecho Constitucional y disciplinas de suyo afines como la Argumentación Jurídica y los Derechos Humanos.

En esta fecha especial, en ese camino continuo de reflexiones, es importante ratificar la invitación a quienes nos leen, a que si consideran algún tema de interés, lo sugieran, y la referencia ha de ser bienvenida. Ello contribuiría en mucho, a juicio nuestro, a una construcción en común de las bases conceptuales, pragmáticas y relevantes del Derecho Constitucional y a hacer más sólida aún la proyección de esta modesta herramienta de trabajo en derechos iusfundamentales, a través del aporte en plural de pensamientos. Como dice Confucio: “Mientras existan los pensamientos existirán las palabras, mientras existan las palabras existirán los hechos y mientras existan los hechos existirán las reflexiones”. Ese es nuestro norte.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra 

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