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STC 4408-2005-PA/TC. Caso Empresa de Comerciantes Mayoristas de Productos Hidrobiológicos S.A. Principio de proporcionalidad.

3 marzo, 2011

 

 Estimados amigos:

 Otra sentencia que brinda pautas de interés para una apreciación práctica del principio de proporcionalidad es el caso de los chinchorreros, STC 4408-2005-PA/TC. Caso Empresa de Comerciantes Mayoristas de Productos Hidrobiológicos S.A., la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/04408-2005-AA.html

Lo interesante del caso presentado reside en que el principio de proporcionalidad bien puede ser también apreciado en un proceso de amparo y no necesariamente en un proceso de inconstitucionalidad, el cual brinda el marco de referencia para controlar la constitucionalidad de una ley.

En el caso de los chinchorreros, éstos  denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad de trabajo, de empresa y a la igualdad ante la ley, al ser obligados a trasladarse, a raíz de una Ordenanza Municipal, del mercado de propiedad de la  Empresa de Comerciantes Mayoristas de Productos Hidrobiológicos S.A., donde laboraban, al mercado municipal, en razón de los desórdenes de tráfico vehicular  y comercio ambulatorio causados por la descarga de pescado.

El examen del Tribunal, desde la perspectiva de inaplicación de la Ordenanza cuestionada por vulneración de derechos fundamentales, hace caer la norma en control en el subexamen de necesidad, pues se pudo contemplar una medida menos onerosa que la fijada por la disposición Municipal, como la fijación de horarios de carga y descarga de los vehículos con pescado de los chinchorreros, o restricciones de estacionamiento, entre otras opciones menos gravosas. Fijémonos en un aspecto central: si hay una medida menos gravosa que la medida aplicada y sometida a control constitucional, es aquella la que prevalece por tratarse, precisamente, de una medida menos gravosa.

Al desarrollar este examen el Tribunal señala:

Análisis de la infracción del acceso igual al mercado a la luz del principio de proporcionalidad

(…) 19. Análisis de idoneidad. La medida introducida –estacionamiento de los vehículos de transporte dentro del mercado de la Municipalidad- es adecuada para la ordenación vehicular. Es decir, el estacionamiento obligatorio de camionetas de carga y chinchorros en el interior del mercado de la Municipalidad es conducente a la ordenación vehicular en la zona antes mencionada.

20. Análisis de necesidad. Aun cuando la medida cuestionada es idónea, ella resulta innecesaria dado que el objetivo de la Municipalidad –la ordenación vehicular- podía alcanzarse a través de medidas que no afectaran la igualdad de posibilidades de acceder al mercado; es decir, podía lograrse la ordenación vehicular sin que para ello sea necesaria la prohibición cuestionada. Una ordenación de tal naturaleza se puede conseguir, por ejemplo, con una regulación que establezca límites y condiciones estrictamente indispensables para mantener un orden vehicular en las áreas contiguas al mercado y con el control correspondiente de la Policía Municipal; piénsese, por ejemplo, en restricciones de número de vehículos, restricciones de estacionamiento en horas de congestionamiento. De esta forma, se logra una concordancia práctica entre la igualdad de acceso al mercado exigida por la libertad de trabajo y el principio de orden público inherente a las funciones de la Municipalidad.

21. En consecuencia, en tanto la norma cuestionada no supera el test de necesidad, se concluye que ella lesiona al recurrente en su libertad de trabajo al afectar el acceso al mercado en condiciones de igualdad. La restricción del acceso al mercado aquí analizada resulta discriminatoria con respecto a la empresa demandante debido a que infringe el imperativo de igualdad de acceso que debe existir entre ésta y el mercado de la Municipalidad.

En conclusión, la Ordenanza cuestionada no resulta derogada, como hubiera sucedido en un proceso de inconstitucionalidad, sino deviene inaplicable respecto al caso en concreto.

¿Pudo el juez constitucional del Poder Judicial aplicar control difuso en el presente caso? A juicio nuestro, sí, y sin embargo, esta última figura hubiera requerido elevar el incidente a la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, al disponerlo así la normativa infraconstitucional[1]. En consecuencia, el esquema del proceso de amparo contra Ordenanza Municipal, a efecto de lograr su inaplicación, devenía mucho más expeditivo en términos de celeridad y economía procesal.  

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra


[1] LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Artículo 14

De conformidad con el artículo 236 de la Constitución, cuando los magistrados al momento de fallar el fondo de la cuestión de su competencia, en cualquier clase de proceso o especialidad, encuentren que hay incompatibilidad en su interpretación, de una disposición constitucional y una con rango de ley, resuelven la causa con arreglo a la primera.

Las sentencias así expedidas son elevadas en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, si no fueran impugnadas. Lo son igualmente las sentencias en segunda instancia en las que se aplique este mismo precepto, aun cuando contra éstas no quepa recurso de casación.

En todos estos casos los magistrados se limitan a declarar la inaplicación de la norma legal por incompatibilidad constitucional, para el caso concreto, sin afectar su vigencia, la que es controlada en la forma y modo que la Constitución establece.

Cuando se trata de normas de inferior jerarquía, rige el mismo principio, no requiriéndose la elevación en consulta, sin perjuicio del proceso por acción popular.

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