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STC 00535-2009-PA/TC. Caso Rodolfo Oroya. Análisis de razonabilidad.

8 marzo, 2011

Estimados amigos:

El caso Oroya, el cual puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00535-2009-AA.html, plantea una discusión de actualidad sobre el principio de legalidad en sede administrativa, en tanto el Tribunal Constitucional, con este fallo, deja sin efecto una sanción de expulsión por parte de la Universidad San Ignacio de Loyola, en contra del estudiante Rodolfo Oroya, quien es separado del centro de estudios por habérsele encontrado con un cigarrillo de marihuana en el campus universitario.

La controversia que este fallo causó fue notoria: ¿defendía el Tribunal a quienes poseían marihuana? ¿Era viable dejar sin efecto una sanción de expulsión, dado el contexto de una falta muy grave?

No lo creemos así pues la decisión del Tribunal aludió a un contexto de adecuada proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción impuesta, de suyo la más grave en el ámbito universitario.

El Tribunal recurre al análisis de razonabilidad como estándar de solución del conflicto y se expresa al respecto en el siguiente sentido:

18. (…) el análisis de la razonabilidad de una medida implica determinar si se ha dado:

  1. a.    La elección adecuada de las normas aplicables al caso y su correcta interpretación, tomando en cuenta no sólo una ley particular, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto.
  2. b.    La comprensión objetiva y razonable de los hechos que rodean al caso, que implica no sólo una contemplación en  “abstracto” de los hechos, sino su observación en directa relación con sus protagonistas, pues sólo así un “hecho” resultará menos o más tolerable, confrontándolo con los “antecedentes del servidor”, como ordena la ley en este caso.
  3. c.     Una vez establecida la necesidad de la medida de sanción, porque así lo ordena la ley correctamente interpretada en relación a los hechos del caso que han sido conocidos y valorados en su integridad, entonces el tercer elemento a tener en cuenta es que la medida adoptada sea la más idónea y de menor afectación posible a los derechos de los implicados en el caso.

(…)

20. Cabe destacar que el examen toxicológico tomado por el demandante el 18 de julio de 2007 y presentado ante la Comisión Disciplinaria tuvo resultado negativo (fojas 10), por lo que al momento de los hechos se puede concluir que el consumo de dicha droga fue circunstancial y que éste no presentaba síntomas de adicción o uso continuo de la misma.    

21. Si bien el consumo de drogas es una situación que no es promovida por el Estado, cabe destacar que la Comisión Disciplinaria decidió no considerar la situación particular del demandante y tampoco tomó en cuenta el examen toxicológico. Por otro lado, no consideró que el alumno se encontraba en el último semestre de la carrera y que una de las funciones de la universidad, sino la más decisiva, es la de formar a las personas.

(…)

23. Al analizar todos los elementos de juicio del caso, resulta cuestionable para este Tribunal que en el proceso disciplinario que culminó con la separación definitiva del demandante, la Comisión Disciplinaria y el Tribunal de Honor hayan omitido la valoración de toda prueba o elemento contextual que atenúe la responsabilidad asumida por él, cuando ésta representa la única garantía de justicia y proporcionalidad entre la falta cometida y la sanción a imponerse.

24. Por este motivo, este Tribunal Constitucional considera que la relación entre los hechos y la sanción impuesta por la Universidad San Ignacio de Loyola, en el presente caso, resulta desproporcionada y sin una base objetiva que la sustente, violando el principio de razonabilidad con el que se debe actuar en uso de sus facultades discrecionales.

25. En consecuencia, la decisión de la Comisión Disciplinaria y del Tribunal de Honor es violatoria al principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad, y causan, en el presente caso, la violación de otro derecho constitucionalmente reconocido, como es el de educación, reconocido en el artículo 13º de la Constitución.

26. Esta violación se constituye puesto que la separación definitiva del alumno por el consumo de un cigarrillo de marihuana cometido en un contexto particular y único de su vida, faltando apenas once semanas para terminar la carrera, lo coloca en una situación de indefensión y desigualdad frente a sus pares.

27. Por más que él pueda intentar seguir la carrera en otra universidad, la decisión no solo el acceso a la educación sino también su libre desarrollo de la personalidad, en el sentido que la Resolución de la Universidad genera un antecedente que lo acompañará durante su vida universitaria y desarrollo profesional. Además, en el texto de la resolución expresamente se señala la separación por el consumo de droga, siendo indiferente si se está frente a una persona con una adicción o si se trata de un caso aislado.

28. Por esta razón es que el Tribunal Constitucional considera que la demanda de autos es fundada en la medida que la decisión de la Universidad es desproporcionada, no porque el consumo de marihuana en el campus universitario no amerite una sanción grave, sino porque la estructura del régimen disciplinario es ambigua e indeterminada, afectando los principios de proporcionalidad y razonabilidad reconocidos en los artículos 3º, 43º y 200º de la Constitución. 

29. La presente decisión no puede ser asumida como que el Tribunal es permisivo o tolerante ante el consumo de drogas, sea dentro o fuera del campus universitario. El Tribunal Constitucional ha incidido enfáticamente en el problema social que causa el consumo y el tráfico ilícito de drogas (…)

Como apreciamos, los hechos son muy delicados pues una interrogante fluye en modo muy claro: ¿se justificaba expulsar a un estudiante que estaba próximo a concluir sus estudios? ¿No era más prudente una suspensión temporal? Aquí el Tribunal desarrolla un argumento de proporcionalidad entre el acto generador del conflicto y la sanción.

La argumentación cuida que no haya percepción alguna de excesiva tutela respecto de una falta de suyo grave. Para ello, rescata la aplicación del análisis de razonabilidad, elemento que permite una valoración de orden axiológico y que a su vez es desarrollada por el Tribunal en 3 pasos según el fundamento 18. En esa pauta, estima la demanda del estudiante Oroya para que se reincorpore a sus estudios.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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