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STC 03173-2008-PHC/TC. Caso El Frontón. Interpretación constitucional

10 marzo, 2011

Estimados amigos:

Una comparación objetiva entre este fallo, el cual puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2008/03173-2008-HC%20Resolucion.html, y el caso PROVIAS, anteriormente objeto de comentario en este blog (vid. https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/02/06/stc-3908-2007-patc-caso-provias-deja-sin-efecto-precedente-vinculante-4853-2004-aatc/) denota muchas similitudes.

La principal, a juicio nuestro, es la confrontación argumentativa entre una posición más restrictiva de interpretación de los derechos fundamentales y la posición abierta de interpretación amplia de estos derechos.

En el caso El Frontón no se llega a completar el número de votos suficientes (queda 4.3), para dejar sin efecto el precedente vinculante caso Dirección Regional de Pesquería de La Libertad 4853-2004 (vid. https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/02/05/stc-4853-2004-aa7tc-caso-direccion-regional-de-pesqueria-de-la-libertad-reglas-vinculantes-del-recurso-de-agravio-a-favor-del-precedente-reglas-del-amparo-contra-amparo/) el cual facultaba la interposición de recursos de agravio constitucional aún contra sentencias estimatorias, precedente que es dejado sin efecto por el caso PROVÍAS (5-2), es decir, se logra el número de votos suficiente para cambiar de precedente.

A este respecto, es importante señalar que en el Perú solo las sentencias denegatorias en procesos constitucionales pueden ser conocidas por el Tribunal Constitucional; las estimatorias, propiamente concluyen en el Poder Judicial. Sin embargo, el precedente 4853-2004 habilitó, en forma extraordinaria, un recurso de agravio contra sentencias estimatorias, solo si se infringía otro precedente vinculante.

En el caso El Frontón no se logró los votos necesarios para dejar sin efecto el precedente 4853-2004, lo que sí se logró con el caso PROVÍAS.

La reseña de mayor interés es la siguiente:

8. (…) Este Tribunal considera que la sentencia de segunda instancia del presente proceso de hábeas corpus tiene la calidad de cosa juzgada, con efectos interpartes, en tanto se encuentre subsistente, pues quien se considere afectado por su contenido tiene expedita la vía del proceso de amparo contra amparo si los plazos procesales lo permiten.

La parte resolutiva señala:

Por las consideraciones expuestas, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú, con los votos singulares de los magistrados Landa Arroyo, Beaumont Callirgos y Eto Cruz,

RESUELVE:

Declarar NULO el concesorio del recurso de queja recaído en el Exp. N.º 245-2007-Q/TC; en consecuencia, IMPROCEDENTE la queja de derecho e IMPROCEDENTE el recurso de agravio constitucional.

Merece una breve reseña el voto del magistrado Landa Arroyo, cuya posición resulta en minoría, quien señala:

5. Obligación constitucional del Estado peruano de investigar las violaciones a los derechos humanos

18. De conformidad con el artículo 44º de la Constitución, constituye un deber primordial del Estado “garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”. Por su parte, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2º y 3º) como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1º y 2º), establecen como obligaciones del Estado el respeto y garantía de los derechos reconocidos en estos tratados. A través de su jurisprudencia vinculante, el Tribunal Constitucional ha delimitado los alcances de estas obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

19. Tomando como referencia la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal ha señalado: “el deber de garantía implica que el Estado debe prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos, y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos. La obligación del Estado consiste en el ejercicio de la acción penal correspondiente contra aquellos funcionarios públicos, o cualquier individuo, que sea presuntamente responsable de la violación alegada. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de esta manera vela por la protección de los derechos de las personas, pero simultáneamente exige la intervención del Derecho Penal contra aquellos que resulten responsables de la infracción” (énfasis agregado).

20. Por lo tanto, en el marco de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado en materia de derechos humanos, reconocidas ampliamente a través de la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional, el Estado debe investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país durante el conflicto armado interno, encontrándose dentro de ellas los hechos ocurridos en el penal El Frontón en junio de 1986. No llevar a cabo la investigación de estos hechos implica una violación de la Constitución y de los tratados internacionales ratificados por el Estado peruano, por lo que no corresponde que a través de una demanda de hábeas corpus se impida la investigación de tales hechos.

(…)

7. Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad

30. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad constituye, en un proceso constitucional, un principio que no admite discusión alguna. Su aplicación evita la impunidad y permite a los Estados cumplir con sus obligaciones en materia de respeto y garantía de los derechos humanos. La determinación de cuándo se está frente a un crimen de lesa humanidad constituye una labor jurisprudencial de particular importancia, a la que viene contribuyendo en forma decisiva la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en los últimos años ha emitido importantes decisiones al respecto.

31. En este sentido, se debe hacer mención al pronunciamiento de la Corte en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile (2006), en el cual señaló: “la Corte reconoce que los crímenes contra la humanidad incluyen la comisión de actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable”(énfasis agregado).

(…)

34. Tomando como referencia esta importante y decisiva línea jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se puede colegir que los sucesos ocurridos en el penal El Frontón en el año de 1986 deberían ser, asimismo, considerados como crímenes de lesa humanidad, en tanto se produjeron en el marco del conflicto armado interno que vivió el país como consecuencia de la lucha contra el terrorismo, por lo que sobre tales hechos resulta inaplicable la regulación sobre la prescripción prevista en el Código Penal.

La pregunta que finalmente fluye es, en concreto:  ¿se justifica revisar crímenes de lesa humanidad? ¿O es que habiendo sido estimatoria la sentencia del Poder Judicial en el habeas corpus del caso, ya no es competente el Tribunal Constitucional para conocer dicho proceso? O dicho de otra forma: ¿Fue pertinente ceñirse a una interpretación cerrada de la imposibilidad por parte del Tribunal Constitucional de conocerse una sentencia estimatoria?

El plano argumentativo en ambos casos es muy extenso.  

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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