h1

STC 05350-2009-HC/TC Caso Salazar Monroe. Plazo razonable

12 marzo, 2011

Estimados amigos:

Desde Piura, norte de Perú, de tránsito por cuestiones académicas, consideramos la inclusión de la siguiente nota.

Lo relevante del caso Salazar Monroe, el cual puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05350-2009-HC%20Resolucion.html, es la fijación de un cuarto estándar respecto al plazo razonable, baremo que se configura a partir del Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, a su vez reiterado en la sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras, de fecha 3 de abril de 2009, y que consiste en lo siguiente, como exigencia respecto al plazo razonable: d) la afectación que genera la demora en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

El caso Salazar Monroe complementa pues el caso Chacón Málaga (vid https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/03/11/stc-3509-2009-phctc-caso-walter-chacon-plazo-razonable/ ) Sin duda, este cuarto estándar implica una exigencia adicional, esto es, demostrar que existe una afectación sustantiva respecto a los derechos del ciudadano concernido. En consecuencia, será necesario demostrar una afectación tangible respecto a que el exceso del plazo razonable causa un perjuicio objetivo.

Nuestra posición es que si se hubiera exigido este cuarto estándar respecto al caso Chacón, eventualmente el fallo pudo ser distinto, en la medida que el afectado estaba sujeto a reglas de comparecencia restringida en el caso en el cual era procesado. Si se aplicaba una medida menos gravosa, la salida del Tribunal pudo ser considerar la comparecencia simple.

La parte relevante de la sentencia es la siguiente:   

§4.2. Criterios o parámetros para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal

19.              En la sentencia del Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, la Corte IDH, siguiendo la jurisprudencia del TEDH, precisó los criterios a utilizar para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal. En efecto, señaló que: 

“77. (…) De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (…)”. (Negritas agregadas)

20.              Estos tres elementos utilizados por la Corte IDH para analizar la razonabilidad del plazo del proceso penal fueron ampliados en la sentencia del Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, que a su vez fueron reiterados en la sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras, de fecha 3 de abril de 2009.

En dichas sentencias, la Corte IDH amplió de tres a cuatro los elementos que deben analizarse para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal, que son: a) la complejidad del asunto; b) la actividad o comportamiento del procesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) la afectación que genera la demora en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

21.              Así, en la sentencia del Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, la Corte IDH reconoció que:

“155. (…) ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales. El Tribunal considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve”.

22.    En la sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras, la Corte IDH reafirmó que:

“112. (…) ha establecido que es preciso tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”. (Negritas agregadas).

23.              A la luz de estos cuatros elementos, que en algunos casos han sido analizados en su integridad por la Corte IDH y en otros casos no.

Será importante, a tenor de lo señalado, que los jueces constitucionales consideren la exigencia de este cuarto estándar para determinar si se ampara una pretensiòn por infracciòn al plazo razonable.

Saludos cordiales,      

Edwin Figueroa Gutarra

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

A %d blogueros les gusta esto: