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STC 01680-2009-PHC/TC. Caso Antauro Humala. Plazo razonable.

14 marzo, 2011

Estimados amigos:

El caso Humala, el cual puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/01680-2009-HC.html, comporta una posición distinta respecto a los casos Chacón Málaga y Salazar Monroe, ya analizados en este blog (vid. https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/03/11/stc-3509-2009-phctc-caso-walter-chacon-plazo-razonable/ y https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/03/12/stc-05350-2009-hctc-caso-salazar-monroe-plazo-razonable/), en razón de que el Tribunal Constitucional, frente a un caso en el cual había vencido el plazo de detención preventiva de 36 meses, opta por una medida de respuesta distinta.

El supremo intérprete inclina su respuesta frente la pretensión de habeas corpus de Humala respecto al vencimiento del plazo de detención, por definir la controversia en alusión a un tema de naturaleza funcional.

Señala el Tribunal al respecto:

14. (…) La ley exige para todos los casos de decisiones sustanciales que el juzgador cumpla con los plazos que ella señala. Así, para la calificación de una demanda como para la expedición de la sentencia en la que concluye el proceso, es indudable que el juzgador debiera cumplir los plazos contemplados en la ley; pero, por diversas razones, especialmente la enorme carga procesal, no le resulta al juez posible humanamente el cumplimiento riguroso del mandato legal. Nos preguntamos entonces ¿será procedente sancionar con la nulidad la decisión jurisdiccional tardía con el único sustento de su tardanza? Evidentemente no cabe esta invalidación porque, como ya se ha dicho, esa decisión ha cumplido su finalidad aunque con tardanza en su emisión y por tanto ha generado efectos jurídicos de diverso orden, tales como el propio cuestionamiento materia de autos y que resulta infundado. La jurisprudencia y la doctrina vienen señalando que, en todo caso, de ser cierta la afirmación, podría pedirse no la nulidad de la resolución por su demora sino la sanción disciplinaria al juez por el tardío cumplimiento de su deber.

A juicio nuestro, no obstante la similitud entre los casos Chacón, Salazar y Humala, el estándar aplicado en este caso, difiere de los casos anteriores en cuanto el presente problema se circunscribe a que antes que emitir una decisión estimatoria, se consideró procedente se inicie un proceso administrativo sancionador a los jueces del caso, por no haber aplicado de oficio la ampliación del plazo de detención.

El voto singular del magistrado Landa Arroyo, quien difiere de la posición de la mayoría, asume una posición más puntual y señala:

13. (…) el presente caso concreto no debe ser considerado como un supuesto de excepción que legitime constitucionalmente la prolongación de la detención preventiva por un plazo superior a los 36 meses, por lo que, debe declararse la nulidad de la resolución de fecha 3 de enero de 2008, debiendo la Sala Superior emplazada ordenar una medida menos gravosa que la detención preventiva, como la detención domiciliaria, y que asegure la presencia de los favorecidos en las diligencias judiciales, bajo responsabilidad; y siempre que no exista una orden judicial de detención vigente.

El criterio de menor gravosidad nos parece de interés pues apunta a referencias de la ponderación judicial en tanto propone no se conceda libertad sino se restrinja la petición a una detención domiciliaria que en estricto también restringe la libertad mas en menor rango de afectación permitida de la libertad personal.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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