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Libro “La exigencia constitucional del deber de motivar”. Edwin Figueroa Gutarra. Prólogo de Manuel Atienza Rodríguez.

24 marzo, 2011

Estimados amigos:

Con singular satisfacción me permito comentarles que ya se encuentra en imprenta nuestro libro “La exigencia constitucional del deber de motivar”, el cual resume, a grandes rasgos, en qué forma se plasman, por parte de los jueces, las respuestas jurisdiccionales en cumplimiento y observancia del derecho fundamental a la motivación.

Abordamos temas de Filosofía del Derecho relacionados con la motivación y entramos al tratamiento de ejes argumentativos e interpretativos respecto al deber de motivar, además de acompañar, en calidad de glosario, las sentencias más importantes en nuestro ejercicio profesional en Sala Constitucional, en la premisa de que el deber de motivar se materializa, prevalentemente, en las decisiones jurisdiccionales.

El maestro Manuel Atienza Rodríguez (España) nos ha honrado con prologar la obra y es un privilegio sin par que uno de los filósofos del derecho más importantes del orbe, nos haya concedido tal honor.

En calidad de avance, nos permitimos adjuntar el prólogo de la obra.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

PROLOGO 

El deber de los jueces  de motivar sus decisiones es un elemento fundamental del Derecho de los Estados constitucionales. En los ordenamientos jurídicos de tipo romano-germánico supone, por lo demás, una práctica relativamente reciente, que contrasta con la de los sistemas de common law, en donde las decisiones judiciales han sido siempre motivadas; la explicación es que sin una adecuada explicitación de las rationes decidendi de las sentencias, un sistema basado en el precedente no podría funcionar. 

En el caso español, es usual pensar que la práctica (y la exigencia) de verdadera motivación  de las decisiones judiciales (las que  resuelven cuestiones que no sean  de puro trámite) no se consolida hasta la entrada en vigor de la actual Constitución, de 1978; uno de sus artículos –el 123- fija con claridad esa obligación, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha esforzado para que la misma no se quedara simplemente en “Derecho sobre el papel”. En el ordenamiento jurídico peruano (como he podido conocer al leer el libro que estoy prologando), la obligación está establecida en todas las Constituciones (desde la de 1828), pero es probable que ese deber no se haya traducido en “Derecho en acción” hasta fechas muy recientes. 

En términos generales, la obligación y la práctica de la motivación, en los Derechos de tipo continental, comienza en la segunda mitad del siglo XVIII y conoce luego una aceleración después de la segunda guerra mundial coincidiendo, precisamente, con el afianzamiento del Estado constitucional; lo que justifica la obligación de motivar no son ya ahora, como ocurría en la etapa anterior, simplemente razones endoprocesales (hacer posible el buen funcionamiento de un sistema de recursos) sino, sobre todo, razones extraprocesales o políticas, esto es, la necesidad de controlar democráticamente el poder de los jueces. 

En España, en Portugal y en los países latinoamericanos, la democracia formal o representativa, como es bien sabido, sólo ha conseguido imponerse muy recientemente. Y esa falta de tradición democrática (que obedece, a su vez, a razones complejas y de diverso tipo) explica en buena medida que nuestras prácticas argumentativas adolezcan de serios defectos: tanto en el plano jurídico (judicial) como en el político o en el social; simplemente, tenemos poco entrenamiento en la discusión racional, y de ahí la importancia de fomentar una  cultura de la argumentación. Seguramente la conciencia de estos déficits es lo que explica que el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado en 2006, haya puesto mucho énfasis (a diferencia de lo que ocurre con otros textos semejantes provenientes de otras áreas culturales) en la obligación de motivar las decisiones. Ese Código (vigente, aunque no sea estrictamente Derecho positivo, en nuestros países) recoge lo que podríamos considerar como las pautas básicas de la cultura de la motivación del Estado constitucional contemporáneo; entre otras cosas,  establece que “motivar supone expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión” (art. 19) y que “las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas” (art. 27). 

Ahora bien, definir lo que es motivar y establecer ciertas exigencias sobre cómo motivar es una tarea más simple que la de fijar criterios precisos que puedan permitirnos conocer cuándo existe una motivación (o una buena motivación) y cuándo no. Esta última cuestión es, precisamente,  la que se aborda en el capítulo tercero de este libro (en los anteriores capítulos, los temas tratados son: el razonamiento jurídico, en general; y la ponderación y la proporcionalidad en la interpretación constitucional). Edwin Figueroa acomete esa tarea a partir de la obligación de motivación establecida por la Constitución peruana en su art. 139, ap. 5 y a propósito, sobre todo, de una sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, de 2008, en la que se planteaba un proceso de habeas corpus en el que se dilucidaba la posible vulneración del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales. La persona que lo alegaba había sido condenada por la Corte Suprema por un homicidio cometido en el contexto de una reyerta familiar. El Tribunal Constitucional anuló la decisión de la Corte Suprema básicamente –de acuerdo con la exposición que hace el autor del libro- por cuatro razones: 1) la sentencia cometió una incorrección lógica, pues del hecho de que la fallecida hubiera sufrido 60 heridas, mientras que la demandante sólo  mostrara 4, concluye sin más que esta última había sido la agresora; 2)  incurre en una grave incoherencia en la narración de los hechos (afirma, por un lado, que la víctima había agarrado “otro cuchillo” y, por otro lado –unas líneas después-, que había hecho frente a la agresión “con un elemento de menor peligrosidad”); 3) no identifica las razones en que se sustentarían las premisas (falta de justificación externa);  y 4), al examinar la prueba indiciaria, no había mostrado el “necesario enlace lógico” existente entre el hecho base o hecho indiciario y el hecho considerado probado. Todo ello, en aplicación de la doctrina del propio Tribunal Constitucional según la cual existe una vulneración de ese derecho fundamental si se produce alguna de las siguientes circunstancias: inexistencia de motivación o motivación aparente; falta de motivación interna del razonamiento; deficiencias en la motivación externa; motivación insuficiente; motivación sustancialmente incongruente. 

Edwin Figueroa está de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional (y también con los criterios que se acaban de señalar) y tan sólo dirige a la sentencia una crítica que se refiere a los excesos verbales, al lenguaje poco considerado utilizado por ese Tribunal lo que, en su opinión, implica la infracción de un “deber de lealtad”. Con ello hace alusión al empleo de expresiones (por parte del Tribunal Constitucional y referidas a la motivación de la Corte Suprema) como las siguientes: [la sentencia es] “fruto de un decisionismo inmotivado antes que el producto de un juicio racional y objetivo” o “la sentencia impugnada…forma parte de aquellas que se caracterizan por el hábito de la declamación demostrativa de dar ciertos hechos por probados; luego de lo cual tales hechos son declarados de manera sacramental y sin ninguna pretensión explicativa como constitutivos de un ilícito penal como si de una derivación mecánica se tratase”. 

Pues bien, el análisis anterior –que constituye el núcleo del libro de Figueroa- plantea, en mi opinión, dos cuestiones. Una es la de si el autor tiene razón al sostener lo que sostiene en relación con ese caso. A mí me parece que sí. Aunque mi conocimiento del mismo no sea de primera mano, todo hace pensar que la motivación de la Corte Suprema incurría en errores graves y que estaba justificado anular la sentencia (y exigir a la Corte que volviera a motivar el fallo) por haber vulnerado un derecho fundamental de los individuos. También me parece que tiene razón al sugerir que el lenguaje de las decisiones judiciales debe ser comedido y sobrio, si bien el hablar de un “deber de lealtad” podría dar lugar a algún malentendido. 

La segunda cuestión, de carácter más general, se refiere a cómo establecer los requisitos que permitan determinar que una decisión no está suficientemente motivada y, en consecuencia, supone la transgresión de un derecho fundamental. Por un lado, el concepto de “motivación suficiente” tiene una mayor connotación que el de “motivación” a secas; es lo que viene a decir el Tribunal Constitucional peruano (y Figueroa) cuando establece que la ausencia de motivación (incluida la simple apariencia de motivación) es condición suficiente (pero no necesaria) para considerar que se ha vulnerado ese derecho fundamental. Pero, por otro lado, el concepto de “motivación suficiente” no coincide tampoco con el de “motivación óptima” o incluso con el de “buena motivación”. Quiero decir con ello que el Tribunal Constitucional, puesto que (como lo aclara el autor del libro) no es una tercera instancia, esto es, no puede entrar en el fondo del asunto como lo haría un simple tribunal de apelación, podría considerar que una determinada motivación no es la mejor posible (que adolece incluso  de ciertas deficiencias) pero, sin embargo, sí es una motivación “suficiente”, en el sentido de que no supone la infracción de un derecho fundamental (a una decisión motivada). Los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional (y suscritos por Figueroa) se dirigen a precisar ese concepto de “motivación suficiente” que vendría a ser algo así como “una buena motivación, aunque no necesariamente la mejor”. ¿Pero  supone ese criterio –podría uno seguir preguntándose- un grado “suficiente” de precisión? Quizás no. Podría aceptarse que “ausencia de motivación” o “motivación meramente aparente” son nociones razonablemente claras, al igual que también lo es la de “falta de motivación interna” (que podríamos entender en el sentido de comisión de errores de tipo estrictamente lógico). Pero el problema es que raramente una sentencia incurre en ese tipo de deficiencias. Lo usual es más bien que lo que haya que aplicar sean los otros elementos del test: “deficiencias en la motivación externa” y “motivación sustancialmente incongruente” (no incluyo el de “motivación insuficiente”, pues me parece que ese es precisamente el concepto –genérico- que hay que determinar con ayuda de los otros). Y estas nociones necesitan todavía de un análisis cuidadoso y, desde luego, nada fácil de llevar a cabo. O sea, la pregunta que sigue abierta sería ésta: ¿cómo de buena tiene que ser una motivación para poder ser considerada como suficiente? 

Naturalmente, dejar preguntas abiertas –y  de la complejidad de la que se acaba de formular- no es ningún demérito, sino más bien una virtud. Y lo es porque, entre otras cosas, de esa manera se identifica un problema que merece ser investigado más a fondo y, de alguna forma, se apunta también un camino a seguir para ello. Quizás el que podría emprender el propio autor del libro en una próxima aventura intelectual. 

Manuel Atienza Rodríguez

Universidad de Alicante (España)

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