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Revista virtual IPSO JURE No. 12

28 marzo, 2011

PALABRAS DEL DIRECTOR edición 12, febrero 2011

Estimados amigos:

IPSO JURE ha desarrollado en el presente número varios artículos de interés en Derecho Constitucional y una reflexión inmediata nos viene a la mente: ¿qué tan importante resulta hablar hoy del Derecho Constitucional y en especial, cuán relevante es aludir a la justicia constitucional? A juicio nuestro, mucho, en la medida que la evolución del Estado de Derecho ha servido de base para matizar rangos tangibles de aquel conjunto de principios que hoy llamamos el Estado Constitucional, uno de cuyos rasgos característicos es en rigor la justicia constitucional.

Hace unos decenios era poco usual destacar el arraigo de la justicia constitucional. La sola prevalencia de la norma jurídica aún gozaba de fortaleza y el mundo del Derecho giraba en torno a las reglas y los Códigos. Los principios solo eran referentes para llenar los vacíos del Derecho. Aún así, no dejaba de ser importante la justicia constitucional mas su relevancia se circunscribía a una lejana idea de Carta Fundamental, en la perspectiva kelseniana de la Constitución como una norma más del ordenamiento jurídico, por cierto en lo alto de la pirámide, mas una norma más, como instrumentos de solución de los dilemas sometidos a la justicia constitucional.

Es con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) que surge una percepción distinta de los derechos fundamentales de la persona, acentuándose dicho énfasis con la Carta Fundamental de Bonn (1949). La apuesta de ésta por un contenido esencial de los derechos fundamentales, reposicionó en mucho la forma de pensar respecto a la justicia constitucional, en cuanto se trataba de asumir una nueva dimensión de los derechos en examen en cualquier controversia jurídica con relevancia constitucional.

La Constitución francesa de 1958 así como la Constitución española de 1978 se sumaron a esta percepción de reenfoque de los derechos fundamentales en el ámbito de la justicia constitucional y el Perú se sumó, con la Norma Fundamental de 1979, a esta nueva percepción de los derechos fundamentales, asumiendo un enfoque garantista de suyo amplio. Y sin embargo, ¿fue una Carta que pecó de excesivo proteccionismo social, acusación que se le formula desde las orillas opuestas a la justicia constitucional? En nuestra opinión, no, en tanto el péndulo de la historia identifica los tiempos de los derechos en los Estados, unas veces más garantistas; otras tantas, menos. En esa lógica, la Constitución de 1993 destaca un nuevo planteamiento de los derechos fundamentales de la persona, con un menor contenido material, mas siguiendo una filosofía cuando menos suficientemente garantista al consignar los derechos de la persona bajo la perspectiva de enunciados valorativo- axiológicos como la dignidad de la persona. Tales caracteres permiten la configuración de un Estado Constitucional, el cual está conformado, según Peter Häberle, por “la dignidad humana como premisa, realizada partir de la cultura de un pueblo y de los derechos universales de la humanidad, vividos desde la individualidad de ese pueblo, que encuentra su identidad y en tradiciones y experiencias históricas, y su esperanza en los deseos y la voluntad creadora hacia el futuro”.

Hacia el 2011, autores de prestigio como Luis Prieto Sanchís enuncian, en otro paso sólido de la justicia constitucional, un neoconstitucionalismo como doctrina de un nuevo tipo de Estado, formado por principios que dan forma al Estado neoconstitucional a través de premisas base: más ponderación que subsunción, más principios que reglas, zonas no exentas de control constitucional, prevalencia del juez constitucional frente al legislador y existencia de una constelación plural de valores antes que homogeneidad ideológica. Tales principios otorgan consistencia a ese Estado neoconstitucional que no es sino el Estado de Derecho, en su esencia matriz, revestido de caracteres que asignan rango de fuerza a los principios, valores y directrices que alberga la Norma de Normas.

Ahora bien, la justicia constitucional exige también un examen de racionalidad: la solución de las colisiones de principios y derechos fundamentales, no debe significar una potestad de control incontrolable. En efecto, ese requerimiento de prudencia, al resolver controversias constitucionales, se resume en el principio self restraint, o de auto control, mediante el cual los jueces constitucionales deben medir el efecto de sus decisiones, procurando no incurrir en un exagerado activismo judicial. En efecto, todo exceso es en estricto negativo. Y si la justicia constitucional es la medida de acción de los jueces constitucionales, en consecuencia corresponde a éstos no incurrir en incongruencias a efectos de no deslegitimar la esencia que reclama la justicia constitucional, como expresión axiológica de esa fraternidad de intérpretes haberleana en la cual los jueces conforman un estamento preferente de ese Estado Jurisdiccional al cual se refería Karl Schmidt.

Es precisamente esa exigencia de auto control lo que conduce a una condición de legitimación de los órganos jurisdiccionales constitucionales. Si ellos procuran ceñir sus decisiones a la efectiva vigencia de los derechos fundamentales, como refiere Marina Gascón, las decisiones judiciales no serán sino una forma de legitimación de los jueces. A su vez, si los órganos se exceden en el marco de sus decisiones, ocurrirá efectivamente lo contrario a aquello que buscan las decisiones judiciales, es decir, legitimación, y tales situaciones negativas acarrearán un descrédito del juez constitucional ante la comunidad jurídica.

Si un Tribunal se excede en sus decisiones y no traza adecuadamente las fronteras ente el Derecho y la política, como anota Otto Bachof, estará inobservando los principios del self restraint y de allí la importancia de una formación garantista para la tutela de los derechos fundamentales y a la vez, racional y razonable, para no incurrir en los excesos que hacen endebles las bases conceptuales y programáticas del rol de los jueces constitucionales.

En consecuencia, el self restraint es el mecanismo por excelencia prevalente de las decisiones constitucionales. Y auto control es racionalidad, en la medida de respetar la norma jurídica cuando ésta brinda soluciones de subsunción a los conflictos normativos, y además razonabilidad, en tanto supone la valoración axiológica de los derechos fundamentales. De una adecuada y equilibrada ponderación  entre ambos valores, se desprende la fortaleza de la justicia constitucional.

Hasta pronto.

El Director

 

INDICE

 

ENTREVISTA

DR CARLOS SILVA MUÑOZ

 

LA IMPROCEDENCIA DE PROCESOS CONSTITUCIONALES: UN REEXAMEN DOCTRINARIO-JURISPRUDENCIAL

EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

TUTELA LABORAL O IMPOSICION DE CRITERIOS EN LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS

EFFIO ARROYO, BADY OMAR

 

LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL TARDA… Y A VECES NO LLEGA

JENSEN FRANCISCO GARCÍA CÓRDOVA

 

EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS EN EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL

YAEL CAROLINA LÓPEZ GAMBOA

 

EL DELITO DE DAÑOS EN LA LEGISLACIÓN PERUANA (ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 205º DEL CÓDIGO PENAL)

JOSÉ ANTONIO DÍAZ MURO

 

LOS PRINCIPIOS EN EL ACTUAL CONSTITUCIONALISMO PERUANO

MARGOTT GUADALUPE PAUCAR ESPINOZA

 

LOS EXCESOS EN LA ACTIVIDAD SANCIONATORIA DEL INDECOPI: ¿FACULTAD SANCIONATORIA O ABUSO DE PODER?

GONZALO CRUZ SANDOVAL

 

ANALISIS DE LA FORMULACIÓN Y CONSOLIDACION DE LA TEORIA DEL DERECHO EDUCATIVO Y LA APLICACIÓN DEL METODO DE INVESTIGACIÓN A SU CAMPO DE ESTUDIO

JOSÉ WILLAMS PÉREZ DELGADO

 

TUTELA DE LOS INTERES DIFUSOS

JORGE ROLANDO LLANOS GARCÍA

 

A TEORIA DA CONSTITUIÇÃO COMO CIÊNCIA DA CULTURA: A INTERPRETAÇÃO EVOLUTIVA DO PRINCÍPIO FEDERATIVO COMO CONDIÇÃO DE POSSIBILIDADE DO ESTADO CONSTITUCIONAL COOPERATIVO NO BRASIL

ANDRÉ GONTIJO

 

BRASIL JURISDICCIONES: PROTECCIÓN DEL DERECHO AL ACCESO A MEDICAMENTOS

ANA CAROLINA PEDUTI ABUJAMRA Y TAÍS NADER MARTA

 

DO MANDADO DE INJUNÇÃO

SÉRGIO TIBIRIÇÁ AMARAL Y FELIPE GARCIA TELÓ

 

El enlace web a esta edición es el siguiente:

http://scc.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/63217780464128e1b031fdb4a967034d/ipso_12-4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=63217780464128e1b031fdb4a967034d

 

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