Archive for 22 marzo 2011

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Entrevistas destacadas

22 marzo, 2011

Estimados amigos:

Innovamos este blog abriendo una sección de entrevistas de interés en temas afines al Derecho Constitucional, los Derechos Humanos y la Argumentación Jurídica. 

En nuestra opinión, una entrevista resulta una expresión del Derecho en forma directa, en recurrencia a la fuente propia del pensamiento jurídico y en esa línea, creo no podemos dejar de incluir las opiniones de los maestros del Derecho, de quienes nos consideramos modestos seguidores en ideas, talento y visión.  

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencia PJ 2009-01890. Primera Sala Civil del Cusco. Caso Béjar. Proceso de amparo. Derecho a la igualdad

21 marzo, 2011

Estimados amigos:

Complementando nuestra información anterior sobre el caso Béjar( vid https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/02/21/sentencia-pj-01890-2009-0-1001-tercer-juzgado-civil-del-cusco-caso-edwin-bejar-derecho-a-la-igualdad/) incluimos la sentencia de segunda instancia del caso en comento Sentencia PJ 2009-01890. Primera Sala Civil del Cusco. Caso Béjar. Proceso de amparo. Derecho a la igualdad , la cual ha sido remitida por gentileza de uno de los ponentes, el Dr. Wilber Bustamante del Castillo.

Recomendamos su examen minucioso pues el desarrollo de los fundamentos constitucionales es realmente de mucho interés por la doctrina aportada y las técnicas de interpretación constitucional aplicadas.   

La conclusión de mayor relevancia que extraemos de la sentencia referida es que los jueces constitucionales del Poder Judicial tienen mucho que aportar a la construcción de estándares en la justicia constitucional.   

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Teoría constitucional. Curso PCA AMAG. Materiales de trabajo

20 marzo, 2011

 

Estimados amigos:

Conforme a la previsión inicial, colgamos nuestros materiales de trabajo del módulo Teoría Constitucional que venimos dictando en el curso PCA Programa de Capacitación para el Ascenso, de la Academia de la Magistratura los días 19 y 20 de marzo del año en curso.

Las diapositivas adjuntas- AMAG PCA 2011 Teoría constitucional – son un resumen con agregados jurisprudenciales propios de los materiales de trabajo preparados por el Dr Virgilio Hurtado Cruz, profesor autor del autoinstructivo preparado.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 2945-2003-AA/TC. Caso Azanca Meza. Derecho a la salud y su relación con el derecho a la vida

19 marzo, 2011

Estimados amigos:

La diferencia entre derechos fundamentales y no fundamentales reviste interés en sede constitucional en tanto los primeros han de gozar de la tutela propia que demanda su defensa, en tanto que los segundos bien pueden ser protegidos por normas infraconstitucionales. No obstante ello, esta es una referencia solo contextual pues a través de la técnica del bloque de constitucionalidad, derechos fundamentales bien pueden recibir un rango de tutela por parte de normas infraconstitucionales en forma indirecta y a su vez, derechos no fundamentales pueden ser protegidos en determinados casos por normas constitucionales.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando un derecho no fundamental se une a un derecho no fundamental y se exige su protección ante el juez constitucional? Es el caso del derecho a la salud, el cual si bien hoy en la jurisprudencia constitucional ya goza de reconocimiento, no era ésa su situación en abril de 2004, a propósito del caso Azanca Meza, cuando tal derecho no era considerado fundamental y sin embargo, si se vinculaba al derecho a la vida, entonces sí le correspondía recibir tutela constitucional.

La señora Azanca Meza demandaba que se le otorgara atención médica integral por ser paciente con VIH y sin embargo, tal tipo de atención solo era procedente para madres gestantes infectadas con el VIH y todo niño nacido de madre infectada, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo N.° 004-97-SA, Reglamento de la Ley N.° 26626.

La situación, para efectos constitucionales, era puntual: una norma- regla impedía la prestación de salud solicitada por la señora Meza y fluía una interrogante puntual: ¿era viable algún tipo de prestación a favor de ella, dada su condición especial? El Tribunal encuentra una salida iusfundamental determinando que si un derecho no fundamental, como el derecho a la salud, se unía a un derecho fundamental, entonces aquel derecho no fundamental podía ser objeto de tutela en forma excepcional en sede constitucional.

Para esta respuesta, recurre argumentativamente a los principios de dignidad y solidaridad, y afirma que el derecho a la vida, en el caso concreto, amerita una sentencia estimatoria.

La parte relevante de la sentencia, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02945-2003-AA.html, es la siguiente:

6.  Si bien en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la salud no se encuentra contemplado entre los derechos fundamentales establecidos en el artículo 2° de la Constitución, sino más bien se lo reconoce en el capítulo de los derechos económicos y sociales a que se refieren los artículos 7° y 9° de la Constitución, este Tribunal, al igual que nuestro similar colombiano, considera que cuando la vulneración del derecho a la salud compromete otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad física o el libre desarrollo de la personalidad, tal derecho adquiere carácter de derecho fundamental y, por tanto, su afectación merece protección vía la acción de amparo (STC N.° T- 499 Corte Constitucional de Colombia).

(…)

El derecho a la salud y su relación inseparable con el derecho a la vida

26.    Actualmente, la noción de Estado social y democrático de derecho concreta los postulados que tienden a asegurar el mínimo de posibilidades que tornan digna la vida y, en esas circunstancias, se impone principalmente a los poderes públicos la promoción de esas condiciones. La vida, entonces, ya no puede entenderse tan solo como un límite al ejercicio del poder, sino fundamentalmente como un objetivo que guía la actuación positiva del Estado. Dichos postulados propenden la realización de la justicia que avala los principios de dignidad humana y solidaridad y traspasa el reducido marco de la legalidad con el que se identificaba la noción clásica de Estado de derecho. Ahora el Estado está comprometido a invertir los recursos indispensables para desarrollar las tareas necesarias que le permitan cumplir con el encargo social de garantizar el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad privada.

27.    Nuestra Constitución Política de 1993 ha determinado que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; la persona está consagrada como un valor superior, y el Estado está obligado a protegerla. El cumplimiento de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este derecho constituye su proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos.

28.    La salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho a la vida, y la vinculación entre ambos derechos es irresoluble, ya que la presencia de una enfermedad o patología puede conducirnos a la muerte o, en todo caso, desmejorar la calidad de la vida. Entonces, es evidente la necesidad de proceder a las acciones encaminadas a instrumentalizar las medidas dirigidas a cuidar la vida, lo que supone el tratamiento orientado a atacar las manifestaciones de cualquier  enfermedad para impedir su desarrollo o morigerar sus efectos, tratando, en lo posible, de facilitar los medios que al enfermo le permitan desenvolver su propia personalidad dentro de su medio social.(…)

Una decisión que sigue el mismo razonamiento es el caso Corea Condori, el cual puede ser analizado en el siguiente enlace: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02016-2004-AA.html

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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¿Límites a la justicia constitucional? Investigación Jurídica

18 marzo, 2011

 

Estimados amigos:

Con singular satisfacción les comunico que la Academia de la Magistratura del Perú ha aprobado la publicación de la Investigación Jurídica intitulada: ¿Límites a la justicia constitucional?, la cual puede ser leída en este blog en el enlace https://edwinfigueroag.wordpress.com/%c2%bflimites-a-la-justicia-constitucional/, estudio que obtuviera el tercer lugar en el Concurso de Investigaciones Jurídicas 2009.

Señalo la aprobación de la institución pues de acuerdo a las bases del concurso, los derechos de autor fueron transferidos a favor de la Academia de la Magistratura, en tanto el suscrito conserva los derechos morales de la Investigación, quedando prohibida la reproducción total o parcial de la misma, sin permiso de los autores.

El interés por desarrollar el tema referido obedeció a una serie de cuestionamientos a la legitimidad de la justicia constitucional a raíz de sentencias cuestionables del Tribunal Constitucional. El trabajo apunta a la idea de que no es conveniente poner límites regulares o convencionales a la justicia constitucional y por el contrario, es importante reforzar la misma pero bajo las pautas que informa el principio del self restraint o de autolimitación.

Al respecto, destacamos las ideas relevantes de Jorge Carpizo y Otto Bachof respecto a la importancia de respetar la autonomía de los jueces constitucionales sin perjuicio de destacar la relevancia de la autolimitación. Finalmente, si bien no vivimos en estricto en un Estado Jurisdiccional, como apuntaba Kart Schmidt, sí es importante destacar la fuerza interpretativa de las decisiones de los jueces constitucionales, pues finalmente, como refiriera el chief justice Evan Hughes, de la Corte Suprema de EE.UU., los jueces dicen lo que la Constitución es.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Teoría constitucional y democracia. 19 y 20 de marzo de 2011. Academia de la Magistratura

17 marzo, 2011

Estimados amigos:

La Academia de la Magistratura del Perú nos ha extendido una cordial invitación a efectos de dictar el módulo de Teoría Constitucional y Democracia en el marco del Décimo Tercer Curso de Preparación para el Ascenso en la carrera judicial o fiscal, el cual se ejecutará en su primera fase- Teoría Constitucional- los días 19 y 20 de marzo de 2011 en esta ciudad de Chiclayo.

Los cursos de Ascenso de la Academia de la Magistratura tienen lugar con  con la participación de jueces y fiscales titulares, profesionales de carrera, que postulan al grado inmediato superior.

El propósito del item de Teoría Constitucional, con el cual arrancamos actividades, se ciñe al estudio de las principales instituciones y categorías jurídico políticas establecidas en la Constitución. Se trata, a decir del profesor Virgilio Hurtado Cruz, autor de los materiales de trabajo, de estudiar el rol de la Constitución en la organización del Estado, los límites al ejercicio del poder que éste ejerce así como el reconocimiento de los derechos fundamentales que asiste a cada persona por ser el fin supremo de la sociedad y del Estado y los mecanismos de protección dispuestos para la defensa de los mismos.

En adición a ello, procuramos el análisis de de los principios fundamentales que garantizan la jerarquía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, así como el principio de soberanía de la Constitución y el principio de previsión de consecuencias dado por la responsabilidad de la autoridad en el ejercicio del poder que se le confiere, el cual debe ejercerse conforme a la Constitución y la ley.

Podemos apreciar que la agenda es ambiciosa pero al margen de las clases presenciales este fin de semana, tendrá lugar, igualmente, una intensa actividad virtual para el planteamiento de foros de opinión virtuales y el desarrollo de ponencias de los discentes, igualmente en forma electrónica.

El tema Democracia tendrá lugar en abril.

En su momento, colgaremos nuestros materiales de trabajo.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra   

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Reglas y principios. Artículo

16 marzo, 2011

REGLAS Y PRINCIPIOS  

No obstante las formidables críticas a la ponderación de intereses por parte de, entre otros autores, Jürgen Habermas, Paolo Commanducci y Juan Antonio García Amado[1], corresponde nos interroguemos hasta dónde puede realmente visualizarse que hoy la interpretación constitucional pueda considerar la primacía de los principios sobre las reglas. El debate es de suma relevancia y es tal la fuerza del principialismo, como doctrina constitucional que propugna la dimensión argumentativa de los principios, que los foros internacionales[2] han advertido ya la necesidad de asumir un estudio más a fondo de este tema.

Dworkin aporta luces sobre este tema y destaca el escenario de relevancia de los principios a partir de la premisa de que los ordenamientos jurídicos no están compuestos solamente por reglas. En efecto, si bien las reglas presentan una estructura silogística a través de una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, existen conflictos en el Derecho que no pueden ser resueltos únicamente en base a reglas. Es decir, la subsunción aparece como herramienta incompleta para la dilucidación de las controversias jurídicas. Y un ejemplo de ello se encuentra representado por las lagunas en los ordenamientos jurídicos, las cuales necesitan ser colmadas. En rigor, una laguna es un vacío en el Derecho frente a la cual no existe regla concurrente que pueda brindar una solución satisfactoria. Cuanto afirmamos reside en que la laguna jurídica no encuentra asidero ni en la premisa mayor, pues no hay norma concurrente en el caso, ni se asimila a los supuestos de hecho de la regla. En consecuencia, el intérprete se ve instado a recurrir a mecanismos que permitan llenar ese vacío a efectos de que la controversia en examen encuentre respuesta en el Derecho.

La posición kelseniana fue muy enfática, a través de la Teoría Pura del Derecho, a efectos de que no existieran elementos morales ni de ningún otro orden en la solución jurídica. Y en parte no le faltaba razón al insigne creador del Tribunal Constitucional de Austria, en tanto si la aplicación normativa encontraba otros elementos ajenos al Derecho, bien pudiera resultar viciada  la solución del caso por elementos extrajurídicos.

Sin embargo, el Derecho ha devenido sin cesar desde los albores de la centuria pasada, cuando las propuesta de Kelsen comenzaron un afianzamiento sostenido y hoy, a la luz de las Cartas Fundamentales de los Estados y de los tratados supranacionales en materia de derechos humanos, no puede negarse la importancia que revisten los principios como dimensión axiológica del Estado constitucional contemporáneo.

Los principios han esbozado un horizonte de desarrollo sostenido no solo en las Constituciones de diversos Estados emblemáticos del constitucionalismo (Alemania, España, Colombia) y es a través de los derechos fundamentales que los principios han logrado una plena expresión de su dimensión axiológica. Los principios han irrumpido para ubicarse como herramientas interpretativas de solución de las controversias constitucionales, y no obstante lo afirmado, correspondería preguntarnos: si los principios han asumido esta nueva dimensión, ¿no son acaso ellos, como intuye el maestro Prieto Sanchís, la nueva expresión del positivismo de nuestros días?

En nuestra opinión, no, pues los principios no consagran subjetivismo alguno y al ser expresados procedimentalmente a través de la ponderación, se les exige respetar las reglas del discurso racional, esto es, se requiere una fundamentación que respete los estándares mínimos de consistencia, coherencia y permanencia. En propiedad, los principios no son expresión subjetiva salvo en el contexto de descubrimiento. No ocurre ello en el contexto de justificación y en las justificaciones interna y externa, en cuyos ámbitos los principios se ven sometidos a un análisis racional, en primer orden, y de razonabilidad, en segundo rango, de tal manera que resulta ajeno al proceso de ponderación, consagrar la discrecionalidad sine die del intérprete.

Por tanto, subsumimos a través de las reglas y solo cuando tal operación de subsunción es insuficiente, procedemos a ponderar, esto es, la ponderación representa un mecanismo de suyo residual frente a la subsunción.

Finalmente, la ponderación expresa racionalidad a través de los principios y las reglas representan la base de todo examen jurídico. La exigencia está formulada: las controversias exigen soluciones racionales y razonables y los principios acuden en su ayuda.

Edwin Figueroa Gutarra

Doctor en Derecho 

Publicado en JURIDICA 346, El Peruano, 15 de marzo de 2011


[1] GARCIA AMADO, Juan Antonio. El juicio de ponderación y sus partes. Crítica de su escasa relevancia.  Academia de la Magistratura, Décimo primer curso PROFA. Abril 2010.  p. 47-90

[2] La Constitución y los principios. VIII Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. México, diciembre 2010.

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STC 06079-2008-PHC/TC. Caso Abanto Verástegui. Plazo razonable en sede fiscal

15 marzo, 2011

Estimados amigos:

El caso Abanto Verástegui, el cual puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/06079-2008-HC.html, presenta un análisis a contrario de los casos sobre plazo razonable antes presentados, en la medida que siendo un pronunciamiento de importancia, respecto a una importante investigación del Ministerio Público en materia de lavado de activos, presenta una tesis distinta a las que anteriormente hemos trabajado en el tema del plazo razonable.

En efecto, la sentencia en comento, diferente a las anteriores solo en cuanto a que el caso versa sobre una investigación fiscal, resultando las anteriores todas vinculadas a plazo razonable en sede judicial, señala en su parte de mayor interés lo siguiente:

7. Este Colegiado estima que en el presente caso el principio de interdicción de la arbitrariedad se ha vulnerado, debido a que el plazo de investigación preliminar resulta irrazonable, pues desde el 7 de febrero de 2008 hasta la fecha no ha concluido la investigación seguida contra el demandante, lo cual, si estuviera vigente el nuevo Código Procesal Penal, contravendría su artículo 342º, que señala que “El plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición correspondiente, el Fiscal podrá prorrogarla por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales” y que “Tratándose de investigaciones complejas, el plazo de la Investigación Preparatoria es de ocho meses. La prórroga por igual plazo debe concederla el Juez de la Investigación Preparatoria”.

La sentencia es de fecha 06 de noviembre de 2009, esto es, desde la fecha en que debió concluir la investigación preparatoria- 180 días desde el 07 de febrero de 2008- transcurrieron 15 meses en exceso.

Sin embargo, no desarrolla aquí el Tribunal examen alguno respecto a los estándares fijados en casos anteriores, lo cual supone, en nuestra modesta opinión, un análisis que no es completo.

De otro lado, no fue un argumento a considerar que las acciones del Ministerio Público, por su naturaleza investigatoria, no son de coerción real como lo suponen las medidas restrictivas de libertad de carácter judicial.

Por tanto, es pertinente concluir que el caso Abanto representa un examen de excepción que contradice la jurisprudencia anterior. 

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 01680-2009-PHC/TC. Caso Antauro Humala. Plazo razonable.

14 marzo, 2011

Estimados amigos:

El caso Humala, el cual puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/01680-2009-HC.html, comporta una posición distinta respecto a los casos Chacón Málaga y Salazar Monroe, ya analizados en este blog (vid. https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/03/11/stc-3509-2009-phctc-caso-walter-chacon-plazo-razonable/ y https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/03/12/stc-05350-2009-hctc-caso-salazar-monroe-plazo-razonable/), en razón de que el Tribunal Constitucional, frente a un caso en el cual había vencido el plazo de detención preventiva de 36 meses, opta por una medida de respuesta distinta.

El supremo intérprete inclina su respuesta frente la pretensión de habeas corpus de Humala respecto al vencimiento del plazo de detención, por definir la controversia en alusión a un tema de naturaleza funcional.

Señala el Tribunal al respecto:

14. (…) La ley exige para todos los casos de decisiones sustanciales que el juzgador cumpla con los plazos que ella señala. Así, para la calificación de una demanda como para la expedición de la sentencia en la que concluye el proceso, es indudable que el juzgador debiera cumplir los plazos contemplados en la ley; pero, por diversas razones, especialmente la enorme carga procesal, no le resulta al juez posible humanamente el cumplimiento riguroso del mandato legal. Nos preguntamos entonces ¿será procedente sancionar con la nulidad la decisión jurisdiccional tardía con el único sustento de su tardanza? Evidentemente no cabe esta invalidación porque, como ya se ha dicho, esa decisión ha cumplido su finalidad aunque con tardanza en su emisión y por tanto ha generado efectos jurídicos de diverso orden, tales como el propio cuestionamiento materia de autos y que resulta infundado. La jurisprudencia y la doctrina vienen señalando que, en todo caso, de ser cierta la afirmación, podría pedirse no la nulidad de la resolución por su demora sino la sanción disciplinaria al juez por el tardío cumplimiento de su deber.

A juicio nuestro, no obstante la similitud entre los casos Chacón, Salazar y Humala, el estándar aplicado en este caso, difiere de los casos anteriores en cuanto el presente problema se circunscribe a que antes que emitir una decisión estimatoria, se consideró procedente se inicie un proceso administrativo sancionador a los jueces del caso, por no haber aplicado de oficio la ampliación del plazo de detención.

El voto singular del magistrado Landa Arroyo, quien difiere de la posición de la mayoría, asume una posición más puntual y señala:

13. (…) el presente caso concreto no debe ser considerado como un supuesto de excepción que legitime constitucionalmente la prolongación de la detención preventiva por un plazo superior a los 36 meses, por lo que, debe declararse la nulidad de la resolución de fecha 3 de enero de 2008, debiendo la Sala Superior emplazada ordenar una medida menos gravosa que la detención preventiva, como la detención domiciliaria, y que asegure la presencia de los favorecidos en las diligencias judiciales, bajo responsabilidad; y siempre que no exista una orden judicial de detención vigente.

El criterio de menor gravosidad nos parece de interés pues apunta a referencias de la ponderación judicial en tanto propone no se conceda libertad sino se restrinja la petición a una detención domiciliaria que en estricto también restringe la libertad mas en menor rango de afectación permitida de la libertad personal.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 05350-2009-HC/TC Caso Salazar Monroe. Plazo razonable

12 marzo, 2011

Estimados amigos:

Desde Piura, norte de Perú, de tránsito por cuestiones académicas, consideramos la inclusión de la siguiente nota.

Lo relevante del caso Salazar Monroe, el cual puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05350-2009-HC%20Resolucion.html, es la fijación de un cuarto estándar respecto al plazo razonable, baremo que se configura a partir del Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, a su vez reiterado en la sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras, de fecha 3 de abril de 2009, y que consiste en lo siguiente, como exigencia respecto al plazo razonable: d) la afectación que genera la demora en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

El caso Salazar Monroe complementa pues el caso Chacón Málaga (vid https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/03/11/stc-3509-2009-phctc-caso-walter-chacon-plazo-razonable/ ) Sin duda, este cuarto estándar implica una exigencia adicional, esto es, demostrar que existe una afectación sustantiva respecto a los derechos del ciudadano concernido. En consecuencia, será necesario demostrar una afectación tangible respecto a que el exceso del plazo razonable causa un perjuicio objetivo.

Nuestra posición es que si se hubiera exigido este cuarto estándar respecto al caso Chacón, eventualmente el fallo pudo ser distinto, en la medida que el afectado estaba sujeto a reglas de comparecencia restringida en el caso en el cual era procesado. Si se aplicaba una medida menos gravosa, la salida del Tribunal pudo ser considerar la comparecencia simple.

La parte relevante de la sentencia es la siguiente:   

§4.2. Criterios o parámetros para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal

19.              En la sentencia del Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, la Corte IDH, siguiendo la jurisprudencia del TEDH, precisó los criterios a utilizar para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal. En efecto, señaló que: 

“77. (…) De acuerdo con la Corte Europea, se deben tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales (…)”. (Negritas agregadas)

20.              Estos tres elementos utilizados por la Corte IDH para analizar la razonabilidad del plazo del proceso penal fueron ampliados en la sentencia del Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, que a su vez fueron reiterados en la sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras, de fecha 3 de abril de 2009.

En dichas sentencias, la Corte IDH amplió de tres a cuatro los elementos que deben analizarse para determinar la razonabilidad del plazo del proceso penal, que son: a) la complejidad del asunto; b) la actividad o comportamiento del procesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y d) la afectación que genera la demora en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

21.              Así, en la sentencia del Caso Valle Jaramillo y otros vs. Colombia, la Corte IDH reconoció que:

“155. (…) ha establecido que es preciso tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, y c) la conducta de las autoridades judiciales. El Tribunal considera pertinente precisar, además, que en dicho análisis de razonabilidad se debe tomar en cuenta la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, considerando, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. Si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultará necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve”.

22.    En la sentencia del Caso Kawas Fernández vs. Honduras, la Corte IDH reafirmó que:

“112. (…) ha establecido que es preciso tomar en cuenta cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso”. (Negritas agregadas).

23.              A la luz de estos cuatros elementos, que en algunos casos han sido analizados en su integridad por la Corte IDH y en otros casos no.

Será importante, a tenor de lo señalado, que los jueces constitucionales consideren la exigencia de este cuarto estándar para determinar si se ampara una pretensiòn por infracciòn al plazo razonable.

Saludos cordiales,      

Edwin Figueroa Gutarra

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