Archive for 24 marzo 2011

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Libro “La exigencia constitucional del deber de motivar”. Edwin Figueroa Gutarra. Prólogo de Manuel Atienza Rodríguez.

24 marzo, 2011

Estimados amigos:

Con singular satisfacción me permito comentarles que ya se encuentra en imprenta nuestro libro “La exigencia constitucional del deber de motivar”, el cual resume, a grandes rasgos, en qué forma se plasman, por parte de los jueces, las respuestas jurisdiccionales en cumplimiento y observancia del derecho fundamental a la motivación.

Abordamos temas de Filosofía del Derecho relacionados con la motivación y entramos al tratamiento de ejes argumentativos e interpretativos respecto al deber de motivar, además de acompañar, en calidad de glosario, las sentencias más importantes en nuestro ejercicio profesional en Sala Constitucional, en la premisa de que el deber de motivar se materializa, prevalentemente, en las decisiones jurisdiccionales.

El maestro Manuel Atienza Rodríguez (España) nos ha honrado con prologar la obra y es un privilegio sin par que uno de los filósofos del derecho más importantes del orbe, nos haya concedido tal honor.

En calidad de avance, nos permitimos adjuntar el prólogo de la obra.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

PROLOGO 

El deber de los jueces  de motivar sus decisiones es un elemento fundamental del Derecho de los Estados constitucionales. En los ordenamientos jurídicos de tipo romano-germánico supone, por lo demás, una práctica relativamente reciente, que contrasta con la de los sistemas de common law, en donde las decisiones judiciales han sido siempre motivadas; la explicación es que sin una adecuada explicitación de las rationes decidendi de las sentencias, un sistema basado en el precedente no podría funcionar. 

En el caso español, es usual pensar que la práctica (y la exigencia) de verdadera motivación  de las decisiones judiciales (las que  resuelven cuestiones que no sean  de puro trámite) no se consolida hasta la entrada en vigor de la actual Constitución, de 1978; uno de sus artículos –el 123- fija con claridad esa obligación, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha esforzado para que la misma no se quedara simplemente en “Derecho sobre el papel”. En el ordenamiento jurídico peruano (como he podido conocer al leer el libro que estoy prologando), la obligación está establecida en todas las Constituciones (desde la de 1828), pero es probable que ese deber no se haya traducido en “Derecho en acción” hasta fechas muy recientes. 

En términos generales, la obligación y la práctica de la motivación, en los Derechos de tipo continental, comienza en la segunda mitad del siglo XVIII y conoce luego una aceleración después de la segunda guerra mundial coincidiendo, precisamente, con el afianzamiento del Estado constitucional; lo que justifica la obligación de motivar no son ya ahora, como ocurría en la etapa anterior, simplemente razones endoprocesales (hacer posible el buen funcionamiento de un sistema de recursos) sino, sobre todo, razones extraprocesales o políticas, esto es, la necesidad de controlar democráticamente el poder de los jueces. 

En España, en Portugal y en los países latinoamericanos, la democracia formal o representativa, como es bien sabido, sólo ha conseguido imponerse muy recientemente. Y esa falta de tradición democrática (que obedece, a su vez, a razones complejas y de diverso tipo) explica en buena medida que nuestras prácticas argumentativas adolezcan de serios defectos: tanto en el plano jurídico (judicial) como en el político o en el social; simplemente, tenemos poco entrenamiento en la discusión racional, y de ahí la importancia de fomentar una  cultura de la argumentación. Seguramente la conciencia de estos déficits es lo que explica que el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado en 2006, haya puesto mucho énfasis (a diferencia de lo que ocurre con otros textos semejantes provenientes de otras áreas culturales) en la obligación de motivar las decisiones. Ese Código (vigente, aunque no sea estrictamente Derecho positivo, en nuestros países) recoge lo que podríamos considerar como las pautas básicas de la cultura de la motivación del Estado constitucional contemporáneo; entre otras cosas,  establece que “motivar supone expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión” (art. 19) y que “las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas” (art. 27). 

Ahora bien, definir lo que es motivar y establecer ciertas exigencias sobre cómo motivar es una tarea más simple que la de fijar criterios precisos que puedan permitirnos conocer cuándo existe una motivación (o una buena motivación) y cuándo no. Esta última cuestión es, precisamente,  la que se aborda en el capítulo tercero de este libro (en los anteriores capítulos, los temas tratados son: el razonamiento jurídico, en general; y la ponderación y la proporcionalidad en la interpretación constitucional). Edwin Figueroa acomete esa tarea a partir de la obligación de motivación establecida por la Constitución peruana en su art. 139, ap. 5 y a propósito, sobre todo, de una sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, de 2008, en la que se planteaba un proceso de habeas corpus en el que se dilucidaba la posible vulneración del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales. La persona que lo alegaba había sido condenada por la Corte Suprema por un homicidio cometido en el contexto de una reyerta familiar. El Tribunal Constitucional anuló la decisión de la Corte Suprema básicamente –de acuerdo con la exposición que hace el autor del libro- por cuatro razones: 1) la sentencia cometió una incorrección lógica, pues del hecho de que la fallecida hubiera sufrido 60 heridas, mientras que la demandante sólo  mostrara 4, concluye sin más que esta última había sido la agresora; 2)  incurre en una grave incoherencia en la narración de los hechos (afirma, por un lado, que la víctima había agarrado “otro cuchillo” y, por otro lado –unas líneas después-, que había hecho frente a la agresión “con un elemento de menor peligrosidad”); 3) no identifica las razones en que se sustentarían las premisas (falta de justificación externa);  y 4), al examinar la prueba indiciaria, no había mostrado el “necesario enlace lógico” existente entre el hecho base o hecho indiciario y el hecho considerado probado. Todo ello, en aplicación de la doctrina del propio Tribunal Constitucional según la cual existe una vulneración de ese derecho fundamental si se produce alguna de las siguientes circunstancias: inexistencia de motivación o motivación aparente; falta de motivación interna del razonamiento; deficiencias en la motivación externa; motivación insuficiente; motivación sustancialmente incongruente. 

Edwin Figueroa está de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional (y también con los criterios que se acaban de señalar) y tan sólo dirige a la sentencia una crítica que se refiere a los excesos verbales, al lenguaje poco considerado utilizado por ese Tribunal lo que, en su opinión, implica la infracción de un “deber de lealtad”. Con ello hace alusión al empleo de expresiones (por parte del Tribunal Constitucional y referidas a la motivación de la Corte Suprema) como las siguientes: [la sentencia es] “fruto de un decisionismo inmotivado antes que el producto de un juicio racional y objetivo” o “la sentencia impugnada…forma parte de aquellas que se caracterizan por el hábito de la declamación demostrativa de dar ciertos hechos por probados; luego de lo cual tales hechos son declarados de manera sacramental y sin ninguna pretensión explicativa como constitutivos de un ilícito penal como si de una derivación mecánica se tratase”. 

Pues bien, el análisis anterior –que constituye el núcleo del libro de Figueroa- plantea, en mi opinión, dos cuestiones. Una es la de si el autor tiene razón al sostener lo que sostiene en relación con ese caso. A mí me parece que sí. Aunque mi conocimiento del mismo no sea de primera mano, todo hace pensar que la motivación de la Corte Suprema incurría en errores graves y que estaba justificado anular la sentencia (y exigir a la Corte que volviera a motivar el fallo) por haber vulnerado un derecho fundamental de los individuos. También me parece que tiene razón al sugerir que el lenguaje de las decisiones judiciales debe ser comedido y sobrio, si bien el hablar de un “deber de lealtad” podría dar lugar a algún malentendido. 

La segunda cuestión, de carácter más general, se refiere a cómo establecer los requisitos que permitan determinar que una decisión no está suficientemente motivada y, en consecuencia, supone la transgresión de un derecho fundamental. Por un lado, el concepto de “motivación suficiente” tiene una mayor connotación que el de “motivación” a secas; es lo que viene a decir el Tribunal Constitucional peruano (y Figueroa) cuando establece que la ausencia de motivación (incluida la simple apariencia de motivación) es condición suficiente (pero no necesaria) para considerar que se ha vulnerado ese derecho fundamental. Pero, por otro lado, el concepto de “motivación suficiente” no coincide tampoco con el de “motivación óptima” o incluso con el de “buena motivación”. Quiero decir con ello que el Tribunal Constitucional, puesto que (como lo aclara el autor del libro) no es una tercera instancia, esto es, no puede entrar en el fondo del asunto como lo haría un simple tribunal de apelación, podría considerar que una determinada motivación no es la mejor posible (que adolece incluso  de ciertas deficiencias) pero, sin embargo, sí es una motivación “suficiente”, en el sentido de que no supone la infracción de un derecho fundamental (a una decisión motivada). Los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional (y suscritos por Figueroa) se dirigen a precisar ese concepto de “motivación suficiente” que vendría a ser algo así como “una buena motivación, aunque no necesariamente la mejor”. ¿Pero  supone ese criterio –podría uno seguir preguntándose- un grado “suficiente” de precisión? Quizás no. Podría aceptarse que “ausencia de motivación” o “motivación meramente aparente” son nociones razonablemente claras, al igual que también lo es la de “falta de motivación interna” (que podríamos entender en el sentido de comisión de errores de tipo estrictamente lógico). Pero el problema es que raramente una sentencia incurre en ese tipo de deficiencias. Lo usual es más bien que lo que haya que aplicar sean los otros elementos del test: “deficiencias en la motivación externa” y “motivación sustancialmente incongruente” (no incluyo el de “motivación insuficiente”, pues me parece que ese es precisamente el concepto –genérico- que hay que determinar con ayuda de los otros). Y estas nociones necesitan todavía de un análisis cuidadoso y, desde luego, nada fácil de llevar a cabo. O sea, la pregunta que sigue abierta sería ésta: ¿cómo de buena tiene que ser una motivación para poder ser considerada como suficiente? 

Naturalmente, dejar preguntas abiertas –y  de la complejidad de la que se acaba de formular- no es ningún demérito, sino más bien una virtud. Y lo es porque, entre otras cosas, de esa manera se identifica un problema que merece ser investigado más a fondo y, de alguna forma, se apunta también un camino a seguir para ello. Quizás el que podría emprender el propio autor del libro en una próxima aventura intelectual. 

Manuel Atienza Rodríguez

Universidad de Alicante (España)

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Grado académico Doctor en Derecho

23 marzo, 2011

Estimados amigos:

El reconocimiento laboral es una regla de oro en nuestro centro de trabajo y en ese sentido, es muy grato transmitir que la señorita Elia Jovanny Vargas Ruiz, Secretaria de nuestra Sala Constitucional,. ha obtenido el honroso grado de Doctora en Derecho ante la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo el último sábado 19 de marzo de 2011.

La tesis sustentada fue “El abuso del proceso de amparo contra resoluciones judiciales en el Distrito Judicial de Lambayeque” y sus jurados fueron los Dres. José María Balcázar Zelada, Hernando Montoya Alberti y Luzmila Zapata García.

Vayan nuestras sinceras congratulaciones por el logro obtenido y nos preciamos de laborar con profesionales con amplios horizontes de mejora, capacitación y proyección!!!

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Entrevista al Dr Luis Prieto Sanchís (España). Neoconstitucionalismo

22 marzo, 2011

Neoconstitucionalismo. Conceptos  y fundamentos 

Una primera entrevista que transcribimos es aquella que tuvimos oportunidad de desarrollar para nuestra revista IPSO JURE 11( noviembre 2010), resultando entrevistado nuestro ilustre profesor ibérico Luis Prieto Sanchís, de la Universidad de Castilla- La Mancha (España). 

A continuación incluimos el texto de la conversación.

En esta oportunidad y en vía de innovación de un espacio de nuestra revista virtual IPSO JURE, inauguramos una sección de entrevistas cuyo propósito es fomentar el diálogo con personalidades de trayectoria nacional e internacional. 

IPSO JURE tuve oportunidad de dialogar con el profesor Luis Prieto Sanchís, reconocido académico del constitucionalismo español y profesor de la Universidad de Castilla-  La Mancha, España. Nuestra línea de discusión abordó los principales aspectos del neoconstitucionalismo, una tendencia de renovados bríos en el Derecho Constitucional. 

IPSO JURE IJ: Profesor Prieto Sanchís. Nuestros saludos más cordiales a su persona y nuestro agradecimiento sincero por la oportunidad que nos brinda Ud., a pesar de su siempre recargada agenda, al concedernos esta entrevista. En su opinión, ¿Qué podemos entender por neoconstitucionalismo y cuáles son sus caracteres esenciales?

DR. LUIS PRIETO SANCHIS LPS: En mi opinión, no existe una doctrina neoconstitucionalista unitaria y homogénea. Al igual que sucede con otras concepciones, como el iusnaturalismo o el positivismo, se puede defender el neoconstitucionalismo en distintos sentidos, diferentes y no implicados entre sí. Luego volveré sobre ello.

Lo que sí cabe afirmar es que, se entienda como se entienda, el neoconstitucionalismo parte de unos ciertos presupuestos jurídico-políticos. Al igual que el positivismo se desarrolla en el marco del Estado legislativo de Derecho, el neoconstitucionalismo lo hace en el del Estado constitucional de Derecho, cuyos rasgos esenciales son: a) el reconocimiento de la plena fuerza normativa de la Constitución; b) la “rematerialización” constitucional, esto es, la incorporación al texto de un denso contenido material de principios y derechos fundamentales que no sólo regulan quién manda y cómo se manda (normas formales de competencia y procedimiento) sino también en buena medida qué puede y no puede mandarse (normas sustantivas); c) la garantía judicial de la Constitución a través de la Justicia ordinaria (lo que me parece fundamental) y, si se quiere, también de la constitucional (lo que, en contra de una idea bastante difundida, resulta accesorio); d) según una opinión común –que yo no comparto del todo- la rigidez constitucional.

Pues bien, a partir de aquí, el neoconstitucionalismo puede presentarse: a) como una filosofía política o doctrina del Estado justo, que defiende el modelo descrito como el óptimo o preferible; b) como teoría del Derecho, lo que suele incluir: una concepción principialista de las normas constitucionales, un modelo conflictivista de derechos fundamentales, un importante desarrollo de la teoría de la argumentación y un cierto estímulo del activismo judicial; c) como concepción del Derecho, que incluye la negación de las dos tesis positivistas fundamentales (del positivismo metodológico, se entiende), la de las fuentes sociales del Derecho y la de la no conexión necesaria entre Derecho y moral; d) como modelo de ciencia del Derecho que, negando también la perspectiva externa, descriptiva y neutral propia del positivismo, defiende: bien la primacía del punto de vista interno (Alexy, Nino, Dworkin), bien un peculiar positivismo crítico (Ferrajoli).

Lo que significa, en suma, que decir de alguien que es un neoconstitucionalista es como no decir nada si no se especifica en qué sentido estamos hablando. E incluso, después de especificarlo, tampoco existe unanimidad a la hora de caracterizar a cada uno de los neoconstitucionalismos. Por ejemplo, a mi juicio, Ferrajoli sólo puede ser calificado como neoconstitucionalista en el sentido de la filosofía política; Zagrebelsky, Dworkin o Alexy son neoconstitucionalistas teóricos, pero eso no significa que compartan la misma teoría del Derecho, etc. Si acaso, el único punto en común entre todas las tesis neoconstitucionalistas es que de un modo u otro suponen un distanciamiento del positivismo y/o de lo que fue su contexto jurídico-político, el Estado legislativo de Derecho.

IJ: ¿Es la ponderación un método de interpretación constitucional efectivo?, ¿o ella consagra márgenes de alta discrecionalidad, como critica el Dr. García Amado?

LPS: Aunque sobre esta cuestión hay distintos enfoques, comparto la opinión de García Amado en el sentido de que la ponderación permite y hasta incrementa los márgenes de discrecionalidad judicial. Pero quiero señalar tres cosas que matizan bastante este punto de partida: a) que la subsunción también incorpora esos márgenes de discrecionalidad, es decir, que esta última no es un defecto exclusivo o peculiar de la ponderación; b) que, por ello mismo, y dado que para ponderar antes hay que subsumir, la ponderación incorpora esa irremediable discrecionalidad subsuntiva, a la que se suma luego aquella otra que permiten los conocidos principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Aunque, por regla general, cuando se critican los más arriesgados ejercicios de discrecionalidad no suele señalarse que los mismos responden precisamente a la subsunción previa a la ponderación; c) que, en todo caso, la ponderación (o un razonamiento similar) es necesaria desde el momento en que se acepta la aplicación directa de principios y derechos fundamentales, pues, por la propia naturaleza de éstos, sus conflictos no pueden resolverse mediante los criterios tradicionales de resolución de antinomias (salvo que, como hace Ferrajoli, se introduzca una cierta jerarquía u orden de prelación entre los distintos tipos de derechos fundamentales). La ponderación no es, como a veces se piensa, una alternativa a la subsunción, sino una alternativa a los criterios de resolución de antinomias (jerárquico, cronológico y de especialidad), criterios que resultan inútiles o carentes de operatividad en los conflictos intraconstitucionales.   

IJ: ¿Cuál es su opinión respecto a las corrientes contrarias al neoconstitucionalismo –Habermas, Comanducci, Fortshoff, entre otros- cuando ellas afirman una posición contraria a los principios?

LPS: No conozco exhaustivamente la obra de los tres autores citados, pero creo que su crítica o distanciamiento del neoconstitucionalismo responde a motivos distintos, que deben ser diferenciados.

De entrada, los dos autores alemanes comparten una crítica al neoconstitucionalismo entendido como filosofía política. Su idea básica –muy extendida por otra parte- es que las Constituciones contemporáneas dicen demasiadas cosas y que lo hacen de forma demasiado imprecisa: lo primero limita indebidamente los márgenes de discrecionalidad política del legislador, mientras que lo segundo incrementa también indebidamente los márgenes de discrecionalidad judicial. En pocas palabras, el neoconstitucionalismo supondría sacrificar la democracia representativa en el altar de una judicatura elitista. De ahí también la crítica de Habermas a la ponderación, que en buena parte responde a los mismos motivos que la formulada por García Amado. Por mi parte, no estoy de acuerdo con esta perspectiva “mayoritarista”. No es una cuestión de teoría del Derecho, sino de filosofía política o de la doctrina del Estado justo: para mí, la democracia no es sólo una cuestión de votos y mayorías (cuestión que, por lo demás y por muchas razones, cada día encuentro menos interesante a la vista de los llamados agentes políticos), sino una cuestión de derechos, o sea, de límites y vínculos al poder, incluido el poder democrático.

Si no me equivoco, el caso de Paolo Comanducci es bastante distinto. Su crítica se dirige fundamentalmente al neoconstitucionalismo metodológico desde una óptica positivista. Por supuesto, en el campo teórico también discute algunos desarrollos neoconstitucionalistas, pero lo hace asumiendo que el neoconstitucionalismo es hoy el positivismo de nuestros días, o sea, la teoría que mejor describe cómo son y cómo funcionan los sistemas jurídicos contemporáneos. Y, en líneas generales, estoy de acuerdo con Comanducci. 

IJ: ¿Qué entendemos por positivismo metodológico?

LPS: De acuerdo con la clásica exposición de Bobbio, el positivismo metodológico expresaría una determinada forma de aproximarse al conocimiento del Derecho. Pero, en realidad, los postulados que suelen adscribirse a este género de positivismo no son sólo estrictamente metodológicos o relativos a un modelo de epistemología jurídica o de ciencia del Derecho. Generalmente se incluyen bajo esta denominación tres tesis fundamentales: a) la tesis de las fuentes sociales, que significa que el Derecho es un fenómeno social e histórico (no una entidad metafísica) cuya identificación depende de ciertos hechos, básicamente la promulgación en el caso de las leyes y la constatación de una práctica social en el caso de las costumbres; b) la tesis de la separación o no conexión necesaria entre Derecho y moral, entre Derecho y justicia, entre el Derecho que es y el Derecho que, de acuerdo con los parámetros de justicia externos al propio orden jurídico, debería ser; c) un modelo de conocimiento jurídico de carácter externo, neutral y descriptivo, o sea, un tipo de conocimiento que no requiere compromiso o aceptación moral respecto de aquello que se conoce.

Por mi parte, he subrayado en varias ocasiones otras dos tesis vinculadas a las anteriores y que, a mi juicio, se deben integrar también en este positivismo metodológico o conceptual. La primera es la concepción del Derecho en términos de fuerza; el Derecho se puede caracterizar de muchas maneras, pero lo que en último término singulariza a un orden jurídico, aquellos que permite distinguirlo de otros sistemas de moralidad, es que descansa en la fuerza y constituye el vehículo de expresión y organización de la misma. La segunda es una tesis sobre la obediencia: conceptualmente el Derecho no genera ninguna obligación (moral) de obediencia. Si eventualmente cabe hablar de alguna obligación de obediencia será por una razón moral externa a lo que el Derecho en sí mismo significa.

Tal vez con algunas matizaciones en torno a la tesis de las fuentes sociales y a la función asignada a la ciencia jurídica, pienso que el positivismo metodológico sigue teniendo razón y que representa la expresión contemporánea de la Ilustración jurídica.

IJ: Muchas gracias, Dr. Prieto Sanchís.           

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Entrevistas destacadas

22 marzo, 2011

Estimados amigos:

Innovamos este blog abriendo una sección de entrevistas de interés en temas afines al Derecho Constitucional, los Derechos Humanos y la Argumentación Jurídica. 

En nuestra opinión, una entrevista resulta una expresión del Derecho en forma directa, en recurrencia a la fuente propia del pensamiento jurídico y en esa línea, creo no podemos dejar de incluir las opiniones de los maestros del Derecho, de quienes nos consideramos modestos seguidores en ideas, talento y visión.  

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencia PJ 2009-01890. Primera Sala Civil del Cusco. Caso Béjar. Proceso de amparo. Derecho a la igualdad

21 marzo, 2011

Estimados amigos:

Complementando nuestra información anterior sobre el caso Béjar( vid https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/02/21/sentencia-pj-01890-2009-0-1001-tercer-juzgado-civil-del-cusco-caso-edwin-bejar-derecho-a-la-igualdad/) incluimos la sentencia de segunda instancia del caso en comento Sentencia PJ 2009-01890. Primera Sala Civil del Cusco. Caso Béjar. Proceso de amparo. Derecho a la igualdad , la cual ha sido remitida por gentileza de uno de los ponentes, el Dr. Wilber Bustamante del Castillo.

Recomendamos su examen minucioso pues el desarrollo de los fundamentos constitucionales es realmente de mucho interés por la doctrina aportada y las técnicas de interpretación constitucional aplicadas.   

La conclusión de mayor relevancia que extraemos de la sentencia referida es que los jueces constitucionales del Poder Judicial tienen mucho que aportar a la construcción de estándares en la justicia constitucional.   

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Teoría constitucional. Curso PCA AMAG. Materiales de trabajo

20 marzo, 2011

 

Estimados amigos:

Conforme a la previsión inicial, colgamos nuestros materiales de trabajo del módulo Teoría Constitucional que venimos dictando en el curso PCA Programa de Capacitación para el Ascenso, de la Academia de la Magistratura los días 19 y 20 de marzo del año en curso.

Las diapositivas adjuntas- AMAG PCA 2011 Teoría constitucional – son un resumen con agregados jurisprudenciales propios de los materiales de trabajo preparados por el Dr Virgilio Hurtado Cruz, profesor autor del autoinstructivo preparado.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 2945-2003-AA/TC. Caso Azanca Meza. Derecho a la salud y su relación con el derecho a la vida

19 marzo, 2011

Estimados amigos:

La diferencia entre derechos fundamentales y no fundamentales reviste interés en sede constitucional en tanto los primeros han de gozar de la tutela propia que demanda su defensa, en tanto que los segundos bien pueden ser protegidos por normas infraconstitucionales. No obstante ello, esta es una referencia solo contextual pues a través de la técnica del bloque de constitucionalidad, derechos fundamentales bien pueden recibir un rango de tutela por parte de normas infraconstitucionales en forma indirecta y a su vez, derechos no fundamentales pueden ser protegidos en determinados casos por normas constitucionales.

Sin embargo, ¿qué sucede cuando un derecho no fundamental se une a un derecho no fundamental y se exige su protección ante el juez constitucional? Es el caso del derecho a la salud, el cual si bien hoy en la jurisprudencia constitucional ya goza de reconocimiento, no era ésa su situación en abril de 2004, a propósito del caso Azanca Meza, cuando tal derecho no era considerado fundamental y sin embargo, si se vinculaba al derecho a la vida, entonces sí le correspondía recibir tutela constitucional.

La señora Azanca Meza demandaba que se le otorgara atención médica integral por ser paciente con VIH y sin embargo, tal tipo de atención solo era procedente para madres gestantes infectadas con el VIH y todo niño nacido de madre infectada, según lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto Supremo N.° 004-97-SA, Reglamento de la Ley N.° 26626.

La situación, para efectos constitucionales, era puntual: una norma- regla impedía la prestación de salud solicitada por la señora Meza y fluía una interrogante puntual: ¿era viable algún tipo de prestación a favor de ella, dada su condición especial? El Tribunal encuentra una salida iusfundamental determinando que si un derecho no fundamental, como el derecho a la salud, se unía a un derecho fundamental, entonces aquel derecho no fundamental podía ser objeto de tutela en forma excepcional en sede constitucional.

Para esta respuesta, recurre argumentativamente a los principios de dignidad y solidaridad, y afirma que el derecho a la vida, en el caso concreto, amerita una sentencia estimatoria.

La parte relevante de la sentencia, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/02945-2003-AA.html, es la siguiente:

6.  Si bien en nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la salud no se encuentra contemplado entre los derechos fundamentales establecidos en el artículo 2° de la Constitución, sino más bien se lo reconoce en el capítulo de los derechos económicos y sociales a que se refieren los artículos 7° y 9° de la Constitución, este Tribunal, al igual que nuestro similar colombiano, considera que cuando la vulneración del derecho a la salud compromete otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida, la integridad física o el libre desarrollo de la personalidad, tal derecho adquiere carácter de derecho fundamental y, por tanto, su afectación merece protección vía la acción de amparo (STC N.° T- 499 Corte Constitucional de Colombia).

(…)

El derecho a la salud y su relación inseparable con el derecho a la vida

26.    Actualmente, la noción de Estado social y democrático de derecho concreta los postulados que tienden a asegurar el mínimo de posibilidades que tornan digna la vida y, en esas circunstancias, se impone principalmente a los poderes públicos la promoción de esas condiciones. La vida, entonces, ya no puede entenderse tan solo como un límite al ejercicio del poder, sino fundamentalmente como un objetivo que guía la actuación positiva del Estado. Dichos postulados propenden la realización de la justicia que avala los principios de dignidad humana y solidaridad y traspasa el reducido marco de la legalidad con el que se identificaba la noción clásica de Estado de derecho. Ahora el Estado está comprometido a invertir los recursos indispensables para desarrollar las tareas necesarias que le permitan cumplir con el encargo social de garantizar el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la propiedad privada.

27.    Nuestra Constitución Política de 1993 ha determinado que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado; la persona está consagrada como un valor superior, y el Estado está obligado a protegerla. El cumplimiento de este valor supremo supone la vigencia irrestricta del derecho a la vida, pues este derecho constituye su proyección; resulta el de mayor connotación y se erige en el presupuesto ontológico para el goce de los demás derechos, ya que el ejercicio de cualquier derecho, prerrogativa, facultad o poder no tiene sentido o deviene inútil ante la inexistencia de vida física de un titular al cual puedan serle reconocidos.

28.    La salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho a la vida, y la vinculación entre ambos derechos es irresoluble, ya que la presencia de una enfermedad o patología puede conducirnos a la muerte o, en todo caso, desmejorar la calidad de la vida. Entonces, es evidente la necesidad de proceder a las acciones encaminadas a instrumentalizar las medidas dirigidas a cuidar la vida, lo que supone el tratamiento orientado a atacar las manifestaciones de cualquier  enfermedad para impedir su desarrollo o morigerar sus efectos, tratando, en lo posible, de facilitar los medios que al enfermo le permitan desenvolver su propia personalidad dentro de su medio social.(…)

Una decisión que sigue el mismo razonamiento es el caso Corea Condori, el cual puede ser analizado en el siguiente enlace: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/02016-2004-AA.html

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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