h1

Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Ley 23908. ONP. Derecho a la pensión

7 abril, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

 

EXPEDIENTE Nro. : 00133-2010    

DEMANDANTE: EUSEBIO SÁNCHEZ FALLA

DEMANDADO: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro. 

 

En Chiclayo, a los 13 días del mes de enero de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Gálvez Herrera, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la Oficina de Normalización Previsional contra la sentencia de fecha 27 de julio de 2010, que DECLARA FUNDADA la demanda de amparo interpuesta por Eusebio Sánchez Falla y ordena que la demandada proceda a expedir nueva resolución fijando la pensión inicial de jubilación del demandante, de acuerdo a los criterios contenidos en la Ley 23908; con lo demás que contiene.

 

ANTECEDENTES

La demanda del accionante (p. 20-22) se orienta a la correcta aplicación de la Ley 23908 en tanto la resolución de jubilación del actor (p. 12), omite los criterios jurisprudenciales fijados por el Tribunal Constitucional respecto al derecho fundamental a la pensión. 

La contestación de demanda (p. 71-90) considera que es improcedente el proceso incoado pues no alude al contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión. 

La sentencia apelada (p. 132-135) estima la demanda por cuanto no se ha fijado el monto de la pensión mínima de acuerdo a lo previsto en la Ley 23908.

La impugnación formulada por la parte demandada (p. 138-145) señala que la sentencia se ha expedido sin tomar en consideración que la pensión de jubilación fue otorgada dentro del marco normativo y que corresponde recurrirse a otra vía.

 

FUNDAMENTOS

§ El derecho a la pensión en  la Constitución

1. El artículo 10[1] de la Constitución Política del Estado recoge la tesis del derecho a la pensión como un derecho fundamental en la perspectiva de una garantía de la seguridad social[2]. A través del mismo, se configura una exigencia de actuación positiva del Estado, en tanto el mismo tiene el deber de protección del acceso justo a la pensión en defensa del orden público constitucional.  

2. De igual forma, el Tribunal Constitucional ha asumido criterios procedimentales[3] respecto al derecho fundamental a la pensión, reconociendo sus efectos aplicativos en forma amplia en procesos que en teoría deberían ser solo restitutivos, como lo son los procesos constitucionales. Sin embargo, debe advertirse que el derecho fundamental a la pensión es un derecho que exige en su camino de tutela efectos declarativos, dadas las condiciones intrínsecas de respeto a la dignidad de la persona humana, lo cual se traduce en la prevalencia de la dimensión axiológica valorativa de un derecho fundamental. Por tanto, es propio de la sede constitucional, declarar derechos cuando lo exija la naturaleza del derecho fundamental incoado, más aún, si se trata del derecho a la pensión, cuyo universo de beneficiarios reside, sustantivamente, en personas de la tercera edad. 

 

§ La pensión mínima en la jurisprudencia constitucional

3. El Tribunal Constitucional en la STC 198-2003 AC/TC señala con efecto vinculante respecto a la pensión mínima[4] la aplicación de las fechas de contingencia y los efectos de las mismas respecto a las litis pensionarias.[5] Se trata, en propiedad, de una determinación de escalas aplicativas del Sueldo Mínimo Vital de acuerdo a la fecha de la contingencia, esto es, de la pensión de jubilación. En consecuencia, advertimos criterios marco de procedimiento: si la fecha de contingencia se ha producido entre el 08 de setiembre de 1984 (fecha de entrada en vigencia de la Ley 23908) y el 18 de diciembre de 1992 (fecha de derogación tácita de la Ley 23908 por el Decreto Legislativo 25967), el pensionista adquiere el derecho a un reajuste, a lo cual debe sumarse, como exigencia adicional, que el monto percibido hubiera sido inferior a 3 Sueldos Mínimos Vitales. Solo producido este criterio tasado, procede el reajuste de pensión.     

 

§ Análisis del caso concreto

4. A juicio de este Ad-quem, la obligación impuesta a la parte apelante reside, sustancialmente, en dejar sin efecto, la fortaleza argumentativa del criterio expresado por el A-quo respecto a la correcta aplicación de la Ley 23908, juicio jurídico que reside, a criterio nuestro y como ratio decidendi, en los fundamentos 7 a 9 de la apelada.

5. Sin embargo, no obstante lo extenso de la apelación, la demandada no ataca el argumento central del A-quo respecto a la aplicación de la pensión mínima, pues los agravios se ciñen a una correcta aplicación normativa de la Ley 23908 (sin especificar dónde residiría la no justeza de la aplicación del A-quo), ni tampoco precisa, con suficiencia, por qué habría de acudirse a otra vía, cuando con objetividad sí afecta su accionar el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la pensión respecto al actor.

6. En consecuencia, su argumentación resulta muy colateral en extremo y no ataca ni el contexto de justificación de la decisión ni las justificaciones interna y externa del juzgador, en tanto nosotros deberíamos advertir, en segunda instancia, dónde reside la equivocación o errores de hecho y derecho cometidos por el juez de fallo, situaciones éstas que no apreciamos.

7. A juicio nuestro, el juez aplica en el considerando octavo de la sentencia la pensión mínima correcta para el caso concreto, examen que debe ser validado en su integridad.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú,  CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

GÁLVEZ HERRERA


[1] Constitución 1993 Artículo 10.

El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida.

[2] STC 0050-2004-AI / 0051-2004-AI / 0004-2005-AI / 0007-2005-AI / 0009-2005-AI (acumulados) F.J. 54

La seguridad social es la garantía institucional que expresa por excelencia la función social del Estado. Se concreta en un complejo normativo estructurado -por imperio del artículo 10 de la Constitución- al amparo de la ‘doctrina de la contingencia’ y la calidad de vida; por ello, requiere de la presencia de un supuesto fáctico al que acompaña una presunción de estado de necesidad (cese en el empleo, viudez, orfandad, invalidez, entre otras) que condiciona el otorgamiento de una prestación pecuniaria y/o asistencial, regida por los principios de progresividad, universalidad y solidaridad, y fundada en la exigencia no sólo del mantenimiento, sino en ‘la elevación de la calidad de vida..

[3] STC 1417-2005F.J. 37

“c) (…), forman parte de su contenido esencial aquellas pretensiones mediante las cuales se busque preservar el derecho concreto a un mínimo vital”. “En tal sentido, en los supuestos en los que se pretenda ventilar en sede constitucional pretensiones relacionadas no con el reconocimiento de la pensión que debe conceder el sistema provisional público o privado, sino con un específico monto, ello sólo será procedente cuando se encuentre comprometido el derecho al mínimo vital.

[4] STC 0198-2003-AC/TC Caso Carlos Briones F.J. 10 inciso b.

b. La pensión mínima originalmente se estableció en un monto equivalente a tres sueldos mínimos vitales, pero, posteriormente, las modificaciones legales que regularon los sueldos o salarios mínimos de los trabajadores, la transformaron en el ingreso mínimo legal, el mismo que, solo a estos efectos, debe entenderse vigente hasta el 18 de diciembre de 1992.

[5] STC 0198-2003-AC/TC Caso Carlos Briones F.J. 10 inciso e.

(…) la pensión mínima regulada por la Ley N.º 23908 debe aplicarse a aquellos asegurados que hubiesen alcanzado el punto de contingencia hasta el 18 de diciembre de 1992 (día anterior a la vigencia del Decreto Ley N.º 25967), con las limitaciones que estableció su artículo 3º, y solo hasta la fecha de su derogación tácita por el Decreto Ley N.º 25967.  

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

A %d blogueros les gusta esto: