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Sentencias constitucionales. Proceso de cumplimiento. Asignaciones por años de servicio

8 abril, 2011

    

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro: 5899-2009

DEMANDANTE: SEGUNDO FERNÁNDEZ VARGAS      

DEMANDADO: HOSPITAL LAS MERCEDES

MATERIA: CUMPLIMIENTO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo,  a los 13 días del mes de diciembre de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Gálvez Herrera, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chiclayo  contra la sentencia de fecha 25 de agosto de 2009, que DECLARA FUNDADA la demanda de cumplimiento de autos.

 

ANTECEDENTES

La pretensión del demandante (p. 11-16) tiene por objeto el cumplimiento de la Resoluciones Directorales de fechas 11 de agosto y 04 de marzo de 2009, las cuales resuelven un recurso de apelación y ordena una nueva liquidación de asignaciones por años de servicio, la primera; y reconocen un adeudo por la suma de S/7, 648.38 a favor del actor, la segunda.

La contestación de la demanda por parte de la entidad (p. 23-24) se ciñe a que debe existir crédito presupuestario en el presupuesto institucional a efectos de cumplir la obligación, bajo responsabilidad del titular de la entidad. A su turno, el Procurador Público del Gobierno Regional de Lambayeque señala (p. 27-33) que no es la vía incoada la apropiada para este reclamo.

La sentencia impugnada (p. 63-66) solo ampara la resolución que ordena el pago de la suma exigida, pues cumple los parámetros del precedente vinculante 168-2005-PC/TC y no así la que resuelve el recurso de apelación.

La impugnación formulada por la demandada (p. 71-74) señala que los actos administrativos no pueden ser reconocidos si no se cuenta con  el marco presupuestal correspondiente y además, que los intereses no corresponden a la vía de cumplimiento.

 

FUNDAMENTOS

§ El proceso de cumplimiento en la jurisprudencia constitucional

1. Históricamente, la institución que más se asemeja al proceso de cumplimiento es el Writh of Mandamus, remedio jurídico que se interponía contra el abuso del poder estatal que se negaba a ejecutar o hacer algo de su competencia. En el ámbito continental,  la Corte Suprema de EE.UU. se encuentra facultada para dictar mandatos contra cualquier autoridad o funcionario estatal, siendo el antecedente latinoamericano más cercano de esta institución la Constitución Colombiana de 1991, la cual refiere en su artículo 87 que la acción de cumplimiento procede para hacer efectivos una ley o un acto administrativo.

2. En la práctica jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha fijado los caracteres mínimos para que una pretensión sea exigible en la vía de cumplimiento[1] y ha consolidado, a juicio nuestro, que se considere el proceso de cumplimiento como un proceso en rigor constitucional y no simplemente constitucionalizado, en crítica de su verdadera eficacia en sede constitucional.

3. Nos explicamos. La crítica sostiene que la finalidad del proceso de cumplimiento no es tutelar bienes constitucionales, sino el acatamiento de obligaciones provenientes de normas legales o actos administrativos[2]. Si es así, no sería un proceso constitucional, sino “constitucionalizado”, pues no obstante estar reconocido en la Carta Magna, no comparte los fines de los procesos constitucionales. Sin embargo y como posición contraria, la doctrina en contrario sostiene que sí es un proceso constitucional[3], pues actúa sobre la base de derechos constitucionales objetivos: primero, en la constitucionalidad de los actos legislativos, y segundo, en la legalidad de los actos administrativos.

4. En propiedad, el proceso de cumplimiento busca asegurar la eficacia de las normas legales y los actos administrativos, convirtiendo el cumplimiento de normas legales y actos administrativos por parte de la autoridad en un derecho fundamental de los ciudadanos. Protege así un derecho fundamental no enumerado.

5. Finalmente, el proceso de cumplimiento satisface tanto la finalidad objetiva (supremacía constitucional) como la subjetiva (tutela de derechos fundamentales) de los procesos constitucionales[4].

 

§ Análisis del caso concreto

6. A juicio nuestro, el argumento relevante de los agravios expresados reside en 2 premisas centrales: que la vía no es la apropiada y que no hay crédito presupuestario para cumplir la obligación.

7. En relación al primer argumento, el precedente vinculante 168-2005-AC/TC autoriza la vía constitucional para el cumplimiento de una obligación administrativa y la Resolución Directoral 742-009-GR-LAMB/DRSAL-DHRDL.MCH-UP, que ordena el pago de S/ 7,648.38, cumple plenamente las exigencias del fundamento jurídico 14 del precedente referido, en la medida que es un mandato vigente, cierto y claro, no está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, es de ineludible y obligatorio cumplimiento y es incondicional. En consecuencia, esta vía es la pertinente.

 8. Con relación al condicionamiento presupuestario ya la jurisprudencia constitucional ha asumido una posición contraria a las continuas objeciones en este ámbito[5]. En propiedad, ya no constituye un argumento de valor alegar condicionalidad del mandato al revestir la suma reconocida, como es el caso de autos, inclusive un concepto que tiene características alimentarias, pues está directamente vinculada a la remuneración del actor.     

9. Finalmente, en cuanto se refiere al pago de intereses, esta Sala se remite al voto emitido en el proceso 2008-4113[6] Sala Constitucional de Lambayeque, caso Manuel Matute Quindes, en el cual sustenta su cambio de posición respecto al pago de intereses en los procesos de cumplimiento, por constituir doctrina constitucional del Tribunal Constitucional, expresada así en los casos STC N.° 0350-2005-PC/TC caso César García de los Santos, de fecha 17 de marzo de 2005 y  STC N. º 02090-2008-PC/TC caso Banco Continental, de fecha 10 de octubre de 2008. En tal sentido, resulta razonable el reconocimiento de intereses.

 

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia de autos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

GÁLVEZ HERRERA


[1] STC 168-2005-PC/TC caso Villanueva Valverde 

14. Para que el cumplimiento de la norma legal o la ejecución de un acto administrativo sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes requisitos mínimos comunes:

a) ser un mandato vigente;

b) ser un mandato cierto y claro,

c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares,

d) ser de ineludible y obligatorio cumplimiento,

e) ser incondicional,

 f) reconocer un derecho incuestionable del reclamante.(…)

[2] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 11

[3] LANDA ARROYO, César. Teoría del Derecho Procesal Constitucional. Palestra, Lima, 2004.  p. 141. 

[4] GACETA JURIDICA. Proceso de cumplimiento. Editorial El Búho, Lima, 2008. p. 14 

[5]  STC 03149-2004-AC/TC Caso Gloria Yarlequé.

 14. (…) Carece de toda racionalidad(…) ante la irrefutabilidad de los hechos(…) argumentar que “no existe presupuesto” o que, “teniendo toda la buena voluntad de cumplir con las resoluciones”, no obstante, los beneficiarios “deben esperar la programación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas”(…), que no existe renuencia “debido a que se han hecho todas las gestiones sin tener respuesta favorable”, argumento que, lamentablemente, en más de una ocasión, ha prosperado ante los tribunales, dejando a los justiciables sin remedio legal que pueda solucionar su angustia de justicia, generando, en forma absolutamente comprensible, una actitud de total escepticismo, cuando no de repudio a todo el sistema de justicia. A esto debe agregarse que estos procesos, iniciados por el simple desacato de funcionarios renuentes y poco sensibles con los derechos de los ciudadanos, suponen buena parte de la carga procesal de los tribunales y, si llegan hasta instancia constitucional, significan un enorme despliegue de esfuerzo humano con cargo, una vez más, al presupuesto público. Esta práctica de funcionarios (…) supone también, por otro lado, un grave menoscabo a los fondos públicos, argumento que, paradójicamente, en más de una ocasión, se esgrime cuando los tribunales pronuncian sentencias amparando los derechos que la Constitución reconoce. 

[6] Exp. 2008-4113. Fundamentos Jurídicos 5 a 8.Voto Edwin Figueroa Gutarra 

5. El emplazante solicita el pago de intereses respecto a la obligación primigenia a cargo de la emplazada. Este Colegiado, en atención a los antecedentes enunciados, considera viable lo pedido vía un cambio de posición del suscrito, dado el criterio cronológico posterior que representan las dos decisiones más recientes

del Tribunal Constitucional sobre esta materia. Por consiguiente, corresponde la revocatoria de este extremo de la apelada.

6. Los enunciados que anteceden varían mi criterio con relación a los votos desestimatorios sobre intereses antes emitidos, y constituyen la posición a futuro a asumir respecto al pago de intereses en los procesos de cumplimiento.

7. A ello me permito sumar el precepto de que si en los procesos de amparo esta Sala viene asumiendo la posición de reconocimiento de intereses, de igual forma, y por equidad, correspondería el pago de intereses en los procesos de cumplimiento, a fin de no efectuar distinciones innecesarias.

8. De la misma forma, estimo que resulta oneroso para el justiciable iniciar un proceso por pago de intereses en la vía civil, cuando esta vía constitucional prima facie está habilitada para discernir, bajo el principio de prevención, los alcances de sus decisiones y modular las consecuencias de las mismas. 

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