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Sentencias constitucionales. Proceso de habeas corpus. Ponderación en sede penal

9 abril, 2011

 SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NRO: 05288-2010

AGRAVIADO: MARCO SÁNCHEZ ODAR

DENUNCIADO: CECILIA TUTAYA GONZÁLES

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 20 días del mes de enero de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Edwin Benavente Delgado, abogado del favorecido Marco Sánchez Odar, contra la sentencia de fecha 17 de noviembre de 2010, que declara infundada la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

El recurrente Marco Sánchez Odar interpone proceso de habeas corpus (p. 1-5), contra la señora Juez Superior Cecilia Tutaya Gonzáles, por afectaciones a su derecho constitucional al debido proceso, al haber ésta confirmado (p. 23-25), la sentencia condenatoria impuesta al recurrente en la instrucción 091-2009-JPL- Ferreñafe, sobre apropiación ilícita, proceso en el cual se le impone 4 años de pena privativa de libertad, suspendida y el pago de S/ 5,000., por concepto de reparación civil. La conducta imputada en sede penal es no haber cumplido el mandato de administrador judicial al haber incinerado 86 sacos de arroz. De otro lado, se imputa a la jueza emplazada, haber incluido un argumento falso en la motivación, con alteración de la verdad.

La sentencia impugnada (p. 56-64) declara infundada la demanda  y señala que la juez emplazada ha procedido a desarrollar una debida motivación y que en el proceso de habeas corpus no se puede pretender la calificación de los hechos  a través de la revaloración de los medios probatorios.

La apelación formulada por el favorecido (p. 71-72) indica como agravio que no ha existido motivación en la sentencia acusada de vulneratoria de la libertad personal y que se ha producido un indebido desglose del principio de libertad personal y de la motivación de las decisiones. Acota que la condena es ilegal.

 

FUNDAMENTOS

§ La ponderación constitucional en sede penal  

1. Resulta de interés cuestionarnos si una de las técnicas de interpretación constitucional más utilizadas hoy en día por las Cortes y los Tribunales Constitucionales, puede aplicarse en sede penal, si partimos de la premisa de que la ponderación asume la dimensión procedimental del principio de proporcionalidad a efectos de determinar la validez constitucional de las normas jurídicas, esto es, si ellas como expresiones del poder formal- el Parlamento, en su ámbito, y la Administración, en el nivel de sus decisiones administrativas- se han sujetado a los estándares prefijados materialmente[1] por la Carta Fundamental. 

2. La interrogante anterior debe ser respondida en forma positiva pues nada obsta que la ponderación, como principio sustantivo de interpretación, y la proporcionalidad, como expresión procedimental respecto a los derechos fundamentales, puedan ser debidamente aplicados como instrumentos de control constitucional de las acciones acaecidas en los rangos de realización de la eficacia horizontal y vertical de los derechos fundamentales, esto es relaciones ciudadanos- ciudadanos[2] y relaciones Estado- ciudadanos, respectivamente. En ese orden de ideas, ya el Tribunal Constitucional ha desarrollado el test de ponderación en sede penal, con relación a la colisión de principios entre el derecho a la información y la vida privada[3].  

3. Lo valioso del caso enunciado reside, entonces, en que las acciones vinculadas a posibles afectaciones a derechos fundamentales en el iter de los procesos penales, pueden ser efectivamente sometidas a control constitucional y determinarse si son válidos los exámenes de idoneidad o adecuación, necesidad o indispensabilidad y proporcionalidad en sentido estricto o ponderación[4].

 

§ Análisis del caso concreto 

4. En virtud de lo afirmado y dentro del concepto extensivo de la ponderación en sede penal, estimamos que una sentencia constituye también un tipo de acción, propiamente un hacer del juzgador respecto a un conflicto que exige solución y en ese parámetro ha de trabajar la presente decisión. 

5. Resulta un concepto taxativo para este Tribunal que el favorecido ha sufrido el efecto nocivo de un proceso penal y más aún, ha sufrido los efectos de una sentencia que constituye un modo de vulneración a su libertad personal en la medida que se hace valedera la disgresión de Carnelutti[5] sobre el proceso penal: “El simple inicio y tanto más el desarrollo del proceso penal causa sufrimiento: el sufrimiento del inocente es, desgraciadamente, el costo insuprimible del proceso penal”. En esa reflexión, si el sufrimiento del inocente es agraviante, no puede obviarse, tampoco, el muchas veces complejo desarrollo de los procesos respecto de quienes se declara una responsabilidad penal, esto es, inocentes y culpables sufren los efectos de la acción persecutoria del Estado y se ven obligados a desarrollar una defensa que en ciertos casos, es inclusive onerosa.

6. En el caso de autos, resulta plenamente comprensible la afectación que sufre el beneficiario en tanto ha sido objeto de una sentencia penal y sin embargo, la interrogante clave a formular es: ¿resulta suficiente la acción de habeas corpus para dejar sin efecto una sentencia penal? O con más rigor aún: producidas algunas vulneraciones respecto a su derecho ¿es ello suficiente para dejar sin efecto una sentencia condenatoria? A juicio nuestro, no, por cuanto las vulneraciones deben ser lo suficientemente manifiestas, ostensibles y elevadas, a efectos de que precisamente sea derribada la inmutabilidad de la cosa juzgada.

7. Lo señalado es de suma relevancia pues no debemos olvidar que un proceso de habeas corpus contra resolución judicial exige necesariamente cumplir, colateralmente, 3 estándares fijados por la jurisprudencia constitucional: razonabilidad( ámbito de control), coherencia ( legitimidad del control)  y suficiencia (intensidad del control)[6], a efectos de que solo después de estos exámenes, podamos advertir si corresponde dejar sin validez una decisión jurisdiccional que goza de la calidad de cosa juzgada. Esto es sumamente importante pues advirtamos que una sentencia consentida o ejecutoriada,  en un proceso judicial concluido, denota el carácter de res iudicata, esto es, es definitiva

8. Pues bien, valoradas las sustentaciones y juicios de valor expresados, no estimamos que las vulneraciones denunciadas sean suficientes para que esta Sala de Derechos Fundamentales proceda a dejar sin efecto la resolución impugnada por supuesta afectación al debido proceso, entendemos como derecho conexo a la libertad personal y para ello, corresponde desarrollar el test de ponderación en sede penal.

9. Examen de idoneidad, el cual implica si el fin es legítimo y en el cual analizamos la relación medio- fin. Debemos cuestionarnos: ¿cumplió la sentencia impugnada el rol de expresar la potestad persecutoria del Estado? En nuestra posición, sí, en tanto con la sentencia como medio se logra la finalidad de esclarecer una conducta a la cual se imputa contrariedad al ordenamiento jurídico.

10. Examen de necesidad, que exige un control medio- medio. ¿Era la condena impuesta la única forma de sancionar una conducta sometida a persecución penal o había algún medio menos gravoso? Si bien aquí puede surgir un margen de discusión dogmática, debemos asumir que la condena suspendida, juzgando la conducta imputada, no aplicó otra medida más gravosa, como la prisión efectiva, ni tampoco podía asumirse una absolución en tanto los rangos de fundamentación de la apelada, mínimamente expresan un juicio de valor que si bien omitió expresamente el análisis subjetivo del tipo, ( se dice que solo abarcó el examen objetivo, acápite “e” del punto cuarto), a juicio nuestro, no puede negarse el examen valorativo de conductas que abarcan los acápites “a” a “c” del fundamento cuarto.

11. En consecuencia, existe una apreciación de las conductas del beneficiario y las mismas evidencian, en nuestro criterio, que el mismo actuó sin existir un mandato judicial de disposición de los sacos de arroz incinerados. Y en realidad no puede negarse- es un hecho incontrastable- que no existió facultad de disposición para tal incineración, por más que pudiera resultar una carga incómoda o de eventual afectación de salud.

12. El depositario tiene deberes ante la ley y los debe cumplir así como la infracción de dichos deberes, debe ser sancionada. ¿Existirían causales de absolución para esta conducta? Sí y solo en el caso que exista un mandato judicial de incineración, o de traslado de esa carga a otro lugar, mas no cuando existe un acto de disposición del propio favorecido.

13. Examen de ponderación. Estimamos que existe una afectación leve al derecho al debido proceso en tanto no se explicó con detalle (aunque sí existen elementos de juicio referenciales, vinculados a la conducta del favorecido), los aspectos subjetivos del tipo y sin embargo, tanto mayor es la satisfacción del derecho del Estado a ejercer, por intermedio de sus jueces, su potestad de impartir justicia bajo estándares de una debida motivación.

14. En efecto, no puede negarse un margen de afectación por las imputaciones que denuncia el habeas corpus interpuesto, pero en ese necesario ejercicio de la ponderación por colisión entre derechos fundamentales, la decisión que emitimos se ve plenamente fortalecida en tanto la vulneración sufrida por el actor es leve en comparación a la satisfacción elevada que implica el derecho de sancionar las conductas contrarias al ordenamiento jurídico. En ese orden de ideas, la sentencia objeto de examen, aprueba el test de ponderación.     

15. Finalmente, la cuestión de que se incluya un hecho no ajustado a la verdad, no es en rigor un agravio suficiente para modificar nuestro criterio jurídico ya expresado. Una fundamentación obiter dicta– o de argumento complementario- como un hecho no ajustado plenamente a la verdad (que no es tampoco el caso de autos, pues no vemos objetivamente un accionar responsable del favorecido antes condenado, previamente a la quema del arroz), no puede prevalecer frente a la ratio decidendi- o hilo lógico de la decisión final- del veredicto de responsabilidad.

16. En consecuencia, la sentencia expedida debe ser validada en tanto el proceso de habeas corpus no puede ser usado como un instrumento deux et machina[7], y constituye deber de los juzgadores desestimar las pretensiones notoriamente insuficientes.

 

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia que declara infundada la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Cfr. FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Los exámenes de validez constitucional de las normas jurídicas: a propósito del Decreto Legislativo 1097 y el plazo razonable. GACETA PENAL, setiembre 2010, pp. 377-390. Disponible también en https://edwinfigueroag.wordpress.com/8-los-examenes-de-validez-constitucional-de-las-normas-juridicas/

[2] Drittwirkung para la doctrina alemana en el sentido de pretensiones constitucionales entre particulares y no únicamente respecto a las vulneraciones cometidas por el Estado. 

[3] STC 6712-2005-PHC/TC Caso Magaly Medina

4.a. La razonabilidad de la medida

 41. La razonabilidad es un estándar de control de una acción (…) Incluye, dentro de sí, tres juicios claramente establecidos: la adecuación, la necesidad y la proporcionalidad, en cada uno de los cuales se debe dejar sentado si los argumentos de los recurrentes tienen, o no, sentido.

4.a.i. El juicio de adecuación

42.  A través de la adecuación, la conclusión a la cual se arribe debe ser lo más ajustada posible a la finalidad de la Constitución, explícita o implícitamente reconocida. En tal sentido, la acción que realice la persona debe ser conveniente, jurídicamente hablando (la norma habrá de ser accesible y previsible) y contar con un fin legítimo.(…) 

4.a.ii. El juicio de necesidad

44.  El criterio de necesidad importa la ausencia de una solución más efectiva y adecuada de la que se esté tomando. Lo que se busca realizar a través de este juicio es elegir, entre las medidas posibles, la mejor que exista. (…)

4.a.iii. El juicio de proporcionalidad

50.  A través de la proporcionalidad se procura que cada solución a la cual se arribe responda a una conveniencia constitucional o finalidad de la determinación de contenidos de cada uno de los derechos que están en juego. Es decir, busca que el resultado del acto interpretativo responda al objeto perseguido por la ponderación realizada.(…)

[4] Cfr. ALEXY, Robert. Los derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad. p. 2-8. Del original en inglés “Constitutional rights and  proportionality”, ponencia presentada en el seminario internacional “Derechos fundamentales y argumentación  jurídica”, organizado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú,  2010.

[5]  CARNELUTTI, Francesco. Principi del proceso penale. Napoli, 1960. p. 55

 [6] STC 03179-2004.PA/TC caso Apolonia Ccollca

 23. (…) el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias, está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.

a) Examen de razonabilidad.– Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.

b. Examen de coherencia.– El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.

c. Examen de suficiencia.– Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.

[7] «Dios surgido de la máquina», traducción de la expresión griega «απó μηχανῆς θεóς» (apó mekhanés theós). Se origina en el teatro griego y romano, cuando una grúa (machina)  introduce una deidad (deus) proveniente de fuera del escenario para resolver una situación. Aforismo expresado en la STC 00728-2007-PHC/TC Fundamento Jurídico 40.

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