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STC 024-2010-PI/TC. Caso Decreto Legislativo 1097. Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Inconstitucionalidad por conexión

11 abril, 2011

 

Estimados amigos: 

Un examen de la constitucionalidad del Decreto Legislativo 1097, norma que declaraba el cierre de algunos procesos por crímenes de lesa humanidad, ha sido desarrollado anteriormente en este blog (vid https://edwinfigueroag.wordpress.com/8-los-examenes-de-validez-constitucional-de-las-normas-juridicas/), análisis al cual nos remitimos pues en dicho caso desarrollamos la aplicación del principio de proporcionalidad.

La STC 024-2010-PI/TC, interpuesta contra el D.L. 1097 y publicada el 21 de marzo de 2011, se acerca a nuestra posición de cuestionamiento de la norma impugnada y aporta otros conceptos de interés que corresponde poner de relieve.

Un primer aspecto relevante de esta sentencia, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/00024-2010-AI.html,  se refiere a que deja sin efecto, entre otros artículos del D.L. 1097, la primera disposición complementaria final de la norma objetada, la cual señalaba que la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución Legislativa Nº 27998, surtía efectos y regía para el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003, conforme a la Declaración realizada por el Perú al momento de adherirse a la citada Convención. Lo anotado es de suyo importante en tanto corrige precisamente un tema de persecución, en el tiempo, de crímenes de lesa humanidad. La sentencia refiere al respecto:

68. (…) la Corte no considera que la regla de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad pueda regir solamente a partir de la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, hacia el futuro, sino que, siendo una norma de ius cogens, tales crímenes son imprescriptibles, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido.

69. (…) es de recibo lo señalado por la Corte Interamericana en el entendido de que “los Estados deben remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y los procedimientos respectivos y así evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes” (Cfr. Caso La Cantuta vs. Perú, Sentencia del 29 de noviembre de 2006, párrafo 226). Así, el mantenimiento de los efectos del Decreto 1097 y de sus normas conexas supondría conservar dentro del ordenamiento jurídico peruano disposiciones legales que contravienen los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos.

El planteamiento de una cuestión de no plazo nos lleva a otra interrogante: ¿hay medida de ese factor de atemporalidad? Convenimos en la remoción de obstáculos para la prosecución de investigaciones y es más, la propia condición de los crímenes de lesa humanidad, dadas las características especiales de estos delitos, efectivamente deben conducir al desarrollo de investigaciones sin que corresponda alegarse prescripción. Sin embargo, ¿habría una medida de temporalidad tratándose de casos de data muy antigua? El caso del juez Baltasar Garzón, España, parecería emblemático, pues se propuso investigar los crímenes del franquismo en la década de los 30 del siglo pasado y finalmente fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial de España. Entonces, ¿es la remoción de obstáculos de la investigación totalmente atemporal o admitiría excepciones? A juicio nuestro, es un tema que la jurisprudencia constitucional, en los casos concretos, irá delimitando progresivamente. 

En adición a lo expresado, igualmente se establece la figura de la inconstitucionalidad por conexión o consecuencia, concepto que el Tribunal explica de la siguiente forma:

78. (…) aunque el Tribunal Constitucional no pueda expulsar el orden jurídico el punto 1.1 del Artículo Único de la Resolución Legislativa N.° 27998 —conexo al mandato previsto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1097—, pues se encuentra fuera del plazo previsto en el artículo 100º del CPCo., habiéndose advertido su inconstitucionalidad, y siendo este Colegiado el supremo intérprete de la Constitución, en virtud de los artículos VI del Título Preliminar y 82º del CPCo., a partir del día siguiente de la publicación de esta sentencia, todo poder público se encuentra impedido de aplicar el referido precepto jurídico.

La fórmula procedimental aplicada busca una salida al impedimento de expulsión del ordenamiento jurídico de la Resolución Legislativa 27998, cuyo plazo de impugnación- 6 años- ya había transcurrido. En consecuencia, si bien el plazo ya precluyó, ello no obsta para que sea establecida una solución en el sentido de impedir la aplicación de este dispositivo, el cual deviene inconstitucional por conexión. En rigor, la norma aludida no es inconstitucional propiamente dicha pero no puede ser aplicada por los jueces, dada la precisión que hace el Tribunal inclusive como doctrina jurisprudencial.

La fórmula resulta apropiada para el fin propuesto en razón de que la preclusión de un plazo, no debe significar la validación aplicativa de normas sustantivamente inconstitucionales.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

 

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