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STC 00033-2007-PI/TC. Caso Ley Penal de Lavado de Activos. Ponderación en sede penal

12 abril, 2011

Estimados amigos:

Un caso que nos resultó de utilidad para la argumentación constitucional durante el plazo que alguna vez desarrollamos ponencias en sede penal, fue el proceso 0033-2007-PI/TC, el cual puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/00033-2007-AI.html, el cual a grandes rasgos denota la oposición entre los fines de prevención general y especial de la pena, entendidos como la necesidad de sanción o bien la previsión de resocialización del sentenciado.

La discusión que el caso plantea y cuál de los fines debe prevalecer, resulta, en nuestra posición, una controversia de suma actualidad en la justicia penal ordinaria, en tanto el juez debe sancionar o absolver y en el rubro de imposición de penas, debe decidir entre una pena a veces necesariamente gravosa o bien una pena más bien reducida, si existe la idea de resocialización del sentenciado.

La sanción grave, o de pena elevada, no puede ser asociada en forma taxativa al fin de prevención general, cual es defender a la sociedad frente a las conductas notoriamente antijurídicas, que implican objetivamente desaprobación de conductas. De igual forma, las decisiones de pena menores no son en rigor solo expresión de resocialización. Los factores que contribuyen a la fijación de la pena son varios, mas se puede a grandes rasgos identificar, respecto a la imposición de la pena, que el conflicto para el juzgador suele decantarse, de acuerdo a los hechos y la norma aplicable, si frente al delito probado, la pena es ostensiblemente gravosa o no.

El caso del proceso de inconstitucionalidad sobre la Ley Penal de Lavado de Activos, relativo a beneficios penitenciarios, contiene una interesante reflexión sobre la ponderación que todos los jueces están facultados a aplicar respecto a los fines de prevención general y especial, en el sentido de que ambas deben ser ponderadas, sin desaparecer un fin u otro.

En consecuencia, los fallos a los cuales corresponde una pena por cierto gravosa, pueden y deben ser a su vez objeto de ponderación y bien puede concluirse en una reducción de la sanción, si las causas concurrentes así lo justifican. No resulta admisible, en nuestra modesta opinión, una aplicación matemática de la pena ni que inclusive una pena por debajo del mínimo, no pudiere ser aplicada, si en forma justificada concurren elementos de suyo atenuantes. La respuesta literal en el sentido de que “la ley lo impide” nos parece notoriamente insuficiente desde la perspectiva constitucional de la ponderación y resume, una vez más, ese dilema de suyo actual entre la interpretación literal y la interpretación correctora que caracteriza a los derechos fundamentales.  .  

A modo de ejemplo, si la pena mínima respecto al delito de tenencia ilegal de armas de fuego, es de 6 años, y no existe acogimiento a la conclusión anticipada, ¿debe el juez aplicar taxativamente dicha pena mínima, o de concurrir elementos menos gravosos, acaso puede ponderar y aplicar una pena menor? La literalidad de la pena mínima sin duda revelaría la necesidad de aplicar la pena mínima de 6 años y sin embargo, ¿puede ponderarse sobre la norma mínima? A juicio nuestro, la ponderación es constitucionalmente viable y así lo hemos expresado en sendos fallos.

La parte que nos interesa de la sentencia es la siguiente:

Fin preventivo general de la pena

(…)

41. (…) el Estado peruano no puede dejar de cumplir sus obligaciones constitucionales, entonces para cumplir también con los fines resocializadores del régimen penitenciario, se produce una aparente contraposición de ambos fines de la pena regulados en normas constitucionales que generan algunas veces una tensión entre la prevalencia de una y otra, así lo ha entendido también Roxín cuando manifiesta que “la pena sirve a las finalidades de prevención especial y general. Está limitada en su intensidad por la medida de la culpabilidad, pero puede quedar por debajo de este límite, en la medida en que las necesidades de prevención especial lo hagan necesario y no se opongan a ello necesidades de prevención general. Caso de entrar en contradicción ambos fines, la finalidad preventivo especial de resocialización pasa al primer lugar. Aún teniendo en cuenta esto, la prevención general domina las amenazas penales y justifica por sí sola la pena aun cuando falle o fracase la finalidad de prevención especial. Sin embargo no podría darse una pena preventivo especial carente de toda finalidad preventivo general, a pesar del absoluto dominio del fin de resocialización en la ejecución.

42. En consecuencia, en el caso de principios en tensión el Tribunal Constitucional ponderando los valores que los sostienen en abstracto, que los bienes constitucionales protegidos como el orden público, la seguridad colectiva y el bienestar general ocupan un rol delimitador de los principios y derechos del régimen penitenciario. En efecto, considerando el principio de resocialización del régimen penitenciario y la naturaleza de los ilícitos, se puede concluir la predominancia del fin preventivo general, más aún si de ello depende la protección de los bienes constitucionales relevantes y la propia autoconservación del Estado.

43. Y es que el Perú no es el único país que ha ponderado estos bienes constitucionales en conflicto, así en la jurisprudencia internacional, específicamente de la Corte Constituzionale della Repubblica italiana en la “Sentenza 306/1993, adujo en este mismo sentido: “Entre las finalidades que la Constitución asigna  a la pena –de un lado la prevención general y defensa social, con el conexo carácter retributivo y expiatorio y, de otro, la de prevención especial y reeducación que tendencialmente comportan una cierta flexibilización de la pena en función del objetivo de resocialización del reo- no puede establecerse a priori una jerarquía estática y absoluta que valga de una vez por todas y en toda condición. El legislador puede –en los límites de la razonable- hacer prevalecer tendencialmente cada vez una u otra finalidad de la pena, pero con la condición de que ninguna de ellas desaparezca. Por un lado, la búsqueda de la finalidad reeducativa no puede conducir a superar la duración del castigo inherente a la pena privativa de libertad y determinada por la sentencia condenatoria. Por otro lado, el privilegio de los objetivos de prevención general y defensa social no puede llevarse al límite de autorizar el perjuicio de la finalidad reeducativa expresamente consagrada por la Constitución en la institución de la pena.”[

Finalmente, ¿prevaricaría el juez que aplica una pena menor al mínimo legal previsto por la ley penal? A juicio nuestro, no, en tanto vaya acompañada la decisión de una sólida fundamentación de la prevalencia de los derechos fundamentales y que en perspectiva apunte a que los principios de dignidad, libertad e igualdad merecen un lugar especial en la justificación del fallo.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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