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Sentencias constitucionales.Proceso de habeas corpus. Plazo razonable como derecho fundamental.

13 abril, 2011

 

 SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 02746-2010

AGRAVIADO: VIOLETA GONZAGA PULACHE

DENUNCIADO: PRIMERA FISCALIA CORPORATIVA DE CHICLAYO

MATERIA: HABEAS CORPUS

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 25 días del mes de enero de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Carrillo Mendoza, Figueroa Gutarra y Pineda Ríos, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Violeta Gonzaga Pulache contra la sentencia de fecha 19 de octubre de 2010, que declara infundada la demanda de autos.

 

ANTECEDENTES

La recurrente Violeta Gonzaga Pulache interpone proceso de habeas corpus, con fecha 02 de junio de 2009, (p. 1-2) contra el señor Fiscal de la Primera Fiscalía Corporativa de Chiclayo, Dr. Michell Mego Tarrillo, por afectación al plazo razonable. Señala que han transcurrido más de 15 meses desde el 02 de febrero de 2009, fecha en la cual fue intervenido en su consultorio obstétrico  y se le abrió investigación por delito contra la salud pública en su modalidad de comercialización de productos nocivos.

Declarada improcedente la demanda (p. 6) y producida la revocatoria de autos (p. 25), así como prestada la indagatoria por el denunciado (p. 24), la juez de fallo emite sentencia (p. 99-102) y declara infundada la demanda, alegando que la beneficiaria dejó consentir en exceso el plazo de investigación preliminar y que esto no es responsabilidad del emplazado.

La apelación formulada por la favorecida (p. 108-111) indica que la juzgadora ha reconocido un plazo desproporcionado y que no puede admitirse la afirmación de que si no se actuó en su oportunidad, deba convalidarse la violación de derechos constitucionales.

 

FUNDAMENTOS

§ El plazo razonable como derecho fundamental

1. Los exámenes del derecho fundamental al plazo razonable revisten suma importancia respecto a la duración de investigaciones fiscales y procesos judiciales relacionados con la libertad personal. Tales exámenes de validez en sede constitucional cada vez se acercan más a una valoración de estándares, esto es, la jurisprudencia constitucional hoy va asumiendo más una fisonomía de aplicación de precedentes y sus rasgos se van acercando más a los del Common Law o Derecho de Precedentes. Apreciamos, de esta forma, que nuestra jurisprudencia iusfundamental va identificando rangos de casos que a su vez son referencia de decisión para controversias posteriores y ello, sin perjuicio del concepto de sistema normativo que representa el sistema continental, por referencia al entorno europeo, va enriqueciendo el modo en que los jueces constitucionales resuelven las controversias sobre derechos fundamentales.

2. Para la dilucidación del plazo razonable, además de los estándares fijados por el sistema interamericano[1], ha sido usual tener en cuenta los estándares fijados por los órganos supranacionales, entre ellos la doctrina fijada por el Tribunal Europeo de DD.HH., en los casos Stogmuller v. Austria, sentencia de fecha 10 de noviembre de 1969, y el caso Ruiz Mateos v. España, sentencia de fecha 23 de junio de 1993, los cuales coinciden en determinar 3 parámetros:  1) La naturaleza y complejidad de la causa; b) La actividad procesal del imputado; y c) La actuación de los órganos jurisdiccionales. En el ámbito interamericano los casos Suárez Rosero v. Ecuador, sentencia de fecha 13 de enero de 1997, y Genie Lacayo.v. Nicaragua, sentencia de fecha 29 de enero de 1997, han seguido las mismas líneas de exigencia.

3. En el caso peruano 2 sentencias recientes describen el contexto de aplicación del plazo razonable: el caso Antauro Humala, STC 1680-2009-PHC/TC, proceso de habeas corpus que es declarado infundado por no haberse satisfecho la exigencia de los estándares exigidos; y el caso Walter Chacón, STC 3509-2009-PHC/TC, con sentencia estimatoria cuya parte resolutiva dispone la exclusión del favorecido Chacón del proceso penal sobre enriquecimiento ilícito que se le seguía en la jurisdicción ordinaria penal. Estas decisiones sustantivamente siguen los ítems fijados por los sistemas europeo e interamericano.

4. Pues bien, la evolución constante de la jurisprudencia constitucional en Perú ha logrado sumar un nuevo estándar a partir del caso Salazar Monroe, STC 05350-2009-PHC/TC, adoptado a partir de la sentencia en los casos Valle Jaramillo y otros v. Colombia, y Kawas Fernández v. Honduras, sentencia de fecha 3 de abril de 2009. Tales casos añaden un nuevo estándar: la afectación que genere la demora en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso.

5. Resulta de interés destacar la importancia de este nuevo componente en tanto no bastará la configuración de los 3 primeros pues a pesar de que ellos concurran, si el afectado no logra demostrar una vulneración fehaciente, real y suficiente del transcurso en exceso del plazo, su petición será desestimada.

6. Y dado el efecto de vinculatoriedad de las decisiones de la Corte Interamericana de DD.HH., estimamos que los jueces constitucionales, al evaluar las posibles afectaciones al plazo razonable, deberán analizar en conjunto los 4 barómetros señalados. A juicio nuestro, el estándar fijado resulta muy oportuno en la medida que plantea un asunto directo: no hay afectación del plazo razonable si no se desprende un efecto de perjuicio real por el transcurso del plazo en adición a los estándares prefijados, y a su vez habrá insuficiencia material del examen del plazo razonable si solo se aplican los 3 primeros estándares.

7. En consecuencia, el solo transcurso del tiempo no es suficiente para configurar vulneración del plazo razonable. En adición a ello, deberá el juez determinar si el caso presenta suma complejidad y si las partes involucradas y las autoridades judiciales, han actuado conforme a sus deberes formales y materiales. Finalmente, deberá identificarse la suficiencia del perjuicio ocurrido.    

 

§ Análisis del caso concreto

8. Lo antes afirmado  nos lleva a la necesidad, sujetándonos a los barómetros referidos en el caso Salazar Monroe, a la necesidad de definir esta causa en función a los estándares del plazo razonable, dado que el solo transcurso del tiempo no es un factor decisivo ni único para estimar una demanda por afectación al plazo razonable. Dado que los estándares fijados se refieren a asuntos jurisdiccionales, será necesario adaptar nuestro examen a la sede fiscal, donde se habría producido la vulneración.

9. En cuanto a la complejidad del asunto, la causa fiscal en examen, aún siendo uno solo el investigado, ha exigido varias disposiciones fiscales y así se puede apreciar de los actuados de páginas 26 a 98, incluidas las ampliaciones de la investigación preliminar, conforme se verifica a folios 77 y 79. En consecuencia, la investigación ha requerido actividad fiscal y no puede aseverarse que se trate de un proceso no complejo.

10. En lo referido a la actividad procesal del imputado, es importante poner de relieve la ratio decidendi de la decisión desestimatoria de la A-quo: el mismo ha dejado consentir las resoluciones de ampliación del plazo de investigación preliminar y bajo este razonamiento, no podemos estimar una actividad diligente por parte de la misma. De otro lado, no se trata de que, por no ejercer los recursos impugnativos del caso, deba convalidarse la afectación de derechos constitucionales. El ángulo argumentativo es distinto pues precisamente la falta de actividad diligente de la investigada, nos persuade de que ha dejado consentir plazos y por tanto, la vulneración ya no es grave sino ostensiblemente menor y a este respecto, es relevante distinguir juna vulneración grave, con la cual sí se configura una vulneración constitucional estimar, a diferencia de una afectación media o leve, las cuales acarrean un pronunciamiento contrario de fondo, o adverso respecto a la forma, respectivamente[2].  .

11. El ítem de  actuación del órgano jurisdiccional debe observarse con objetividad. El Ministerio Público es autónomo en sus decisiones y a juicio nuestro, su actuación no denota ni abuso ni arbitrariedad cuando en el curso de una investigación preliminar opta por las necesarias ampliaciones del procedimiento. En tal sentido, la exigencia de actuaciones fiscales respecto a ampliaciones, no puede significar, en rigor, la configuración del abuso del derecho. Revisadas las instrumentales presentadas, no advertimos manifiesto abuso del órgano fiscal salvo el ejercicio regular de una potestad fiscal.

12. Finalmente, en cuanto se refiere  la afectación que genere la demora en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso, igualmente observamos que la afectación tampoco es grave. La accionante está sometida a una investigación fiscal y no en rigor a una medida de apremio mayor que afecte su libertad de desplazamiento. No corre mandato de detención alguno ni tampoco orden de comparecencia restringida, propios de una decisión judicial y que sí implican afectaciones permitidas de la libertad personal. En consecuencia, no hay una vulneración de la libertad personal en la extensión argumentada sino una afectación leve, la cual esta Sala de Derechos Fundamentales no puede estimar como prueba suficiente de una vulneración. En tal sentido, corresponde confirmar la apelada.

 

DECISIÓN:

Por estos fundamentos, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA la sentencia que declara infundada la demanda; DISPUSIERON su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Publíquese y notifíquese.

SS.

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA

PINEDA RÍOS


[1] Convención Americana de Derechos Humanos: Artículo 7.5. 

Toda persona detenida o retenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable.

[2]  Para una ampliación de los conceptos de plazo razonable desde la perspectiva de la extensión de la razonabilidad en sede constitucional, VID FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Control constitucional del plazo razonable. Publicado en GACETA CONSTITUCIONAL No. 27. Marzo 2010. Págs. 130-143. También disponible en https://edwinfigueroag.wordpress.com/3-control-constitucional-del-plazo-razonable/; respecto al examen de proporcionalidad respecto al plazo razonable VID, FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Los exámenes de validez constitucional de las normas jurídicas: a propósito del Decreto Legislativo 1097 y el plazo razonable. Publicado en GACETA PENAL, setiembre 2010, pp. 377-390. También disponible en https://edwinfigueroag.wordpress.com/8-los-examenes-de-validez-constitucional-de-las-normas-juridicas/

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