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Sentencias constitucionales. Sede penal. Compatibilidad constitucional de la detención preventiva

15 abril, 2011

SALA PENAL VACACIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 351-07      

INCULPADO: ………………………………

AGRAVIADO: J.P.S.R.  Y OTRA

DELITO: ACTOS CONTRA EL PUDOR   

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 11 días del mes de febrero de 2011,la Sala PenalVacacional de Lambayeque, integrada por los magistrados Chávez Mella, Figueroa Gutarra y Arbañil Sandoval pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por ………………………………..contra el auto de fecha 26 de enero de 2011, que DECLARA IMPROCEDENTE el pedido de variación de detención por comparecencia, formulado por el recurrente.

 

ANTECEDENTES

El imputado solicita la variación de la medida de detención por comparecencia (p. 35-37) y precisa que los actos de investigación posteriores a la expedición del auto apertorio, cuestionan la suficiencia de la prueba. Señala inconsistencias en las declaraciones de las agraviadas así como de la madre de éstas.

La juez de la causa declara improcedente la petición formulada (p. 40-41), atendiendo a que no existen nuevos elementos de investigación  así como que la documentación presentada –constancia de trabajo y declaración jurada- no causan convicción. De la misma forma, precisa que el imputado ha sido puesto a disposición del juzgado por la Policía.

La impugnación formulada (p. 42-44) señala que el auto apelado no hace ningún examen de las declaraciones a nivel policial ni judicial. Precisa que las contradicciones subsisten y que antes no se ha apersonado por cuanto nunca fue notificado.

 

FUNDAMENTOS

§ La exigencia de nuevos actos de investigación para la variación de la detención 

1. De acuerdo a lo normado por el artículo 135 del Código Procesal Penal, parte in fine, el juez queda autorizado a variar el mandato de detención cuando nuevos actos de investigación pongan en cuestión la suficiencia probatoria que dio lugar a la medida. En consecuencia,  se trata de un reexamen que debe efectuar el juez de la medida coercitiva de detención bajo la justificación de elementos de convicción idóneos.

 

§ Compatibilidad constitucional de la detención como medida restrictiva de la libertad

2. La libertad personal constituye un derecho fundamental que consagra la libertad de desplazamiento sin mayores restricciones que las señaladas por ley. Sin embargo, su goce no constituye un derecho absoluto y su naturaleza, conforme sugiere Gustavo Zagrebelsky[1], deviene dúctil cuando se configura la concurrencia de circunstancias justificadas que autorizan se produzca una restricción. Sin embargo, tanto la determinación de la restricción a la libertad personal como el cese de la restricción a la libertad personal, deben cumplir los supuestos conceptuales de suficiencia, razonabilidad y coherencia, a fin de no constituir una vulneración esencial a un derecho reconocido en forma expresa por la Norma Normarum.  

3. Por tanto, no basta admitir un pedido de variación de detención como una cuestión formal, como un derecho más del procesado al cual el juez debe atender solo por la existencia formal de la institución, sino resulta necesario contextualizar la procedencia del pedido, a la luz de las facultades de valoración que fluyen de los actuados y fundamentalmente, del aporte de nuevos actos de investigación que hagan viable que el proceso pueda continuar con una medida menos restrictiva. De lo contrario, debe subsistir la medida de detención y bajo una debida motivación, su vigencia no supone trasgresión alguno de ningún derecho fundamental. 

 

§ Análisis del caso concreto

4. A juicio de este Ad-quem, la suficiencia probatoria de autos ha sido determinada suficientemente por la A-quo, en tanto obran todavía elementos de incriminación- sindicaciones de las agraviadas y su señora madre- que no pueden ser desvirtuados prima facie, sino que deben ser desestimados, de corresponder, en el marco de las actuaciones procesales correspondientes en el proceso principal.  

5. El imputado sustenta su pedido, con amplio desarrollo argumentativo, en las contradicciones de las agraviadas, las cuales, a su juicio, ameritan la inexistencia del delito imputado. Sin embargo, hay diferencias notorias, relevantes y sustanciales entre los niveles de contradicción a raíz de las declaraciones de las agraviadas a nivel policial y judicial, y la propia no existencia del delito.

6. En efecto, las contradicciones y sus niveles no pueden constituir en rigor nuevos actos de investigación totalmente exculpatorios si aquellos tienden a configurar una imputación, pues los mismos deberán ser merituados finalmente en la decisión de fondo que ha de emitir el juzgador, mas no pueden imponer, en el decurso del proceso, una justificación consistente y plena para negar la imputación como tal y más aún, para desestimar integralmente la acusación fiscal.  

7. Distinto es el escenario en el cual hay imputación a nivel fiscal y ésta no es ratificada en el ámbito jurisdiccional, o viceversa. En dichos casos, decae la acusación. En el caso sub judice, la gradación de la imputación solo varía en niveles, mas la incriminación es persistente.

8. De otro lado, la pertinencia de la pena probable a imponer, justificaría, por ahora, el cumplimiento de este requisito de pertinencia de la medida coercitiva de detención sub litis.

9. Adicionalmente, el no apersonamiento del recurrente a los actuados implica un elemento de valoración suficiente respecto al peligro procesal. En efecto, para esta Sala la ausencia de apersonamiento implica una obstrucción manifiesta para los fines de la investigación, valoración que abona para estimar suficientemente configurado el requisito de acreditación de peligro procesal.

10. La no existencia de notificación que el procesado alega respecto a este extremo, no constituye agravio suficiente a juicio de esta Sala, en tanto deberá definirse a nivel judicial, si se emitieron las notificaciones del caso a su domicilio y si se publicaron los edictos de rigor para que tomara conocimiento del caso. 

11. De otro lado, un certificado domiciliario en propiedad no es documento idóneo para desestimar por completo el peligro procesal, en la medida que su valoración debe producirse en forma conjunta con las actuaciones materiales producidas en el proceso así como con los otros medios probatorios producidos. Hacer lo contrario, implicaría una justificación aislada de un solo documento.

12. En conclusión, no se han generado nuevos actos de investigación en grado suficiente y corresponde desestimar, por ahora, la petición formulada, sin perjuicio de que producidos nuevos actos de investigación de entidad suficiente, se pueda producir la excarcelación del imputado, si así lo estima procedente el A-quo.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Penal Vacacional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

CHAVEZ MELLA

FIGUEROA GUTARRA

ARBAÑIL SANDOVAL


[1] ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho dúctil. Trotta, Madrid, 1995. Pág. 14.

Señala el ex Presidente de la CorteConstitucionalitaliana:

“El Estado constitucional (…) no admite la ciega aplicación de un solo principio o valor constitucional. La imposición de una sola norma constitucional sin tener en consideración los demás principios constitucionales es una aplicación que rompe el sentido propio del Estado constitucional. Es más, la sola invocación de la primacía de la Constitución como criterio y justificación para determinada decisión resulta vacía de contenido. El Estado constitucional exige que la justificación de las decisiones encuentre sentido en función de los valores que, en su conjunto, sostienen el Estado constitucional. La sola invocación del criterio formal sin alusión alguna al criterio material que supone el Estado constitucional, no es más que una arbitraria consecuencia del enunciado de una alegada supremacía normativa sin atender a los valores y principios  que inspiran el sistema. La aplicación de un determinado criterio invocando la sola primacía de la Constitucióndesatendiendo los valores constitucionales, se presenta frente a la sociedad pluralista como la implacable y arbitraria decisión obligatoria del monarca representativo del Estado absolutista o la ciega aplicación de la ley propia del juez positivista que la aplica por su solo valor formal, sin discernir sobre su contenido ni sobre la razonabilidad de su aplicación”.   

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