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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Asociado excluido

18 abril, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 01765-2010    

DEMANDANTE: MOISÉS OJEDA SALAZAR

DEMANDADO: ASOCIACIÓN MUTUALISTAS DE TÉCNICOS FAP

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 03 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Moisés Ojeda Salazar contra el auto de fecha 15 de junio de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos; con lo demás que contiene.

 

ANTECEDENTES  

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 257-279) y señala que ha sido vulnerado su derecho fundamental de asociación y al debido proceso, al haber sido expulsado de la Mutual emplazada. 

El auto apelado (p. 280-281) precisa que la pretensión expuesta requiere actividad probatoria y que existen vías igualmente satisfactorias respecto al pedido formulado.

La impugnación formulada (p. 286-290) señala que en el caso del recurrente la violación a sus derechos constitucionales es evidente y que la resolución de su separación no concuerda con el Reglamento de su institución. Acota que el procedimiento para sancionarlo ha sido ilegal, verificándose una trasgresión al principio de legalidad.

 

FUNDAMENTOS

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional

1. En tanto una sentencia fundada implica pronunciarse por la ilegitimidad de un acto vulneratorio de los derechos fundamentales tutelados por la Carta Fundamental, es válido interrogarnos qué sucede cuando no se logra plasmar la tutela de urgencia que reclaman los derechos constitucionales. En dicho caso, debemos asumir que la pretensión no ha sido objeto de probanza suficiente y de ahí la desestimación de la pretensión.

2. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.

3. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§ Vías igualmente satisfactorias para la protección del derecho

4. El desarrollo jurisprudencial del concepto de otras vías satisfactorias[1] se vincula al concepto de residualidad del amparo, en la medida que de corresponder se dirima un proceso en otra vía, sea por contradicción manifiesta de los hechos materia de controversia, o bien porque no existe una vulneración taxativa ni amenaza real de un derecho fundamental, es en la vía igualmente satisfactoria donde se deberá producir el esclarecimiento de la litis con escrupuloso respeto de los derechos de defensa, a probar y al contradictorio.

 

§ Análisis del caso concreto

5. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, si bien es comprensible la argumentación de la apelación respecto a la vulneración del derecho de asociado del recurrente, su pedido no resulta atendible in toto en sede constitucional, fundamentalmente por un contexto de gradación de la afectación[2].

6. En efecto, es importante diferenciar el nivel de vulneración de los derechos fundamentales para determinar la procedencia de su discusión en sede constitucional o bien en una vía igualmente satisfactoria. En vía de explicación de esta posición, será atendible una petición respecto al derecho de asociación, en la cual exista vulneración flagrante del derecho de asociarse, o bien si, sin la existencia de un procedimiento, se excluye al asociado, o si contra la decisión de exclusión, se le impide el derecho de impugnar. Tales contextos y otros estándares que vayan siendo objeto de construcción por la jurisprudencia constitucional, resultarán atendibles ante el juez constitucional por su contexto de afectación ostensible, manifiesta y grave de un derecho fundamental.

7. En lógica consecuente con la afirmación anterior, los otros niveles de vulneración en grados medio o su turno, débil o leve, del derecho fundamental invocado, no serán objeto de tutela en sede constitucional, sea porque la pretensión es declarada infundada, en caso exista un nivel de afectación de orden medio, o si se debe derivar a otra vía la reclamación, en tanto se concluye por la improcedencia del derecho fundamental cuya vulneración se alega.

9. Ahora bien, la lógica de la apelación bien puede inquirir cuándo estamos frente a una vulneración grave, media o leve y la respuesta no es teórica, sino estrictamente pragmática, esto es, corresponderá a una labor de fijación de estándares de la jurisprudencia constitucional, la identificación de los casos de afectación, siendo contextualmente relevante alegar un nivel abstracto de afectaciones graves, medias y leves.

10. En la posición de esta Sala, el propio actor señala la existencia de una Comisión Investigadora (vid p. 260), respecto a la irregularidad de los hechos objeto de denuncia al interior de la asociación De la misma forma, hace referencia a las labores del Consejo de Vigilancia de Lima (p. 261), el cual asumió la recomendación de la formación de un Tribunal de Honor, el cual finalmente optó por recomendar la expulsión (p. 262) del ahora demandante.

11. La objeción propia de la demanda es la actuación irregular del Tribunal de Honor y que el informe de dicho órgano no se hubiere basado en el artículo 63 del Reglamento de la institución, afectándose por ende el debido proceso legal. Reconoce el actor que fue sorprendido por un mal elemento de la Mutual.

12. En conclusión, ha existido una actividad probatoria importante y la concurrencia de varios órganos administrativos encargados de adoptar una decisión. Así, es evidente que el accionante, al encontrarse incurso en estos procedimientos, ha conocido de la existencia de los respectivos procesos administrativos, al interior de los cuales ha ejercido su derecho de defensa.

13. Por ende, la existencia de actividad probatoria y sus incidencias en diverso grado, no puede ser objeto de determinación por parte de este órgano, en tanto es pertinente validar el criterio del A-quo en cuanto a que no es ésta la vía pertinente para determinar si se actuó idóneamente o no respecto a los derechos del recurrente.

14. En esta vía iusfundamental, valga reiterarlo, determinamos solo actos legítimos o ilegítimos así como acciones concretas que son sometidas al control que permiten los procesos de la libertad. Más allá de esta forma de control, excederíamos nuestras atribuciones y por consiguiente, estaríamos reevaluando si los órganos administrativos actuaron o no con propiedad, respecto a los rangos de actividad probatoria o del derecho concernido.

15. En el orden de ideas expuesto, no siendo evidente la vulneración denunciada, corresponde ratificar la decisión de improcedencia del juez de fallo. 

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 03792-2010-PA/TC caso Javier Alzágara

7. (…) solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean  idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuencia si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y él es igualmente idóneo para tal fin, el demandante debe acudir a dicho proceso.

[2] Vid. FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Los grados de vulneración de los derechos fundamentales. Teoría y práctica. GACETA CONSTITUCIONAL No. 25. Enero 2010. Págs. 313-324. Disponible también en https://edwinfigueroag.wordpress.com/2-los-grados-de-vulneracion-de-los-derechos-fundamentales-teoria-y-practica/

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