h1

Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Cumplimiento de mandatos constitucionales

19 abril, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 218-2008

DEMANDANTE: FEDERICO FLORES SANTA CRUZ     

DEMANDADO: EMPRESA DE TRANSPORTES BRUNING

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 04 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Julio César Pérez Sandoval, apoderado de la demandada, contra el auto de fecha 13 de setiembre de 2010, que IMPONE MULTA de 3 Unidades de Referencia Procesal a la emplazada por incumplimiento del mandato.

 

ANTECEDENTES

El demandante Julio César Flores Santa Cruz solicita imposición de multa a la demandada (p. 184-186), en vista de la negativa de la emplazada a cumplir con el mandato judicial de reincorporación en ruta del vehículo del actor, conforme está ordenado.

El auto apelado (p. 187-188) impone multa por entorpecimiento de lo ejecutoriado en autos.

La impugnación de autos (p. 192-199) indica como agravios que no puede cumplir el mandato pues no se ha considerado los requisitos del D.S. 017-2009-MTC, así como que no puede costear los importes del SOAT ni la Póliza de Seguros del vehículo del demandante. Tampoco puede adquirir los equipos de comunicación necesarios y por ello la imposibilidad de cumplir el mandato.

 

FUNDAMENTOS

§ El cumplimiento de los mandatos constitucionales

1. La contravención a los mandatos establecidos por los jueces constitucionales ha sido objeto de tratamiento legislativo a través de la imposición de multas, conforme al artículo 22[1] del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, tales mandatos pueden ser modificados en situaciones excepcionales que a criterio del juez, razonablemente induzcan a la variación de la medida coercitiva. 

2. Ahora bien, ¿qué implica una medida coercitiva? Sustancialmente el cumplimiento de un mandato, el cual, a criterio del Tribunal Constitucional[2], debe verse revestido de una eficaz protección, en la medida que el no cumplimiento de un mandato definitivo contradice los fines trascendentes del proceso.

3. Si los mandatos de los jueces constitucionales no son cumplidos, ¿entonces para qué existiría la jurisdicción constitucional? Si las partes alegaran igualmente imposibilidad de cumplir un mandato, pudiéndolos cumplir, ¿cuál sería la eficacia de una sentencia constitucional? A juicio nuestro, poca o ninguna.

4. De otro lado, los jueces igualmente debemos asumir, desde el otro ángulo del problema, que solo una razón atendible, de suma excepcionalidad y  con características de razonable contrariedad, pueden justificar el no cumplimiento de una medida coercitiva. En caso contrario, procede la aplicación de la multa como medio de exigencia del cumplimiento de la prestación ordenada.  

 

§ Análisis del caso concreto

5. A juicio de esta Sala Superior, la apelación resulta sustantivamente inoficiosa en tanto supedita el cumplimiento de una prestación ya ordenada, a causas que no son definitivamente ajenas a su voluntad.

6. En efecto, señala, entre otros argumentos que no se tiene en cuenta el D.S. 017-2009-MTC, que la misma no puede costear los importes del SOAT ni la Póliza de Seguros del vehículo del demandante, así como tampoco puede adquirir los equipos de comunicación necesarios. A partir de ello, deduce la imposibilidad de cumplir el mandato.

7. Acotamos que las razones son inoficiosas pues de una lectura cuidadosa de la extensa apelación, no advertimos que la demandada hubiera acusado los deberes de diligencia razonable que impuso, con fecha 17 de julio de 2008, la decisión que en su momento puso fin a la instancia( vid. p. 7-9), ordenándose la reincorporación en ruta del vehículo del actor. Esto es, desde hace 32 meses no se ha dado cumplimiento al mandato de la Sala.

8. Y en adición a ello, si bien existen requisitos que son imputables prima facie al demandante, dado que él es el beneficiario  del vehículo cuya incorporación en ruta se ordena, la justificación de incumplimiento no es suficiente, pues han transcurrido más de 2 años y medio para que razonablemente la demandada cuando menos instara, por escrito y bajo cargo al beneficiario, para el otorgamiento de las facilidades necesarias para el cumplimiento del mandato impuesto a la demandada.

9. Revisados minuciosamente los actuados, no se aprecia sino una uniforme negativa al cumplimiento del mandato bajo la justificación insuficiente de que su parte está en imposibilidad de cumplir el mandato del caso. 

10. Finalmente, tampoco se ha tomado en cuenta el real mandato del A-quo (vid. p. 188), cual es la presentación del salvoconducto o ticket de presentación necesarios para la emisión final del certificado de habilitación vehicular, aspectos que cuando menos representan un margen de acción prudencial para el cumplimiento del mandato. No habiéndose cumplido ninguna prestación, procede la confirmatoria del auto apelado.

 

DECISIÓN:

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Código Procesal Constitucional. Artículo 22.- Actuación de Sentencias 

La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.

La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable. Cualquiera de estas medidas coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas durante la fase de ejecución.

[2] STC 00607-2009-AA/TC. Caso Flavio Jhon Lojas 

33. (…)  todo análisis sobre la lógica del proceso en un Estado constitucional debe siempre partir de un enfoque finalista o instrumental del mismo que reivindique en cada caso la trascendencia del derecho o derechos materiales discutidos en su seno y la prevalencia de su eficaz protección

Anuncios

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Blog of the IACL, AIDC

a network of constitutionalists from countries throughout the world

Pensamientos de Derecho Constitucional

Retos del constitucionalismo en el siglo XXI

A %d blogueros les gusta esto: