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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Términos de apelación y seguridad jurídica

20 abril, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 166-2010

DEMANDANTE: MARIO SABOGAL AQUINO    

DEMANDADO: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 04 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo contra el auto de fecha 07 de octubre de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de oposición a la medida cautelar.

 

ANTECEDENTES

La recurrente formula oposición a la medida cautelar (p. 122-127), en vista de que no se ha vulnerado derecho alguno del demandante en el acto de su suspensión como Decano.

El auto apelado (p. 128) declara improcedente la oposición por extemporánea, en vista de que la notificación del acto sub litis, tuvo lugar el día 16 de setiembre de 2010 y la oposición se ha producido el día 30 de ese mismo mes y año.

La impugnación de autos (p. 131-133) indica como agravio que el Juzgado ha hecho un cómputo indebido en vista de que corresponde se cuente el término desde que la medida se ha ejecutado o cumplido en su totalidad.

 

FUNDAMENTOS

§ Los términos de apelación y la seguridad jurídica  

1. La congruencia procesal exigible a los jueces entre los actos que se deciden y las pretensiones de las partes, resulta igualmente una exigencia a las partes en el proceso, en tanto si bien el juzgador se ve instado a aplicar el principio iura novit curia, en los casos en los cuales las partes no formulen una delimitación correcta de sus pedidos, de otro lado las partes en el proceso deben adecuar sus pretensiones a los mandatos de las normas-reglas.

2. En tal sentido, si una norma- regla, como lo es un término de apelación, fija un término taxativo de impugnación, dicho término no puede variar por una suposición de las partes sino resulta taxativamente indispensable, a efectos de cambiar la norma- regla en referencia, o que bien que dicha norma- regla sea derogada por otra norma, o que la jurisprudencia adecúe el sentido interpretativo de la norma- regla para su cabal entendimiento, desde una perspectiva de tutela diferenciada o bien bajo otro mecanismo de aplicación procedimental.

3. Lo contrario es introducir incertidumbre jurídica en los procesos, precisamente un fin contrario a la seguridad jurídica[1], elemento que resulta uno de los propósitos de la impartición de justicia.

 

§ Análisis del caso concreto

4. A juicio de esta Sala, es pertinente la cita textual completa del artículo 637[2] del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos, en vista de la interpretación sui géneris que asume la parte apelante respecto a la decisión del A-quo.

5. En efecto, la norma –regla aludida, en momento alguno reconoce un cómputo del término de apelación desde que la medida es ejecutada a efectos de que proceda la oposición a la medida cautelar, ni tampoco existe jurisprudencia- menos aún la señala la parte apelante-  que se pronuncie en los términos expresados en su impugnación.

6. Por el contrario, asumir la tesis de la demandada implicaría introducir márgenes de inseguridad jurídica respecto a los términos de cómputo de la oposición a la medida cautelar, pues dichos términos de apelación ya no serían de 5 días como señala la norma invocada, sino se extenderían a la verificación fáctica de la ejecución de la medida. Consecuentemente, la tesis de la apelación es manifiestamente apagógica y procede la confirmatoria del auto apelado.

 

DECISIÓN:

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 0001/0003-2003-AI/TC. Caso Colegios de Notarios de los Distritos Notariales de Lima, Callao y Arequipa 

3. (…) la seguridad jurídica es un principio consustancial al Estado constitucional de derecho, implícitamente reconocido en la Constitución. Se trata de un valor superior contenido en el espíritu garantista de la Carta Fundamental, que se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y busca asegurar al individuo una expectativa razonablemente fundada respecto de cuál será la actuación de los poderes públicos y, en general, de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los cauces del Derecho y la legalidad. 

[2] Código Procesal Civil. Artículo 637.- Trámite de la medida

La solicitud cautelar es concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada en atención a los fundamentos y prueba de la solicitud. Procede apelación contra el auto que deniega la medida cautelar. En este caso, el demandado no es notificado y el superior absuelve el grado sin admitirle intervención alguna. En caso de medidas cautelares fuera de proceso, el juez debe apreciar de oficio su incompetencia territorial.

Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida.

De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo.

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