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STC 06111-2009-PA/TC. Caso crucifijos y Biblias en juzgados y salas de administración de justicia. Derecho fundamental de libertad religiosa.

22 abril, 2011

Estimados amigos:

En estos días de recogimiento por Semana Santa en el Perú un tema que asume relevancia es cuál es la dimensión del derecho fundamental de libertad religiosa, preocupación que nos reconduce a reflexionar sobre la extensión de otros derechos entre ellos, el  derecho-principio de no discriminación o de igualdad religiosa, el principio de laicidad del Estado, el principio de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas y la presencia de crucifijos y Biblias en despachos y tribunales del Poder Judicial.

Es éste el contexto de la sentencia 06111-2009-PA/TC, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/06111-2009-AA.html, a propósito de una demanda de amparo en relación a si los crucifijos y biblias en los juzgados y Salas de la República así como el juramento de honor de decir la verdad, previa indagación de la confesión católica, como sucede en nuestro país, no constituían acaso una injerencia ostensible en el derecho fundamental a la libertad religiosa.

El Tribunal Constitucional asume la tesis de que la presencia de crucifijos y Biblias obedece a un contexto cultural y a partir de esta idea, no vulneran el derecho fundamental a la libertad religiosa del demandante si es de otra confesión religiosa.

Los términos en los cuales la sentencia se expresa son los siguientes:

43.  A la luz de todo ello, puede afirmarse que la presencia de símbolos religiosos como el crucifijo o la Biblia que se encuentran histórica y tradicionalmente presentes en un ámbito público, como en los despachos y tribunales del Poder Judicial, no afectan los derechos invocados por el recurrente ni el principio de laicidad del Estado, en tanto que la presencia de esos símbolos responde a una tradición históricamente arraigada en la sociedad, que se explica por ser la Iglesia católica un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, conforme lo reconoce la Constitución.

44.  De este modo, si bien en un templo el crucifijo tiene un significado religioso, en un escenario público (como en los despachos y tribunales del Poder Judicial) tiene un valor cultural, ligado a la historia de un país, a su cultura o tradiciones. En tal contexto, que el Estado mantenga dichos símbolos en tales espacios públicos no significa que abandone su condición de Estado laico para volverse un Estado confesional protector de la religión católica.

 45.  La sola presencia de un crucifijo o una Biblia en un despacho o tribunal del Poder Judicial no fuerza a nadie a actuar en contra de sus convicciones. En efecto, no puede sostenerse que de la presencia de tales símbolos se derive alguna obligación para el recurrente (de adoración o veneración, por ejemplo), cuyo cumplimiento afecte su conciencia y podría dar lugar a que plantee una objeción de conciencia, que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de defender (cfr. Exp. N.° 0895-2001-AA/TC; en ese caso, este Colegiado ordenó no incluir a un trabajador de confesión Adventista del Séptimo Día en la jornada laboral de los días sábados, ya que obligarlo a trabajar ese día afectaba sus convicciones religiosas, para las que el sábado es un día dedicado al culto). Tal supuesto de coacción, evidentemente objetivo, sí tendría suficiente fundamento como para ser calificado de inconstitucional por lesivo de la libertad religiosa, lo que sin embargo y como reiteramos, no sucede ni se configura por el solo hecho de exhibir o colocar crucifijos siguiendo una tradición arraigada a nuestra historia y a nuestras costumbres.

De igual forma, en relación a la oposición a la pregunta de la confesión religiosa, formulada de modo común por los jueces a efectos de declarar y decir la verdad en audiencias, sí existe posición tuitiva, la cual se expresa de la siguiente forma:

La relevancia o pertinencia de interrogar sobre la religión que profesa un procesado o declarante

62.  En el contexto señalado y a la luz de lo que resulta materia de reclamo, procede analizar si la costumbre de preguntar a los procesados (en general, a todos interviniente del proceso penal) respecto de la religión que estos profesan se compadece o no con los objetivos del proceso penal o si, por lo menos, se vuelve necesaria con la exigencia de proporcionar datos formales a fin de que la administración de Justicia pueda cumplir con sus cometidos. 

63.  Este Colegiado considera al respecto que aunque se ha vuelto una práctica común (no normativizada) el que las autoridades judiciales interroguen a los justiciables respecto de la religión que profesan, tal interrogante resulta en abstracto impertinente además de invasiva en relación con la libertad religiosa (en este caso, a la facultad de mantener reserva sobre las convicciones religiosas), pues se inquiere por un dato que en nada contribuye al objetivo del proceso penal o en general a la administración de Justicia.

64.  Aunque, desde luego, hay quienes pueden considerar que no habría en una hipótesis como la graficada inconstitucionalidad alguna, habida cuenta de que cualquier persona tiene el derecho de guardar reserva sobre sus convicciones religiosas (artículo 2º, inciso 18, de la Constitución) y, por lo tanto, a mantenerse en silencio frente a una interrogante de este tipo, tal forma de entender las cosas representa un contrasentido y una manera forzada de intentar legitimar un acto, a todas luces, irrazonable.

65.  En efecto, el objetivo del proceso penal es, como se ha señalado anteriormente, la búsqueda de la verdad en torno a la comisión o no de un hecho punible, así como la determinación de las responsabilidades o irresponsabilidades según el caso. En nada contribuye a la materialización de tales propósitos el conocer si una persona profesa o no la religión católica, la evangélica o, en general, cualquier otra orientación religiosa (también, por cierto, si es atea o agnóstica). Más bien subyace tras la presencia de tal tipo de pregunta un cierto prejuicio de individualizar y/o tratar a las personas a partir del dato que ofrece su orientación religiosa, situación que en lugar de fomentar una justicia objetiva e imparcial, puede más bien generar riesgos en relación con tales garantías.

El caso que nos ocupa no sigue la posición del caso Lautsy v. Italia, el cual puede ser leído (en inglés) en http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=857725&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649), controversia resuelta por el Tribunal Europeo de DD.HH., a propósito de una demanda por la presencia de crucifijos en las escuelas públicas de Italia, pretensión que finalmente resultó estimada por los jueces europeos por unanimidad, por afectación del artículo 2 Protocolo 1 del Convenio Europeo de DD.HH. La sentencia consideró que el Estado italiano infringía su deber de neutralidad en el ejercicio de su autoridad pública, en el campo de la educación, en afectación del pluralismo religioso.

Finalmente la sentencia resuelve:

1.      Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo en que se solicita el retiro, en todas las salas judiciales y despachos de magistrados a nivel nacional, de los símbolos de la religión católica como el crucifijo o la Biblia.

2.      Declarar FUNDADA la demanda en el extremo en que se solicita la exclusión en toda diligencia o declaración ante el Poder Judicial, de cualquier pregunta sobre la religión que profesa el declarante en general, aplicando la misma exclusión a la declaración ante toda autoridad o funcionario públicos, sin perjuicio de lo indicado en el fundamento 66, supra. 

En nuestra opinión, la decisión del Tribunal Constitucional peruano reviste razonable consistencia en tanto sigue los supuestos de que los valores culturales representan una contribución material a la identidad de las sociedades, en especial de la peruana. De otro lado, en relación a la parte estimatoria de la demanda, entendemos que es previsible los jueces ya no deberán preguntar sobre las confesiones religiosas en las diligencias jurisdiccionales a su cargo.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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