Archive for 23 abril 2011

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International Association of Constitutional Law IACL. Renewal of the Constitution: constituent power within the framework of the continuity of the legal order

23 abril, 2011

Dear friends:

It is a matter of fact that it is important for us including some important news from Comparative Constitutional Law, not only in English, also in other relevant languages. So we will include, from now on, some special reports from other webs about fundamental rights items.  

This time we refer that the next Round Table of the IACL will take place at the Haydarpasa Campus of the Universityof Marmara, Istanbul, 28-29 April 2011. More information in http://www.iacl-aidc.org/?page_id=16.

 

Programme

ROUND TABLE OF THE IACL

Haydarpaşa Campus, Marmara University, Istanbul. 28‐29 April 2011

RENEWAL OF A CONSTITUTION

Constituent power within the framework of the constitutional legal order’s continuity

Thursday 28 April 2011. 09h30‐10h45

Opening Statements

Introductory reports

Constitutionalism and the constitutional reform movement inTurkey

The tension between permanent constitutional change and the permanent quest for renewal

Session I, Morning

Constituent/Constituted Power: Theory and Application

Session II, 13h45 – 16h00

Concrete Proposals for a New Turkish Constitution

Third session, 16h30‐17h45

Drafting a constitution in the transition to Democracy

Friday 29 April 2011

Session III, 9h30—11h15

Constitutionalism in the 21st Century: Which Trends?

Closing Session, 11h45‐13h30

General Discussion and Evaluation

Best regards,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 0895-2001-AA/TC. Caso Rosado Adanaqué. Libertad de conciencia y religión.

23 abril, 2011

Estimados amigos:

Como complemento a las reflexiones de orden espiritual de estos días, un caso emblemático de nuestra jurisprudencia en relación al derecho a la objeción de conciencia, es la STC 0895-2001-AA/TC, caso Lucio Rosado Adanaqué, caso que puede ser leído en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00895-2001-AA.html.

El caso diferencia entre libertad de conciencia y de religión en los siguientes términos:

3. La libertad de conciencia y la libertad de religión, si bien pueden confluir en algunos de sus postulados, son dos derechos de distinto contenido.

El derecho a la libertad de conciencia supone el derecho de toda persona de formarse libremente la propia conciencia, de manera tal que aquella formación se vea exenta de intromisiones de cualquier tipo. El libre desarrollo de la personalidad del individuo implica que en el transcurrir de la vida la persona vaya formándose en valores o principios que den lugar a la generación de un propio cúmulo de criterios e ideas. El Estado Constitucional de Derecho resguarda que el forjamiento de la propia conciencia no conlleve perturbación o imposición de ningún orden, ni siquiera de aquellos postulados éticos o morales que cuenten con el más contundente y mayoritario apoyo social, pues justamente, una condición intrínseca al ideal democrático lo constituye el garantizar el respeto de los valores e ideas de la minoría.

Por otra parte, la libertad de religión comporta el derecho fundamental de todo individuo de formar parte de una determinada confesión religiosa, de creer en el dogma y la doctrina propuesta por dicha confesión, de manifestar pública y privadamente las consecuentes convicciones religiosas y de practicar el culto. Como todo derecho de libertad, el derecho a la libertad religiosa tiene una vertiente negativa, que garantiza la libertad de cada persona para decidir en conciencia que no desea tomar parte en actos de la naturaleza antes descrita.

En puridad, la libertad de conciencia está vinculada a la libertad de ideas; mientras que la libertad de religión, a la libertad de creencias.

En relación a la cuestión central de la controversia, a raíz de la pretensión del médico Rosado Adanaqué de que no se le obligue a trabajar los días domingo, pues su condición de miembro de la Iglesia Adventista del Sétimo Día se lo impedía, el Tribunal Constitucional señala a este respecto:

7. El derecho constitucional a la objeción de conciencia, como adelantábamos en el fundamento tercero, permite al individuo objetar el cumplimiento de un determinado deber jurídico, por considerar que tal cumplimiento vulneraría aquellas convicciones personales generadas a partir del criterio de conciencia y que pueden provenir, desde luego, de profesar determinada confesión religiosa. Así, la objeción de conciencia tiene una naturaleza estrictamente excepcional, ya que en un Estado Social y Democrático de Derecho, que se constituye sobre el consenso expresado libremente, la permisión de una conducta que se separa del mandato general e igual para todos, no puede considerarse la regla, sino, antes bien, la excepción, pues, de lo contrario, se estaría ante el inminente e inaceptable riesgo de relativizar los mandatos jurídicos. En atención a lo dicho, la procedencia de la eximencia solicitada por el objetor debe ser declarada expresamente en cada caso y no podrá considerarse que la objeción de conciencia garantiza ipso facto al objetor el derecho de abstenerse del cumplimiento del deber. Y por ello, también, la comprobación de la alegada causa de exención debe ser fehaciente.

8. En el presente caso, conforme se desprende del documento obrante a fojas 21, el recurrente pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día desde el 6 de noviembre de 1993; lo que significa que, con el transcurrir del tiempo, el recurrente incorporó a su patrimonio ideológico determinadas convicciones que se desprenden de la doctrina profesada por la Iglesia antes referida, uno de cuyos preceptos ordena el reposo durante los días sábados. Asimismo, según se observa de un documento que contiene lo señalado en la Sesión de Directorio N°. 23.-D-DPTAL-LAMB-ESSALUD-2000, de fecha 1 de diciembre de 2000, obrante a fojas 45, que si bien en dicha reunión se planteó la interrogante respecto de las razones por las cuales el demandante no registra producción laboral los días sábados, en la misma sesión se da respuesta a la disyuntiva cuando el propio director indica que “se tiene conocimiento de que dicho profesional practica la religión adventista, cuyos integrantes toman descanso los días sábados”. Es claro entonces que la emplazada tenía pleno conocimiento de la confesión religiosa del recurrente, razón por la que se puede presumir con razonable objetividad que éste fue el motivo por el que no se le programó en las jornadas laborales de los días sábados durante los años 1999 y 2000.

En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que si en un principio la emplazada optó por respetar los designios derivados de los dogmas religiosos profesados por el recurrente, no existen razones legítimas para que, con posterioridad, se decidiera cambiar de decisión. Este criterio, desde luego, no significa que el Tribunal desconozca el ius variandi del empleador; pero, en atención a su carácter de derecho fundamental, derivado del principio de dignidad humana, para que se realizara tal cambio era preciso que se observara un mínimo de razonabilidad en los fundamentos del cambio. Y es que de conformidad con el artículo 7º, numeral 7.1, de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, de aplicación al caso de autos, en virtud de la Primera Disposición Transitoria, numeral 2), de la misma ley, los actos de administración interna en el sector público se orientan a la eficiencia y eficacia; no habiéndose acreditado en autos si el acto ejecutado en contra del recurrente se ha orientado hacia tales principios, el Tribunal Constitucional estima que este es irrazonable y desproporcionado.

La vaga referencia a las “razones de necesidad institucional” que la emplazada formula en su contestación de la demanda parecen ser, desde todo punto de vista, ambiguas e insuficientes. Tampoco puede considerarse que el otorgar, en este caso, al recurrente el beneficio de la eximencia de acudir los días sábados, pudiera significar una afectación al derecho de igualdad de los demás médicos que prestan servicios a la emplazada, toda vez que el demandado ha demostrado, a través de la documentación que obra de fojas 6 a 13, que cumple durante los días lunes a viernes con las 150 horas mensuales promedio que los médicos asistentes están obligados a laborar. Ello, sin perjuicio de que, a diferencia probablemente de otros médicos, pueda señalarse como día laborable, si es el caso, los domingos.

9. De este modo, dadas las particulares circunstancias del caso, la objeción de conciencia al deber de asistir a laborar los días sábados planteada por el recurrente, encuentra fundamento en la medida en que la empresa no ha aportado razones objetivas que permitan concluir que el cambio en la programación laboral obedezca a intereses superiores de la institución hospitalaria compatibles con el sacrificio del derecho del recurrente, que, aunque excepcional, resulta plenamente aplicable a esta causa.

Aún cuando entendemos la posición del Tribunal en relación al tema de fondo y se estima la pretensión del demandante, una cuestión adicional que puede plantearse podría ser la siguiente: si un médico católico practicante que asiste a misa los días domingo recibe la orden superior de cambiar su turno de trabajo precisamente a este día, ¿podría invocar el precedente Rosado Adanaqué para invocar “a igual razón, igual derecho” y que por consiguiente no se le exija trabajar el día domingo en que asiste a su culto cristiano católico que es la misa? Asumimos prima facie que la pretensión sería viable.

Hemos encontrado respuestas disímiles en algunos talleres de la Academia de la Magistratura al plantear este caso, mas entendemos que los derechos fundamentales son un ejercicio de construcción y como tal, el estándar respecto al derecho de objeción de conciencia ha sido construido, a partir del caso Rosado Adanaqué, sobre la premisa de que efectivamente debe respetarse el derecho a la libertad de religión.  

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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STC 06111-2009-PA/TC. Caso crucifijos y Biblias en juzgados y salas de administración de justicia. Derecho fundamental de libertad religiosa.

22 abril, 2011

Estimados amigos:

En estos días de recogimiento por Semana Santa en el Perú un tema que asume relevancia es cuál es la dimensión del derecho fundamental de libertad religiosa, preocupación que nos reconduce a reflexionar sobre la extensión de otros derechos entre ellos, el  derecho-principio de no discriminación o de igualdad religiosa, el principio de laicidad del Estado, el principio de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas y la presencia de crucifijos y Biblias en despachos y tribunales del Poder Judicial.

Es éste el contexto de la sentencia 06111-2009-PA/TC, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/06111-2009-AA.html, a propósito de una demanda de amparo en relación a si los crucifijos y biblias en los juzgados y Salas de la República así como el juramento de honor de decir la verdad, previa indagación de la confesión católica, como sucede en nuestro país, no constituían acaso una injerencia ostensible en el derecho fundamental a la libertad religiosa.

El Tribunal Constitucional asume la tesis de que la presencia de crucifijos y Biblias obedece a un contexto cultural y a partir de esta idea, no vulneran el derecho fundamental a la libertad religiosa del demandante si es de otra confesión religiosa.

Los términos en los cuales la sentencia se expresa son los siguientes:

43.  A la luz de todo ello, puede afirmarse que la presencia de símbolos religiosos como el crucifijo o la Biblia que se encuentran histórica y tradicionalmente presentes en un ámbito público, como en los despachos y tribunales del Poder Judicial, no afectan los derechos invocados por el recurrente ni el principio de laicidad del Estado, en tanto que la presencia de esos símbolos responde a una tradición históricamente arraigada en la sociedad, que se explica por ser la Iglesia católica un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, conforme lo reconoce la Constitución.

44.  De este modo, si bien en un templo el crucifijo tiene un significado religioso, en un escenario público (como en los despachos y tribunales del Poder Judicial) tiene un valor cultural, ligado a la historia de un país, a su cultura o tradiciones. En tal contexto, que el Estado mantenga dichos símbolos en tales espacios públicos no significa que abandone su condición de Estado laico para volverse un Estado confesional protector de la religión católica.

 45.  La sola presencia de un crucifijo o una Biblia en un despacho o tribunal del Poder Judicial no fuerza a nadie a actuar en contra de sus convicciones. En efecto, no puede sostenerse que de la presencia de tales símbolos se derive alguna obligación para el recurrente (de adoración o veneración, por ejemplo), cuyo cumplimiento afecte su conciencia y podría dar lugar a que plantee una objeción de conciencia, que este Tribunal ya ha tenido oportunidad de defender (cfr. Exp. N.° 0895-2001-AA/TC; en ese caso, este Colegiado ordenó no incluir a un trabajador de confesión Adventista del Séptimo Día en la jornada laboral de los días sábados, ya que obligarlo a trabajar ese día afectaba sus convicciones religiosas, para las que el sábado es un día dedicado al culto). Tal supuesto de coacción, evidentemente objetivo, sí tendría suficiente fundamento como para ser calificado de inconstitucional por lesivo de la libertad religiosa, lo que sin embargo y como reiteramos, no sucede ni se configura por el solo hecho de exhibir o colocar crucifijos siguiendo una tradición arraigada a nuestra historia y a nuestras costumbres.

De igual forma, en relación a la oposición a la pregunta de la confesión religiosa, formulada de modo común por los jueces a efectos de declarar y decir la verdad en audiencias, sí existe posición tuitiva, la cual se expresa de la siguiente forma:

La relevancia o pertinencia de interrogar sobre la religión que profesa un procesado o declarante

62.  En el contexto señalado y a la luz de lo que resulta materia de reclamo, procede analizar si la costumbre de preguntar a los procesados (en general, a todos interviniente del proceso penal) respecto de la religión que estos profesan se compadece o no con los objetivos del proceso penal o si, por lo menos, se vuelve necesaria con la exigencia de proporcionar datos formales a fin de que la administración de Justicia pueda cumplir con sus cometidos. 

63.  Este Colegiado considera al respecto que aunque se ha vuelto una práctica común (no normativizada) el que las autoridades judiciales interroguen a los justiciables respecto de la religión que profesan, tal interrogante resulta en abstracto impertinente además de invasiva en relación con la libertad religiosa (en este caso, a la facultad de mantener reserva sobre las convicciones religiosas), pues se inquiere por un dato que en nada contribuye al objetivo del proceso penal o en general a la administración de Justicia.

64.  Aunque, desde luego, hay quienes pueden considerar que no habría en una hipótesis como la graficada inconstitucionalidad alguna, habida cuenta de que cualquier persona tiene el derecho de guardar reserva sobre sus convicciones religiosas (artículo 2º, inciso 18, de la Constitución) y, por lo tanto, a mantenerse en silencio frente a una interrogante de este tipo, tal forma de entender las cosas representa un contrasentido y una manera forzada de intentar legitimar un acto, a todas luces, irrazonable.

65.  En efecto, el objetivo del proceso penal es, como se ha señalado anteriormente, la búsqueda de la verdad en torno a la comisión o no de un hecho punible, así como la determinación de las responsabilidades o irresponsabilidades según el caso. En nada contribuye a la materialización de tales propósitos el conocer si una persona profesa o no la religión católica, la evangélica o, en general, cualquier otra orientación religiosa (también, por cierto, si es atea o agnóstica). Más bien subyace tras la presencia de tal tipo de pregunta un cierto prejuicio de individualizar y/o tratar a las personas a partir del dato que ofrece su orientación religiosa, situación que en lugar de fomentar una justicia objetiva e imparcial, puede más bien generar riesgos en relación con tales garantías.

El caso que nos ocupa no sigue la posición del caso Lautsy v. Italia, el cual puede ser leído (en inglés) en http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=857725&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649), controversia resuelta por el Tribunal Europeo de DD.HH., a propósito de una demanda por la presencia de crucifijos en las escuelas públicas de Italia, pretensión que finalmente resultó estimada por los jueces europeos por unanimidad, por afectación del artículo 2 Protocolo 1 del Convenio Europeo de DD.HH. La sentencia consideró que el Estado italiano infringía su deber de neutralidad en el ejercicio de su autoridad pública, en el campo de la educación, en afectación del pluralismo religioso.

Finalmente la sentencia resuelve:

1.      Declarar INFUNDADA la demanda en el extremo en que se solicita el retiro, en todas las salas judiciales y despachos de magistrados a nivel nacional, de los símbolos de la religión católica como el crucifijo o la Biblia.

2.      Declarar FUNDADA la demanda en el extremo en que se solicita la exclusión en toda diligencia o declaración ante el Poder Judicial, de cualquier pregunta sobre la religión que profesa el declarante en general, aplicando la misma exclusión a la declaración ante toda autoridad o funcionario públicos, sin perjuicio de lo indicado en el fundamento 66, supra. 

En nuestra opinión, la decisión del Tribunal Constitucional peruano reviste razonable consistencia en tanto sigue los supuestos de que los valores culturales representan una contribución material a la identidad de las sociedades, en especial de la peruana. De otro lado, en relación a la parte estimatoria de la demanda, entendemos que es previsible los jueces ya no deberán preguntar sobre las confesiones religiosas en las diligencias jurisdiccionales a su cargo.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Términos de apelación y seguridad jurídica

20 abril, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 166-2010

DEMANDANTE: MARIO SABOGAL AQUINO    

DEMANDADO: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 04 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo contra el auto de fecha 07 de octubre de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE por extemporáneo el recurso de oposición a la medida cautelar.

 

ANTECEDENTES

La recurrente formula oposición a la medida cautelar (p. 122-127), en vista de que no se ha vulnerado derecho alguno del demandante en el acto de su suspensión como Decano.

El auto apelado (p. 128) declara improcedente la oposición por extemporánea, en vista de que la notificación del acto sub litis, tuvo lugar el día 16 de setiembre de 2010 y la oposición se ha producido el día 30 de ese mismo mes y año.

La impugnación de autos (p. 131-133) indica como agravio que el Juzgado ha hecho un cómputo indebido en vista de que corresponde se cuente el término desde que la medida se ha ejecutado o cumplido en su totalidad.

 

FUNDAMENTOS

§ Los términos de apelación y la seguridad jurídica  

1. La congruencia procesal exigible a los jueces entre los actos que se deciden y las pretensiones de las partes, resulta igualmente una exigencia a las partes en el proceso, en tanto si bien el juzgador se ve instado a aplicar el principio iura novit curia, en los casos en los cuales las partes no formulen una delimitación correcta de sus pedidos, de otro lado las partes en el proceso deben adecuar sus pretensiones a los mandatos de las normas-reglas.

2. En tal sentido, si una norma- regla, como lo es un término de apelación, fija un término taxativo de impugnación, dicho término no puede variar por una suposición de las partes sino resulta taxativamente indispensable, a efectos de cambiar la norma- regla en referencia, o que bien que dicha norma- regla sea derogada por otra norma, o que la jurisprudencia adecúe el sentido interpretativo de la norma- regla para su cabal entendimiento, desde una perspectiva de tutela diferenciada o bien bajo otro mecanismo de aplicación procedimental.

3. Lo contrario es introducir incertidumbre jurídica en los procesos, precisamente un fin contrario a la seguridad jurídica[1], elemento que resulta uno de los propósitos de la impartición de justicia.

 

§ Análisis del caso concreto

4. A juicio de esta Sala, es pertinente la cita textual completa del artículo 637[2] del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos, en vista de la interpretación sui géneris que asume la parte apelante respecto a la decisión del A-quo.

5. En efecto, la norma –regla aludida, en momento alguno reconoce un cómputo del término de apelación desde que la medida es ejecutada a efectos de que proceda la oposición a la medida cautelar, ni tampoco existe jurisprudencia- menos aún la señala la parte apelante-  que se pronuncie en los términos expresados en su impugnación.

6. Por el contrario, asumir la tesis de la demandada implicaría introducir márgenes de inseguridad jurídica respecto a los términos de cómputo de la oposición a la medida cautelar, pues dichos términos de apelación ya no serían de 5 días como señala la norma invocada, sino se extenderían a la verificación fáctica de la ejecución de la medida. Consecuentemente, la tesis de la apelación es manifiestamente apagógica y procede la confirmatoria del auto apelado.

 

DECISIÓN:

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 0001/0003-2003-AI/TC. Caso Colegios de Notarios de los Distritos Notariales de Lima, Callao y Arequipa 

3. (…) la seguridad jurídica es un principio consustancial al Estado constitucional de derecho, implícitamente reconocido en la Constitución. Se trata de un valor superior contenido en el espíritu garantista de la Carta Fundamental, que se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y busca asegurar al individuo una expectativa razonablemente fundada respecto de cuál será la actuación de los poderes públicos y, en general, de toda la colectividad, al desenvolverse dentro de los cauces del Derecho y la legalidad. 

[2] Código Procesal Civil. Artículo 637.- Trámite de la medida

La solicitud cautelar es concedida o rechazada sin conocimiento de la parte afectada en atención a los fundamentos y prueba de la solicitud. Procede apelación contra el auto que deniega la medida cautelar. En este caso, el demandado no es notificado y el superior absuelve el grado sin admitirle intervención alguna. En caso de medidas cautelares fuera de proceso, el juez debe apreciar de oficio su incompetencia territorial.

Una vez dictada la medida cautelar, la parte afectada puede formular oposición dentro de un plazo de cinco (5) días, contado desde que toma conocimiento de la resolución cautelar, a fin de que pueda formular la defensa pertinente. La formulación de la oposición no suspende la ejecución de la medida.

De ampararse la oposición, el juez deja sin efecto la medida cautelar. La resolución que resuelve la oposición es apelable sin efecto suspensivo.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Cumplimiento de mandatos constitucionales

19 abril, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE NÚMERO: 218-2008

DEMANDANTE: FEDERICO FLORES SANTA CRUZ     

DEMANDADO: EMPRESA DE TRANSPORTES BRUNING

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

En Chiclayo, a los 04 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los Magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Julio César Pérez Sandoval, apoderado de la demandada, contra el auto de fecha 13 de setiembre de 2010, que IMPONE MULTA de 3 Unidades de Referencia Procesal a la emplazada por incumplimiento del mandato.

 

ANTECEDENTES

El demandante Julio César Flores Santa Cruz solicita imposición de multa a la demandada (p. 184-186), en vista de la negativa de la emplazada a cumplir con el mandato judicial de reincorporación en ruta del vehículo del actor, conforme está ordenado.

El auto apelado (p. 187-188) impone multa por entorpecimiento de lo ejecutoriado en autos.

La impugnación de autos (p. 192-199) indica como agravios que no puede cumplir el mandato pues no se ha considerado los requisitos del D.S. 017-2009-MTC, así como que no puede costear los importes del SOAT ni la Póliza de Seguros del vehículo del demandante. Tampoco puede adquirir los equipos de comunicación necesarios y por ello la imposibilidad de cumplir el mandato.

 

FUNDAMENTOS

§ El cumplimiento de los mandatos constitucionales

1. La contravención a los mandatos establecidos por los jueces constitucionales ha sido objeto de tratamiento legislativo a través de la imposición de multas, conforme al artículo 22[1] del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, tales mandatos pueden ser modificados en situaciones excepcionales que a criterio del juez, razonablemente induzcan a la variación de la medida coercitiva. 

2. Ahora bien, ¿qué implica una medida coercitiva? Sustancialmente el cumplimiento de un mandato, el cual, a criterio del Tribunal Constitucional[2], debe verse revestido de una eficaz protección, en la medida que el no cumplimiento de un mandato definitivo contradice los fines trascendentes del proceso.

3. Si los mandatos de los jueces constitucionales no son cumplidos, ¿entonces para qué existiría la jurisdicción constitucional? Si las partes alegaran igualmente imposibilidad de cumplir un mandato, pudiéndolos cumplir, ¿cuál sería la eficacia de una sentencia constitucional? A juicio nuestro, poca o ninguna.

4. De otro lado, los jueces igualmente debemos asumir, desde el otro ángulo del problema, que solo una razón atendible, de suma excepcionalidad y  con características de razonable contrariedad, pueden justificar el no cumplimiento de una medida coercitiva. En caso contrario, procede la aplicación de la multa como medio de exigencia del cumplimiento de la prestación ordenada.  

 

§ Análisis del caso concreto

5. A juicio de esta Sala Superior, la apelación resulta sustantivamente inoficiosa en tanto supedita el cumplimiento de una prestación ya ordenada, a causas que no son definitivamente ajenas a su voluntad.

6. En efecto, señala, entre otros argumentos que no se tiene en cuenta el D.S. 017-2009-MTC, que la misma no puede costear los importes del SOAT ni la Póliza de Seguros del vehículo del demandante, así como tampoco puede adquirir los equipos de comunicación necesarios. A partir de ello, deduce la imposibilidad de cumplir el mandato.

7. Acotamos que las razones son inoficiosas pues de una lectura cuidadosa de la extensa apelación, no advertimos que la demandada hubiera acusado los deberes de diligencia razonable que impuso, con fecha 17 de julio de 2008, la decisión que en su momento puso fin a la instancia( vid. p. 7-9), ordenándose la reincorporación en ruta del vehículo del actor. Esto es, desde hace 32 meses no se ha dado cumplimiento al mandato de la Sala.

8. Y en adición a ello, si bien existen requisitos que son imputables prima facie al demandante, dado que él es el beneficiario  del vehículo cuya incorporación en ruta se ordena, la justificación de incumplimiento no es suficiente, pues han transcurrido más de 2 años y medio para que razonablemente la demandada cuando menos instara, por escrito y bajo cargo al beneficiario, para el otorgamiento de las facilidades necesarias para el cumplimiento del mandato impuesto a la demandada.

9. Revisados minuciosamente los actuados, no se aprecia sino una uniforme negativa al cumplimiento del mandato bajo la justificación insuficiente de que su parte está en imposibilidad de cumplir el mandato del caso. 

10. Finalmente, tampoco se ha tomado en cuenta el real mandato del A-quo (vid. p. 188), cual es la presentación del salvoconducto o ticket de presentación necesarios para la emisión final del certificado de habilitación vehicular, aspectos que cuando menos representan un margen de acción prudencial para el cumplimiento del mandato. No habiéndose cumplido ninguna prestación, procede la confirmatoria del auto apelado.

 

DECISIÓN:

POR ESTAS CONSIDERACIONES la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Código Procesal Constitucional. Artículo 22.- Actuación de Sentencias 

La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.

La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al contenido específico del mandato y de la magnitud del agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la destitución del responsable. Cualquiera de estas medidas coercitivas debe ser incorporada como apercibimiento en la sentencia, sin perjuicio de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser modificadas durante la fase de ejecución.

[2] STC 00607-2009-AA/TC. Caso Flavio Jhon Lojas 

33. (…)  todo análisis sobre la lógica del proceso en un Estado constitucional debe siempre partir de un enfoque finalista o instrumental del mismo que reivindique en cada caso la trascendencia del derecho o derechos materiales discutidos en su seno y la prevalencia de su eficaz protección

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Asociado excluido

18 abril, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 01765-2010    

DEMANDANTE: MOISÉS OJEDA SALAZAR

DEMANDADO: ASOCIACIÓN MUTUALISTAS DE TÉCNICOS FAP

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 03 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Moisés Ojeda Salazar contra el auto de fecha 15 de junio de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos; con lo demás que contiene.

 

ANTECEDENTES  

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 257-279) y señala que ha sido vulnerado su derecho fundamental de asociación y al debido proceso, al haber sido expulsado de la Mutual emplazada. 

El auto apelado (p. 280-281) precisa que la pretensión expuesta requiere actividad probatoria y que existen vías igualmente satisfactorias respecto al pedido formulado.

La impugnación formulada (p. 286-290) señala que en el caso del recurrente la violación a sus derechos constitucionales es evidente y que la resolución de su separación no concuerda con el Reglamento de su institución. Acota que el procedimiento para sancionarlo ha sido ilegal, verificándose una trasgresión al principio de legalidad.

 

FUNDAMENTOS

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional

1. En tanto una sentencia fundada implica pronunciarse por la ilegitimidad de un acto vulneratorio de los derechos fundamentales tutelados por la Carta Fundamental, es válido interrogarnos qué sucede cuando no se logra plasmar la tutela de urgencia que reclaman los derechos constitucionales. En dicho caso, debemos asumir que la pretensión no ha sido objeto de probanza suficiente y de ahí la desestimación de la pretensión.

2. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.

3. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§ Vías igualmente satisfactorias para la protección del derecho

4. El desarrollo jurisprudencial del concepto de otras vías satisfactorias[1] se vincula al concepto de residualidad del amparo, en la medida que de corresponder se dirima un proceso en otra vía, sea por contradicción manifiesta de los hechos materia de controversia, o bien porque no existe una vulneración taxativa ni amenaza real de un derecho fundamental, es en la vía igualmente satisfactoria donde se deberá producir el esclarecimiento de la litis con escrupuloso respeto de los derechos de defensa, a probar y al contradictorio.

 

§ Análisis del caso concreto

5. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, si bien es comprensible la argumentación de la apelación respecto a la vulneración del derecho de asociado del recurrente, su pedido no resulta atendible in toto en sede constitucional, fundamentalmente por un contexto de gradación de la afectación[2].

6. En efecto, es importante diferenciar el nivel de vulneración de los derechos fundamentales para determinar la procedencia de su discusión en sede constitucional o bien en una vía igualmente satisfactoria. En vía de explicación de esta posición, será atendible una petición respecto al derecho de asociación, en la cual exista vulneración flagrante del derecho de asociarse, o bien si, sin la existencia de un procedimiento, se excluye al asociado, o si contra la decisión de exclusión, se le impide el derecho de impugnar. Tales contextos y otros estándares que vayan siendo objeto de construcción por la jurisprudencia constitucional, resultarán atendibles ante el juez constitucional por su contexto de afectación ostensible, manifiesta y grave de un derecho fundamental.

7. En lógica consecuente con la afirmación anterior, los otros niveles de vulneración en grados medio o su turno, débil o leve, del derecho fundamental invocado, no serán objeto de tutela en sede constitucional, sea porque la pretensión es declarada infundada, en caso exista un nivel de afectación de orden medio, o si se debe derivar a otra vía la reclamación, en tanto se concluye por la improcedencia del derecho fundamental cuya vulneración se alega.

9. Ahora bien, la lógica de la apelación bien puede inquirir cuándo estamos frente a una vulneración grave, media o leve y la respuesta no es teórica, sino estrictamente pragmática, esto es, corresponderá a una labor de fijación de estándares de la jurisprudencia constitucional, la identificación de los casos de afectación, siendo contextualmente relevante alegar un nivel abstracto de afectaciones graves, medias y leves.

10. En la posición de esta Sala, el propio actor señala la existencia de una Comisión Investigadora (vid p. 260), respecto a la irregularidad de los hechos objeto de denuncia al interior de la asociación De la misma forma, hace referencia a las labores del Consejo de Vigilancia de Lima (p. 261), el cual asumió la recomendación de la formación de un Tribunal de Honor, el cual finalmente optó por recomendar la expulsión (p. 262) del ahora demandante.

11. La objeción propia de la demanda es la actuación irregular del Tribunal de Honor y que el informe de dicho órgano no se hubiere basado en el artículo 63 del Reglamento de la institución, afectándose por ende el debido proceso legal. Reconoce el actor que fue sorprendido por un mal elemento de la Mutual.

12. En conclusión, ha existido una actividad probatoria importante y la concurrencia de varios órganos administrativos encargados de adoptar una decisión. Así, es evidente que el accionante, al encontrarse incurso en estos procedimientos, ha conocido de la existencia de los respectivos procesos administrativos, al interior de los cuales ha ejercido su derecho de defensa.

13. Por ende, la existencia de actividad probatoria y sus incidencias en diverso grado, no puede ser objeto de determinación por parte de este órgano, en tanto es pertinente validar el criterio del A-quo en cuanto a que no es ésta la vía pertinente para determinar si se actuó idóneamente o no respecto a los derechos del recurrente.

14. En esta vía iusfundamental, valga reiterarlo, determinamos solo actos legítimos o ilegítimos así como acciones concretas que son sometidas al control que permiten los procesos de la libertad. Más allá de esta forma de control, excederíamos nuestras atribuciones y por consiguiente, estaríamos reevaluando si los órganos administrativos actuaron o no con propiedad, respecto a los rangos de actividad probatoria o del derecho concernido.

15. En el orden de ideas expuesto, no siendo evidente la vulneración denunciada, corresponde ratificar la decisión de improcedencia del juez de fallo. 

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 03792-2010-PA/TC caso Javier Alzágara

7. (…) solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean  idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuencia si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y él es igualmente idóneo para tal fin, el demandante debe acudir a dicho proceso.

[2] Vid. FIGUEROA GUTARRA, Edwin. Los grados de vulneración de los derechos fundamentales. Teoría y práctica. GACETA CONSTITUCIONAL No. 25. Enero 2010. Págs. 313-324. Disponible también en https://edwinfigueroag.wordpress.com/2-los-grados-de-vulneracion-de-los-derechos-fundamentales-teoria-y-practica/

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Democracia constitucional. Curso PCA AMAG. Materiales de trabajo

17 abril, 2011

Estimados amigos:

Concluido el dictado de nuestro módulo de Teoría Constitucional y Democracia en la Academia de la Magistratura el día de hoy, colgamos nuestros materiales de trabajo referidos a Democracia.

Las diapositivas adjuntas- AMAG PCA 2011 Democracia– son un resumen con agregados jurisprudenciales propios de los materiales de trabajo preparados por el Dr. Virgilio Hurtado Cruz, profesor autor del autoinstructivo preparado.

Como idea central el objetivo del módulo fue fundamentalmente relacionar los fundamentos de la teoría de la Constitución y la democracia como expresión de forma de gobierno, en una premisa de vinculación más que estrecha entre ambos conceptos, y en propiedad, concluimos que las categorías interpretativas del constitucionalismo democrático, de De Otto, y de democracia constitucional, de Krause y Lowenstein, son conceptos inclusivos y no excluyentes.   

Nuestra disertación tuvo como marco, igualmente, los supuestos de una aproximación de suyo coincidente con el contexto actual de las recientes elecciones presidenciales peruanas del domingo 11 de abril de 2011.  

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

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