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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Improcedencia liminar por inexistencia de amenaza

7 mayo, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro. : 03228-2010    

DEMANDANTE: WELSER CARDOZO OBLITAS

DEMANDADO: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 09 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Welter Cardozo Oblitas contra el auto de fecha 22 de setiembre de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 31-35) e invoca como fundamento que se ha afectado sus derechos constitucionales al trabajo, derecho de defensa y debido proceso, con la imposición del Acta de Control No. 085070, en contra de su unidad vehicular de placa de rodaje M1I-810. Señala que el Acta le fue impuesta con fecha 08 de setiembre de 2010 en el Sistema de Control en Peajes “Tolerancia Cero” en Reque, Lambayeque. 

El auto apelado (p.36-37) señala que no hay evidencias de que el reclamo administrativo formulado (p. 22-23), hubiera sido resuelto o que se hubiera interpuesto un recurso par dar por agotada la vía administrativa. En tal sentido, el conocimiento de la presente controversia corresponde al proceso contencioso administrativo.

La impugnación formulada (p. 39-41) precisa que el juez ha pasado por alto el artículo 46 del Código Procesal Constitucional, relativo a la no exigibilidad del agotamiento de la vía administrativa cuando por el agotamiento de la vía previa, la agresión pudiera convertirse en irreparable. Agrega que en cualquier momento podría volver a ser intervenido el vehículo del ahora solicitante y le aplicarían una sanción.

 

FUNDAMENTOS

§ La amenaza de un derecho fundamental

1. Si bien es cierto que la jurisdicción constitucional responde a las vulneraciones a derechos fundamentales cuando en rigor se examinan actos que afectan derechos constitucionales tutelados por la Carta Fundamental, de otro lado, un ámbito de protección de suma importancia es aquel que concierne a la amenaza de estos derechos.

2. La amenaza supone, de esta forma, una inminencia de la realización de un acto vulneratorio de un derecho y a la vez, exige caracteres que han sido ya prefijados por la jurisprudencia constitucional[1], en la medida que no se trata de cualquier amenaza, sino de un probable perjuicio con visos de ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible. Esta exigencia deriva de la posición de que si existe un perjuicio o amenaza de un derecho fundamental, tal acción debe tener relación directa con una probable afectación del contenido constitucionalmente protegido del derecho cuya vulneración se denuncia.

3. En efecto, deben quedar excluidas las amenazas que no incidan en el núcleo duro del derecho cuya protección se solicita, pues de corroborarse otros tipos de afectación que no sean manifiestos, evidentes y ostensibles, no resulta en propiedad habilitada la jurisdicción constitucional para el conocimiento de la controversia que se denuncia.

4. Ahora bien, ¿cómo determinar la vulneración del núcleo duro del derecho concernido? A juicio nuestro, cobra aquí relevancia el caudal probatorio objeto de examen así como la congruencia de la argumentación constitucional aportada respecto de la prueba valorada. La amenaza, de esta forma, resulta evidente y requiere la actuación de los jueces constitucionales a través de los procesos constitucionales de la libertad.

 

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional

5. En tanto una sentencia fundada implica pronunciarse por la ilegitimidad de un acto vulneratorio de los derechos fundamentales tutelados por la Carta Fundamental, es válido interrogarnos qué sucede cuando no se logra plasmar la tutela de urgencia que reclaman los derechos constitucionales. En dicho caso, debemos asumir que la pretensión no ha sido objeto de probanza suficiente y de ahí la desestimación de la pretensión.

6. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.

7. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§ Análisis del caso concreto

8. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, no se cumplen en autos la exigencia de que la amenaza que la parte demandante denuncia, cumpla las condiciones de un perjuicio real, efectivo, tangible, concreto e ineludible.

9. En efecto, el Acta de Control objeto de impugnación responde a una cuestión muy concreta y así lo afirma la parte demandante: “el vehículo (…) no se encuentra inscrito en la base del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Lima” (p. 32). En consecuencia, nos encontramos frente a una intervención de la Autoridad Administrativa- Tolerancia Cero- con cuyas decisiones se puede discrepar mas su accionar, en el caso concreto, responde a la carencia de un documento que resulta exigible para la prosecución normal del trayecto de un vehículo. En consecuencia, la reacción de la elaboración del Acta de Control, responde a una acción previa o causa que puede entenderse como la omisión de la documentación exigible para el trayecto de un vehículo.

10. De otro lado, tampoco advertimos que el Acta de Control (p. 1) consista en una multa efectiva o que se hubiere configurado una sanción concreta de prohibición de circulación. La parte demandante refiere  “en cualquier momento podría volver a ser intervenido el vehículo” (p.40) así como “nos queda duda de la sanción que se nos va aplicar” (p. 32), elementos valorativos que conducen a esta Sala a concluir que no se encuentra debidamente configurada la amenaza.

11. En consecuencia, los aspectos vinculados a necesarios esclarecimientos respecto de si se elaboró adecuadamente el Acta de Control o si tal instrumento puede dar lugar a la aplicación de una multa, no son propios de un proceso excepcional, residual y sumario como lo es el proceso de amparo, en tanto en éste la afectación o vulneración objeto de denuncia, debe manifestarse de modo directo, manifiesto y evidente, a fin de concederse la tutela de urgencia que los procesos de la libertad garantizan. A contrario, si los actos denunciados carecen de estas últimas condiciones, ya no resulta el proceso constitucional la ratio essendi de la defensa de un derecho fundamental.     

12. Lo señalado persuade pues a esta Sala de que tampoco acudir a la vía administrativa convierta en irreparable la agresión, dada la falta de acreditación de la amenaza.

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 06012-2008-PA/TC. Caso Ricardo Gómez Yrazaba 

4. (…) este Colegiado, en reiterada jurisprudencia, se ha pronunciado indicando que la procedencia del amparo para casos de amenaza de vulneración de derechos constitucionales está supeditada a que tal amenaza sea cierta e inminente. Así, en la STC N. º 0091-2004-PA/TC, específicamente en el fundamento 8, se afirmó que para ser objeto de protección frente a una amenaza a través de los procesos constitucionales, ésta “debe ser cierta y de inminente realización; es decir, el perjuicio debe ser real, efectivo, tangible, concreto e ineludible, excluyendo del amparo los perjuicios imaginarios o aquellos que escapan a una captación objetiva. En consecuencia, para que sea considerada cierta, la amenaza debe estar fundada en hechos reales, y no imaginarios, y ser de inminente realización, esto es, que el perjuicio ocurra en un futuro inmediato, y no en uno remoto. A su vez el perjuicio que se ocasione en el futuro debe ser real, pues tiene que estar basado en hechos verdaderos, efectivo, lo cual implica que inequívocamente menoscabará alguno de los derechos tutelados; tangible, esto es, que debe percibirse de manera precisa; e ineludible, entendiendo que implicará irremediablemente una vulneración concreta” (subrayado agregado).

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