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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Principio pro homine

9 mayo, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE Nro.: 03251-2010    

DEMANDANTE: LEOPOLDO MENDOZA RENTERÍA

DEMANDADO: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

En Chiclayo, a los 17 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y  Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Leopoldo Mendoza Rentería contra el auto de fecha 27 de setiembre de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos; con lo demás que contiene.

 

ANTECEDENTES

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 310-312) y pide la inaplicación de la resolución 0000033009-2009-ONP/DPR.SC/DL 19990 por denegar su derecho a la jubilación.

El auto apelado (p. 316-317) señala que la presente litis corresponde a la vía del proceso contencioso administrativo en tanto se deniegan años de aportación y ello corresponde a un debate más lato, no propio del proceso de amparo. 

La impugnación formulada (p. 321-322) indica que el juez no ha tenido en cuenta el precedente vinculante 4762-2007PA/TC, respecto a reconocimiento de aportes.

 

FUNDAMENTOS

§ La improcedencia liminar de un proceso constitucional y el principio pro homine

1. En tanto una sentencia fundada implica pronunciarse por la ilegitimidad de un acto vulneratorio de los derechos fundamentales tutelados por la Carta Fundamental, es válido interrogarnos qué sucede cuando no se logra plasmar la tutela de urgencia que reclaman los derechos constitucionales. En dicho caso, debemos asumir que la pretensión no ha sido objeto de probanza suficiente y de ahí la desestimación de la pretensión.

2. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción.

3. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

4. Contrario sensu, cuando una pretensión demuestre visos de afectación, en aplicación del principio pro homine, deberá ser admitida a trámite, para el esclarecimiento de la controversia en sede constitucional. 

 

§ El reconocimiento de aportes pensionarios en la jurisprudencia constitucional

5. Una cuestión controvertida respecto a aportes pensionarios, proveniente de certificados de trabajo y otros medios de prueba respecto de la relación laboral, se mantuvo con marcado énfasis en sede constitucional durante considerable tiempo.La ONPno solía reconocer certificados de trabajo ni otros documentos por no haberse corroborado escrupulosamente los registros laborales en los estamentos administrativos de distintos órganos dela Administración Pública.De otro lado, los justiciables solían presentar documentos que aunque en originales, no merecían, mayoritariamente, la estimación de los jueces constitucionales en tanto los mismos no habían sido debidamente reconocidos por la entidad pensionaria.

6. El conflicto que parecía perpetuarse en el tiempo fue aclarado con la STC04762-2007-PA/TC[1], la cual en propiedad autorizó a los jueces constitucionales a validar diversos documentos siempre que éstos fueran presentados en original, copia legalizada o fedateada. La posición fue objetivamente clara en el sentido de asumir el principio de buena fe como valor directriz de los instrumentos probatorios de las aportaciones y solo aquellos documentos ostensiblemente falsos o adulterados, fueran objeto de exclusión para validaciones pensionarias.

7. Otra razón de entidad suficiente, a juicio nuestro, fue también la circunstancia fáctica de que muchos aportes no figuraban reconocidos porla ONP, no obstante que los empleadores habían cumplido con las declaraciones respectivas ante el ente pensionario. La disyuntiva era igualmente tajante: ¿debía trasladarse a los peticionantes, muchos de ellos personas de avanzada edad, la carga de probar sus aportaciones, aun habiendo cumplido los requisitos de ley? A no dudarlo, la respuesta jurisprudencial fue negativa.     

 

§ Análisis del caso concreto

8. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, es de aplicación al presente caso el principio pro homine, previsto por el artículo 3[2] del Código Procesal Constitucional, en tanto surge razonablemente la necesidad de dilucidar si los recaudos aportados por el actor (p. 2-309) justifican o no la aplicación del precedente vinculante 4762-2007-PA/TC.

9. El A-quo invoca una ejecutoria de esta Sala, exp. 2959-2007, la cual precisamente en un caso similar, deniega la pretensión. Sin embargo, el contexto de ese caso corresponde en rigor a una pretensión anterior a la expedición y vigencia del precedente acotado, creando éste nuevas reglas de valoración conforme a los fundamentos 5 a 7 de esta decisión. En consecuencia, se produce una necesidad de esclarecimiento a fin de determinarse si se produjo o no la afectación de los derechos pensionarios del actor.

 

DECISIÓN:

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, REVOCA el auto apelado; REFORMÁNDOLO, DISPONE que el A-quo admita a trámite la demanda.

Publíquese y notifíquese.

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 04762-2007-PA/TC Caso Alejandro Tarazona

(…) El demandante con la finalidad de generar suficiente convicción en el juez de la razonabilidad de su petitorio, puede adjuntar a su demanda como instrumento de prueba, los siguientes documentos: certificados de trabajo, las  boletas de pago de remuneraciones, los libros de planilla de remuneraciones, la liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, las constancias de aportaciones de ORCINEA, de IPSS o de Essalud, entre otros instrumentos. Dichos instrumentos pueden ser presentados en original, copia legalizada o fedateada, mas no en copia simple (…)

[2] Código Procesal Constitucional. Artículo III.- Principios Procesales

(…) Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación.

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