Archive for 30 junio 2011

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Teoría de los hechos cumplidos.

30 junio, 2011

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

   

EXPEDIENTE 1989-2010

DEMANDANTE: WILTON CERVERA ATOCHE

DEMANDADO: OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 24 días del mes de marzo de 2011,la Sala Constitucionalde Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO

Recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia de fecha 15 de octubre de 2010, que DECLARA INFUNDADA la demanda de amparo contra resolución judicial, interpuesta contra el Juez del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, los Vocales dela Segunda Sala Civil de Lambayeque y la ONP.

 

ANTECEDENTES 

El recurrente interpone demanda de amparo (p. 8-17) contra el Juez del Primer Juzgado Civil de Chiclayo, los Vocales dela Segunda SalaCivil de Chiclayo, y la Oficina de Normalización Previsional. Alega se ha lesionado su derecho a la cosa juzgada, a la pensión, al debido proceso y al derecho de defensa, mediante la interpretación errónea de una ejecutoria recaída en la STC 5189-2005-PA/TC.

La demanda es contestada por los emplazados Guerrero Hurtado, Zamora Pedemonte y Silva Muñoz (p. 36-41), quienes señalan haber resuelto en virtud de lo establecido por el Tribunal Constitucional en un precedente constitucional, el cual tiene fuerza vinculante.

La sentencia apelada (p. 90-92) precisa que la demanda debe ser declarada infundada ya que no se ha vulnerado la cosa juzgada, como afirma el actor. De la misma forma, los órganos jurisdiccionales emplazados se han circunscrito a la aplicación de un precedente vinculante. 

La impugnación formulada por el recurrente (p. 134-143) indica que el derecho reclamado constituye un derecho adquirido reconocido y ordenado a pagar mediante sentencia judicial, con autoridad de cosa juzgada

 

FUNDAMENTOS

§La teoría de los hechos cumplidos en la jurisprudencia constitucional 

1. Una colisión de normas- principio y en ciertos casos, de conflicto entre normas- regla, antes de presencia frecuente en el Derecho Constitucional, ha sido representada por la dicotomía de prevalencia entre la teoría de los derechos adquiridos y la posición de los hechos cumplidos, en la medida que la primera atiende a la vigencia irrestricta de derechos, cual fuere su naturaleza, en el tiempo, en tanto que la segunda apunta a los efectos de aplicación inmediata, extendiendo la nueva norma su ámbito de aplicación a todas las situaciones jurídicas existentes.

2. La controversia que señalamos ha sido delimitada por el artículo 103[1] de la Constitución así como por la jurisprudencia constitucional[2], en el sentido de la prevalencia de la teoría de los hechos cumplidos, reservándose solo casos de excepción solo al ámbito penal. El objetivo es puntual: la nueva norma debe regular las nuevas situaciones jurídicas  así como las existentes, en tanto la norma debe gozar de un efecto omnicomprensivo y admitir solo excepciones fijadas previamente. Solo así la norma puede brindar seguridad jurídica en sentido amplia, en cumplimiento de las premisas del Estado Constitucional.

 

§ La fuerza aplicativa del precedente vinculante y sus excepciones

3. El precedente vinculante constitucional se ciñe a un concepto normativo establecido por el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional[3], y define, sustantivamente, un nivel de vinculatoriedad del cual el juez no se puede apartar, inclusive bajo responsabilidad funcional en tanto se debe entender como una expresión de fuente normativa que impone una solución al caso concreto. En este caso, salvo que las circunstancias fácticas del caso en discusión no sean similares a la previsión normativa del precedente vinculante, el juez no puede sino aplicar el precedente vinculante. En el mismo sentido, si las condiciones fácticas del precedente vinculante difieren del caso sometido a examen, tiene lugar la aplicación de la herramienta del distinguishing, atendiendo a la diferencia entre caso y precedente. 

 

§Análisis del caso concreto

4. La parte demandante basa los fundamentos de su apelación en que ha adquirido derechos a mérito de una sentencia a su favor. A su turno, los demandados señalan que han aplicado el precedente vinculante 5189-2005-PA/TC. 

5. Vista la litis en ese contexto, el problema de fondo se circunscribe a determinar si corresponde estimar la pretensión de derechos adquiridos, propuesta por el actor, o si corresponde la aplicación de la teoría de los hechos cumplidos, prevista por el artículo 103 de la Carta Fundamental. 

6. Visto el conflicto de esa forma y de conformidad con el fundamento 2 de esta decisión, no nos queda duda que en el caso de autos, la Sala Superior demandada se ha circunscrito a la aplicación del precedente vinculante 5189-2005-PA/TC, el cual tiene la naturaleza de categoría normativa, aplicable a todas las situaciones jurídicas pensionarias, nuevas y ya existentes, a la fecha de entrada en su vigencia, extensibles al modo como deben ejecutarse prestaciones pensionarias, como en el caso sub judice

7. En consecuencia, no se trata de desconocer beneficios que el actor hubiere ganado por conducto judicial o dejar sin efecto un derecho a su favor. Por el contrario, se trata de adecuar el efecto normativo del precedente vinculante a su caso concreto, como corresponda de acuerdo a los lineamientos del precedente. 

8. Finalmente, no apreciamos en la impugnación sino un solo argumento uniforme: la correcta aplicación de la Ley 23908 dentro del tiempo de vigencia de la norma. Debemos dejar constancia que ése no es el único requisito sino que es igualmente exigible que el monto abonado hubiere sido inferior a los 3 Sueldos Mínimos Vitales según la norma reglamentaria vigente a la fecha de la contingencia. En ese orden de ideas, ese es un extremo que no se ha probado en autos y que pudiera haber significado, de ser el caso, un desconocimiento del derecho fundamental a la pensión del actor. No probado este extremo, tampoco asumimos la probanza de afectaciones a los derechos al debido proceso y derecho de defensa.    

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Políticadel Perú, CONFIRMA la sentencia apelada en todos sus extremos.

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] Constitución 1993. Artículo 103°. 

Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de las diferencias de las personas. La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad. 

[2] STC 008-2008-PI/TC Caso Ley del Profesorado

72. (…) este Tribunal ha pronunciado en reiterada jurisprudencia que nuestro ordenamiento jurídico se rige por la teoría de los hechos cumplidos, estableciendo que “(…) nuestro ordenamiento adopta la teoría de los hechos cumplidos (excepto en materia penal cuando favorece al reo), de modo que la norma se aplica a las consecuencias y situaciones jurídicas existentes’ (STC 0606-2004-AA/TC, FJ 2). Por tanto, para aplicar una norma (…) en el tiempo debe considerarse la teoría de los hechos cumplidos y, consecuentemente, el principio de aplicación inmediata de las normas”. (subrayado agregado)

73.   Se colige de ello que toda norma jurídica desde su entrada en vigencia es de aplicación a las situaciones jurídicas existentes, y que la teoría de los derechos adquiridos tiene una aplicación excepcional y restringida en nuestro ordenamiento jurídico, pues únicamente se utiliza para los casos que de manera expresa señala la Constitución, tal como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional cuando determinó que “(…) la aplicación ultractiva o retroactiva de una norma sólo es posible si el ordenamiento lo reconoce expresamente –a un grupo determinado de personas– que mantendrán los derechos nacidos al amparo de la ley anterior porque así lo dispuso el Constituyente –permitiendo que la norma bajo la cual nació el derecho surta efectos, aunque en el trayecto la norma sea derogada o sustituida-; no significando, en modo alguno, que se desconozca que por mandato constitucional las leyes son obligatorias desde el día siguiente de su publicación en el Diario oficial (…)”(subrayado agregado) 

[3] Código Procesal Constitucional. Artículo VII.- Precedente

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Falta de apelación

30 junio, 2011

 

 

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE 

 

EXPDIENTE: 2336-2010

DEMANDANTE: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

DEMANDADO: NICOLÁS NIQUEN FLORES

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 23 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad Provincial de Chiclayo contra el auto de fecha 05 de agosto de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo de autos.

 

ANTECEDENTES 

La recurrente interpone demanda de amparo (p. 5-12) y pide se deje sin efecto la resolución No. 43, de fecha 11 de junio de 2010, que en el proceso 058-2006, ante el Sexto Juzgado Civil de Chiclayo, ordena trabar embargo en forma de retención por la suma de S/ 145,000. 

El auto apelado (p. 22-24) señala que la demandante no ha cumplido con acreditar los recursos que hizo valer contra la resolución cuestionada. 

La impugnación formulada (p. 26-30) precisa que el embargo realizado se ha realizado sobre una cuenta de dominio público.

 

FUNDAMENTOS

§La improcedencia liminar de un proceso constitucional 

1. La figura de la improcedencia de los procesos constitucionales representa un plano de respuesta en negativo de las pretensiones constitucionales. En efecto, mientras la tutela urgente nos remite a la dimensión positiva de los procesos constitucionales, en tanto se acoge una pretensión, la improcedencia nos lleva al escenario negativo de la jurisdicción constitucional, es decir, cuándo se configura una respuesta denegatoria del decisor jurisdiccional cuando la pretensión es insuficientemente notoria como para ser atendida. Así estimaremos un rango de improcedencia para incumplimientos formales o materiales, y una categoría de decisiones infundadas, para estimaciones que no llegan a cumplir los supuestos de fondo de la acción. 

2. Por consiguiente, la improcedencia liminar impide el tránsito de una pretensión por sede constitucional, en razón de no cumplir los requisitos de ilegitimidad que debe revestir un acto acusado de vulnerar derechos constitucionales.

 

§Análisis del caso concreto 

3. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la ausencia de acreditación de un recurso impugnativo contra la resolución 43 en el caso de autos, exime al juez constitucional del conocimiento de esta vía. En efecto, no podemos sustituir la omisión de la demandante de impugnar una resolución que le causa agravio y bajo la pauta de afectación de un derecho fundamental, conocer su pretensión si ésta no cumple los estándares de impugnación de una resolución judicial. 

4. En efecto, ¿cuál sería la validez de la jurisdicción constitucional si ésta se convirtiera en una especie de supra instancia, que pudiera eventualmente sustituir a los jueces de la justicia ordinaria? A criterio nuestro, ninguna o muy poca, pues los procesos constitucionales resultan, de conformidad con el actual modelo de jurisdicción constitucional, residuales, excepcionales y extraordinarios, los cuales se habilitan solo para vulneraciones ostensibles de derechos fundamentales. 

5. En el caso de autos, la demandante no ha impugnado la resolución que refiere le causa agravio. En consecuencia, no puede convertir su pretensión en constitucional si no cumple los requisitos de razonabilidad, suficiencia y coherencia que hoy exige la jurisprudencia constitucional[1], como canon para proceder al examen de resoluciones judiciales en sede constitucional, es decir, solo si se cumplen los estándares prefijados,  se justifica la actuación del juez constitucional.

 

DECISIÓN:  

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 03179-2004-AA/TC Caso Apolonia Colcca

(a)    Examen de razonabilidad.– Por el examen de razonabilidad, el Tribunal Constitucional debe evaluar si la revisión de todo el proceso judicial ordinario es relevante para determinar si la resolución judicial que se cuestiona vulnera el derecho fundamental que está siendo demandado.  

(b)   Examen de coherencia.– El examen de coherencia exige que el Tribunal Constitucional precise si el acto lesivo del caso concreto se vincula directamente con el proceso o la decisión judicial que se impugna; de lo contrario no estaría plenamente justificado el hecho de que el Tribunal efectúe una revisión total del proceso ordinario, si tal revisión no guarda relación alguna con el acto vulneratorio.  

(c)    Examen de suficiencia.– Mediante el examen de suficiencia, el Tribunal Constitucional debe determinar la intensidad del control constitucional que sea necesaria para llegar a precisar el límite de la revisión del proceso judicial ordinario, a fin de cautelar el derecho fundamental demandado.

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STC 02204-2010-PA/TC. Caso José Quiroz Aguilar. Prevalencia del derecho a la ejecución de resoluciones judiciales sobre la Ley de Protección Patrimonial. Cambio de posición jurisprudencial del TC

29 junio, 2011

Estimados amigos:

Una noticia de suma relevancia para la jurisprudencia constitucional peruana en materia de ponderación es la STC 02204-2010-PA/TC, caso Quiroz Aguilar, la cual puede ser leída en http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/02204-2010-AA.html. La decisión señalada  identifica una nueva posición del Tribunal Constitucional respecto a la Ley de Protección Patrimonial, en propiedad respecto a la ponderación entre el derecho fundamental a la ejecución de resoluciones judiciales y el derecho de propiedad, un caso que en Perú ha generado un nivel de conflictos sociales considerable.

Nuestra posición ya había sido expresada, respecto a la colisión entre ambos derechos fundamentales, con desarrollo de sentencias de la Sala Constitucional de Lambayeque, en este propio blog-  https://edwinfigueroag.wordpress.com/2011/03/01/stc-0579-2008-patc-caso-becerra-leyva-principio-de-proporcionalidad/– ponderando el derecho a la propiedad por sobre el derecho a la ejecución de resoluciones judiciales, entendiendo una vulneración menor de este último derecho frente a la satisfacción mayor de aquel.

En el caso Becerra Leyva el Tribunal Constitucional señaló:

“33. (…) tenemos que el grado de realización o satisfacción del objetivo propuesto por el legislador que en este caso, es lograr el desarrollo, reactivación y saneamiento económico y financiero de las empresas agrarias azucareras, así como la promoción del empleo y la disminución de la pobreza, disponiendo para ello la suspensión temporal de la ejecución de medidas cautelares, garantías reales o personales y ejecución de sentencias resulta ser elevado, en la medida que sin dicha medida el objetivo constitucional no sería posible de realizar, en la medida que una empresa cuyos bienes se encuentran próximos a ser ejecutados difícilmente podría conseguir las alianzas económicas necesarias para su reactivación. Esto muestra que con una leve intervención en el ámbito del derecho a la ejecución de las sentencias, se logra por otro lado un grado de satisfacción elevado a favor de los derechos y fines constitucionales a los que busca proteger la medida de protección legal de la industria azucarera en el norte del país. 

34. Cuando es posible establecer de manera racional que una medida de restricción de baja o leve intensidad logra niveles de satisfacción altos o elevados, la conclusión que resulta es que el medio empleado (ley) ha pasado el test de proporcionalidad y debe considerarse que estamos ante una restricción legítima desde la perspectiva constitucional”.

La sentencia hoy en comento traduce un cambio de posición completo del Tribunal Constitucional, aunque por 4 votos contra 3, en cuanto otorga prevalencia al derecho fundamental a cobrar las acreencias con calidad de cosa juzgada, modificándose la posición del caso Becerra Leyva. Señala el supremo intérprete:

Fundamento voto magistrados Vergara Gotelli y Urviola Hani 

4. (…) consideramos necesario reiterar la posición expresada (…)  respecto a que no puede ampararse el incumplimiento de obligaciones bajo leyes que prorrogan eternamente un plazo, deslegitimando la finalidad para la que inicialmente se adoptó dicha medida. Asimismo cabe mencionar que posteriormente, con fecha 17 de diciembre de 2008 (fecha posterior a la decisión del Tribunal Constitucional en el Exp. N° 00579-2008-PA) se ha emitido la Ley N° 29299, que vuelve a ampliar el plazo hasta el 31 de diciembre de 2010, lo que ya evidencia una burla con el aval de normatividad que promueve la mentira y el incumplimiento de obligaciones pecuniarias.

Acota el magistrado Calle Hayen:

8. (…) es especialmente relevante considerar que en el caso concreto la pretensión deriva de un derecho constitucional de carácter irrenunciable como es la remuneración, derecho que tiene prioridad sobre cualquier otra obligación del empleador conforme reza el artículo 24º de la Constitución “[e]l trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para el y su familia el bienestar material y espiritual”; además, la ejecución  proviene de una sentencia favorable al trabajador.

Lo expresado genera varias reflexiones de interés: ¿cuál será, con esta decisión, el efecto de vinculatoriedad respecto a la Ley 29678, que prorroga el pago de obligaciones de las empresas sujetas al régimen de protección patrimonial hasta el 31 de diciembre de 2011? Notemos que en este fallo en comento no hay referencia a la última ley de prórroga. De la misma forma, ¿ preverán los acreedores acogerse a esta nueva sentencia para solicitar el pago de sus deudas ahora sujetas a la prórroga de obligaciones hasta diciembre de 2011?. De otro lado, de la contraposición entre el caso Becerra Leyva y la nueva posición expresada en el caso Quiroz Aguilar, ¿primaría el criterio de posición nueva, bajo argumentos de temporalidad, para tener por establecida una nueva posición del TC, quedando el antecedente Becerra Leyva superado? Sin duda son interrogantes que la jurisprudencia constitucional deberá ir respondiendo en los próximos fallos, dada la trascendencia de la nueva posición, la cual involucra una considerable cantidad de acreencias de las empresas sujetas a la protección patrimonial.

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra  

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Improcedencia de reasignaciones laborales

28 junio, 2011

 

   

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

 

EXPEDIENTE: 2727-2010

DEMANDANTE: YVONE CAMACHO HERRERA

DEMANDADO: UGEL CHICLAYO

MATERIA: AMPARO

 PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 23 días del mes de marzo de 2011, la Sala Constitucional de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por David Calonge Santander, abogado de Yvone Camacho Herrera, contra el auto de fecha 12 de agosto de 2010, que DECLARA IMPROCEDENTE in limine el proceso de amparo interpuesto.

 

ANTECEDENTES  

El recurrente interpone proceso de amparo (p. 26-34) contra la Directora de la UGEL Chiclayo por vulneración de su derecho al trabajo, al haberse dispuesto su reasignación laboral después de 11 años de servicios consecutivos. 

El auto apelado (p. 35-36) precisa que la demanda debe ser declarada improcedente en aplicación del precedente vinculante 206-2005. 

La apelación formulada (p.40-41) indica que en su caso ha habido un desplazamiento ilegal y que se ha contravenido las garantías al debido proceso.

 

FUNDAMENTOS 

§ Vías igualmente satisfactorias para la protección de los derechos laborales de servidores públicos 

1. El desarrollo jurisprudencial del concepto de otras vías satisfactorias[1] se vincula al concepto de residualidad del amparo, en la medida que de corresponder se dirima un proceso en otra vía, sea por contradicción manifiesta de los hechos materia de controversia, o bien porque no existe una vulneración taxativa ni amenaza real de un derecho fundamental, es en la vía igualmente satisfactoria donde se deberá producir el esclarecimiento de la litis con escrupuloso respeto de los derechos de defensa, a probar y al contradictorio. 

2. Las vías satisfactorias resultan aplicables, en el caso de pretensiones vinculadas a cuestiones laborales de servidores públicos[2], en casos en los cuales exista plena delimitación de competencias a ser conocidas por la jurisdicción ordinaria. En ese sentido, existiendo delimitación del precedente vinculante 206-2005-PA/TC por razón de materias predeterminadas, los jueces constitucionales quedan impedidos de conocer tales procesos.   

 

§Análisis del caso concreto

3. A juicio de esta Sala de Derechos Fundamentales, la decisión del A-quo resulta lo suficientemente congruente para ser confirmada y para ello, tomamos en cuenta el propio dicho del demandante. En efecto, la misma demanda reconoce (p. 21) que la litis se circunscribe a una reasignación laboral, aspecto que, en nuestra posición, no puede ser dilucidado en un proceso de amparo. 

4. En consecuencia, ni hay un nomen iuris distinto que pueda denominarse desplazamiento ilegal , en el sentido de que por ser tal quede excluido del precedente vinculante 206-2005, ni tampoco existe afectación al debido proceso en la vertiente procedimental. Versando la presente litis sobre una reasignación, corresponde que esta controversia sea conocida por el juez contencioso administrativo.

 

DECISIÓN: 

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucional de Lambayeque, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, CONFIRMA el auto apelado en todos sus extremos. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS.

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA


[1] STC 03792-2010-PA/TC caso Javier Alzágara 

7. (…) solo en los casos en que tales vías ordinarias no sean  idóneas, satisfactorias o eficaces para la cautela del derecho, o por la necesidad de protección urgente, o en situaciones especiales que han de ser analizadas, caso por caso, por los jueces, será posible acudir a la vía extraordinaria del amparo, correspondiendo al demandante la carga de la prueba para demostrar que el proceso de amparo es la vía idónea y eficaz para restablecer el ejercicio de su derecho constitucional vulnerado, y no el proceso judicial ordinario de que se trate. En consecuencia si el demandante dispone de un proceso que tiene también la finalidad tuitiva de protección del derecho constitucional presuntamente lesionado y él es igualmente idóneo para tal fin, el demandante debe acudir a dicho proceso. 

[2] STC 206-2005-PA/TC Caso Baylón Flores 

21.  (…) El Tribunal Constitucional estima que la vía normal para resolver las pretensiones individuales por conflictos jurídicos derivados de la aplicación de la legislación laboral pública es el proceso contencioso administrativo, dado que permite la reposición del trabajador despedido y prevé la concesión de medidas cautelares. 

23.  Lo mismo sucederá con las pretensiones por conflictos jurídicos individuales respecto a las actuaciones administrativas sobre el personal dependiente al servicio de la administración pública y que se derivan de derechos reconocidos por la ley, tales como nombramientos, impugnación de adjudicación de plazas, desplazamientos, reasignaciones o rotaciones, cuestionamientos relativos a remuneraciones, bonificaciones, subsidios y gratificaciones, permisos, licencias, ascensos, promociones, impugnación de procesos administrativos disciplinarios, sanciones administrativas, ceses por límite de edad, excedencia, reincorporaciones, rehabilitaciones, compensación por tiempo de servicios y cuestionamiento de la actuación de la administración con motivo de la Ley N.º 27803, entre otros.

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Sentencias constitucionales. Proceso de amparo. Pensión caduca

28 junio, 2011

SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE

EXPEDIENTE: 1207-2010

DEMANDANTE: YOVIN CABANILLAS MALCA

DEMANDADO: OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL

MATERIA: AMPARO

PONENTE: EDWIN FIGUEROA GUTARRA

 

RESOLUCIÓN Nro.

 

En Chiclayo, a los 22 días del mes de marzo de 2011,la Sala Constitucionaldela Corte Superiorde Justicia de Lambayeque, integrada por los magistrados Huangal Naveda, Carrillo Mendoza y Figueroa Gutarra, pronuncia la siguiente resolución:

 

ASUNTO 

Recurso de apelación interpuesto por Yovin Cabanillas Malca, en representación de José Hipólito Llanos Castillo, contra la sentencia de fecha 11 de octubre de 2010, que DECLARA INFUNDADA la demanda interpuesta por el demandante.

 

ANTECEDENTES 

La pretensión del demandante (p. 25 – 28) tiene por objeto se ordene la restitución de la pensión mensual a su poderdante, José Hipólito LLanos Castillo, la cual fuera obtenida mediante Resolución Nº 0000078070-2004-ONP/DC/DL19990 de fecha 22-OCT-2004, relativa a pensión de invalidez definitiva. Dicha pensión es declarada caduca mediantela ResoluciónNº 0000098509-2006-ONP/DC/DL/ 19990, de fecha 10 de Octubre de 2006. 

La contestación de demanda por parte dela ONPseñala que la demanda debió de ser rechazada liminarmente, al no estar referida la pretensión al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. 

La sentencia impugnada (p. 44-46) considera que en autos, mediante Dictamen de Comisión Médica, ha quedado acreditado que el actor presenta una enfermedad distinta a la que generó el derecho a la pensión otorgada. 

La impugnación formulada por el demandante (p. 49-50) indica que se ha incurrido en error al otorgarse plena validez a la resolución 0000098509-2006-ONP/DC/DL19990, sin tenerse a la vista el supuesto dictamen de la Comisión Medica. Además, que se ha incurrido en una motivación deficiente, y que la resolución impugnada pone en peligro la subsistencia de la persona humana, cuya protección es deber del Estado.

 

FUNDAMENTOS  

§ Interdicción de la prohibición arbitraria de pensión 

1. El goce de una pensión conlleva a que quede proscrita la arbitrariedad de su retiro, debiéndose circunscribir los casos de privación, a requisitos de orden formal y material. Las exigencias de orden formal implican la existencia de un debido proceso bajo las reglas del contradictorio, el derecho a ser oído y el derecho de defensa; en tanto que los requerimientos de naturaleza material, se ciñen a que exista un cumplimiento de fondo de una argumentación basada en derecho y prueba suficiente respecto a que la pensión puede ser retirada.

2. La jurisprudencia constitucional ha delimitado el cese administrativo de la pensión[1] en la previsión de que deben quedar delimitadas las potestades del Estado, a efectos de evitar la arbitrariedad en el ejercicio de sus facultades. En ese orden de ideas, solo procede el retiro de la pensión o bien su declaración de caducidad de conformidad con las reglas materiales prefijadas por el Decreto Ley 19990.

 

§Análisis del caso concreto 

3. Examinados en detalle los argumentos de la impugnación, se desprende que el criterio central del A-quo para desestimar la pretensión, consiste en que los procedimientos formales de la demandada para la verificación de la vigencia de la pensión del actor, han seguido un trámite regular de comprobación en la medida que la resolución cuestionada (p. 23), es expedida luego de un procedimiento administrativo cuya base de probanza ha sido el Dictamen de la Comisión Médica conformada al efecto de verificación de la persistencia de invalidez. 

4. Tal criterio es suscrito por este Ad-quem en la medida que la actuación de la Administración debe presumirse regular y a su vez, si se alega vulneración de un derecho fundamental, se exige objetivamente la probanza de tal afectación, lo que no verificamos en forma taxativa en estos actuados. 

5. De otro lado y en salvaguarda del derecho que al actor le pudiera corresponder, debemos argüir que la pretensión deviene compleja en la medida que el acceso a la pensión de jubilación, no puede deducirse prima facie a partir de una declaración de pensión caduca, una recurrencia al amparo como tutela de urgencia y una simple desestimación de la demanda. 

6. En efecto, deviene necesario que se discuta en sede más lata, en vía declarativa, si al actor le asiste el derecho a seguir percibiendo pensión, pues pudiera la justicia ordinaria eventualmente considerar que bien no resultan suficientes los dictámenes médicos insuficientes para el retiro de la pensión o que bien pudiera configurarse realmente que sigue resultando cierta la invalidez alegada por el actor, resultando ajenas, a esta vía, las actividades que exijan probanza, dado que en sede constitucional solo se juzga la legitimidad o ilegitimidad del acto vulneratorio, y se aprecian pruebas a su sola verificación, sin que exista etapa probatoria.  

7. En consecuencia, no resulta apropiada esta vía sumaria, excepcional y residual, por su condición netamente restitutiva, para declarar un derecho, sino sólo para restablecer su ejercicio, salvo excepciones comprobadas, evidentes y fehacientes de afectación al derecho a percibir pensión o mínimo pensionario, conforme esta Sala reiterativamente ha señalado en varias de sus ejecutorias[2]

8. Bajo estas pautas, la acción deviene improcedente y no infundada, a fin de que se defina en otra vía si procede el derecho del actor a la pensión.

 

DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Sala Constitucionalde Lambayeque, con la facultad que le confiere la Constitución Políticadel Estado, REVOCA la sentencia que declara infundada la demanda de amparo; REFORMÁNDOLA, DECLARA IMPROCEDENTE la demanda. 

Publíquese y notifíquese.

 

SS. 

HUANGAL NAVEDA

CARRILLO MENDOZA

FIGUEROA GUTARRA 


[1] STC 0285-2011-PA/TC Caso Enrique Peralta 

2. (…) de acuerdo con lo dispuesto por el fundamento 107 de la STC 00050-2004-PI/TC y otros acumulados, el derecho a no ser privado arbitrariamente de la pensión constituye un elemento del contenido esencial del derecho a la pensión, el cual encuentra protección a través del proceso de amparo de conformidad con los supuestos de procedencia establecidos en el fundamento 37.b) de la STC 1417-2005-PA/TC. 

3. Que estando a que la pensión como derecho fundamental, por su naturaleza, requiere de regulación legal para establecer las condiciones necesarias para su goce, debe concluirse que aquellas limitaciones o restricciones temporales o permanentes a su ejercicio han de estar debidamente sustentadas a efectos de evitar arbitrariedades en la intervención de este derecho.

[2] Vid., entre otras, sentencias 2007-3842 y 2006-9291 Sala Constitucional de Lambayeque.

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La imprescriptibilidad en relación a los crímenes de lesa humanidad: notas relevantes a la STC 0024-2010-PI/TC. PDF

27 junio, 2011

 

Imprescripitibilidad y crímenes de lesa humanidad. PDF

Contenidos

Introducción. 1. Notas relevantes respecto a la sentencia 0024-2010-PI/TC. 1.1. Inconstitucionalidad de una norma derogada. 1.2. Crímenes de lesa humanidad y persecución penal 1.3. El derecho fundamental a la verdad. 1.4. Inconstitucionalidad por conexión. A modo de conclusión

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La imprescriptibilidad en relación a los crímenes de lesa humanidad: notas relevantes a la STC 0024-2010-PI/TC. Ensayo

27 junio, 2011

 

Estimados amigos:

En la fecha hemos insertado un ensayo intitulado: “ LA IMPRESCRIPTIBILIDAD EN RELACIÓN A LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD: NOTAS RELEVANTES A LA STC 0024-2010-PI/TC”, un análisis que actualiza nuestros comentarios sobre un tema de suma relevancia como son los crímenes de lesa humanidad, el derecho fundamental a la verdad y la figura de la inconstitucionalidad por conexión, entre otras materias de interés.

El ensayo en mención se encuentra disponible en este blog en la Sección Páginas. Su enlace es https://edwinfigueroag.wordpress.com/o-la-imprescriptibilidad-en-relacion-a-los-crimenes-de-lesa-humanidad/

Saludos cordiales,

Edwin Figueroa Gutarra

Blog of the IACL, AIDC

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